Notas indiscretas… *El embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, se reunirá este martes en Ciudad Victoria, con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para pedirle que “acelere la conclusión de las investigaciones” sobre la masacre de 19 personas en el municipio de Camargo*, entre los que se encontraban 14 migrantes indocumentados guatemaltecos.
La petición del diplomático chapín tiene dos vertientes: la primera que Guatemala pueda ya repatriar los restos de sus compatriotas que son reclamados por sus familiares y la segunda que *el gobierno del presidente Alejandro Giammatei no quita el dedo del renglón de poner una denuncia por violaciones graves de derechos humanos y por crimen de lesa humanidad en contra de sus 14 ciudadanos guatemaltecos cometidos por policías estatales de Tamaulipas, lo que lo convierte en un “Crimen de Estado”.
La denuncia que ya preparan en Guatemala iría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y podría involucrar no solo al gobierno de Tamaulipas sino también al Gobierno de México*, a los que Guatemala podría pedir una indemnización millonaria para resarcir el daño a las familias de los migrantes, además de la condena de la CIDH ante ese crimen de Estado.
Incluso *en la demanda podrían aparecer involucradas algunas agencias del gobierno de Estados Unidos que dieron “capacitación y entrenamiento” a las fuerzas del GOPE de la Policía Estatal de Tamaulipas, un grupo de élite que fue entrenado en los Estados Unidos*, y que ha sido señalado ya en varias ocasiones de cometer ejecuciones extrajudiciales y de violentar los derechos de ciudadanos en varios municipios de la entidad tamaulipeca. Veremos hasta dónde llega el caso de los guatemaltecos y cuántos ceros le pone el gobierno de Guatemala a su denuncia… Los dados mandan Serpiente. Caída libre. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 8)
Que el embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro, se reunirá este martes con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para pedir celeridad en las investigaciones del caso Camargo, a fin de repatriar lo antes posible a los migrantes de ese país que fueron calcinados cerca de la frontera con EU. También estará el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Bolo. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El pasado 11 de enero entraron en vigor diversas reformas a Ley de Migración y a la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, que abren el camino para dar cumplimiento efectivo a los derechos de la niñez y de la adolescencia migrante, solicitante de asilo y refugio.
Con ello se encara una lamentable realidad. Las niñas, niños y adolescentes en movilidad, solos o acompañados, enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad, no solo en su tránsito o acogida en el país, sino en muchas ocasiones por las historias que les hicieron salir de sus comunidades, por lo que es obligación del Estado mexicano otorgarles protección diferenciada y adecuada para salvaguardar su integridad física y emocional, así como su integración educativa y cultural, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos.
Los datos son reveladores: de enero 2020 al 12 de febrero de 2021, el Instituto Nacional de Migración ha atendido alrededor de 12 mil 428 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de movilidad, de los cuales 5 mil 243 viajaban sin compañía (42%) y 7 mil 185 acompañados de algún adulto (58%), al tiempo que de enero a octubre de 2020, se atendieron 6 mil 968 eventos de mexicanos menores de edad no acompañados repatriados por los Estados Unidos.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ha recibido de diciembre 2018 a la fecha, 29 mil 696 solicitudes de la condición de refugiado de NNA, de las cuales se han reconocido a la fecha a 8 mil 598 casos; además de que 950 que han sido beneficiados con protección complementaria.
Estas reformas fueron reconocidas por agencias de las Naciones Unidas, como ACNUR, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y UNICEF, así como la Organización Internacional para las Migraciones, porque dan cumplimiento a recomendaciones, compromisos y tratados internacionales.
Uno de los principales avances es la prohibición de que niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad sean detenidos en estaciones o estancias migratorias, estén o no acompañados, obligando a las autoridades a encontrar otros espacios de cuidado.
Las reformas regularizan la situación migratoria provisional de las infancias migrantes a través de visas humanitarias, en espera de la determinación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para su restitución de derechos, lo que impide el retorno inmediato y asegura su protección.
La reforma fortalece las atribuciones del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y Sistemas de los DIF de las entidades para que identifiquen a menores que requieran protección internacional, como refugiado u otra modalidad y, en conjunto con las autoridades competentes, provean amparo y medidas especiales.
La implementación de las reformas arroja sus primeros resultados: el INM ha suspendido el alojamiento de menores en sus estaciones y se creó una coordinación interinstitucional para brindarles atención. El SNDIF y la Procuraduría realizan mapeos permanentes de los albergues públicos y privados disponibles a efecto de que las NNA en ningún momento sean alojados en estaciones migratorias y se les canalice inmediatamente a los Centros de Asistencia Social o a albergues de la sociedad civil. Asimismo, las estaciones migratorias de Tapachula, Chiapas y Tenosique, Tabasco fueron entregadas al SNDIF para ser transformadas y habilitadas como Centro de Asistencia Social y albergar ahí a menores de edad.
La materialización de esta reforma encuentra importantes retos que solventar desde un trabajo interinstitucional efectivo, como es la adecuada asignación presupuestal para el fortalecimiento de espacios de atención a los NNA y sus familiares; la capacitación del personal técnico involucrado, por ejemplo, los Oficiales de Protección a la Infancia y de Grupo Vulnerables del INM; y el desarrollo de los criterios y lineamientos de actuación necesarios para la correcta determinación del interés superior de los NNA.
Las reformas avanzan, sin embargo, el reto, además de garantizar los derechos de niñas, niños y los adolescentes migrantes, es atender las causas que provocan su movilidad. Que nadie, por necesidad o por miedo, abandone el lugar donde nació o donde quiere vivir. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión, p. 10)
Por todos es sabido que en las fronteras mexicanas se viven severas crisis. Por un lado, en la frontera sur hay miles de personas que buscan transitar por nuestro país hasta llegar a Estados Unidos.
En tanto, en la del norte se han quedado varadas miles más en espera de audiencias que les permitan ingresar al país vecino.
Lastimosamente, durante el gobierno de Donald Trump y en colaboración con la administración mexicana actual, en 2019 se firmó un tratado para implementar el Programa Quédate en México, en el marco de los Protocolos de Protección al Migrante, orquestados por Estados Unidos. Digo que es lastimoso porque el programa en cuestión lo que hace es obligar a los migrantes que salen de sus países, principalmente del centro y sur de América, a quedarse en la frontera mexicana esperando que les permitan el ingreso a Estados Unidos.
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales por evidenciar los riesgos de este programa, sigue aplicándose ocasionando que los migrantes sean afectados en diversos ámbitos. Para empezar, son susceptibles a secuestros, extorsiones, abusos sexuales, torturas, entre otras prácticas delictivas e, incluso, la población más vulnerable, como son mujeres, niños, niñas y adolescentes, está sujeta a la aplicación de este programa, en perjuicio de su seguridad.
Con el nuevo gobierno de Joe Biden, si bien se ha hablado de anular este programa, aún no se tiene conocimiento de una posible fecha para desmantelarlo.
La preocupación no es menor, ya que se conoce que Biden protagonizó una de las políticas migratorias más agresivas durante el gobierno de Barack Obama.
Por supuesto, se confía en que los pronunciamientos hechos por el ahora presidente norteamericano para garantizar un mejor trato a los migrantes sean una realidad y medidas como el Programa Quédate en México queden en el olvido para dar paso a estrategias más humanitarias y respetuosas.
Hay que decir también que México falló al aceptar el Programa Quédate en México, no sólo por los riesgos a las personas que buscan protección sino porque se dio en un contexto de total ilegalidad.
Para empezar, fue firmado por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores que carecía de las facultades para signar un tratado internacional y, además, el acuerdo se llevó a cabo sin la coordinación de la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de los asuntos migratorios.
Por tal razón y en apoyo a los niños, las niñas y los adolescentes que hoy están siendo afectados por el Programa Quédate en México en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos, Early Institute hace un llamado a su completa protección desde la formulación y adopción de iniciativas más sensibles y apegadas a derecho. Esto para garantizarles un trato digno, en congruencia con su derecho a la libertad de tránsito y la búsqueda de mejores condiciones de vida. (Annayancy Varas García, El financiero, Opinión, p. 27)