Como quiera que sea, Biden es una esperanza después de la locura vivida con Trump. Ojalá sus palabras sean también un aliento a todos los migrantes. Y que se traduzcan en hechos. (La Jornada, Contraportada)
El pasado 20 de enero, Joe Biden rindió protesta como el 46° presidente de Estados Unidos. En su primer día de gobierno firmó varias órdenes ejecutivas, de las cuales hay dos decretos en materia migratoria que se vinculan directamente con nuestro país. El primer decreto ordena terminar con la emergencia nacional establecida por el expresidente Donald Trump el 13 de marzo de 2020 para dirigir fondos públicos a la construcción del muro en la frontera con México, con lo que se frena cualquier intento de poner en marcha esta obra.
El segundo decreto pretende conservar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que actualmente salvaguarda de la deportación aproximadamente a 650 mil inmigrantes irregulares conocidos como “dreamers”.
Para el Estado mexicano las decisiones que se toman al interior del gobierno estadounidense son fundamentales por varias circunstancias; entre ellas, la vecindad geográfica de nuestros países y la posición geopolítica que ocupa este lado del mundo, dado el protagonismo de Estados Unidos en la política internacional.
La política migratoria representa una de las prioridades de la agenda bilateral, ya que Estados Unidos es el principal país de destino de los migrantes internacionales de origen mexicano. De acuerdo con la Current Population Survey (CPS), para 2018 más de 38.5 millones de personas que vivían en Estados Unidos, eran de origen mexicano; cifra que está integrada por 12.3 millones de inmigrantes nacidos en México pero que residían en Estados Unidos, y 26.2 millones de estadounidenses que se identificaron de origen mexicano.
La frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica del planeta en cuanto a flujo de personas migrantes, además de ser la más mortífera del continente americano, según el “Proyecto Migrantes Desaparecidos” debido a las inclemencias del Río Bravo, el desierto y de violencia en las rutas migratorias (Organización Internacional de las Migraciones, 2019).
En la conversación telefónica que el mandatario estadounidense y el presidente Andrés Manuel López Obrador llevaron a cabo el pasado viernes, se abordó la política migratoria. El presidente de México expresó a su homólogo que “la solución de fondo al fenómeno de la migración pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades de origen”, en alusión al papel del territorio mexicano como lugar de tránsito de las caravanas migrantes, como las provenientes de los países de Centroamérica.
Esta visión humanista del presidente López Obrador da un giro a la forma cómo los gobiernos neoliberales entendían el fenómeno migratorio, quienes facilitaban el flujo de mercancías, pero no de personas. Pone énfasis en la situación de pobreza o violencia en que viven muchas de las personas que se ven obligadas a migrar, al tiempo que reconoce la obligación de los Estados de asegurar su bienestar sin discriminación.
Como demuestran las cifras mencionadas, en el caso de México, millones de familias tienen vínculos directos con el país vecino, sea porque el padre, la madre, el hijo, la pareja o el hermano trabaja allá, o bien, la familia completa reside en ese país; sea porque se benefician de las remesas, las cuales además significan un ingreso importante para la economía nacional.
Las dos órdenes ejecutivas suscritas por el presidente Joe Biden fueron bien recibidas por nuestro país, pues son una oportunidad para asegurar el bienestar de millones de paisanos cuya condición migratoria es irregular. También podrá ser favorable la propuesta de reforma migratoria que el mandatario anunció, para garantizar la residencia permanente a los dreamers y de los beneficiarios del Estatuto de Protección Temporal.
Desde la Cámara de Diputados seguiré contribuyendo con una agenda legislativa con perspectiva de interculturalidad, a favor de los derechos de las y los mexicanos que viven el exterior y de aquellos en situación de retorno.
Porque migrar es un derecho y ninguna persona es ilegal. (Lorenia Valles, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Usted sabe que una de las estrategias de la 4T, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha sido empujar que las obras de infraestructura gubernamental no sólo deben generar impactos directos en materia de atención ciudadana, educación o salud, sino que también deben contribuir, de manera importante, a la consecución de resultados en el plano del desarrollo social. Así lo ha entendido Grupo GIA, de Hipólito Gerard Rivero, empresa mexicana con 25 años de experiencia, que fue la encargada de diseñar, construir y operar el nuevo Centro Cívico Gubernamental (CCG) de Honduras, que gobierna Juan Orlando Hernández, mismo que alberga a casi 10 mil funcionarios de 37 dependencias públicas.
Más allá de los elementos vanguardistas de infraestructura, es el impacto social lo que llama la atención del proyecto. En la fase de construcción, se generaron 3,800 empleos directos, de los cuales 65 por ciento fue ocupado por migrantes hondureños retornados de EU. Hablamos de migrantes centroamericanos deportados que encontraron en el proyecto del CCG una oportunidad de desarrollo integral, pues además de encontrar empleo, estos fueron capacitados y certificados por la mexicana Grupo GIA.
Así, Hipólito Gerard y su equipo, que han logrado desarrollar con diversas inversiones, nacionales y extranjeras, grandes proyectos de diseño, no sólo en México, busca hacer más eficientes los procesos administrativos y operativos, en este caso de Honduras, al tiempo ofrecer un entorno digno para funcionarios y usuarios con una infraestructura de vanguardia. (Rogelio Varela, El Heraldo de México, Merk2, p. 22)
Quienes siguen de cerca las políticas de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) vaticinan cambios radicales con Joseph Robinette Biden ya sentado en el sillón que, el pasado 20 de enero, Trump dejó a regañadientes.
Respecto al Triángulo Norte, la administración de Donald Trump apeló reiteradamente a la vieja política estadounidense del garrote y la zanahoria pero aún así fue más que benévolo a la hora de desembolsar ayudas de todo tipo. De esa forma, conservó su poder y ascendencia sobre las administraciones de los tres países. Con esa dualidad las tuvo con el Jesús en la boca, como solían decir nuestras abuelas, como forma de disciplinarlas y sumarlos a sus intereses, más allá de lo que ocurriera en cada país.
De esta manera, lanzaba rayos y centellas calificándolos de “países de mierda” (sic), llenos de corruptos y narcos. Pero, por otro lado, colaboraba con militares y policías a la par que aportaba fondos para neutralizar el gravísimo problema de las migraciones irregulares o para acciones humanitarias que, debido a la corrupción imperante, iban a parar mayoritariamente a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos.
De acuerdo con la congresista demócrata Norma Torres, nacida en Guatemala y con fuertes antecedentes de combate a la corrupción en los países del Triángulo Norte, si se les niega apoyo a los funcionarios corruptos la región podría entrar en un período de mayor estabilidad y con ello minimizar las migraciones irregulares hacia el norte.
Su posición se considera excesivamente optimista pues aun logrando erradicar en buena parte la corrupción imperante, otros factores son claves para mejorar notablemente la situación de los centroamericanos. Entre ellos, el mejoramiento de la economía brindando, entre otras medidas, mayores oportunidades laborales, algo que no se consigue de la noche a la mañana por más esfuerzo que se ponga.
Como vicepresidente, Biden fue el coordinador de aquella Alianza que tuvo escasos resultados positivos porque no se ocupó seriamente de neutralizar la corrupción imperante en la región. Sin embargo, Torres resalta que mientras a Trump sólo le interesó firmar acuerdos para combatir la migración irregular, Biden en su momento trabajó en la región, la conoce y es consciente de los problemas de corrupción y las relaciones de buena parte de la dirigencia política y empresarial con el crimen organizado, principalmente en su forma del narcotráfico. (Justino Rodríguez, El Universal, Opinión, On line)
Con el inicio de la administración de Joe Biden, en materia de comercio, consideramos que el T-MEC no corre peligro en lo general, ya que tanto republicanos como demócratas dieron su apoyo en su nueva recomposición. El problema podría venir por la “forma” de cómo harán cumplir las reglas, especialmente en materia laboral y ambiental, cuidando también la “libre competencia y las reglas del juego justas” para las empresas de los tres países.
En el tema de migración, Joe Biden está desarrollando una política migratoria más “contundente” ante el intento de aumento nuevamente del flujo de personas desde Centroamérica. México deberá seguir conteniendo a través de la Guardia Nacional, el paso de migrantes con dirección a los Estados Unidos. Es probable que tengamos la misma o una mayor presión de contención pero con diferente forma en el manejo “político”. (Alfredo Huerta, 24 horas, Negocios, p. 15)
Fue la guerra contra el narco declarada en 2007 por el presidente Felipe Calderón, la que encendió este infierno. Al privilegiar el uso de la fuerza oficial contra ciertos grupos como Los Zetas, éstos atendieron en el mismo sentido la absurda lógica guerrerista, desatándose como nunca ejecuciones, desapariciones, desplazamientos, matanzas y otras atrocidades.
Bajo ese contexto, en 2010, resurgió el Cártel del Golfo, ahora identificándose solo por sus siglas CDG y contando con apoyo de la Marina para enfrentar a Los Zetas, coludidos a su vez con la mayoría de las policías locales. Fue en este nuevo escenario que ocurrió la masacre de 72 migrantes en San Fernando, la de 49 personas en Cadereyta y la de un número aún indeterminado de víctimas en Allende.
A lo largo de 20 años, la tragedia humanitaria de esta zona ha sido poco documentada debido a la alta complicidad oficial con las bandas en pugna. La Frontera Chica se ha vuelto así una enorme fosa común donde prevalece la inercia de la llamada guerra del narco. (Diego Enrique Osorno, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Ha pasado una semana y Donald Trump es noticia sólo por el juicio político pendiente en su contra y del que podría salir avante gracias al respaldo de su partido, el cual jugará la carta de estar “fuera de funciones”. Ah, también anunció que ya tiene una oficina en Palm Beach desde la que dará forma a su futuro político.
El muro fronterizo detuvo su construcción, las duras medidas contra los migrantes también se diluyeron y se abrió incluso la posibilidad de residencia para más de 11 millones de personas.
Estados Unidos retoma su lugar en el combate al cambio climático y en su relación con el mundo. El giro que dio en el combate a la pandemia en las primeras 24 horas de Joe Biden como presidente dice mucho de la velocidad con la que quieren dejar atrás el mandato de Trump.
Ayer mismo, Angela Merkel celebró que exista una nueva relación entre el gobierno estadunidense y la Organización Mundial de la Salud. Biden ocupó los primeros días en atender la imagen de su país al exterior. Una semana después, se ocupa de ese otro legado de Trump que tomará más tiempo diluir, pero al que le apuesta ya el poder institucional. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional, p. 16)
Biden ha mantenido un vínculo personal con América Latina. Desde los años setenta -cuando fue por primera vez senador por el estado de Delaware- contribuyó a dar forma a las acciones del presidente Carter en relación con el Canal de Panamá y con las violaciones de derechos humanos cometidas por las dictaduras. Muchos años después, como vicepresidente (2009-2017), se involucró en diálogos de alto nivel con México para equilibrar la cooperación en materia de seguridad con una mayor colaboración económica. Este acercamiento se expresa ahora al detener la construcción del muro fronterizo con México. Sin embargo, no basta la buena voluntad de una parte, aun cuando es necesaria. Se requieren cambios de fondo, así como liderazgos en América Latina capaces de establecer relaciones de colaboración benéficas para impulsar los derechos humanos.
México está obligado a sostener esta cooperación por compartir una frontera que obliga a priorizar la situación de las personas migrantes, así como a plantear soluciones al acuciante problema del tráfico de drogas y de armas. Aunque parte de la agenda tiene que ver con temas de seguridad comunes a los dos países, no debe perderse de vista que los mayores avances solo pueden venir de una perspectiva que otorgue centralidad a los derechos humanos al mismo tiempo que se consideran aspectos técnicos y prácticos. Además, es necesario establecer instrumentos que garanticen la continuidad de las políticas acordadas. (Luis Arriaga, Reforma, Opinión, p. 12)
Algunos comentaristas han señalado el riesgo de que la nueva administración ejerza presiones para el cumplimiento de los compromisos laborales y medioambientales contenidos en el T-MEC. Estas preocupaciones resultan extemporáneas, ya que México aceptó tales obligaciones y debe respetarlas.
Por otra parte, durante su campaña, Biden reflejó una actitud más benévola hacia la migración que su antecesor, por lo que es posible que disminuyan las restricciones a la emisión de visas. Además, un par de órdenes ejecutivas ha enviado una señal de mayor apertura en la materia.
La más emblemática ha sido la decisión de suspender la construcción del muro con México impulsada por Trump como supuesto blindaje contra los inmigrantes, a los que reiteradamente tipificó de forma agraviante.
La otra disposición busca fortificar el programa DACA, que protege de la deportación a indocumentados llegados a Estados Unidos con sus padres cuando eran menores, el cual pretendió cancelar el presidente anterior.
La esencia del programa económico del presidente Biden es interna y se encuentra plasmada en el Plan de Rescate Americano, que consiste en una propuesta legislativa de gasto público orientado a combatir el Covid-19 y paliar sus daños económicos. Su magnitud es la más elevada de la historia y se encamina a ampliar el alcance del paquete de estímulo aprobado en diciembre pasado. (Manuel Sánchez González, El Financiero, Economía , p.10)
“Nadie se va por gusto…”
La frase acuñada por López Obrador, en alusión a los paisanos, de que “nadie se va por gusto, sino por necesidad”, podría fácilmente ser aplicada en entidades como Tabasco, Veracruz y Guerrero, así como en la Ciudad de México. Estas entidades, según el censo de Población y Vivienda del INEGI, encabezan una lista de 14 estados que expulsaron, entre 2015 y 2020, a una población equivalente a la que acogieron –dentro del mismo periodo– las cuatro primeras receptoras: Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro y Nuevo León. En el caso de la migración interna, “buscar trabajo” e “inseguridad delictiva o violencia” ya figuran entre las razones dadas por encuestados para explicar cambios de residencia. (Confidencial, El Financiero, Nacional Política y Sociedad, p.29)