Republicanos o demócratas, para los migrantes mexicanos no hay diferencia: las deportaciones continúan. (La Jornada, Contraportada)
Que no todos los rumanos detenidos por autoridades federales en el aeropuerto de Cancún tienen historial limpio: el Centro Nacional de Inteligencia recibió una alerta sobre cuatro de “alto interés” entre los 120 que arribaron el fin de semana por presuntos vínculos con redes criminales de trata de personas y falsificación de tarjetas de crédito. El canciller Marcelo Ebrard explicó al ministro de Exteriores de Bucarest, Bogdan Aurescu, que se trata de seguridad nacional, por lo que se les envió de vuelta con una nota: “devolver al remitente”. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El mensaje de la ministra.- Con las debidas reservas, pero también sin vacilación, hubo ayer un señalamiento puntual hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra Ibarra, luego de señalarse en la conferencia mañanera que ocultó información entre 2019 y 2020 sobre violaciones graves a migrantes por parte de funcionarios del Instituto de Migración y policías locales. La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en favor de que el organismo transparente la información y rinda cuentas. Además para que denuncie y haga recomendaciones, que es su función, para que las autoridades actúen en consecuencia. Por cierto que tras el señalamiento, la CNDH anunció que designó a una de sus visitadoras para atender el tema y señaló que ha sido transparente y que ha difundido 44 comunicados de prensa en materia de migración. También y eso, nos dicen, se vio como un intento de revire, advirtió que trae en la mira el tema de “las capacidades institucionales del Estado mexicano para cumplir con los derechos de las personas en movilidad”. Uf. (La Razón, La Dos, p. 2)
La tragedia por los migrantes que aparecieron calcinados en Camargo, Tamaulipas, también alcanzó a funcionarios del Instituto Nacional de Migración de la Oficina de Representación del estado de Nuevo León.
Aunque el órgano de la Secretaría de Gobernación no precisó el nombre ni cargo de los funcionarios públicos, sí emitió un comunicado en el que anunció el cese de ocho personas adscritas a estas oficinas estatales por haber incumplido los protocolos cuando retuvieron la camioneta Toyota donde presuntamente viajaban los migrantes, en Escobedo.
Este hecho, señala el INM, está directamente relacionado con la indagatoria iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio de 19 personas, en enero de 2021.
Esta destitución de funcionarios ya había sido adelantada por la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia matutina del día de ayer en Palacio Nacional, y fue oficializada poco después por el INM.
Se detalló también que además de la propia investigación del Órgano Interno de Control del INM se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. (Reporte Índigo, MTY, p. 21)
Sin impunidad en Tamaulipas.- El municipio fronterizo de Camargo es un lugar muy peligroso. Se trata de un conocido lugar de cruce de drogas y migrantes hacia Texas. Y 12 policías han sido detenidos por su presunta implicación en el asesinato de 19 personas, probablemente migrantes. La detención abre la posibilidad de que los delincuentes no se salgan con la suya. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo un compromiso público de que no habrá impunidad y que los responsables, sean quienes sean, serán presentados ante un juez. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Sigue siendo sorprendente que la matanza del 22 de enero en Camargo, Tamaulipas, donde fueron asesinados y calcinados 19 migrantes, no cause una reacción mayor en el país y en el mismo gobierno.
Lo sucedido merece la atención oficial más que un discurso en que se plantea que no tiene que ver con San Fernando, lugar en donde hubo una matanza de migrantes hace cerca de 10 años y que costó la vida a 72 de ellos. Por donde se le quiera ver una matanza es una matanza y eso fue lo que pasó en Camargo.
Conversando con autoridades guatemaltecas y familiares de donde eran originarios los migrantes, se confirman los motivos de los migrantes, a pesar de los muchos riesgos que corren.
El hambre, la persecución política, la violencia y la desesperanza son las grandes variables que los llevan a hacerlo. Nadie migra por gusto, la decisión es acompañada de una necesidad y de la sobrevivencia.
Los migrantes son conscientes de lo que enfrentan. No sólo está el hecho de que estén expuestos a los “polleros”, quienes, al tiempo que los explotan, se convierten en una especie de esperanza, saben que van directo a la adversidad y al peligro. Nos decía el obispo Raúl Vera que es claro lo que pasa desde hace mucho tiempo. Los migrantes enfrentan a la delincuencia organizada, a quienes se dedican a la trata de personas, a la explotación, vejación y está visto que también pueden ser asesinados y calcinados.
Lo que pasó en Camargo tiene que ver con una estructura que se ha establecido a lo largo de años y que se ha convertido en intocable. Camargo es la suma de circunstancias que están entre nosotros, tiene que ver con San Fernando y como le decíamos hace algunos días pareciera que el tiempo no pasa, la impunidad es una forma de vida.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía del estado muestran la total descomposición. Todo indica que los presuntos responsables son integrantes de la policía estatal quienes habrían perpetrado el asalto utilizando una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM), como también le adelantábamos hace unos días.
No se soslaya el trabajo de las autoridades de Tamaulipas. Ha sido hasta ahora rápido, transparente y pareciera que también efectivo. Lo que es evidente es que el enemigo no sólo está afuera, sino que también está dentro y forma parte de las estructuras de gobierno. (Javier Solórzano, La Dos, p. 2)
En agosto de 2010 se registró en Tamaulipas la matanza de San Fernando: 72 migrantes fueron asesinados uno a uno, apilaron los cuerpos y los abandonaron.
Un sobreviviente ecuatoriano fue el que denunció la masacre. Las víctimas salieron de Veracruz el 21 de agosto hacia Estados Unidos vía Tamaulipas. En el trayecto, tres vehículos donde viajaban hombres armados interceptaron el autobús y se los llevaron a una especie de bodega en el ejido El Huizachal, en la cabecera municipal de San Fernando. Se supone que desde allí llamarían a sus familiares para que pagaran rescate por ellos y les ofrecieron trabajo en el grupo criminal, lo que rechazaron.
Los ataron en grupos de cuatro, los tiraron al suelo y por la espalda mataron a todos, menos a un joven ecuatoriano de 18 años, Luis Freddy Lala, que fingió estar muerto, escapó y denunció la ejecución que se cometió del 22 al 23 de aquel mes de marzo, y al día siguiente, el 24, elementos de la Marina reportaron el hallazgo luego de un enfrentamiento a tiros con el mismo grupo, en el que mataron a un efectivo de la brigada.
La masacre fue un escándalo mundial: la matanza de 72 migrantes. De aquello ha pasado más de una década. Y apenas el sábado 23 encontraron en Camargo, Tamaulipas, una camioneta con los cadáveres calcinados de 19 posibles migrantes.
La ONU y el gobierno de Estados Unidos compararon esta matanza con la de San Fernando, lo que Olga Sánchez Cordero rechazó en la mañanera. Y tiene razón la secretaria de Gobernación: en la matanza de San Fernando los asesinos fueron elementos del cártel de Los Zetas, en la de Camargo fueron al menos 12 policías estatales, ya detenidos, y elementos federales del Instituto Nacional de Migración.
Efectivamente, nada que ver: en un caso criminales de un cártel y en el otro criminales con uniforme. Nada ha cambiado. Ni el fin de las masacres que en su momento anunció el presidente López Obrador. Y es que el crimen organizado sigue funcionando igual y el gobierno de otro modo. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
En San Lázaro, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros dijo que la Fuerzas Armadas no están en tareas de seguridad pública porque quieran, no, están por necesidad y porque se requiere en el país. Desde luego, criticó porque el Estado mexicano no ha sido capaz de resolver ese problema. Se necesita fortalecer, urgente la policía. Basta voltear de nueva cuenta a Tamaulipas, el Camargo 19 migrantes ejecutados como el caso de San Fernando, 70 más fusilados. Involucrados elementos estatales y del gobierno federal. (José Antonio Chávez, Ovaciones, Nacional, p. 9)
La mañanera transcurre “normalmente”, sobre todas las cosas, para recordarnos que no existe. El país no sólo es sacudido en este arranque de año por la oleada más salvaje de la pandemia, sino que ha sido visitado por viejos fantasmas que siguen aquí porque este gobierno habla demasiado sin modificar la realidad.
A la acumulación de miles de muertos por Covid-19, el 2021 ahora suma el horror de masacres contra migrantes cuyos detalles sólo van haciendo más grave la evidencia de que el cambio en la Presidencia no impactó el tráfico de personas, sino que hay –como siempre– situaciones irregulares en el Instituto Nacional de Migración e involucramiento policial en los asesinatos.
Si la mañanera sirviera de algo, qué mejor momento para que la matanza de Camargo fuera el tema principal de ese espacio presidido –es un decir– por la secretaria de Gobernación. En vez de ello, la máxima encargada de los derechos humanos minimiza la tragedia, promete investigación (¿dónde hemos oído eso?) y pasa la página para hablar de lo comprometido que está este gobierno con la justicia, renglón en el que, por cierto, esta semana Animal Político mostró cómo la CNDH ha tocado fondo: esconden a la sociedad reportes de graves violaciones a las garantías de los migrantes ocurridas en este gobierno. Qué pena con doña Rosario Ibarra. Qué pena con éstas y todas las víctimas. Pero eso a Olga no la despeina.
La ausencia de AMLO exhibe a sus colaboradores, que lejos de esmerarse para que en este vacío obligado por la enfermedad las cosas salgan mejor, se muestran incapaces de lanzar un registro para las vacunas que no se pasme, de convencer al explicar las fallas en el calendario de llegada de las mismas, de enfrentar con seriedad la masacre de migrantes en Camargo, asumir que la CNDH que manosearon no es funcional ni para ellos, y argumentar sin ofender a la inteligencia que como gobierno asumen desde hoy las ominosas consecuencias en inversión pública de las iniciativas contra Banxico y la industria eléctrica. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, p. 34)
El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo dos de las conversaciones más importantes que un líder puede tener, enfermo de Covid-19. La primera fue con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la segunda con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
En la primera aún no sabía que tenía coronavirus, pero se sentía mal y le había confiado a Lázaro Cárdenas, su coordinador de asesores, que no podía concentrarse y que había tenido dificultades para mantener las conversaciones que había tenido durante ese día. El Presidente llevaba varios días con el virus en su cuerpo, pero no había presentado ningún síntoma. Tampoco había hablado con los especialistas sobre cómo se sentía.
Con esa salud deteriorada habló con Biden la tarde del viernes 22 de enero, y poco después dijo en su cuenta de Twitter que habían tratado asuntos relacionados con la migración y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. La Casa Blanca difundió una declaración con generalidades sobre la conversación.
La plática, dijeron funcionarios mexicanos, fue superficial y sólo versó sobre la migración centroamericana, donde López Obrador le dijo que su plan para la región había sido adoptado por todos los países, lo cual es falso.
López Obrador dio positivo a Covid el domingo en la madrugada, y para la tarde de ese día, el 24, tenía fiebre y se sentía muy mal. Los doctores le recomendaron reposo absoluto, pero el Presidente no quiso cancelar la llamada con Putin al día siguiente, por la urgencia para garantizar vacunas para los próximos meses, tras los tropiezos que tenía con Pfizer, a quien no le pudieron reclamar el recorte de suministros porque habían sido dosis que le regaló el gobierno de Donald Trump, y con AstraZeneca. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
Ley Banxico. Legisladores se anotaron un diez con la organización del parlamento abierto para enriquecer el dictamen que harán diputados sobre la iniciativa para reformar la norma del Banco de México. hubo coincidencias en que la reforma pretende atender un problema social que afecta a miles de migrantes y sus familias, así como a trabajadores del sector turístico y de las franjas fronterizas que reciben pagos en dólares en efectivo. Es importante considerar que estos dólares, al ser cambiados en el mercado informal, por no tener acceso al sistema de transferencias electrónicas, la divisa se devalúa hasta 30 o 40 por ciento, en perjuicio de sus ingresos. (Carlos Urdiales, La Razón, México, p. 5)