Los fiscales estadunidenses que acusan de narcotráfico al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijeron que entregaron a su abogado documentos de la policía mexicana y panameña sobre él, grabaciones de llamadas hechas desde la cárcel y documentos del gobierno relacionados con un decomiso efectuado en México.
Las pruebas forman parte del enorme paquete de evidencias que los fiscales del Distrito Este de Nueva York han dado durante meses al abogado de García Luna, de cara al inicio de un juicio. El ex funcionario está acusado de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.
García Luna fue secretario de Seguridad Pública desde 2006 hasta 2012, bajo el gobierno de Felipe Calderón, y se ha declarado inocente de las acusaciones al tiempo que los fiscales alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitir que traficara cocaína a sus anchas. (Ap, La Jornada, Política, p.6)
El ex comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, se desistió del juicio de amparo que promovió contra la orden de aprehensión, prisión preventiva oficiosa, justificada o cualquier medida cautelar que haya librado algún juez federal a petición de las autoridades.
El ex funcionario informó a un juez que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación que lleva a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Rosas fue uno de los hombres más cercanos al ex secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con quien laboró en la extinta Agencia Federal de Investigación y en la desaparecida dependencia que dirigió el ex funcionario preso en Estados Unidos. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
El tercer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México confirmó el amparo que un juez federal concedió a Alonso Ancira Elizondo, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), que ordena a Miguel Ángel Ortega Sánchez, fiscal ejecutivo adscrito a la dirección de procedimientos internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), responda por qué declaró a España que el empresario era acusado por cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, delitos que no tenía cuando se solicitó de manera formal la extradición.
La resolución judicial no afecta el proceso penal que enfrenta en México por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los magistrados consideraron inoperantes e infundados los argumentos presentados por la FGR que ratifican el fallo de Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del juzgado primero de distrito de amparo en materia penal, quien en octubre pasado le concedió la protección de la justicia federal. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.7)
El Covid-19 ha impactado severamente la vida de las mujeres de América Latina. Los resultados de una encuesta hecha por la Organización de Naciones Unidas muestran los niveles de vulnerabilidad en México, Chile y Colombia, pues han perdido empleos e ingresos y se ha incrementado el tiempo que dedican al trabajo no remunerado, lo cual ha causado problemas emocionales.
En conferencia virtual convocada por la oficina regional para América Latina y el Caribe de ONU-Mujeres, se dio a conocer lo que arrojó el estudio en las tres naciones.
En México, 47 por ciento de las entrevistadas perdió su empleo o cerró su negocio como consecuencia de la crisis sanitaria, mientras 75 por ciento realiza una actividad laboral por cuenta propia y ha bajado el número de horas que dedican al trabajo remunerado. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.8)
El Senado aprobó anoche en comisiones y sin cambios, la minuta con modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, entre reclamos de la oposición por la rapidez del proceso para dictaminar y la postura unánime de Morena y sus aliados de que es una reforma encaminada a que el país recupere la soberanía en materia energética y es por ello un asunto de seguridad nacional.
El bloque opositor, integrado por PAN, PRI, MC y PRD, al que se sumó el PVEM intentó que no se discutiera y aprobara el dictamen ayer y se convocara a parlamento abierto, lo cual fue rechazado por la mayoría de Morena y sus aliados, quienes refutaron luego los argumentos reiterados de los opositores en el sentido de que esa reforma viola la Constitución, generará un alza a la electricidad y traerá severos efectos ambientales.
El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia advirtió que ”canallada”es privilegiar intereses extranjeros en lugar de la rectoría del Estado en un recurso fundamental, como es la electricidad, la que se ha ido privatizando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.9)
El almirante César Carlos Preciado Velázquez fue nombrado como nuevo oficial mayor de la Secretaría de Marina, en tanto el almirante Luis Javier Robinson Portillo tomó posesión como jefe del Estado Mayor General.
Ambos relevos fueron autorizados por acuerdo del titular de la dependencia, José Rafael Ojeda Durán, y según se explicó son parte de la rotación permanente del personal. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.9)
El expediente sobre el proceso de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sólo estará disponible para consulta de las partes y de los cuatro diputados federales que integran la Sección Instructora, informó el presidente de esa instancia legislativa, Pablo Gómez Álvarez (Morena).
Al tratarse de un procedimiento que se realiza de forma similar a un juicio, se debe cuidar el debido proceso y la presunción de no culpabilidad del gobernador tamaulipeco, explicó luego de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que, si la cámara no tiene impedimento, dé a conocer el expediente.
Los diputados deben guardar la secrecía a que obliga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la consulta del material probatorio tiene que hacerse con sigilo; no podemos hacer lo que queramos porque puede involucrar datos personales o situaciones que pongan en desventaja al inculpado, agregó.
A pregunta expresa, recordó que, en su momento, el expediente del desafuero en 2005 de López Obrador se reservó por la Cámara de Diputados. (Néstor Jiménez y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.11)
La deuda de Pemex con sus proveedores de bienes y servicios se incrementó 43 por ciento en 2020 respecto a 2019 para alcanzar unos 13 mil 269 millones de dólares, revelaron informes oficiales.
La petrolera tendrá que asumir compromisos por pago de deuda en lo que resta de la actual administración por 28 mil 100 millones de dólares; 2024 será el año más abultado, pues tendrá que erogar unos 9 mil 100 millones de dólares.
De acuerdo con los anexos del reporte financiero de Pemex entregado a finales de la semana pasada a inversionistas y autoridades bursátiles, los pasivos de corto plazo con proveedores pasaron de 208 mil 34 millones de pesos en diciembre de 2019 a 297 mil 994 millones en diciembre de 2020 (unos 13 mil 269 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 22.4 pesos). Este monto representó un aumento de 43.2 por ciento, equivalente a 89 mil 959 millones de pesos adicionales. (Israel Rodríguez, La Jornada, Economía, p.17)
San Luis Potosí, SLP., Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, murió después de sufrir un atentado a balazos la tarde del lunes en el poniente de esta ciudad, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Federico Garza Herrera.
El empresario del sector automovilístico, de 54 años, recibió dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital, pero falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.
Minutos antes de las 14 horas, Galindo Pérez, quien en diciembre de 2019 asumió la dirigencia de la Coparmex, se encontraba fuera de una vulcanizadora en la Avenida del Potosí, colonia Lomas, segunda sección. (Vicente Juárez, La Jornada, Estados, p.24)
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México inició una investigación contra Laura Álvarez Soto, ex directora de Desarrollo Social de la alcaldía Benito Juárez, por presunto desvío de 42.5 millones de pesos.
Luego que concejales acusaron que el desvío se realizó para favorecer la candidatura de su esposo, Mauricio Tabe Echartea a la alcaldía Miguel Hidalgo, la dependencia solicitó a la Dirección General de Administración un informe sobre el presupuesto total autorizado al área de Desarrollo Social entre 2020 y 2021.
La indagatoria, que reporta 20 por ciento de avance, también incluye la entrega de tinacos, y se realiza con estricto apego al debido proceso, indicó la dependencia. (Sandra Hernández García, LA Jornada, Capital, p.27)