Información Migratoria
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la suspensión de algunos visados de trabajo y las tarjetas de residencia (green cards) hasta el 31 de marzo a grandes grupos de solicitantes, con el argumento de preservar así los empleos de los estadunidenses afectados por la pandemia de Covid-19.
Junto a esta decisión, una corte federal de apelaciones avaló una norma que requiere que los nuevos inmigrantes tengan su propio seguro de gastos médicos. Ambas medidas, adoptadas el último día de 2020, compendian cómo Trump ha hecho la política migratoria estadunidense más restrictiva sin contar con el apoyo del Congreso.
Jueces federales han limitado el impacto de la prohibición a ciertas visas, normativa que expiró el jueves. El presidente electo, Joe Biden, prometió revertir muchas acciones antimigratorias del magnate cuando arribe a la Casa Blanca, el día 20, pero se desconoce con cuánta rapidez y a qué grado, ni si están consideradas específicamente en su plan de gobierno. En abril, Trump prohibió la emisión de tarjetas de residencia expedidas en el extranjero, lo que principalmente afecta a familiares de personas que ya viven en Estados Unidos.
Después de que los partidarios de las restricciones a la migración recibieron la medida con sorprendente frialdad, el gobierno fue mucho más allá en junio al añadir las visas H-1B, que son utilizadas ampliamente por trabajadores de compañías de tecnología y sus familias. También las visas H-2B, para trabajadores no agrícolas de temporada; las J-1, para intercambios culturales, y las L-1, para gerentes y otros empleados de multinacionales. (Agencias, La Jornada, Mundo, p. 22)
El tratamiento que la Administración Trump da a los menores migrantes detenidos en la frontera sur es “compatible con la tortura”, tal y como se define en acuerdos multilaterales, según un artículo publicado ayer en el Diario Oficial de la Academia Estadounidense de Pediatras.
Los médicos señalan que los tratos coinciden con los tres criterios de tortura establecidos en los Acuerdos de Ginebra y que están prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (C AT, en inglés).
En concreto citan el “infligir intencionalmente dolor o sufrimiento físico y/o psicológico severo”, que el trauma ocurre con el “consentimiento de las autoridades” y, que el “trauma físico o psicológico es intencional” y busca la “coerción, intimidación, castigo y/o disuasión”.
Sobre el último criterio, recuerdan que el propósito reconocido de la política de “tolerancia cero”, que incluía la separación familiar, era disuadir la migración ilegal.
Como resultado , dicen, los niños han mostrado un “comportamiento traumático internalizado, que ha resultado en un “trastorno de ansiedad generalizada, depresión e intentos de suicidio”. (Efe, Reforma, Internacional, p. 10)
(Redacción, Ovaciones, Pp. 9)
Uno de los rasgos más característicos de la presidencia de Donald Trump ha sido su mano dura implementado políticas antiinmigración no exentas de polémica. Entre las más sonadas a lo largo de su mandato han destacado la construcción de un muro con México como respuesta a la promesa electoral que hizo en campaña antes de llegar a la Casa Blanca, así como la controvertida medida de separar a los menores de edad de sus familias en la frontera. A punto de cumplir el plazo de extensión de las restricciones de inmigración legal y de visados impuestas por Trump durante los primeros meses de pandemia, el presidente decidía extender el plazo tres meses más, justo unas horas antes horas antes de que el año 2020 culminara.
Trump da comienzo al nuevo año con la vigencia de los dos vetos migratorios que han paralizado el país por tierra, mar y aire desde abril del año pasado en una decisión sin precedentes. Por lo que los extranjeros que aún teniendo permiso para trabajar en Estados Unidos necesiten renovar su visado o tramitar uno nuevo, no tendrán posibilidad de hacerlo al menos hasta el próximo 31 de marzo.
A las puertas del fi n de la era Trump, sin saber qué va a pasar con el cambio de Administración y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca a partir del 20 de enero, los demócratas no han dado pistas todavía ni han emitido ningún comunicado oficial sobre qué futuro van a enfrentar los cientos de miles de personas que necesitan resolver su situación administrativa.
En abril del año pasado, en pleno inicio del brote de covid-19, el presidente anunció una serie de restricciones para prohibir la entrada de personas procedentes de otros países para vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos. Ahora, la extensión de esas restricciones de inmigración vuelve a afectar a las emisiones en el extranjero de permisos de residencia permanente, conocidos popularmente como green cards impidiendo, a su vez, la reunifi cación familiar de muchos ciudadanos, tanto estadounidenses como aquéllos que ya disponen de permiso de residencia.
Trump también decidía mantener la restricción sobre el segundo veto migratorio, emitido en junio, que fue más allá al congelar la emisión de nuevos visados H-1B, destinados a ciertos perfiles de trabajadores cualificados, como los empleados en la industria tecnológica; el visado H-4, que es para parejas de empleados; también visados L-1 para directivos que trabajan en grandes compañías; el permiso de empleo H-2B para trabajadores del sector hotelero y de construcción; así como el J-1, que es para investigadores, profesores y otros programas de intercambio de empleo, como becas de estudios y au pairs. (Vanessa Jaklitsch, La Razón, Internacional, p. 3)
Si hay una cuestión que dominó por encima de todo la campaña previa al histórico referéndum de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea fue la inmigración. «Recuperar el control de las fronteras» se convirtió en el gran emblema de la causa euroescéptica. El polémico Nigel Farage, por aquel entonces líder del partido UKIP, se negó a disculparse tras presentar un gigantesco póster donde se mostraba una larga cola de refugiados cruzando la frontera entre Croacia y Eslovenia. El político fue acusado de adoptar «tácticas de propaganda al estilo nazi» para ayudar al triunfo del Brexit. Junto a la valla publicitaria fi guraba el siguiente mensaje: «La UE nos ha fallado a todos».
La cuestión es que los «brexiteers» comenzaron a manipular un discurso donde, en medio de la era de austeridad impuesta por el Ejecutivo conservador para hacer frente a la crisis financiera global de 2008, acusaban a los inmigrantes de robar los trabajos a los británicos y colapsar la sanidad pública, manifestaciones que se demostraron no eran ciertas.
Coincidió, además, que en 2015, Alemania registró un récord de 1,1 millones de refugiados de Oriente Medio, África Occidental y Asia Meridional. Muchos británicos votaron por el Brexit con el convencimiento de que podrían reducir la inmigración de estos países, sin ser conscientes de que el debate solo se ceñía a los países europeos del bloque. Pusieron fi n a la libertad de movimiento. Claro que la puerta funcionaba en ambos sentidos. Los comunitarios no podrán ya entrar libremente en Reino Unido, pero los británicos tampoco podrán viajar libremente por los Veintisiete países de la UE. Tras mudarse a Downing Street, Boris Johnson prometió llevar a cabo la mayor reforma migratoria en el Reino Unido de los último 40 años. (Celia Maza, La Razón, Internacional, p. 4)
La historia de Maha Dahine y sus dos hijos, Hanna y Antoine Khoury, es similar a la de infinidad de víctimas del conflicto en Siria.
Impulsados por el miedo y la falta de esperanza, partieron en el 2016 a un futuro incierto en Europa.
Sin embargo, aunque miles de migrantes han arriesgado sus vidas al cruzar el Mediterráneo en botes endebles, Dahine y sus hijos vivieron una experiencia sumamente distinta.
En noviembre del 2018, la familia abordó un avión en Líbano, donde habían vivido dos años tras huir de Siria, y volaron a Roma, antes de continuar su trayecto a los valles alpinos del oeste de Piamonte.
Corredores Humanitarios está diseñado para asistir especialmente a refugiados vulnerables, a menudo con considerables problemas de salud, Iglesia en Italia recuerda haber sido marginada, quienes son identificados mediante un filtro en lugares como Líbano.
Los valdenses dicen que su programa está siendo emulado en Francia, Bélgica y Andorra. (Elisabetta Povoledo, Reforma, Internacional NYT, p. 2)
Seguridad
Al final de 2019, 70 por ciento de las 34 mil 582 víctimas de homicidio doloso fueron asesinadas con armas de fuego, más de la mitad de éstas producto del tráfico ilegal que llega de Estados Unidos. A la fecha, la tendencia sigue al alza, sin que las autoridades de aquel país hagan algo al respecto.
Los datos son cada vez más aterradores. Del total de armas aseguradas por el Ejército en México durante la década de 2010 a 2020, 70 por ciento fueron fabricadas en territorio del vecino del norte y 30 por ciento en Europa.
Sí, en Europa, seis países fabricaron, efectivamente, 30 por ciento de las armas que entraron de manera ilegal a México, pero de ese tanto, 87 por ciento pasaron por algún distribuidor estadunidense.
El fenómeno, cuyos datos han sido recopilados sobre todo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), advierte, por ejemplo, que de 2010 a 2018 se aseguraron 323 rifles calibre .50 en Tamaulipas y 53 en Sinaloa, pero sólo del primero de enero de 2019 al 21 de enero de 2020, la Sedena incautó 71 fusiles Barret .50 en diferentes estados. En Tamaulipas, 48; en Michoacán, nueve; en Sonora, cinco, y en Sinaloa, dos.
A la sazón, Guanajuato, en 2019, fue la entidad con más homicidios dolosos: 3 mil 540; 83 por ciento de ellos estuvo asociado con armas de fuego, y de 2000 a 2019, los homicidios con armas de fuego en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa aumentaron 318 por ciento, 353 por ciento y 67.7 por ciento, respectivamente.
A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona. La mayoría son rifles y pistolas semiautomáticas. Un ejemplo son los famosos cuernos de chivo, las preferidas por el narcotráfico.
En cuatro estados fronterizos con México, seguro no por casualidad, existen –con datos a noviembre de 2020 que ha proporcionado la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)– 9 mil 811 armerías que surten, seguramente, a buena parte de los cárteles de la droga en México. (Miguel Ángel Velázquez, La Jornada, Ocho Columnas, p. 3)
Información Nacional
La embajadora emérita Carmen Moreno Toscano fue nombrada ayer subsecretaria de Relaciones Exteriores, según dio a conocer anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia informó que a propuesta del canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró ayer a Moreno Toscano, quien sustituirá en la subsecretaria de Relaciones Exteriores al embajador Julián Ventura Valero.
Moreno Toscano deberá ser ratificada por el Senado.
En el comunicado se detalla que Moreno Toscano tiene una distinguida trayectoria en México y en el exterior. Actualmente funge como embajadora en Nicaragua. Antes encabezó las embajadas mexicanas en Guatemala y Costa Rica, así como la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos.
Se ha desempeñado como subsecretaria para las Naciones Unidas, África y Medio Oriente, y como directora general para Organismos Regionales Americanos y de Relaciones Económicas Multilaterales, entre otros cargos. (Redacción, La Jornada, Política, p. 15)
(Ernesto Méndez, Excélsior, Naciónal, p. 2)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.