Febrero pinta como el peor mes para el turismo mexicano desde el confinamiento de marzo-mayo de 2020 y, además, es plena temporada alta de invierno para los principales destinos de sol y playa.
La reducción de las frecuencias aéreas, las pruebas de antígenos que exige el gobierno de Estados Unidos y la cancelación de vuelos con Canadá y Gran Bretaña son un coctel amargo para el sector.
Otro tema complicado se está tejiendo en la parte que le toca al Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo comisionado es Francisco Garduño, político cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace días reportábamos que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Rogelio Jiménez Pons, ya no estaba recibiendo el Derecho de No Residente (DNR), pues no le alcanzaría ni para “tapar el hoyo de la muela” del Tren Maya.
El monto cobrado vía DNR cayó más de 50% en 2020 por la pandemia y de unos 300 millones de dólares, se fue a menos de 150 millones.
El 80% de esta cantidad, que originalmente era para el turismo, fue el que el presidente López Obrador comprometió para financiar el tren, pero en lugar de asignarle este año unos 120 millones de dólares, el monto subió a 36 mil millones de pesos, equivalente a mil 800 millones de dólares de a 20 pesos el tipo de cambio.
Mientras, al Instituto Nacional de Migración sí le está llegando el 20% que le toca del Derecho de No Residente y que posiblemente rondará los 600 millones de pesos.
Es cierto que, además del Derecho de No Residente Turístico (DNRT), Migración cobra otros DNR, como el de trabajadores, mientras que su principal gasto proviene del pago del sustento y transporte a inmigrantes indocumentados.
Estos bajaron de más de 120 mil al mes a unos 10 mil por el reforzamiento de las medidas coercitivas en la frontera sur, la pandemia de covid-19 y el miedo al gobierno de Donald Trump.
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y su anuncio de que no seguirá la construcción del muro generan la falsa percepción de que se flexibilizará la entrada de indocumentados.
Así es que en el corto plazo es posible que, mientras el turismo internacional, que deja divisas, decaiga, los visitantes indocumentandos, urgidos por razones económicas y humanitarias, crezcan. (Carlos Velazquez, Excélsior, Dinero, p.4)
Son muchas y profundas las diferencias entre Joe Biden y Donald Trump, por ejemplo, el manejo en la política sanitaria para vencer al Covid, su percepción sobre la existencia y urgencia de frenar al cambio climático y la política migratoria.
Una de las primeras órdenes del nuevo mandato de Biden fue dejar de destinar recursos a la construcción del muro fronterizo. El muro de la vergüenza, símbolo de la xenofobia, esa barrera carísima que Trump les vendió a sus simpatizantes prometiéndoles que les protegería de aquellos que son diferentes; aquellos que no son blancos y anglosajones; aquellos que le quitaban lo “grandioso” a América.
El 25 de enero de 2017, Trump firmó un decreto que autorizaba la construcción del muro en la frontera. Su objetivo era abarcar los más de 3,100 kilómetros que separan (o unen, según se prefiera ver) a Estados Unidos y México; kilómetros que suponían según sus palabras “un grave riesgo para la seguridad nacional”. Acompañó el decreto con declaraciones en las que tachó a los migrantes de violadores y criminales.
El presupuesto inicial para el muro se cifraba en 25 mil millones de dólares. Trump advertía insistentemente que iba a ser pagado por México. Eso claramente no sucedió. El republicano se valió de todo lo que pudo para destinar fondos que solventaran su necedad. Unos 6 mil 300 millones de dólares del Departamento de Defensa se usaron para ese fin. A ese monto hay que añadir otros 3,600 millones de dólares del presupuesto del mismo departamento justificado bajo el rubro de construcciones militares, además de unos 3,400 millones del presupuesto anual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Una cantidad millonaria que se fue a la basura porque la migración, obviamente, no se detiene con una pared. (Paola Rojas, El Universal, Nación, p.2)
De tal manera que la campaña del nuevo presidente de EU, Joseph Biden, para vacunar masivamente a los habitantes de ese país nos beneficia no sólo indirectamente, al propiciar un vecino más sano y, por tanto, con una actividad económica más intensa, sino también directamente al vacunar a quienes van y vienen diariamente o a quienes viajan hacia nuestro país. Es importante hacer notar que en los centros de vacunación de allá está prohibido pedir prueba de nacionalidad o calidad migratoria. Algunos condados —por ejemplo, de Florida— piden comprobación de residencia, pero no calidad migratoria. Y es que es de sentido común: no vacunar a la población migrante representa un riesgo para todos los demás. La amenaza a la salud pública que representa el coronavirus hace evidente lo que debería ser una verdad para el mundo y muy especialmente para regiones tan integradas como la norteamericana: o nos cuidamos y salvamos todos o nos hundimos todos. (Cecilia Soto, Excélsior, Nacional, p.14)
No hay ni espacio para la lista de actos ilegales incluyendo apoyo a golpes de Estado, financiamiento de fuerzas paramilitares ilegales, asesinatos a control remoto y hasta algunos que deben ser definidos como terrorismo; nadie está enfrentando la justicia por esto, como tampoco por separar y secuestrar a niños de sus padres migrantes (igual que los nazis).
El historiador Howard Zinn decía que en Estados Unidos la gente equivocada está en la cárcel, y la gente equivocada está fuera de la cárcel, como también en el caso del poder.
La misma semana que procedía el juicio político, Joe Ligon salió de una prisión después de 68 años –era un menor de edad (15 años) cuando fue condenado a cadena perpetua en uno de pocos países que hacía eso con niños, práctica que décadas después fue calificada de cruel e inusual por la Suprema Corte. Las prisiones están a reventar con gente pobre, minorías e inmigrantes pero con muy pocos ricos o ex políticos de alto nivel. (David Brooks, La Jornada, Opinión, p.23)
La pandemia ha desnudado las desigualdades –que las sabíamos– entre países y naciones. Ha revelado la precariedad de los sistemas de salud en el mundo, el valor social de la solidaridad y el sentido común, y también que la responsabilidad ciudadana no está correlacionada al valor económico de cada persona: hemos visto imperios fracasando en el control de la pandemia por la incapacidad crónica de muchos ciudadanos de sentirse corresponsables de la vida del vecino, y economías mucho más modestas rompiendo oscuros presagios. La pandemia ha sido el espejo para observar autoridades, economías, instituciones y personas. Sin embargo, hay un factor monumental, probablemente el de mayores repercusiones de largo plazo, en el que la pandemia habrá de incidir, pero que rara vez ocupa el centro de la discusión pública: el impacto de la pandemia en el fenómeno migratorio.
La migración ha sido y es un fenómeno social y económico en toda la historia de la humanidad. Es un dilema ético para las naciones más prósperas y un choque cultural para sus habitantes. La migración es un reto en materia de seguridad y justicia, pero también lo es en el plano sociológico. Hay algo que al llamado primer mundo se le dificulta enormemente entender: la migración es contenible y administrable, sí, pero frenarla, extinguirla, es imposible, toda vez que está motivada por el único activo imperecedero del ser humano, que es la esperanza.
¿Qué detiene a un migrante cuando ha tomado la decisión de vida de empezar la marcha?, absolutamente nada. Ni el mar Mediterráneo ni las mafias ni el racismo ni la policía ni las olas, las rejas o los muros. No hay poder humano que contenga ese otro poder humano; las ganas de vivir y hacerlo de forma distinta. Por eso, cuando la xenofobia motiva el grito de regresa a tu país (en el idioma que sea), lo que se revela es la ignorancia, la incapacidad de entender que para un migrante no hay regreso.
El siglo XIX es el primero en el que vemos un verdadero flujo migratorio (regido por causas económicas) como hoy lo entendemos, y no más como una aventura colonial o la conquista de algún rincón desconocido. Es la migración marcada por el acero, los durmientes y el carbón. Un ejercicio moderno de sincretismo cultural. El siglo XX fue uno de movilizaciones humanas obligadas por la guerra. Guerras mundiales, guerras domésticas, guerras reli-giosas, guerras asimétricas, guerras frías, guerras civiles. El suelo azotado por la violencia movió a medio mundo de su lugar de origen.
En esa línea de tiempo, me atrevo a pensar que el siglo XXI marcará a la migración de manera diferente: la desigualdad y la violencia no necesariamente bélica, pero violencia al fin (véase el caso de Centroamérica con mafias y pandillas), son los motores migratorios. Agregue uno importante: la conexión en tiempo real de países ricos y otros sumidos por la miseria, mediante las redes sociales y dispositivos móviles. No es ya el familiar del otro lado que cuenta maravillas de una tierra prometida ni las cartas describiendo ese lugar al que se quiere llegar, es la imagen en vivo, la interrelación con contenidos y noticias, es el sueño distante en la palma de la mano, que crea expectativas como nunca antes.
A esa esperanza migrante la aguarda impacientemente el miedo de quienes buscan preservar el statu quo. El miedo del choque de civilizaciones que reclama su derecho a la tradición, al haber llegado primero. Por eso, en este siglo XXI el sincretismo cultural, la mezcla racial de los dos siglos previos, enfrenta el obstáculo de la xenofobia y los regionalismos, del pánico a la aldea global y el temor al otro, al diferente. En ese marco complejo, la pandemia por Covid-19 tenderá a agravar y acelerar la dinámica migratoria. La recuperación económica desigual también será un enorme incentivo para ello.
Por eso duele tanto que en México, un país migrante y de paso, un país con más de un tercio del corazón fuera del territorio, sea en la ruta tamaulipeca, un calvario para los migrantes centroamericanos. Duele la colusión de mafias y policías y las escenas de horror que han traído consigo. De todos los infiernos que debe atravesar un migrante, no puedo imaginar uno peor al ocurrido en Camargo, Tamaulipas.
El ruido de la coyuntura y la multiplicidad de temas nos han impedido darle magnitud a la tragedia. Debe ser un llamado de atención para todos –ciudadanos, autoridades, países ricos y pobres, países migrantes y potencias económicas– para tratar de entender este fenómeno de manera diferente, porque a los migrantes sólo los detiene la muerte. (David Penchyna Grub, La Jornada, Opínión, p.14)
Hace más de diez años, al mismo tiempo que sucedía la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que asesinaron a 72 migrantes, un periódico de Colombia publicó una nota titulada “El deber de indignarse frente a las masacres”. El título hacía referencia a una obra de teatro basada en testimonios sobre las desapariciones, torturas y los asesinatos en Trujillo, un municipio al noroccidente de dicho país. La obra pretendía que la indignación permaneciera en el tiempo y que las víctimas se volvieran parte de la historia oficial. Uno de los directores concluía en la entrevista: “cada vez que comprendíamos más, nos indignábamos más”.
Lo anterior tiene relación con la reciente masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas, en la que hallaron 19 cuerpos calcinados, entre ellos, un menor de edad. El hecho por sí solo tendría que causar indignación; dentro de la pluralidad de violencias que azotan al país, un suceso de esta índole no puede pasar desapercibido. Pero, más allá de la inmediatez del horror, existe un trasfondo que da cuenta del calvario de los migrantes que transitan o permanecen en el país causado principalmente por la colusión de funcionarios públicos; esto exacerba, inevitablemente, la indignación.
La comisión de abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de migrantes por parte de autoridades mexicanas es una práctica sistemática y recurrente. Acorde al último reporte de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), aproximadamente uno de cada tres secuestros de migrantes durante 2019 fue cometido por agentes del Estado, así como uno de cada cinco robos. Organizaciones de la sociedad civil también han documentado estos abusos a través de testimonios en los que refieren que autoridades migratorias y policías detienen a migrantes, los extorsionan, torturan y entregan al crimen organizado.
La masacre de Camargo no fue la excepción de la participación de funcionarios públicos. La Fiscalía de Tamaulipas ha detenido y vinculado a doce elementos de la policía por su implicación en los hechos. Sin embargo, no han dado más información. La audiencia fue a puerta cerrada y solo se sabe que alteraron la escena del crimen. Incluso, se duda que hayan calcinado los cuerpos. Parecería absurdo, aunque necesario, recordarle al gobierno estatal que tienen la obligación de aclarar los hechos y la participación de los elementos policiales. El derecho a conocer la verdad no es discrecional.
El gobierno federal corrió a ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) porque una de las camionetas encontrada con los cuerpos había sido supuestamente retenida un año antes. Tampoco se ha dicho más al respecto: los cesaron y punto final. Por su parte, la Fiscalía General de la República se negó a iniciar una investigación sobre la masacre porque los homicidios son de competencia local. En el colmo del absurdo, fue la unidad de investigación de delitos para personas migrantes de esta institución la que rechazó el caso. Mareados por la textualidad y los tecnicismos de la ley se les olvida que podrían atraer la investigación a través de los tratados internacionales que protegen el derecho a la vida, dignidad y verdad. Sin embargo, les resulta más fácil evadirla.
Que haya sucedido otra masacre de migrantes en el país es lamentable, vergonzoso y aterrador. También, es absolutamente inaceptable que estén involucradas autoridades en los hechos. Pero que los gobiernos, estatal y federal, solo hagan lo mínimo indispensable por la presión mediática e internacional es, simplemente, inconcebible. Si 19 cuerpos calcinados no son razones suficientes para que todo el Estado mexicano se movilice y esclarezca los hechos, castigue a los culpables y repare el daño a las víctimas, entonces ¿cuáles sí serán? (David Blanc, El Sol de México, Análisis, p.14)
Que la masacre en Camargo de 14 guatemaltecos ha calado tanto en la opinión pública de ese país que la próxima semana llegará una delegación de diputados para reunirse con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y autoridades de la FGR y Migración. Aunque el tema está lejos de convertirse en un conflicto diplomático, en el Congreso de aquella nación se habla de que lo acontecido a finales de enero en la frontera de México y EU es “algo que demanda una acción contundente del Estado”. (Editoriales, Milenio, Al Frente, p.2)