Información Nacional Migratoria
Los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), auxiliaron a 11 mil 365 personas nacionales y extranjeras durante su ingreso, tránsito y salida del país del 1 al 31 de enero de este año.
Se informó que gran parte de la atención u orientación derivó de lesiones, extravío, abandono en desierto, zonas rocosas o la montaña, donde el riesgo se multiplicó en el periodo invernal, donde las temperaturas bajan hasta menos seis grados centígrados.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, señaló que de los 11 mil 365 auxilios brindados durante el primer mes del año, tres se brindaron por reporte de extravío; ocho mil 571 requerían de ayuda humanitaria; dos mil 661 orientación o asistencia.
En tanto que tres ocuparon asesorías legales; 125 por rescate debido a abandono en desiertos o zonas montañosas, y dos más por lesiones que requirieron brindar primeros auxilios.
Cabe recordar que en 1990 se conformó el primer Grupo Beta en la región de Tijuana, Baja California, y para 1994-1995 se amplió en número y cobertura a lo largo de la frontera norte del país.
Actualmente, existen 22 en nueve estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
Los Grupos Beta tienen como objetivo proporcionar a las personas en condición de tránsito, ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información sobre sus derechos y, para ello, se ubican en zonas del territorio nacional donde estratégicamente puedan desarrollar sus funciones. (Aída Marín, Ovac., Nacional, p. 9)
(Redacción, La Razón, Informativa, p. 10)
(Redacción, Reforma, Nacional. p. 2)
La pandemia por Covid-19 no evitó que la frontera entre México y Estados Unidos siguiera sumando muertes de migrantes en busca de mejores condiciones de vida.
El Centro de Análisis de Datos de Migración Global de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra el fallecimiento de por lo menos 460 personas en su intento por cruzar de manera irregular la frontera norte en 2020.
“No todos los condados de Estados Unidos han dado a conocer sus cifras, por lo que es probable que aumente”, explica a este diario Julia Black, coordinadora del Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM.
Los datos del brazo especializado en recopilación y análisis de datos sobre migraciones muestran un descenso de los fallecimientos registrados por la Patrulla Fronteriza estadounidense y organizaciones no gubernamentales en comparación a 2019, cuando se contabilizaron 520.
Sin embargo, las muertes de migrantes reportadas en plena crisis sanitaria fueron superiores a cualquier cifra registrada desde el primer informe sobre migrantes en 2015; en 2018 el sueño americano se cobró 442 vidas.
A diferencia de años previos, el número de personas detenidas en situación irregular en la frontera estadounidense descendió. En 2019 las autoridades realizaron 546 mil 392 aprehensiones, casi la mitad del número registrado durante el tercer año de gobierno del presidente Donald Trump, 922 mil 914 en 2019. “Las muertes registradas en 2020 son menores en comparación con 2019, pero casi las mismas que en 2018 y más que en años anteriores”, detalla la investigadora.
“Teniendo en cuenta que el número de detenciones fronterizas fue mucho menor en 2020 en comparación con 2019, y que todavía no hemos recibido datos de todas las regiones en la frontera entre Estados Unidos y México, esto (…) indica que este cruce fronterizo fue más mortal que el año anterior”, añade.
Climas extremos causaron muchas de las muertes y al menos 95 personas se ahogaron en el Río Grande o canales fluviales ubicados en la frontera.
Respecto a la frontera con Guatemala, en donde la Guardia Nacional mexicana recibió la encomienda de frenar el paso de indocumentados por presiones ejercidas por la administración de Trump, los datos proporcionados por los Grupos del Instituto Nacional de Migración dedicados a la protección de los migrantes, Grupos Beta, contabilizan hasta ahora 14 muertes en Chiapas y Tabasco. (Inder Bugarin, El Universal, Mundo, p. 15)
Entre los casos de abandono por parte de las autoridades mexicanas, según refiere el reporte, destacan la ausencia de garantías para la seguridad de estas personas, un lugar digno para pasar los días.
Promesas sin cumplir, abandono sin alguna garantía permanente de protección social, de salud, educación y sin un empleo seguro, este ha sido el panorama que por más dos años han enfrentado 69,320 migrantes registrados por las autoridades mexicanas con el programa “Quédate en México”, y que aguardan en la frontera norte en espera de solución de las cortes de Estados Unidos a su solicitud de asilo en aquel país.
El Programa “Quédate en México” fue implementado por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump el 20 de diciembre de 2018, pero entró en vigor el 25 de enero de 2019 y mediante este protocolo se obliga a los migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) y que solicitan asilo en EU, a esperar en territorio mexicano durante el tiempo que se prolonguen los procedimientos migratorios, lo que podría tardar meses o años.
Al cumplirse dos años de este programa, conocido también como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un Informe elaborado por las organizaciones civiles Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Asylum Access México (AAMX) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), titulado “En la boca del lobo”, revela que 69,320 migrantes solicitantes de asilo en EU han sido regresados a México para esperar la resolución de sus casos, tiempo en el que estas personas no han contado con la protección prometida, por lo que han enfrentado múltiples situaciones de riesgo social que se agravaron con la pandemia de COVID-19.
Entre los casos de abandono por parte de las autoridades mexicanas, según refiere el reporte, destacan la ausencia de garantías para la seguridad de estas personas, un lugar digno para pasar los días y las noches, sin estar hacinados en campamentos improvisados como actualmente viven desde hace más de 600 días, además de no contar con atención sanitaria.
En el caso de los programas sociales, los migrantes acusan que no cuentan con educación para sus hijos, con empleos fijos como prometió el gobierno federal.
Aunque el entrante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió acelerar las gestiones para una Reforma Migratoria y cortar de tajo todas las políticas racistas contra los migrantes que impuso la administración Trump, también señaló que esto llevará algún tiempo, lo que agravaría la estancia de estas personas en México.
Mientras los más de 68 mil migrantes están en espera de una pronta respuesta a su solicitud, en territorio mexicano se enfrentan a varias situaciones de vulnerabilidad, al ser víctimas de arbitrariedades por parte de personal migratorio, de las policías locales, de la Guardia Nacional, ser blancos de la delincuencia.
El Informe “En la boca del lobo, denuncia también que el gobierno mexicano al aceptar, por presiones de la administración de Donald Trump, implementar el programa “Quédate en México”, “se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por Trump”, aun cuando el gobierno mexicano asegura que lo aceptó como respuesta humanitaria y ofreció otorgar permisos de estancia, oportunidades laborales y servicios, lo cual no se ha visto reflejado en los dos años que lleva este plan migratorio.
“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación. No ha cumplido. Cuarenta días después de aceptar dicho Programa, el 29 de enero de 2019, fue devuelta por Tijuana la primera persona migrante a suelo mexicano. Hasta diciembre del 2020 suman 69,320 migrantes” que han sido devueltas a México, señalan las organizaciones en su reporte.
SE OFICIALIZA
El 20 de diciembre de 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el Programa “Quédate en México”, para contener la migración ilegal y convertir a México en un “Tercer país seguro”.
Ese mismo día, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió una respuesta en la que señaló que “por razones humanitarias” se autorizaba este protocolo.
El programa “Quédate en México” se puso en marcha de manera formal el 25 de enero de 2019 y se lanzó como un programa piloto en el puerto de entrada de San Ysidro, California, donde solo se aplicaba a las personas que solicitaban asilo en dicho puerto5, pero se extendió a los puertos de entrada de Calexico, El Paso, Laredo, Brownsville y Eagle Pass6.
El 29 de septiembre de 2019 este protocolo migrante se amplió para que el gobierno de EU pudiera regresar a México a la mayoría de migrantes solicitantes de asilo, independientemente del lugar por donde hubieran entrado a territorio estadounidense.
DÓNDE SE APLICA
En orden de implementación, “Quédate en México” se aplica en San Diego y Calexico, en California; y El Paso, Brownsville, Laredo y Eagle Pass, en Texas; del lado estadounidense. En el lado mexicano la devolución de los migrantes se realiza en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, en Baja California; en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Matamoros, Nuevo Laredo, en Tamaulipas; en Piedras Negras, Coahuila, y en San Luis Río Colorado, Sonora.

(Mario D. Camarillo, La Crónica de Hoy, Ocho Columnas, p. 4)
Al menos 11 mujeres migrantes fueron expulsadas a México, con sus bebés recién nacidos en Estados Unidos, desde marzo de 2020, sin que les dieran las actas de nacimiento que comprobaran la nacionalidad estadunidense de los menores, según una investigación de la sala de redacción mundial Fuller Project y el diario británico The Guardian publicada ayer.
La pesquisa detalla que varios abogados que trabajan con solicitantes de asilo en la frontera revelaron que niños nacidos en suelo estadunidense y, por tanto, legalmente ciudadanos de Estados Unidos, fueron trasladados a México después de que sus madres estuvieron sujetas a otra forma de la política de tolerancia cero a la migración impuesta por el gobierno del ex mandatario Donald Trump. La nueva administración de Joe Biden no ha suspendido esa práctica.
Los defensores sospechan que el número real de casos de expulsión de madres migrantes con niños nacidos en Estados Unidos podría ser mucho mayor, porque estas expulsiones aceleradas –como las llama la nueva administración– se hicieron fuera de la vista del público y sin la participación de abogados.
The Guardian apunta que la política de tolerancia cero de Trump tuvo más consecuencias que la separación de más de 5 mil niños de sus padres y la detención prolongada de niños, pero éstas son menos visibles. A decir del diario, las separaciones de familias y la detención de menores que causaron indignación dentro y fuera de ese país son sólo “la punta del iceberg”. (Redacción, La Jornada, Política, p. 11)
(Agencias, El Universal, Mundo, p. 15)
(Redacción, Reforma, Internacional, p. 12)
(Redacción, Ovaciones, Nacional, p. 9)
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Unos 100 migrantes, la mayoría cubanos, se apostaron la mañana de ayer en las inmediaciones del puente internacional Santa Fe, donde exigen se le permita cruzar a El Paso, Texas, y recibir asilo político en Estados Unidos.
Este es el tercer incidente del año realizado por cubanos. Personal de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos activó un protocolo que consiste en colocar barricadas rodeadas con alambre de púas y navajas filosas, además de alinear decenas de policías con perros y equipo antimotines para evitar que crucen.
Del lado mexicano agentes federales y municipales resguardan el cruce internacional a fin de evitar incidentes, pero los cubanos insisten en que los dejen dialogar con autoridades estadunidenses, a fin de que se resuelva su situación migratoria que lleva un año retrasada. Llegaron motivados por el rumor de que a las 8 de la mañana les permitirían ingresar a la aduana para dialogar.
En este contexto, unos 20 migrantes centroamericanos y ecuatorianos fueron expulsados de Estados Unidos a México, a través del puente Zaragoza, al oriente de la ciudad. Los extranjeros ya habían cruzado el río Bravo al lado estadunidense para solicitar asilo político.
En un intento por cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos, 26 personas entraron nadando el 29 de diciembre por el puerto de San Ysidro, pero la presión del agua expulsó a algunos hacia una alcantarilla, justo cuando agentes fronterizos le retiraban basura y escombros. Un ilegal resultó muerto, tres heridos y 22 fueron detenidos. (Jesús Estrada, Rubén Villalpando y Antonio Heras, La Jornada, Política, p. 11)
Ricardo Bucio Mújica renunció ayer al cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación, culminó su etapa frente de ese órgano administrativo desconcentrado de la secretaría “en mutuo acuerdo con la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero.
En el documento se precisa que Bucio impulsó la creación del Sipinna en 2015 y dirigió la proyección nacional e internacional de este sistema de coordinación, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de contribuir a garantizar los derechos humanos de casi 40 millones de menores de edad que habitan en México. (Redacción, La Jornada, Política, p. 10)
La alianza opositora —integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— sólo recicló “dinosaurios” e “impresentables” como sus perfiles para tratar de contrarrestar a la llamada Cuarta Transformación en San Lázaro, criticaron académicos y expertos.
Entrevistados por EL UNIVERSAL, la escritora e investigadora de la UNAM, Sara Sefchovich; el investigador José Antonio Crespo, y el periodista y politólogo Salvador García Soto, coinciden en señalar que los partidos de esa alianza no están presentando una alternativa a los ciudadanos, sino dando continuidad a la política de “amiguismos” y “compadrazgos” que tanto ha criticado el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado miércoles, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN definió como sus abanderados plurinominales a los excandidatos presidenciales externos Margarita Zavala y Gabriel Quadri, así como también al exsecretario de Gobernación y presidente del Senado, Santiago Creel Miranda; y la extitular de Migración y expresidenta nacional de AN, Cecilia Romero. (Horacio Jiménez, El Universal, Ocho Columnas, p. 5)
Caso Tamaulipas
Servicios Especializados Forenses de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que se identificaron tres cuerpos más de los 19 calcinados en Camargo, las víctimas son Adán C., Ribaldo D.J. y Edgar L., todos de origen guatemalteco. La identidad se logró mediante estudios de perfiles genéticos. Hasta el momento suman siete personas reconocidas, dos de nacionalidad mexicana y cinco de Guatemala.
Las investigaciones sobre este caso continúan y están abiertas a nuevas líneas de búsqueda, al igual que los trabajos para la obtención de ADN. (Redacción, La Jornada, Política, p. 11)
(Roberto Aguilar, El Universal, Estados, p. 12)
(Alfredo Peña, Excélsior, Nacional, p. 12)
(Staff, Reforma, Nacional, p. 3)
(Redacción, Ovaciones, Nacional, p. 10)
Camargo, Tamaulipas.-. El pequeño municipio de Camargo, en la zona de la frontera norte, dejó de ser invisible para atraer los reflectores mundiales, y no precisamente por alguna hazaña, proeza o buena noticia, sino por los nuevos hechos violentos en ese territorio tamaulipeco.
La violencia que ha impactado a este pueblo es tal que casi la mitad de la población decidió huir, mientras que los que se quedaron tuvieron que enfrentar secuestros, desapariciones y robos. Camargo es parte del corredor fronterizo que es zona de influencia del Cártel del Noreste.
La muerte de 19 personas hizo de esta localidad de vocación agrícola, pesquera y comercial noticia mundial, pero sus aproximadamente 16 mil habitantes no están sorprendidos, y es que la ola de violencia desatada en Tamaulipas poco antes de 2010 les dejó cicatrices, historias y soledades que les enseñaron a sobrevivir.
El pasado 22 de enero, los residentes de este poblado que mira de frente a Estados Unidos y es vecino del estado de Nuevo León se enteraron en forma de rumor que en la comunidad Santa Anita había unas camionetas quemadas con personas calcinadas, y la historia no era errónea, poco después, el Gobierno de Tamaulipas confirmó el hallazgo de 19 cuerpos, que hoy se sabe fueron asesinados en otro sitio, que a la fecha no se ha revelado.
Cuando hace más de una década la violencia se desató en Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, San Fernando y Tampico, de Camargo era poco lo que se sabía. Es un lugar donde por duras experiencias se aprendió a guardar silencio.
Ni siquiera las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública generan alarma, en 2020 se reportaron en Camargo 19 homicidios con arma de fuego, una extorsión, cinco vehículos robados, 12 robos domiciliarios y ni un solo secuestro.
Irma, de 50 años, es víctima de esa delincuencia que lacera para siempre; sus hermanos fueron “levantados” y jamás volvieron, a la par de que las autoridades no les dieron respuesta.
“En Camargo yo perdí a dos hermanos en 2010 por confusión; ellos estaban afuera, llegaron por una vecina que sí estaba coludida, y como estaban de mirones, se los llevaron y jamás supimos de ellos”, narró Irma con resignación.
Los residentes de este lugar, ven como algo lógico que entre los cuerpos de los calcinados existan migrantes guatemaltecos, ya que aseguran que siempre se ha sabido de su paso por esta tierra.
Como si esa lucha silenciosa no fuera suficiente, la llegada del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), de los que 12 integrantes se encuentran detenidos por su presunta participación en el homicidio de las 19 personas calcinadas, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia estatal, sembró temor en sus habitantes.
“¿De quién vamos a cuidarnos? ¿De la delincuencia o de la ley? Yo ahora de la ley, con lo que pasó en mi casa. Ya no es igual”, señaló Angelina, quien denunció ser víctima de un robo por parte de los agentes policiacos. (Redacción, El Sol de México, Pp. 7)
Miguel Alemán, Tamps.- Dos semanas después del hallazgo de 19 cuerpos calcinados en una brecha del municipio de Camargo, la violencia del crimen organizado no da tregua a la llamada “Frontera Chica”.
Fuentes del Ejército reportaron ayer que militares localizaron el jueves cuatro cadáveres y al menos dos camionetas con blindaje artesanal calcinadas en el rancho El Barretal, en Miguel Alemán, presuntamente derivado de un fuerte enfrentamiento entre sicarios.
A diferencia de los muertos en Camargo, que se presume son en su mayoría migrantes guatemaltecos, los cuerpos hallados en El Barretal serían de pistoleros.
Los informantes compartieron un reporte del Ejército que señala que los soldados ubicaron al mediodía del jueves los muertos y vehículos cuando realizaban patrullajes de reconocimiento por la zona, próxima al municipio de Camargo y a la frontera con Texas.
En el lugar había casquillos y cargadores de armas largas, incluso de calibre 50, así como ponchallantas.
Aunque las camionetas pick up de cuatro puertas incineradas muestran que traían blindaje artesanal en ventanas y carrocería, se aprecian notables huellas de perforaciones de bala, que revelan hasta el uso de lanzagranadas. (Staff, Reforma, Nacional, p. 3)
Información Internacional Migratoria
Guatemala informó ayer que Washington le notificó que pondrá fin a un acuerdo que obligaba al país centroamericano a otorgar asilo a migrantes que buscaban llegar de forma irregular a Estados Unidos.
En un boletín, la Cancillería dé Guatemala detalló que recibió “la comunicación por parte de las autoridades de Estados Unidos en la cual expresa la decisión de poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación en materia de Asilo, conocido como ACA”.
El gobierno guatemalteco dijo que “recibe con beneplácito lo expresado por el presidente Joe Biden” respecto al compromiso de Estados Unidos con Guatemala y la región, “orientado a mantener una estrecha colaboración y coordinación para afrontar juntos los desafíos relacionados con las causas de la migración irregular”.
Guatemala reafirmó “su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha y conjunta en el marco regional y bilateral, e impulsar esfuerzos orientados a garantizar la protección de las personas migrantes y sus derechos, en especial de niñas, niños y adolescentes”.
El gobierno de Alejandro Giammattei aseguró que debido a la pandemia se ha intensificado las medidas de seguridad para evitar la migración irregular.
Un informe en el Senado de EU publicado el 18 de enero pidió al entonces presidente electo Biden terminar “inmediatamente” con los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) sellados con Guatemala, Honduras y El Salvador, impulsados por el ahora expresidente republicano Dormid Trump.
El gobierno de Trump firmó en 2019 estos convenios con los integrantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica como parte de su política contra la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, la mayoría provenientes de esos países, huyendo de la violencia y la pobreza en multitudinarias caravanas.
Los ACA permiten que los migrantes extranjeros que solicitan asilo en la frontera de EU sean enviados a esperar la resolución de su trámites en esas naciones centroamericanas.
Desde 2018 miles de centroamericanos emprendieron caravanas, debido a la pobreza y la inseguridad que viven en sus países de origen. (Agencias, El Universal, Mundo, p. 15)
(Redacción, Milenio Diario, Política, p. 13)
(Redacción, El Sol de México, Mundo, p. 23)
(Redacción, La Prensa, Mundo, p. 23)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.