Migrantes, criminalizados y asesinados
Las imágenes son demoledoras: un vehículo calcinado en medio de la nada en Camargo, Tamapulipas, con 19 cuerpos sin vida de personas presumiblemente originarias de Guatemala. Días después, en el país centroamericano, las fotos muestran a hombres y mujeres que ofrecen muestras de ADN para la identificación de quienes pueden ser sus familiares. Una semana más tarde la imagen viene de Huimanguillo, Tabasco. Se trata de un hombre que resultó herido cuando un grupo de migrantes fue atacado a balazos y otro de sus compañeros perdió la vida. Y antes de toda esta barbarie, la foto es en Palacio Nacional. Se trata del presidente de México asegurando que en este país se respetan los derechos humanos de las personas migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
Lo cierto es que las políticas migratorias de México y Estados Unidos, encaminadas a cerrar el paso a quienes pretenden cruzar las fronteras en busca de trabajo, no impiden el flujo migratorio y sí obligan a las personas migrantes a utilizar rutas extremadamente peligrosas controladas por las mafias del crimen organizado, las policías y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
En el ataque más reciente, el de Tabasco, hay testigos que acusan a autoridades migratorias de disparar contra los migrantes bajo el argumento de que el chofer de la unidad Ford Super Duty, que transportaba a cerca de 25 migrantes no se detuvo cuando le marcaron el alto, por lo que el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) urge a las autoridades a deslindar responsabilidades en caso de que alguna autoridad policiaca o migratoria haya participado en los hechos. En el caso de la masacre de Camargo, se informó de la detención de 12 policías estatales acusados de haber participado en el ataque.
¿Cuál es la diferencia entre la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, con los ataques actuales? Aparentemente ninguna. Para los y las migrantes los cambios de partido en México y en Estados Unidos no se reflejan en el aseguramiento de su integridad. Se trata, pues, de que dejen de criminalizarlos con políticas xenofóbicas. Y que dejen de matarlos. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Opinión, p.12)
Fraude a familias de mexicanos en el extranjero
Hay focos rojos en algunas embajadas de México en Europa como Noruega, Francia, Alemania, porque se han detectado varios casos de fraude cometidos a familias de paisanos en México. El engaño consiste en que los delincuentes roban información personal de los mexicanos en el extranjero, crean cuentas falsas o toman control de las existentes y, una vez suplantada su identidad, piden dinero a sus familias en México con el pretexto de una emergencia. Las representaciones diplomáticas han comenzado a lanzar las alertas a la comunidad mexicana en aquellas naciones para que sepan que el fraude se realiza desde Facebook, principalmente en la herramienta mensajería de esa red social: Messenger. Las autoridades en México están informadas, nos dicen, y deberán estar alertas ante el posible aumento de casos. (El Universal, Opinión, p.2)
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, emitió en mayo del año pasado, su 11ª deliberación general, sobre la privación arbitraria de la libertad en el contexto de la emergencia de salud pública.
El capítulo VIII de esta deliberación se refiere a la detención en el contexto de la migración.
Indica, que “la detención en el contexto de la migración sólo se permite como medida excepcional y de último recurso, lo cual es un umbral particularmente elevado a ser satisfecho en el contexto de una pandemia u otra emergencia de salud pública.”
Además reitera que “las personas solicitantes de asilo no deberán ser detenidas en lugares de privación de la libertad durante su procedimiento de determinación de su estatus de refugiado. Las autoridades del Estado receptor deben proteger a los refugiados y no detenerlos.”
En México esta obligación internacional se viola de manera recurrente, reiterada y sistemática, lo cual se debe, no solamente a una política pública, sino a una base legal inconstitucional y contraria a las normas internacionales en la materia.
En efecto, el artículo 99 de la Ley de Migración establece que las personas extranjeras deben presentarse en las estaciones migratorias en tanto se determina su situación migratoria. La ley utiliza el ridículo término de “alojamiento temporal” para referirse a lo que, de hecho, constituye un vil encarcelamiento: “la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante el cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.”
Ante la falta de un mecanismo adecuado de control de la detención, existe el riesgo que, una persona solicitante de asilo sea privada de su libertad de manera automática y pueda estarlo durante todo el tiempo que dure el procedimiento ante la COMAR.
Igualmente, si una persona migrante interpone recurso en contra de su deportación, permanecerá privada de su libertad durante todo el tiempo que dure el procedimiento.
Esto puede implicar que las personas solicitantes opten por el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y su consecuente deportación a países en donde corre peligro, violándose así el principio de no devolución. (Santiago Corcuera Cabezut, El Universal, Opinión, p.11)
El caso de la CNDH nos muestra que un cargo tan relevante para la vida de miles y miles de mexicanos víctimas de injusticias por parte de las autoridades judiciales está en manos de una persona cuyo mayor mérito pudo haber sido una trayectoria como activista social, lo cual no le da la experiencia ni conocimientos como para dirigir una institución tan emblemática. La negligencia de la CNDH frente al caso del asesinato de los 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, lo comprueba. (Ricardo Homs, El Universal, Opinión, p.11)
La migración es tan antigua como nuestra especie. La necesidad de migrar trasciende los límites políticos que reflejan sólo las secuelas de la última invasión. Trasciende a las guerras y a otros conflictos. Y trasciende las fronteras que no hacen eco del intrincado entramado de la vida de familias, comunidades y poblaciones humanas.
La mayoría de la gente migra por instinto de conservación, porque sus vidas están en riesgo. Migran por cualquier medio, aunque sea caminando. La migración es legal o ilegal, dependiendo del cristal con que se mire. Los migrantes están tan desesperados que están dispuestos a morir en el intento. Los jóvenes migran primero, buscando un futuro mejor para ellos y sus hijos. Muchos se quedan en el camino, generalmente los muy jóvenes y los más viejos.
Los migrantes no vienen solos; traen beneficios incalculables con ellos. Traen alimentos que nutren los valores humanos, la diversidad, la sociedad, la ciencia, la cultura, la economía. Enriquecen a las naciones a las que llegan, aunque no hayan sido invitados. Hemos investigado y escrito sobre los migrantes y pueblos indígenas de México y Centroamérica; y uno de nosotros ha sido voluntario en albergues y clínicas legales para migrantes en Arizona. Queremos compartir nuestro punto de vista sobre los migrantes latinoamericanos que llegan y permanecen indocumentados en Estados Unidos.
Lo hacemos con la esperanza de contribuir a un debate migratorio renovado, más humano, más compasivo e informado. Un debate que adquiere aún mayor relevancia ahora que el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos son, esencialmente, migrantes. Joe Biden tiene ancestros franceses y su trastatarabuelo emigró de Inglaterra a Maryland en 1822. Kamala Harris es hija de madre india y padre jamaiquino.
Estados Unidos es una nación de migrantes. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Los primeros migrantes llegaron del Reino Unido y dieron lugar al nacimiento del país. Desde ese día los migrantes han llegado de muchos países. Y todos han contribuido al gran Sueño Americano, y ahora son parte de él. En 1850 había 2.2 millones de inmigrantes en Estados Unidos; en 2018 eran ya casi 45 millones y uno de cada siete residentes había nacido en el extranjero. Para 2065, uno de cada tres estadounidenses será un inmigrante o tendrá padres inmigrantes–los hispanos constituirán 24% de esa población.
La inmensa mayoría de los migrantes que cruzan la frontera norte de México se van a Estados Unidos huyendo de penurias económicas y sociales en sus países de origen; agravadas aún más por el cambio climático y la destrucción ambiental. Van en búsqueda de seguridad, trabajo y dignidad. Algunas naciones centroamericanas—Honduras, Guatemala y El Salvador en particular—sufren condiciones económicas trágicas y el crimen, la violencia y la desesperanza que la pobreza engendra (en no poca medida causadas por una larga historia de intromisiones de Estados Unidos, empezando con las infames Guerras bananeras de 1899, hasta nuestros tiempos). (Omar Vidal, El Universal, Opinión, On Line)
Eran las cinco de la mañana del 20 de enero del 2021 y Joe Biden y Kamala Harris todavía no tomaban posesión como Presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Pero la nueva Casa Blanca ya había publicado un ambicioso plan de reforma migratoria. Así Biden cumplía su promesa de enviar al Congreso, dentro de sus primeros 100 días como Presidente, una propuesta para legalizar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales son mexicanos.
El temor es que esta puede ser otra burbuja que nos reviente en la cara. Esto ya lo hemos visto muchas veces y es una historia de fracasos.
La nueva propuesta de Biden incluye la residencia permanente (o green card) a los cinco años para los indocumentados que hayan pagado impuestos y no tengan antecedentes criminales. Y tres años después, si hablan inglés y cumplen otras condiciones, se podrían convertir en ciudadanos de Estados Unidos. “Es lo más amplio que yo he visto en todos mis años intentando lograr una reforma migratoria”, me dijo en una entrevista el senador Bob Menéndez, quien va a patrocinar en el Senado el plan del presidente Biden. “Yo espero que en las próximas dos o tres semanas podamos presentar la propuesta legislativa”.
Ahí es cuando todas las esperanzas pueden explotar.
La propuesta debe pasar en la Cámara de Representantes, que tiene una clara mayoría demócrata. Pero las arcaicas reglas del Senado requieren el apoyo de 60 senadores para terminar un debate e ir a votación. Y los demócratas -que solo son 50 en el Senado- no tienen esos votos. En un país tan dividido y en medio de una pandemia, resulta casi imposible que 10 republicanos quieran ayudar a los demócratas en un tema tan polémico.
Entonces ¿qué se puede hacer? Un Plan B.
“Actualmente los demócratas tienen una muy pequeña ventaja”, me dijo Frank Sharry, el fundador y director ejecutivo de America’s Voice. “Hay que ser realistas. El Partido Republicano es el partido de Trump, del poder, de la plutocracia y del racismo… Los demócratas tendrán que hacerlo solos si quieren producir cambios que cambien vidas”. Sharry ha luchado durante décadas por una reforma migratoria integral, tal y como propone el presidente Biden. Pero si políticamente no se puede conseguir ahora, él cree que hay que cambiar de estrategia y darles otra victoria, aunque sea parcial, a los latinos.
“Estamos totalmente comprometidos con un camino a la ciudadanía para los 11 millones”, me escribió en un correo electrónico Lorella Praeli, presidenta de la organización Community Change Action y quien comenzó su carrera como activista indocumentada en Connecticut. “Pero estamos dejando atrás la estrategia del todo o nada que no funcionó en el pasado… Ahora lo que parece más realista es utilizar un proceso de reconciliación presupuestaria para legalizar a la mayor cantidad de gente posible, incluyendo a trabajadores esenciales, dreamers, gente con protección temporal (TPS) y campesinos. Creemos que el paquete económico que se podría aprobar esta primavera es la mejor manera de hacerlo”. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Hace casi 20 años, cuando le preguntaron en una reunión privada al general Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Vicente Fox, cuál era la razón por la que había más matanzas o enfrentamientos con grupos armados en Tamaulipas que en Sinaloa, el militar argumentó una razón orográfica: el territorio sinaloense donde operan los cárteles está ubicado sobre una zona serrana (Badiraguato) de acceso complicado, en la que los criminales podían esconderse y evitar enfrentamientos con autoridades u otros grupos rivales. De esta forma, explicaba el general, la montaña protegía a los bandidos y aminoraba los encuentros violentos.
Por el contrario, el norte de Tamaulipas se erige sobre un valle y monte inmensos en los que resulta imposible que cualquier grupo armado —legal o ilegal— pueda permanecer en una posición de total ocultamiento, por lo que los enfrentamientos y ataques pueden resultar más comunes y cruentos.
En aquellos años, el general explicaba que él consideraba que la policía de Tamaulipas era “la montaña invisible” que protegía a las bandas de la región.
El pasado 2 febrero —mismo día que la Fiscalía General de Tamaulipas acusó a 12 policías estatales de la masacre de Camargo— fue subida a YouTube una videoacusación hecha por supuestos miembros del Grupo de Operaciones Especiales, mejor conocido como Gopes en la zona.
Según este señalamiento que contiene imágenes del ataque no divulgadas aún de manera oficial, los policías responsables son miembros de dicha fuerza de élite y realizaron el crimen bajo las órdenes del comandante Horacio Rocha Nambo y la coordinadora de la policía estatal en la región, Mayra Elizabeth Vázquez, ambos detenidos ese mismo día.
La acusación anónima cuestiona también a Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, jefe de los Gopes, de hacer su labor recibiendo órdenes directas del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
“La masacre —se narra en el video— fue llevada a cabo el 22 de enero. Nuestros compañeros iban en 10 unidades, cuatro de ellas blindadas: interceptaron dos camionetas en la brecha Santa Anita y en una de ellas, una Chevrolet Silverado iban 19 indocumentados guatemaltecos; nuestros compañeros del Gopes y de la policía estatal dispararon y lesionaron a cuatro personas, cuando vieron que eran migrantes, los masacraron a balazos, prueba de ello es el hecho de que la camioneta tiene 113 impactos de bala”.
En la denuncia no se explica el motivo del ataque, pero se afirma que fue la coordinadora de la policía estatal, Mayra Elizabeth Vázquez, quien dio la orden de manipular evidencia, recogiendo cartuchos e incendiando las camionetas para borrar cualquier huella mediante la calcinación de los cuerpos de las víctimas, en su mayoría migrantes de Guatemala.
De acuerdo con el mensaje, los cuerpos fueron incinerados para tratar de borrar toda la evidencia. Especial
“Hacemos un llamado a las autoridades federales y militares para que investiguen esta masacre. No debemos permitir que nuestros compañeros manchen de sangre el uniforme y denigren a toda la corporación. Hacemos saber a la opinión pública y a las autoridades federales y militares, que los autores de esta masacre integran el Operativo Fronteras y traen 10 unidades, dos de Ciudad Mier con ocho elementos, números económicos 1295 y 1242; una patrulla de Miguel Alemán con cuatro agentes, sin número de unidad, la patrulla 1289 de Camargo con cuatro elementos y otra de Díaz Ordaz numero 1521 también con cuatro policías y una de Reynosa con cinco oficiales… denunciamos que participaron en la masacre cuatro unidades blindadas del grupo de operaciones especiales de la secretaria de seguridad pública de Tamaulipas, con los siguientes números de placas: WD6881A, WD6423A, WD6474A, TM923A1”.
La Fiscalía de Tamaulipas confirmó algunos de los señalamientos hechos en el video, mientras que prefirió no opinar sobre otros detalles. ¿El video es realmente una filtración hecha por policías hartos de sus compañeros corruptos y asesinos? Es posible.
Pero también es posible, me aseguraron algunos colegas de la zona, que el video sea parte de una estrategia iniciada por el propio gobierno estatal para tratar de controlar la crisis desatada por esta masacre que ha sido condenada de forma internacional, empezando por la ONU.
Si la coordinadora Mayra Elizabeth Vázquez dio la orden de incendiar las camionetas tras la masacre, ¿lo hizo bajo la anuencia de su jefe Félix Arturo Rodríguez?, ¿habrían realizado los Gopes otras masacres como éstas pero nunca se supo de ellas?, ¿quién o cuál alta autoridad les dio la libertad de actuar de esta forma?
Mientras tanto, el gobernador tamaulipeco, García Cabeza de Vaca salió a condenar los hechos y prometer cero impunidad… como en ocasiones similares lo hicieron sus antecesores Eugenio Hernández, Egidio Torre Cantú y Tomás Yarrington, todos ellos ahora investigados, denunciados y procesados por diversos actos delictivos. (Diego Enrique Osorno, Milenio, Opinión, p.11)