Los flujos migratorios que la pandemia obligó a detener con el fin evitar los contagios retomarán sus inercias, una vez que las fronteras sanitarias se liberen, debido a que las inaceptables condiciones de vida, causa de las migraciones, no sólo se han mantenido sino que se agravaron. Es decir, violencia, inseguridad, corrupción, privilegios para una parte minoritaria de la población, pobreza generalizada para la mayoría, acompañados por una profunda crisis económica y social.
A estos flujos se les suele conceptualizar como económicos, a diferencia de los desplazamientos surgidos de conflictos bélicos en los que diversos grupos se disputan el poder y cuyas consecuencias afectan a la población civil, casi siempre ajena a esos conflictos, y se ven obligados a escapar y desplazarse en condiciones por demás lamentables. Estas personas ven cómo su futuro se pierde en campos de refugiados, en supuestos albergues convertidos en verdaderas prisiones y, para colmo, recibiendo el rechazo de los nacionales de los países a los que llegan. Estos migrantes huyen de conflictos que ponen en peligro su vida y, a pesar de acuerdos internacionales que obligan a otorgarles asilo, viven laberintos de trámites sin ninguna seguridad de obtenerlo.
Los datos de los migrantes internacionales son abrumadores. De acuerdo con Naciones Unidas, el número de personas que vive en un país distinto del que nacieron es mayor que nunca: 272 millones en 2019, 51 millones más que en 2010. Comprenden hoy 3.5 por ciento de la población mundial, cifra que continúa ascendiendo con respecto al 2.8 por ciento de 2000 y 2.3 de 1980. Por otro lado, al menos 79.5 millones de personas en todo el orbe se han visto obligadas a huir de sus hogares, y, entre ellas, hay casi 26 millones en condición de refugiadas, más de la mitad son menores de 18 años. Es decir, uno por ciento de los habitantes del globo se han visto obligados a huir de sus casas como resultado de los conflictos y la persecución (cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados). (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p.20)
Al comienzo de una nueva década, vale la pena reflexionar sobre la serie de crisis globales que han dado forma a principios del siglo XXI. Diecinueve hombres crearon la primera gran crisis de este siglo, desencadenando una “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos que resultó en la redefinición más dramática de las prioridades y políticas estadounidenses en décadas. Antes del 11 de septiembre, habría sido inimaginable pensar que Estados Unidos estaba al borde de un conflicto de décadas que sigue en curso sin un final claro a la vista.
Según el Instituto Watson de la Universidad Brown, la actual agitación en Afganistán, Irak y los países vecinos ha costado más de 6.4 billones de dólares y ha matado a más de 15,000 militares y contratistas estadounidenses, 100,000 soldados aliados y 300,000 civiles. El conflicto también desplazó a unos 37 millones de personas, la segunda tasa más alta de personas desplazadas desde 1900, lo que contribuyó a una reacción hostil contra los refugiados musulmanes (e inmigrantes, en general) en Estados Unidos y Europa.
A medida de la guerra contra el terrorismo, estaba surgiendo una segunda crisis mundial. En una nueva era de capital indómito, tanto los inversores institucionales como los particulares exploraron nuevas oportunidades en todos los rincones de la economía, asumiendo riesgos cada vez mayores en la búsqueda de rentabilidad. Los préstamos arriesgados, las bajas tasas de interés, una supervisión gubernamental laxa y el uso de técnicas de inversión creativas (y a menudo sin escrúpulos) crearon una burbuja del mercado inmobiliario de Estados Unidos. El frenesí hizo subir los precios de la vivienda y llevó a millones a pedir prestado más de lo que podían pagar, lo que finalmente resultó en un colapso financiero masivo en 2008-09 y arruinó las vidas y negocios de millones de personas en todo el mundo. (David A. Shirk, Reforma, Opinión, p.9)