Silvano está en la mira. Me lo dicen fuentes en la entidad y en el Gobierno federal, por eso se adelantó a defender a su homólogo tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, pasándose los acuerdos de la Alianza Federalista por el arco del triunfo.
Silvano Aureoles sabe que la Federación le sigue los pasos, lo sabe y lo tiene más claro que nunca desde que la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión a la Cuenta Pública 2019, le balconeó los millones de pesos que no cuadran.
El gobernador sabe que las cuentas no salen en cuanto al dinero destinado a obras, servicios educativos, combate a la pobreza e infraestructura de Salud. Por mencionar sólo algunos rubros.
Lo anterior, aunado al endeudamiento en el que metió a las finanzas del Estado por más de cuatro mil millones de pesos. Parte de ese dinero, me cuentan, se
fue al pago de la nómina magisterial, pues Silvano
se hizo guaje con el recurso que le mandó la Federación desde 2018, sin contar que Michoacán registra el peor resultado en “Eficiencia Terminal en Secundaria” de todo el país.
El góber ya fracturó la Alianza Federalista y es cuestión de semanas para que los demás mandatarios se le desmarquen, como lo hicieron Enrique Alfaro, de Jalisco, y Javier Corral, de Chihuahua. Lo único que esperan es que compañeros periodistas le cuestionen a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, qué le ha encontrado al perredista.
En una de ésas, les cuentan el teje y maneje con huertas aguacateras que misteriosamente son tomadas por supuestas “autodefensas” —aún persiste la presencia de 32 de estos grupos en el estado— en donde los dueños las abandonan y luego aparecen a nombre de cercanos al mandatario local.
En materia de Seguridad, las cosas no están mejor. Michoacán registró tan sólo en enero de este año 3 mil 701 delitos, 248 homicidios, 34 violaciones y mil 179 robos.
Y por si fuera poco, la agencia antidrogas de Estados Unidos —DEA— advierte desde hace tiempo la fuerte presencia de varios cárteles en la entidad.
Todo lo anterior, sin contar los programas injerencistas de Silvano en la política interna de Estados Unidos, como “Paloma mensajera”, con las que hasta acompañaba a caravanas de migrantes que iban a la nación norteamericana y que aprovechaba para hacer mítines entre ellos.
Silvano quiere competir en 2024, pero como sabe que le siguen los pasos, no le quedará de otra que victimizarse en cuanto se haga público que su cochinero en las finanzas del estado están bajo investigación. También busca ponerle marca personal a sus adversarios para saber a dónde soplan los vientos.
Por lo anterior, Aureoles Conejo instruyó a su hermano, el senador Antonio García Conejo, a seguir de cerca la campaña del candidato al gobierno del estado por el PRD, el empresario Carlos Herrera Tello.
De hecho, García Conejo pidió licencia al Senado para ser la mano del gobernador en la campaña de este año. (El Duende, La Razón de México, México, p.8)
Todos los derechos humanos, sin excepción, representan obligaciones para las autoridades del estado. Es por ello que también se les identifica como derechos subjetivos públicos.
La idea de que los seres humanos nacemos con derechos “inherentes,” por el solo hecho de existir, fue válida en el Siglo XVIII. Así se concibieron en un origen. Pero con el paso del tiempo, la noción moderna de los derechos humanos fue evolucionando. Surgieron las llamadas “generaciones” de derechos humanos, y pasamos de los derechos individuales (civiles y políticos, o derechos “del hombre y del ciudadano”) a los derechos colectivos o de grupos (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, o DESCA, por sus siglas.)
A diferencia de los derechos individuales, que por regla general producen obligaciones pasivas por parte de la autoridad, (ho hacer) los derechos colectivos producen obligaciones de carácter activo, que se traducen en conductas de hacer por parte de las autoridades. Los primeros, entonces, se violan por acción, y los segundos, por omisión; que implica el incumplimiento de las obligaciones de carácter programático y progresivo que deben cumplir las autoridades del estado.
Derechos destinados a la protección de grupos sociales en condiciones históricas de desventaja o vulnerabilidad, como los menores de edad, trabajadores, campesinos, migrantes, refugiados, indígenas, afromexicanos, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad, son los Derechos Sociales, que tienen como fin nivelar en la medida de lo posible las desigualdades sociales realmente existentes. Su sola existencia rompe con la falsa idea de que “todos tenemos los mismos derechos”.
Por su parte, los Derechos Económicos y Culturales destinados a cumplir obligaciones generales del estado frente a toda la sociedad en su conjunto, tales como el derecho a la no discriminación, educación, planificación familiar, vivienda digna y decorosa, protección de la salud, acceso al agua, cultura física y deporte, cultura y acceso a la tecnología, derecho a la información, seguridad pública, desarrollo nacional, economía social y combate a la pobreza, acceso a la justicia, derecho al buen gobierno, rendición de cuentas y combate a la corrupción, entre otros de los que justifican la razón de ser y existencia del estado, son derechos programáticos que requieren medios de garantía económicos y sociales para lograr su eficacia.
El derecho a la paz y al medio ambiente sano tienen como destinatarios a toda la humanidad, sin importar las fronteras de los países, y su tutela corresponde a la solidaridad internacional en el concierto mundial de las naciones.
Todo esto es parte del “elenco” de los DESCA que debemos difundir, tutelar y garantizar en todos los órdenes de gobierno.
Flor de Loto: Todos los DESCA son derechos difusos. Su tutela y exigibilidad es obligación de todas las personas. No deberíamos preocuparnos solo por la tutela y defensa de nuestros derechos individuales. (Armando Hernández Cruz, Contra Replica, p.8)
A poco más de mes y medio de haber asumido la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden enfrenta lo que se describe en Washington como “una creciente crisis en la frontera” con México, tan grave o peor que las que enfrentaron sus predecesores, Donald Trump y Barack Obama.
La crisis, traducida en el renovado y visible arribo de menores sin acompañantes, puede tener impacto no sólo sobre la Presidencia de Biden sino en su política hacia México.
El de migración es uno de los temas más emocionales y complicados en la política estadounidense. Es tanto un mito fundacional como un punto práctico económico y social. Pero también es “un tema que puede consumir una Presidencia”, destacó el diario electrónico Axios.
Y ha llegado a convertirse en un punto “intenso y venenosamente partidista”.
Biden prometió buscar una reforma migratoria y una política más benevolente que la aplicada por Trump, que durante su gobierno pareció prestar atención a todo sentimiento xenofóbico y racista expresado por sus seguidores, para aplicar medidas especialmente duras contra los inmigrantes indocumentados.
Las imágenes que acompañaron esas posturas, de niños encerrados en jaulas, o reportes sobre separaciones familiares, sacudieron a los estadounidenses y sus creencias.
Pero al mismo tiempo, con amenazas al gobierno de México sobre la posibilidad de sanciones comerciales si no detenía el flujo de migrantes, tuvieron un efecto disuasor. Miles de presuntos peticionarios de asilo quedaron atascados en la frontera mexicana a la espera de una audiencia.
Ahora el gobierno de Biden pide a los posibles migrantes que esperen, que tengan paciencia mientras reconstruyen el sistema migratorio estadounidense “desde cero”.
Pero el solo hecho de su elección, y su promesa de cambiar la forma de recibir a los indocumentados, provocó nuevos movimientos migratorios, y de manera notable menores sin acompañantes, especialmente desde el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica. Y eso no lo ayuda.
Según The Hill, un periódico especializado en el Congreso, la Patrulla Fronteriza de EU afirma que desde enero, detiene a un promedio de tres mil personas diarias en la frontera y que el miércoles de la semana pasada arrestó a cuatro mil 500.
Ahora, se advierte que una crisis migratoria en la frontera puede constituirse en un problema político serio para Biden, criticado a su izquierda por lentitud y desde la derecha por abrir las fronteras indiscriminadamente.
Sea lo que sea, el tema migratorio tiene un impacto aunque por ahora difícil de determinar, real en la relación con México, que amén de territorio de tránsito es un tradicional emisor de indocumentados.
El hecho es que migración es uno de los pocos puntos de la agenda bilateral en los que se habla abiertamente de espacios de cooperación, y uno que debido a su impacto político doméstico en EU puede convertirse en central para la relación. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, 26, Orbe)
Padilla tiene una historia personal interesante. No solo es de origen hispano. Sus padres fueron inmigrantes, mexicanos
El presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa dos ideas importantes para la agenda migratoria regional: un nuevo programa de visas temporales en Estados Unidos y un esquema de colaboración para el desarrollo del triángulo norte de Centroamérica. Los dos son proyectos loables que atienden la necesidad de una migración ordenada hacia Estados Unidos y la crisis en el triángulo norte centroamericano. Ambas requerirán de un esfuerzo regional mayúsculo. A diferencia de lo que sucedió con Trump, que se dedicó por años a sabotear cualquier inversión proactiva y sistemática en esa zona de Centroamérica, Es muy probable que López Obrador encuentre en Joe Biden un socio activo para la inversión en Guatemala, El Salvador y Honduras. A Biden le ha interesado la región desde hace años y en campaña propuso dedicar 4 mil millones de dólares a su desarrollo.
El programa de visas temporales será más complicado, pero el gobierno de México no debe desilusionarse. Si de verdad quiere impulsar un proyecto legislativo que haga la diferencia en la vida de millones de paisanos que trabajan arduamente en Estados Unidos, enviando miles de millones de dólares en remesas a México, la respuesta la tiene el senador Alex Padilla.
Tras la elección de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, el gobernador de California Gavin Newsom eligió a Padilla como Senador. La decisión fue un parteaguas: por increíble que parezca, California, que es 40% hispano, nunca había tenido un Senador federal latino. Padilla tiene una historia personal interesante. No solo es de origen hispano. Sus padres fueron inmigrantes, ambos mexicanos. Los dos trabajaron toda la vida como lo que en tiempos de pandemia se ha llamado “empleos esenciales”. El padre de Padilla, por ejemplo, pasó décadas trabajando en distintas cocinas en restaurantes de California. Su hijo es hoy senador, un brinco extraordinario en solo una generación (y emblemático de la lucha migrante, que está llena de historias de impresionante superación).
Hace unos días, Padilla decidió honrar el legado de sus padres con una iniciativa de ley que, de conseguir su aprobación, sería histórica. El proyecto de Padilla otorgaría un camino a la ciudadanía a más de cinco millones de trabajadores esenciales indocumentados. En su mayoría, quizá no sobra decirlo, se trata de hispanos y específicamente mexicanos. Estos trabajadores esenciales son, desde cualquier punto de vista, la columna vertebral de la economía de Estados Unidos. Tanto así que, en la crisis de la pandemia, el gobierno estadounidense los designó formalmente como “esenciales” para garantizar que pudieran seguir laborando en los campos, el cuidado de los enfermos, el procesamiento de carne, el empaquetado de alimentos y un largo etcétera. Por desgracia, en un acto de enorme injusticia, el gobierno se negó a otorgarles apoyos económicos, esto a pesar de que los indocumentados sostienen la economía con su trabajo y contribuyen miles de millones de dólares en impuestos todos los años.
El plan de Padilla les daría tranquilidad para trabajar en paz y con seguridad. Es una propuesta meritoria. Y, para el gobierno de México, es una oportunidad. Andrés Manuel López Obrador siempre ha exaltado la valentía de los migrantes mexicanos. Ha dicho que comprende su lucha diaria. En lo personal, creo que esto es verdad. López Obrador es de los pocos políticos mexicanos que ha visitado a la comunidad migrante mexicana, entablando un diálogo que, al menos en su tiempo, fue constante (por desgracia, desde que llegó a la presidencia no se ha reunido con migrantes en Estados Unidos). El presidente seguramente sabe que no hay sector más esforzado que el de los migrantes indocumentados que se dedican a estas labores esenciales. Mucho más en tiempos de pandemia, en los que el trabajo en el campo, en los rastros o en las empacadoras de legumbres significa también un riesgo de muerte. La ciudadanía estadounidense le abriría a una enorme comunidad posibilidades de estudio, trabajo y progreso.
Por todo esto, el gobierno mexicano debería enfocar sus baterías en respaldar la iniciativa de Alex Padilla, que ha presentado con el congresista Joaquín Castro y la senadora Elizabeth Warren. Si de lo que se trata es de mejorar la vida de millones de mexicanos en Estados Unidos, de ayudarles a encontrar una vida más segura y mejor, el camino de Padilla es el correcto. (León Krauze, El Universal, Ciudad de México, p.11)
Las medidas de aislamiento social aumentaron otros factores de riesgo de violencia contra las mujeres, como la escasez de alimentos
Hace unos días compartí ante las ministras de la mujeres de América Latina y el Caribe, sociedad civil y organizaciones internacionales mi preocupación constante desde hace casi un año. Detrás de la pandemia visible, hay una pandemia oculta: la de la violencia de género contra las mujeres.
Esta pandemia en la sombra, ya lo sabemos, ya estaba presente desde mucho antes de la aparición del SARS Cov-2 en nuestras vidas. Pero se ha visto tremendamente exacerbada por el impacto social, económico y de salud que tiene en todo el mundo el coronavirus y las medidas adoptadas para hacerle frente.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria vimos un aumento en las distintas formas de violencia contra las mujeres, con el incremento en las llamadas los números de atención a la violencia de género y, en algunos casos, más personas pidiendo acceso a refugios u otros servicios de apoyo.
La información más reciente de 33 países de América Latina y el Caribe da cuenta de que los femicidios/feminicidios superaban las 3 mil 800 en 2019. Ya en 2020, los reportes parciales recopilados hasta ahora en varios países revelan que vamos camino a superar con creces ese saldo absolutamente inaceptable.
Al mismo tiempo las medidas de aislamiento social aumentaron otros factores de riesgo de violencia contra las mujeres, como la escasez de alimentos o recursos, la inestabilidad o incertidumbre económica, pérdidas de empleos y mayores tensiones en los hogares.
El desempleo, de hecho, se cebó de manera particular con las mujeres, que constituyen la mayor fuerza laboral en los sectores de comercio y servicios, muchas veces en la economía informal, y los primeros sectores que cerraron sus puertas por las medidas de confinamiento.
Todo esto conforma un cuadro de violencia y desigualdad que atenta contra la igualdad de género, y de hecho, nos hizo retroceder en los logros alcanzados hasta el 2020, y pone en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
El Covid-19 ha hecho todavía más evidentes las debilidades estructurales de nuestros sistemas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, pero también es un poderoso llamado a la acción efectiva por parte de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales.
Para empezar, las mujeres deberíamos estar en el centro de todas las políticas, las acciones y las instancias de decisión orientas a la recuperación post-Covid, incorporando un enfoque interseccional e incluyendo organizaciones que representen a diferentes grupos de mujeres.
Tenemos que trabajar conjuntamente para eliminar los estereotipos tradicionales de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres en su diversidad de todas las edades: rurales, afrodescendientes, indígenas, de la comunidad LGBTIQ+, migrantes o en situación de movilidad y las con discapacidad.
Hace 25 años, el mundo adoptó la Plataforma de Acción de Beijing, que establece la igualdad de derechos de las mujeres para participar en el gobierno a través de cargos públicos y espacios de decisión. Una sólida declaración de principios que, desafortunadamente, no ha sido suficiente para el avance sustantivo.
A principios del año pasado, en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Chile adoptamos el Compromiso de Santiago, “para acelerar la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing”.
En esa oportunidad, volvimos a revisar qué mecanismos, qué leyes y hasta qué financiamiento tenemos que asegurar para garantizar que haya más mujeres en política, en el gobierno, en posiciones de liderazgo y toma de decisiones.
El foro regional del que les hablaba al principio fue la Consulta Regional preparatoria para el encuentro global de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el órgano independiente de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los acuerdos de Beijing, que en nuestra región co-organizamos con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Esta instancia fue también una oportunidad para que los países de América Latina y el Caribe compartieran sus respuestas a la crisis y se comprometieran con legislación, políticas públicas y fondos para promover la participación de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones, además de la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas.
Es un esfuerzo en el que queremos involucrar a hombres y mujeres para lograr un objetivo común: acabar con la pandemia en la sombra que ya ha durado mucho más que la otra. Tenemos mucho que hacer, es hora de ponernos a trabajar.
No podemos seguir viviendo en sociedades que avalan la violencia contra las mujeres. Hemos visto que a pesar de todos los avances normativos de nuestra región, la Justicia y el Estado aún tienen que modernizarse y actualizar normas y prácticas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Es hora de construir una cultura de paz y de igualdad de género que nos permita superar las llamadas trampas del desarrollo en América Latina y el Caribe, porque sin igualdad sustantiva no lograremos los objetivos de desarrollo sostenible. (María Noel Vaeza, El Universal, Ciudad de México, p.20)
La historia de Estados Unidos, como todas, no se puede entender sin contar las rebeliones. Esa historia está sujeta a incesantes intentos de borrarla, purificarla, domarla –hasta proclamar días festivos oficiales a líderes rebeldes y ponerles monumentos que ocultan más de lo que revelan– y mantenerla semisecuestrada para que no vaya a inspirar a nuevas generaciones. Todos los días se batalla por la historia real y completa del país, y cada movimiento contemporáneo tiene que dedicarse a rescatar a sus antecesores. Esa historia rebelde es aun menos conocida afuera de este país, y sin ella es fácil reducir la visión sobre lo que ocurre en Estados Unidos a una versión de estereotipos demasiada centrada en Washington, Hollywood y Disneylandia.
La lucha contra la amnesia histórica no es tan simple, ya que no es resultado de censura explícita y más aún existe material vasto, con algunas aportaciones excepcionales, generado por Hollywood y la televisión (comprobando que una parte de la izquierda estadunidense se puede encontrar en ese mundo entre guionistas y directores).
Esa historia es presentada de manera fragmentaria en museos y en la academia, como en bibliotecas y por innumerables proyectos literarios. Aun así, esa historia de rebeliones es capturada y presentada de tal manera para que no vaya a provocar, pues, rebelión.
Uno puede visitar los monumentos a Martin Luther King y festejar su día oficial, al igual hay avenidas llamadas César Chávez en California, ver películas sobre Malcolm X y John Reed, y algunas clásicas basadas en los libros de Steinbeck y más recientes como la del Juicio de los 7 de Chicago, como todo tipo de expresiones y exposiciones sobre líderes de la lucha feminista, de los gays, algunas –muchas menos– de luchas obreras, ambientalistas, y más pocas aún sobre luchas indígenas.
Vale recordar que historiadores rebeldes como Howard Zinn dedicaron su vida a rescatar la otra historia de este país, junto con Mike Davis, Eric Foner, Greg Grandin entre otros, junto con periodistas que hacen presente la historia como Studs Terkel y Bill Moyers, y existe un magnífico mosaico de proyectos de educación popular como los impulsados por el Highlander Center en Tennessee que hacen viva y resucitan la historia rebelde del país, junto con otros proyectos (https://www.zinnedproject.org; https://studsterkel.wfmt.com; https://highlandercenter.org).
Nuevos movimientos están rescatando a sus antecesores y los hacen presentes hoy día. La Campaña de los Pobres explícitamente reinicia la última lucha del reverendo King, donde él fusionó las demandas por derechos civiles con las de la justicia económica y derechos de los trabajadores (algo de lo cual casi nunca se menciona en los festejos oficiales de su vida). La lucha indígena apache en defensa de su tierra sagrada en Arizona contra mineras transnacionales, como la de los pueblos sioux y otros contra los gasoductos en el norte del país; la batalla actual para sindicalizar un mega-almacén de Amazon en Alabama, su dueño el multimillonario más rico del planeta.
La batalla de años por elevar el salario mínimo a 15 dólares impulsado por trabajadores de comida rápida y ahora bajo debate en el Congreso, las luchas que fueron claves en derrotar el proyecto neofascista en las elecciones federales, sobre todo las impulsadas por coaliciones y alianzas extraordinarias y sin precedente entre movimientos afroestadunidenses, latinos e indígenas, así como las incesantes luchas por los derechos de los inmigrantes -–que usan consignas de luchas anteriores aquí como las de las luchas de sus pueblos de origen–, todas son acompañadas por los ecos de la historia de rebelión en Estados Unidos.
Pero el rescate de la historia de los pueblos es parte del rescate de su futuro. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado, dijo George Orwell. Por eso, en los ecos de historia de rebelión que se manifiestan hoy, están las claves del futuro de este país. (David Brooks, La Jornada, Opinión, p.27)
Resulta curioso que el Presidente refiera que se preocupa por la “imagen negativa” que un Palacio Nacional “vandalizado” mandaría al exterior en caso de dejar que las protestas de mujeres se acerquen a este edificio, cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra en una verdadera ruina, con baños inoperantes y malolientes; apenas dos personas para operar la toma de temperatura a los pasajeros de todos los vuelos que llegan, falta de personal de Migración y con una sola máquina de rayos X operando para dejar salir los vuelos internacionales. Este fin de semana fueron filas de más de dos horas para estos procesos…
¡Más congruencia, y de la básica por favor! (Miguel A. Rivas, Reforma, Nacional, p.4)
Debo ser absolutamente honesto. La frase “muro de dictadores” no es mía ni la inventé. Es un plagio de frases parecidas tomadas de destacados miembros de la actual administración federal y sus adláteres: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Citlalli Hernández, Andrés Manuel López Obrador, entre otros. Señalaban y denunciaban a muros puestos alrededor de la Cámara de Diputados después de disturbios callejeros que ellos provocaron cuando unos resultados electorales no les favorecieron.
Así que el tema, y la tentación, de los muros no es nuevo en México. De hecho, llevamos por lo menos toda la gestión presidencial de cuatro años de Trump discutiendo sobre los muros, en las fronteras norte y sur.
Bastante experiencia hemos tenido como país en materia de esos muros. En el caso de la frontera sur el reto ha sido cómo lograr que nadie entre al país convirtiendo a la Guardia Nacional en una Border Patrol autóctona y orgullosamente mexicana. Vaya, la Guardia Nacional es el muro. Y en el caso de la frontera norte el reto es cómo brincarlos sin ser detectados por la Border Patrol original, la gringa. Dos circunstancias diferentes, pero con el mismo dilema: aprender a convivir con un muro.
Así que hablar de muros y separatismo en México no es nuevo. En todo caso, lo que calienta es ser recordado de los dichos anteriores de los funcionarios actuales que antes condenaban los muros y ahora, casualmente, los alaban y le encuentran una dulce función: nos devuelven la paz, nos aseguran. ¡Hipocresía!, gritarán algunos. ¡Responsabilidad!, responderán otros. Siempre hay dos caras en la moneda.
Siempre hay muros alrededor de las prisiones. Ahí está Almoloya, de donde escapó El Chapo Guzmán a través de un túnel de más de un kilómetro de largo.También alrededor de los campos de concentración, como Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi, y que hoy es el símbolo mayor del Holocausto.
No nos sorprende, pero es necesario refrendar la función de los muros contenedores. Michel Foucault habla de la función de “vigilar y castigar” de las prisiones (ergo el muro), donde el poder disciplinario es fundamental para el control político-social en una sociedad. La idea de control disciplinario es fundamental para controlar las expresiones de disenso en la sociedad. La prisión, el encarcelamiento dentro de los muros apropiados.
¿Qué diría Foucault sobre los muros construidos alrededor del Centro Histórico y el Palacio Nacional que el Presidente y la jefa de Gobierno consideran tan necesarios para mantener la paz social?
Probablemente pensaría que esos muros son para contener a la sociedad, hacer que camine por una ruta predeterminada por la autoridad y que sienta el rigor de la imposición disciplinaria de la autoridad. La idea de fondo es que quede claro quién manda.
Por ello no es descabellada la idea de que los muros que pretenden contener, obligar, subordinar y controlar a la sociedad son obra de dictadores. (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Comunidad, p.25)