Información Nacional Migratoria
Al menos 30 mil migrantes que han sido regresados a México desde Estados Unidos durante los últimos dos años —para que esperen en la frontera norte la resolución de sus solicitudes de asilo— han sido víctimas de abusos por parte de la policía mexicana e integrantes del crimen organizado, advierte un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Además, afirmó que estos migrantes retornados por las autoridades estadounidenses han sido abandonados por las autoridades mexicanas, porque no se les ha brindado protección, acceso a servicios médicos, empleo, buena alimentación y otros derechos, incumpliendo sus compromisos internacionales.
En su informe México: Abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos, la organización internacional señaló que de los 71 mil migrantes devueltos a México por lo menos 30 mil ya perdieron sus casos de asilo, pues algunos de ellos no pudieron seguir con sus trámites, luego de sufrir algún tipo de crimen en nuestro territorio.
“Casi la mitad de los solicitantes de asilo en [el programa] Quédate en México perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias en Estados Unidos. HRW habló con familias que no se presentaron a las citas en los tribunales porque habían sido secuestradas en México. Otras habían sido transportadas al sur del país por el gobierno mexicano y quedado a miles de kilómetros de donde estaba programada su audiencia”, destacó el informe.
El programa estadounidense Quédate en México entró en vigor a principios de 2019 y el gobierno se había comprometido a garantizar los derechos de la comunidad migrante; no obstante, HRW refutó que esto se esté cumpliendo, porque los extranjeros no cuentan ni siquiera con una identificación para demostrar su estatus jurídico y realizar trámites.
“Algunos solicitantes de asilo señalaron no haber podido abrir cuentas bancarias o recibir transferencias internacionales de dinero. Una migrante afirmó que en su familia han pasado hambre porque no pueden trabajar ni recibir transferencias. Varios no pudieron recibir tratamiento por graves condiciones de salud. Algunos niños habían estado varios meses sin ir a la escuela, incluso antes de la suspensión de clases por la pandemia”, señaló.
A su llegada a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden anunció que suspendería el programa Quédate en México, por lo que HRW instó a que se repongan todos los procesos de asilo que fueron desechados “injustamente”.
Por otra parte, en el informe se detalló que además de los 71 mil extranjeros devueltos con el protocolo Quédate en México, otros 400 mil migrantes fueron regresados desde marzo de 2020, incluso utilizando la pandemia como argumento, pero hasta ahora no se sabe si hay un plan para atender a toda esta gente.
Violencia en México
HRW entrevistó a 71 migrantes venezolanos, quienes relataron las extorsiones y los secuestros que viven en la frontera norte. De estas 71 personas, 16 dijeron que agentes de migración o policías los amenazaron con deportarlos e incluso asesinarlos si no pagaban un soborno. Otros 27 aseguraron que habían sido interceptados por grupos criminales, quienes los secuestraron o amenazaron con hacerlo si no les pagaban miles de dólares.
Aunque HRW consiguió testimonios de personas venezolanas, el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, no dudó en señalar que el problema de la violencia y el abandono de los extranjeros en México es generalizado.
“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias han sido abandonadas por los gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia”, explicó Vivanco con motivo de este informe.
Para elaborar este informe HRW tuvo acercamientos con funcionarios públicos, abogados expertos en migración y organizaciones. De igual forma tuvo la posibilidad de contar con evidencia documental de los abusos cometidos contra esta población.
“Las peligrosas condiciones que enfrentan los solicitantes de asilo en el programa Quédate en México son injustificables. Mientras el gobierno de Joe Biden termina de revertir este programa abusivo, el gobierno mexicano debe asegurarse de que los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura y acceder a servicios esenciales”, concluyó Vivanco.

(Alexis Ortiz, El Universal, Pp. 8)
Decenas de migrantes que esperaban en México a que se resolviera si podían entrar a Estados Unidos como refugiados no pudieron llegar a sus audiencias debido a que fueron secuestrados por el crimen, fueron extorsionados o deportados a la frontera sur, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
En su informe “México: Abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos”, la organización internacional señala que casi la mitad de los solicitantes de asilo enviados al país, bajo el programa Quédate en México, perdieron sus casos después de faltar a sus audiencias migratorias.
“Human Rights Watch habló con familias que no se presentaron a las citas en los tribunales, porque habían sido secuestradas en México, otras habían sido transportadas al sur del país por el Gobierno mexicano y quedado a miles de kilómetros de donde estaba programada su audiencia”, indica el reporte.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, consideró que el nuevo Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dando pasos positivos para terminar con el programa Quédate en México, pese a lo cual han sufrido los embates de la violencia.
“Decenas de miles de familias migrantes, incluyendo venezolanos que buscaban protección frente a la tortura, la persecución política y las detenciones arbitrarias, han sido abandonadas por los Gobiernos de Estados Unidos y México en un contexto en el cual sufren extorsión y violencia en México”, sostuvo.
Entre las personas entrevistadas por HRW se encuentran 71 venezolanas, las cuales huyeron casi en su mayoría de la persecución y violencia política en su país.
“Casi la mitad de los entrevistados dijeron que policías, agentes de migración u organizaciones criminales intentaron extorsionarlos en México”, dice el informe.
“En 16 casos, los solicitantes de asilo manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o de filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban un soborno. Algunos afirmaron que los funcionarios mexicanos los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a los cárteles si no pagaban”.
Además de los delitos por parte de criminales e incluso de funcionarios mexicanos, los extranjeros padecen en México problemas para acceder a servicios de salud o financieros.
“Quienes forman parte de este programa (Quédate en México) no reciben documentos migratorios con fotografías que confirmen su acceso a estos derechos”, alertó HRW.
Los solicitantes de asilo señalaron no haber podido abrir cuentas bancarias o recibir transferencias internacionales de dinero, lo que ha generado hambre, ya que tampoco pueden trabajar, e incluso, los niños pasaron meses sin ir a la escuela.
“Mientras el Gobierno de Biden termina de revertir este programa abusivo, el Gobierno mexicano debe asegurarse de que los solicitantes de asilo puedan permanecer de manera segura en México y acceder a servicios esenciales”, consideró José Miguel Vivanco. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 4)
‘Les pagas o amenazan con entregarte a cártel’. Ángel, originario de Panamá, está entre los miles de migrantes extorsionados por agentes mexicanos en su travesía para llegar a la frontera y pedir asilo en EU, según el reporte de la organización Human Rights Watch (HRW).
Junto con su familia voló a la ciudad de Monterrey en octubre de 2019.
Al llegar, un agente de migración que tenía fotos de la familia -presuntamente tomadas ese mismo día en el aeropuerto de Panamá- Ios sacó de la fila de llegada y les hizo pasar la noche en una celda.
A la mañana siguiente, otro funcionario les exigió 100 dólares por persona y les dijo que los deportaría si no pagaban.
Ángel pagó y con su familia tomó otro vuelo hacia Ciudad Juárez.
Ahí, asegura, agentes de la policía federal y municipal sacaron de la fila a todos los ciudadanos venezolanos y cubanos, y les exigieron nuevamente 100 dólares por persona.
Cuando Ángel se negó a pagar, esos mismos agentes los retuvieron y en una camioneta se los llevaron a un callejón abandonado donde los amenazaron con entregarlos a un Cártel. Ahora les exigieron 6 mil dólares.
Tras ser golpeados, la hermana de Angel les entregó 3 mil dólares, que era todo el dinero que tenían para el viaje.
Los agentes los abandonaron en el lugar, y de ahí caminaron a la hasta la frontera, donde comenzaron su proceso de asilo.
Maykel contó que llegó a Reynosa en agosto de 2019 y un grupo criminal lo secuestró y le exigió 2 mil dólares para cruzar la frontera.
Cuando lo enviaron al país, en el marco de Quédate en México, denunció el delito ante la Policía y dio su dirección y número de teléfono para que las autoridades pudieran darle seguimiento.
Sin embargo, afirma que, en lugar de ello, varios policías empezaron a presentarse en el departamento para extorsionarlo.
Tuvo que mudarse dos veces y cambiar de número de teléfono para evitar el hostigamiento policial. (Redacción, Reforma, Nacional, p. 4)
Información Migratoria de los Estados
Matamoros.- La llegada de migrantes que buscan asilo en EU saturó el refugio San Juan Diego, donde ayer atendían a 140 personas.
Juan Antonio Sierra, encargado del módulo de atención, criticó que el campamento del programa de Protocolos de Protección se esté desmantelando cuando hay cerca de 2 mil migrantes que tienen un proceso y se espera la llegada de personas que están en Piedras Negras, Acuña, Reynosa y Nuevo Laredo.

(Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 4)
Tijuana, B.C.- Al menos cinco mexicanos se encuentran hospitalizados tras el accidente ocurrido el pasado martes en California, en donde 10 connacionales fallecieron.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los connacionales se encuentran hospitalizados en distintas ciudades y centros médicos. Uno es un menor de edad que fue intubado.
Según el comunicado de la Cancillería, tres mexicanos y tres guatemaltecos están hospitalizados en San Diego, donde dos de los mexicanos están “estables aunque presentan fracturas”.
En Palm Springs hay otros tres hospitalizados, dos de ellos mexicanos “con fracturas”, uno de los cuales dio positivo por coronavirus, mientras el tercero es un menor de edad inconsciente del que no se ha podido determinar la nacionalidad. Otros tres heridos fueren dados de alta.
El pasado 2 de marzo un tráiler y una camioneta que transportaba a 25 personas se impactaron en el condado de Imperial, California, lo que ocasionó al menos 13 muertos.
El Consulado de México en Calexico ha notificado a los familiares del accidente.
Los estados de origen de los fallecidos son: Oaxaca (tres), Michoacán (tres), Guerrero, Morelos, Nayarit y Baja California, uno cada uno.
Las 12 personas restantes fueron transportadas a hospitales para su atención médica Relaciones Exteriores detalló que actualmente se encuentran hospitalizadas nueve personas: seis en San Diego.
El miércoles, la Patrulla Fronteriza reveló que una segunda camioneta, que se incendió, habría transportado a otro grupo de migrantes.
Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades de Estados Unidos para investigar lo sucedido.
Los vehículos habrían entrado a territorio estadounidense por una brecha en la valla fronteriza.
El Consulado de México en Calexico se encuentra en contacto con las autoridades para dar seguimiento al caso y brindar asistencia consular a los familiares de las víctima, así como de las personas hospitalizadas en Palm Springs. (Redacción, El Universal, Mundo, p. 16)
(Emir Olivares, La Jornada, Política, p. 13)
Información Internacional Migratoria
Legisladores federales estadunidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, expresando su preocupación por los derechos humanos en México e instando que trabaje con el gobierno mexicano para abordar la protección de migrantes, la seguridad publica y el estado de derecho en el país vecino.
La carta firmada por 19 diputados federales, todos demócratas, incluyendo los mexicano-estadunidenses Joaquín Castro, Raúl Grijalva y Jesús Chuy García e impulsada por Alan Lowenthal, solicitan que los derechos humanos sean una prioridad en la relación bilateral.
En torno a los altos niveles de violencia y los abusos de derechos humanos en México, la carta solicita que el Departamento de Estado trabaje con el gobierno mexicano “para abordar los niveles casi totales de impunidad” que gozan tanto criminales como autoridades oficiales al cometer sus delitos.
A la vez, afirman que “la situación deteriorada de seguridad debería revaluar ciertos aspectos de la asistencia de seguridad de Estados Unidos para México, incluyendo la que apoya la estrategia antinarcóticos y el despliegue de fuerzas militares, todo lo cual ha resultado en “graves violaciones de derechos humanos y ha fracasado en debilitar a los cárteles de la droga o reducir el crimen”.
“Observamos con preocupación que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hasta ahora sólo ha profundizado la participación militar en actividades policiacas domésticas, mientras despliega su nueva Guardia Nacional, para llevar a cabo el control de la migración y otras funciones de seguridad doméstica”, afirman e instan a Blinken explorar maneras de alentar al gobierno mexicano en cumplir con su compromiso de retirar a los militares del trabajo policiaco para 2024.
También expresan “preocupación” ante declaraciones del presidente López Obrador “criticando a defensores de derechos humanos y periodistas” y exhortan a Blinken a presentar estas preocupaciones ante las autoridades mexicanas y a reunirse con defensores de derechos humanos y periodistas en México para escuchar sus preocupaciones.
Los legisladores solicitan al secretario que trabaje con contrapartes mexicanas para asegurar la protección y bienestar de los solicitantes de asilo al desmantelarse el programa “Quédate en México” como también apoyar a los programas de asilo en México.
La carta enviada ayer esta firmada también por otros influyentes legisladores federales como David Cicilline, Mark Pocan, Albio Sires, James McGovern, Grace Napolitano e Ilhan Omar, entre otros. (David Brooks, La Jornada, Política, p. 11)
(Víctor Sáncho, El Universal, Pp. 15)
(Eduardo Ortega, El Financiero, Pp. 38)
(Redacción, Contra Réplica, Pp. 5)
(Ilian Cedeño, Excélsior, Nacional, p. 14)
Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Antony Blinkcn, en la que expresan su preocupación por la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la militarización del país y ia “colusión entre actores estatales y grupos criminales*.
“Vemos con preocupación que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha proámdiiHdo la participación del ejército en la vigilancia doméstica, desplegando a su nueva Guardia Nacional para realizar labores relacionadas con la migración y otras funciones de seguridad nacional”, reza el documento, en el que se denuncia, precisamente, el incremento de la violencia contra los migrantes y la impunidad.
La carta, fechada este jueves y firmada por 19 representantes demócratas -entre ellos tres de origen mexicano: Raúl Grijalva, Joaquín Castro y Jesús G, Chuy García-, pide al mandatario demócrata que “reconsidere” la asistencia en seguridad y a “priorizar” con el gobierno mexicano los temas de “migración, seguridad ciudadana, Estado de derecho y derechos humanos”.
PROTEGER A LOS MIGRANTES
En la misiva, los legisladores subrayan la importancia de atender, en particular, a los migrantes que están esperando del lado mexicano de la frontera a que avancen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos “a la luz de la violencia contra los migrantes en México”.
“Los .solicitantes de asilo entilentan protección insuficiente,”condiciones deficientes en ios centros de detención” y demoras en sus procesos”, denuncian.
Como ejemplo, los congresistas citan el caso de los 19 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, asesinados en enero en México.
También mencionan un reporte de Human Rights First que compiló mil 314 casos de asesinatos, violaciones, secuestros y agresiones en general contra solicitantes de asilo bajo el programa “Quédate en México”.
Los representantes señalan que, si bien el presidente Biden ordenó poner Sin a ese programa mientras avanza la revisión de las solicitudes de asilo acumuladas, el gobierno de Estados Unidos debería coordinarse con el mexicano y organizaciones internacionales “para garantizar que durante la espera en México, los solicitantes de asilo tengan acceso a agua, comida, atención médica, refugio y protección respecto del crimen”.
Los legisladores resallan su preocupación por los niveles de violencia en México y piden a Blinken y al gobierno estadounidense “explorar formas de profundizar la cooperación con México para mejorar las investigaciones e incrementar el porcentaje de casos procesados exitosamente, incluyendo delitos de corrupción y la colusión entre actores estatales y grupos criminales”. (Fran Ruiz, La Crónica de Hoy, Pp. 19)
(Redacción, La Razón, México, p. 4)
(Redacción, Reporte Índigo, p. 10)
El Gobierno del Presidente estadounidense, Joe Biden, se apresta a transformar los campos de detención de migrantes en el sur de Texas en centros de procesamiento exprés con el objetivo de liberar a las personas tan rápido como en 72 horas, según reportes.
El plan fue informado por The Washington Post, que obtuvo un borrador del proyecto del Departamento de Seguridad Nacional.
Los centros de Texas, según el diario, servirían como centros que escanearían a migrantes, revisarían sus antecedentes y los liberarían con una orden para una audiencia de migración.
Las familias serían sometidas a pruebas de coronavirus y organizaciones sin fines de lucro les ayudarían a llegar a sus destinos finales.
La noticia llega en un momento en que la Administración Biden busca resolver un aumento en los cruces de indocumentados hacia Estados Unidos.
Russell Hott, un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo al personal que se espera que las llegadas de menores no acompañados y familias este año sean las cifras más altas en más de 20 años.
No obstante, aunque sí ha habido un incremento en la migración en las últimas semanas, las cifras están por debajo de los niveles récord alcanzados en el año fiscal 2019, bajo el Gobierno de Donald Trump. (Redacción, Reforma, Internacional , p.12)
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 19)
La Corte Suprema de Estados Unidos facilitará la deportación de migrantes que hayan sido condenados por delitos menores, aunque ya lleven mucho tiempo en el país. El juez Neil Gorsuch escribió la opinión de una mayoría conservadora de cinco a tres, que falló en contra de un ciudadano mexicano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos y ha vivido en el país 25 años.
Clemente Pereida, de nacionalidad mexicana, fue acusado en Nebraska de usar una tarjeta de Seguro Social fraudulenta para conseguir trabajo y fue condenado en el estado por suplantación de identidad.
No todas las condenas penales conducen inevitablemente a la de portación, pero Gorsuch escribió para el tribunal que Pereida no pudo probar que no fue condenado por un delito grave.
Según la ley de inmigración, “ciertos extranjeros no permanentes que buscan cancelar una orden de deportación deben demostrar que no han sido condenados por un delito descalificante”, escribió. (José Guerrero, El Financiero, Mundo, p. 27)
Las autoridades de migración de Estados Unidos han registrado un mayor número de vehículos que se mueven a gran velocidad para ingresar al país con personas sin estatus legal.
En menos de dos semanas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió de la presencia de cerca de 10 automóviles o camionetas supuestamente involucradas en el transporte de indocumentados en la frontera de California y México.
El último caso conocido se trató del ingreso de dos camionetas, una Suburban Chevrolet y una Ford Expedition, a través de un tramo cortado del muro el martes pasado.
Ese intento terminó en un choque que dejó 13 muertos, 10 de origen mexicano.
Más incidentes han sido reportados recientemente
El 23 de febrero, una camioneta que presuntamente llevaba indocumentados desató una persecución, y se estrelló en una autopista de San Diego, lo que dejó cinco personas heridas.
Tres días antes, el 20 de febrero, un grupo de seis vehículos fue perseguido por agentes en el área de San Diego y Tijuana al recoger a un grupo de migrantes.
Las autoridades han vinculado este tipo de cruces con el tráfico de personas por parte de contrabandistas.
“Estos traficantes pusieron en peligro las vidas de estos migrantes, del público viajero y de nuestros agentes”, dijo el oficial jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego, Aaron M. Heitke, en un comunicado.
(Redacción, Reforma, Internacional, p. 12)
La Patrulla Fronteriza de EU arrestó en las últimas tres semanas a unos 340 menores a diario que cruzaron solos la frontera desde México, lo que ha llevado a que permanezcan, en promedio, más de las 72 horas permitidas por la ley estadounidense bajo custodia de esa agencia, revelaron este miércoles medios locales.
Según la cadena estadounidense CNN, documentos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) evidencian una “tendencia creciente” de niños no acompañados que llegan al país y quedan bajo cuidado de las autoridades.
Esta situación supera la capacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del que depende la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada del cuidado de los pequeños migrantes, y ocasiona que los menores estén en las dependencias de la Patrulla Fronteriza un promedio de 77 horas.
La versión detalla que en la ciudad de Yuma, en el estado fronterizo de Arizona, los datos de la CBP dan cuenta de que más de 600 personas de todas las edades estaban albergadas en un espacio diseñado para 104. La situación se repite en el Valle del Río Grande, en Texas, donde más de dos mil personas permanecían en un sitio con capacidad para albergar a 715.
Por otro lado, el presidente Joe Biden planea convertir los centros de detención de inmigrantes en Texas en lugares para procesar rápidamente a familias migrantes que hayan cruzado irregularmente la frontera y liberarlas después de 72 horas. (Redacción, El Sol de México, Mundo, p. 30)
El Congresista Henrry Cuéllar alertó que la frontera sur enfrentará una nueva crisis migratoria por la llegada masiva de indocumentados, pues sólo en una semana el sector del Valle del Río Grande reportó la detención de 10 mil migrantes.
“Aproximadamente 10 mil migrantes han sido detenidos y 2 mil 500 migrantes han sido detenidos en los últimos dos días. Estamos a semanas, tal vez incluso días, de una crisis en la frontera sur”.
El demócrata señaló que la cifra corresponde al sector del Valle del Río Grande, que abarca McAllen y Brownsville, pero no incluye la zona de Laredo, a la que Cuéllar representa Advirtió que, por la pandemia, el país no está preparado para manejar un aumento de migrantes, cuyos cruces ilegales podrían exponer a las comunidades.
“En este momento, la Patrulla Fronteriza no está examinando a ninguno de los migrantes para detectar Covid-19. Como representante fronterizo, continuaré luchando en Washington por mi comunidad, para asegurar que tengan los fondos y recursos para cuidar adecuadamente a estos migrantes y mantener seguras a las familias estadounidenses”, señaló.
Instó a la administración de Joe Biden a que escuche y trabaje con las comunidades de la frontera sur que están lidiando con los migrantes.
Según la Patrulla Fronteriza, quienes están cruzando son en su mayoría familias y menores no acompañados.
Las detenciones ocurren principalmente a la orilla del río Bravo después de cruzar a nado o en balsas.

(Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 4)
Traficantes de personas obligaron a decenas de migrantes a saltar al mar y al menos 20 murieron el miércoles durante la travesía entre Yibuti y Yemen, informó ayer la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Los supervivientes creen que murieron como mínimo 20 personas, cinco cuerpos han sido hallados” en las costas de Yibuti, declaró a la Afp Yvonne Ndege, portavoz de la OIM para África del este y el Cuerno de África.
Los supervivientes, que la OIM acogió en la ciudad yibuti de Obock, explicaron que al menos 200 migrantes se habían subido al barco que zarpó de Yibuti el miércoles por la mañana para intentar cruzar el estrecho de Bab el Mandeb.
“Treinta minutos después, los traficantes obligaron aunas 80 personas a lanzarse al agua”, precisó la organización en un comunicado. (Agencias, La Jornada, Mundo, p. 24)
Voto de mexicanos en el exterior
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló ayer en sesión extraordinaria el acuerdo por el que regula la forma en la que los partidos deberán registrar a candidatos migrantes a diputaciones federales en cada circunscripción plurinominal, en acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La aprobación fue por unanimidad en lo general y por mayoría en varios aspectos particulares, luego de una larga discusión en donde varios consejeros mostraron su inconformidad con la sentencia por ser emitida con el proceso electoral ya en marcha. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que con esta sentencia podría estar en entredicho la certeza del proceso, un principio consitucional, pero señaló, sin duda, que debían acatar.
Entre los requisitos para los candidatos se señala la necesidad de presentar constancia que acredite la pertenencia a la comunidad migrantes con una credencial para votar e inscripción en lista nominal de mexicanos en el extranjero.
También solicita la acreditación de una membresía en organizaciones migrantes y/o haber impulsado, promovido o realizado acciones de promoción entre la comunidad migrante o cualquier prueba documental que considere idónea para acreditar su vínculo con los migrantes.
El acuerdo aprobado por el Consejo del INE explícita la necesidad de resguardar los datos personales de los candidatos, si hay petición expresa y no solo de los candidatos migrantes, sino de acuerdo a la sentencia de todos los que sean parte de un grupo considerado vulnerable. (Guadalupe Irízar, Reforma, Nacional, p. 6)
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para que los partidos incluyan al menos cinco candidatos migrantes en sus listas de aspirantes plurinominales.
En consecuencia, a 29 días de la aprobación de candidaturas para diputados federales, los partidos políticos deberán modificar sus listas plurinominales e incorporar al menos a un aspirante migrante en los primeros 10 lugares de la lista y en cada una de las cinco circunscripciones electorales.
Al respecto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que aunque se debe acatar la orden del Tribunal, la inclusión de los candidatos migrantes llega tarde, porque “no podemos estar cambiando las reglas de juego cuando éste ya empezó, eso afecta la certeza de la elección”.
Por su parte, el consejero Uuc-Kib Espadas acusó que por un capricho del Tribunal Electoral, al menos 40 mujeres serán desplazadas de las listas plurinominales de candidatos a diputados federales, para incluir a los aspirantes de la comunidad migrante en menos de 30 días. (Ángel Cabrera, 24 Horas, México, p. 3)
(Eduardo Ortega, El Financiero, Nacional, p. 33)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.