La cooperación de México en Honduras debe revisarse ante las acusaciones de corrupción y narcotráfico contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, que por el abandono, la violencia y el hambre miles de hondureños se ven impulsados a emigrar a Estados Unidos.
Mientras el gobierno mexicano destina 30 millones de dólares para los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, una hermana del presidente hondureño, Hilda Hernández, fue imputada por sustraer fondos públicos por unos cuatro millones de dólares, a través de una empresa fantasma.
Otro hermano del presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, ya fue condenado en octubre de 2019 en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas.
Por su parte, la Fiscalía Federal estadunidense acusó al mismo mandatario de ser cómplice de narcotraficantes, incluido El Chapo Guzmán, lo cual negó Juan Orlando Hernández.
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (Amexcid) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envía recursos económicos a los beneficiarios, agricultores y jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras, por 90 millones de dólares del Fondo México, con el fin de crear 20 mil empleos en cada uno de los tres países.
A los jóvenes se les otorga un apoyo económico de 180 dólares mensuales y al término de su formación el participante recibe una constancia de capacitación que acredite las habilidades desarrolladas, según el organismo dirigido por Laura Elena Carrillo Cubillas. Hasta ahora se han registrado más de 6,500 jóvenes en Honduras y El Salvador para recibir la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro.
El problema de la cooperación con el país centroamericano no solo está en Honduras sino en México. Está contaminada por conflictos de interés familiar con sesgos electorales.
Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia, es prima hermana del presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, aliado de Marcelo Ebrard en la promoción del proyecto presidencial del canciller para el 2024.
En un reportaje de investigación de Mathieu Tourliere en Proceso, se informó que la SRE y el Banco del Bienestar celebraron un convenio con Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, para que distribuya los 30 millones de dólares en Honduras.
Apenas seis meses antes, reveló la revista, el Grupo Salinas había nombrado al frente de Banco Azteca en Honduras a la hondureña Viviana Bueso Asfura, una mujer con poca experiencia en el sector bancario, pero es cuñada de Marcelo Ebrard Casaubón. Su hermana, Rosalinda Bueso Asfura, está casada con el canciller desde 2011.
A pesar de que la cooperación mexicana en Honduras está contaminada por vínculos familiares, no debe suspenderse sino revisarse para asegurar que la ayuda directa a los jóvenes sea eficiente y cumpla con los objetivos esperados.
La Amexcid debe realizar una evaluación independiente y continua para comprobar que el importante y loable esfuerzo de cooperación de México en Honduras sea eficaz y no termine siendo como una gota de agua en el desierto de la corrupción y el nepotismo. ( Agustín Gutiérrez Canet, Milenio Diario, Política, p. 14)
¿PARA CUÁNDO EL CITATORIO A GERTZ Y NIETO SOBRE CASO CABEZA DE VACA?
Nos cuentan que varios legisladores en el Congreso federal se preguntan si sus compañeros de la Sección Instructora, presidida por Pablo Gómez, convocarán pronto a sesión de trabajo al fiscal Alejandro Gertz, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; esto, para tratar lo relacionado con el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El citatorio sería para que ambos personajes presenten pruebas de las indagatorias que realizaron y así los diputados determinen la procedencia del juicio contra el panista.
Persecución a la calladita
Volvió la era de detenciones masivas a migrantes en EU, pero sin escándalos. Troy Miller, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, informó que 100 mil 441 mirantes fueron detenidos en la frontera con México durante febrero de este año, el total mensual más alto desde mediados de 2019. Miller dijo que más de 19 mil de esos arrestos fueron familias, cerca de 9,500 fueron menores no acompañados y el resto adultos.
Covid pega ahora a las tequileras
La pandemia de Covid-19 afectó a la industria del tequila en México, con lo que al cierre de 2020 registró una reducción de 4% en el consumo en el país, principalmente por restricciones en bares y restaurantes y la aplicación de ley seca en varias entidades, según la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. De acuerdo con el presidente del organismo, Luis Fernando Félix, para 2021, hay expectativa de que se reduzcan los cierres en este tipo de establecimientos, con lo cual el sector pueda tener un crecimiento de 5% en México y de 6 a 7% en Estados Unidos.
¡YA CHOLE CON SANJUANA!
Una vez más, Sanjuana Martínez, aún directora de Notimex, desafió el mandato del presidente López Obrador de buscar una solución a la huelga. Dejó plantada a la titular de Gobernación, Olga Sánchez; del Trabajo, Luis María Alcalde, y al vocero presidencial, Jesús Ramírez, en un encuentro pactado con el Sutnotimex, así como dijo que no respetará el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que le ordena reinstalar a la líder Adriana Urrea y a otros periodistas. ¿Pues qué le sabe o qué le debe la 4T para tanta impunidad?
PARA CERRAR: LÓPEZ-GATELL, COMO AVE DE TEMPESTADES
Reapareció ayer el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y, con ello, no podía ser de otra manera, la polémica. Que si paseó o no paseó en la Condesa; que si traía o no cubrebocas, doble o sencillo; que si es o no factor de contagio. Queda claro que el llamado “Zar AntiCovid” haga o no haga, diga o no diga, se contagie o no contagie, se cure o no se cure es un elemento que desata mucho ruido…. ave de tempestades. (Contra Réplica, Nación, p. 2)
Por “austeridad franciscana” los diputados morenistas quitaron 870 millones de pesos al Presupuesto del INE para 2021, a pesar de que, además de las más grandes elecciones de la historia, debe organizar la infumable “consulta popular” de agosto.
Presionado por limitaciones estatales en tiempos de crisis, el consejero Presidente del INE José Córdova ha solicitado el amparo de la justicia federal no sólo para que les restituyan presupuesto, también para protegerse por acusaciones penales.
Estas acusaciones penales podrían fincarse por las remuneraciones superiores al salario presidencial fijado por puro capricho. ¿Dejará el Poder Judicial Federal que Palacio descarrile la elección acusando penalmente a los consejeros?
Advirtió Roberta Jacobson, encargada de asuntos de la frontera México-Estados Unidos en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, advirtió a los potenciales migrantes centroamericanos que no es momento de abrir la frontera.
El mensaje y la presentación al Congreso del programa de 4 mil millones de dólares para invertir en Centroamérica, trata de prevenir el grave problema de política doméstica resultante de nuevas caravanas que cruzaran México hacia el norte.
Es que no quedó claro si el Gobierno de México aceptó mantener el bloqueo de la frontera con Guatemala, pero uno supondría impensable que, ya sin amagos de Trump, México abra la frontera y arriesgue crear gran conflicto político a Biden.
Las percepciones locales, clave de las elecciones
Paola Vázquez, politóloga, explicó hace dos semanas en Foro TV que los analistas en CDMX no evaluaban los suficiente las opiniones de cada comunidad o región de la República y asumían que pensaban igual que acá, en el Altiplano.
A veces se olvida que todos los comicios de junio son locales, en los cuales operan las dinámicas de la correlación de fuerzas locales, si, a veces con influencia nacional, pero cada comunidad tiene sus percepciones a partir de su realidad local, no de la nacional.
¿Quién sabe cómo calan los problemas de violencia de género, de inseguridad, desempleo y quiebra de empresas, el manejo de la pandemia de Covid 19 y de la vacunación? Esas percepciones locales hacen aún más difícil la elección de junio.
NOTAS EN REMOLINO
La “filtración” sobre Manlio Fabio Beltrones y su familia parece el inicio de un diluvio de “expedientes y carpetas investigación” con burdos propósitos electorales. Es este, como en otros casos que vendrán, no importa la culpabilidad, solo que haya escándalo hasta junio… El gobernador de Baja California Javier Bonilla ignora las reconvenciones de autoridades electorales por transgresiones a la ley. ¿Nostalgia por el mítico alcalde de “La Ley de Herodes” o exploración de límites?… Curiosa nota de la SHCP. “Estas empresas salen de la lista negro porque pudieron probar no ser “factureras”. ¿Y la presunción de inocencia? ¿La qué?… El pueblo informa, dicen en Palacio. ¿No hace la agencia de inteligencia del general Audomaro Martínez hace lo que demás en todo el mundo, y para prevenir amenazas a la integridad de funcionarios o a la seguridad del Estado tiene que espiar, como todas?… (José Fonseca, El Economista, Política, p. 44)
En la “mañanera” del 26 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a la secretaria de Seguridad Ciudadana que atendiera al rumano Florian Tudor, presunto líder de una mafia de origen rumano que opera en Quintana Roo, acusada de dedicarse a la clonación de tarjetas en las principales zonas turísticas del país.
El rumano había pedido “ser escuchado” por las autoridades del gobierno de la República: uno de los asistentes a la “mañanera” ocupó su espacio, estratégicamente, para sacar a relucir el tema.
López Obrador respondió que el asunto había sido poco tratado por su gabinete de seguridad y giró la instrucción a la nueva secretaria, Rosa Icela Rodríguez, para que lo atendiera.
La funcionaria se reunió en privado con Tudor a principios de marzo. Fuentes de la secretaría indican que lo escuchó en silencio y recibió la documentación que el rumano exhibió, entre otras, varias denuncias contra funcionarios y exfuncionarios de Quintana Roo a los que acusa de extorsión.
Los documentos probarían lo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, había advertido: al menos seis funcionarios locales estarían involucrados en la red de protección institucional que ha permitido operar la clonación de tarjetas en Quintana Roo.
En febrero de 2017 el FBI detectó la existencia de una mafia de clonación de tarjetas que alteraba cajeros automáticos y se hacía de la información de los plásticos a través de Bluetooth. Esos cajeros —casi 30— se hallaban repartidos en Cancún, Cozumel, Tulum, Playa del Carmen.
La información fue compartida con autoridades mexicanas: en cada una de las máquinas se realizaban entre 80 y 200 operaciones diarias. Las tarjetas eran ordeñadas en pequeñas cantidades —100 dólares máximo— para no levantar grandes sospechas.
En marzo de 2019, Tudor fue detenido en un retén montado por el Grupo de Coordinación de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo. Le hallaron un arma de uso reservado y 26 mil dólares. Su nombre, y el de uno de sus socios, brincó en las bases de datos de diversas agencias de seguridad internacionales: ya era investigado en su país por fraude cibernético y clonación de tarjetas. Algunos inmuebles fueron cateados por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo entonces de Alberto Capella.
Un equipo de Estados Unidos fue enviado a México y pudo comprobar la existencia de diversas operaciones financieras. Parte de esa información es la que llegó a manos de la UIF.
La investigación sostiene que la red se extiende a España, Rumania, Francia y Estados Unidos: ciudadanos rumanos llegaban a Cancún a recibir las tarjetas clonadas —uno solo podía tener en su poder hasta 1,300, según los datos recabados— y volaban a Europa para ordeñarlas.
El seguimiento de la UIF arrojó la existencia de empresas inmobiliarias y casas de cambio ligadas al grupo que presuntamente encabeza Tudor, conocido como El Tiburón. De acuerdo con las pesquisas, la tarea de estas empresas consiste en bancarizar el dinero obtenido de la clonación.
Santiago Nieto bloqueó en febrero cuentas por más de 500 millones de pesos, de 72 personas físicas y morales. Reveló que la unidad a su cargo había identificado a seis políticos y funcionarios “que generaban mecanismos de protección a los delincuentes a cambio de algún beneficio”. Esa red de protección llega a la Ciudad de México —aunque esa investigación aún está en curso.
El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, involucrado con la detención y los cateos realizados a inmuebles propiedad de Tudor, fue separado del cargo a principios de noviembre de 2020, luego de que una protesta feminista fuera repelida a tiros por la policía de Cancún.
Al día siguiente, una agencia de seguridad de alto nivel le advirtió que la mafia rumana había dado la orden de asesinarlo. Capella salió del país esa misma noche y se desconoce su paradero.
Aparte de las investigaciones seguidas en México por la UIF y la Fiscalía General de la República, en Estados Unidos hay cuatro investigaciones en curso contra la mafia rumana de Cancún.
Tudor ha publicado una carta abierta denunciando una campaña mediática de desinformación, en la que aclara que no aparece en ninguna de las cuentas bloqueadas por la UIF y no tiene notificación alguna de que se le esté investigando.
Santiago Nieto ha señalado que una red de corrupción judicial le ha dado al grupo criminal un halo de protección jurídica “para el no ejercicio de la acción penal”.
Fuentes de seguridad aseguran que la red de vínculos de la clonación de tarjetas a nivel nacional está a punto de ser develada, y que pronto veremos un puñado de órdenes de aprehensión. (Héctor de Mauleón, El Universal, Nación, p. 7)
En los próximos días y meses, cada vez con más frecuencia, nos encontraremos en las noticias de Estados Unidos con el término filibuster, por lo que considero prudente profundizar un poco en el significado y consecuencias de la palabreja de marras.
Empecemos por lo que no es. En castellano usamos filibustero como sinónimo de pirata. Es el significado original, y nació en los países bajos. Y así como un pirata toma una embarcación y la mantiene como rehén, la minoría del Senado puede asaltar al pleno y mantenerlo como rehén. Me explico.
En el contexto estadounidense, filibuster es un procedimiento parlamentario del Senado de Estados Unidos que permite impedir que una iniciativa de ley llegue al pleno para ser votada, y se puede traducir como obstrucción, que será como la llamaremos ahora para evitarnos el anglicismo.
La forma más común es extender el debate. Si algún senador decide impedir o retrasar que una medida se presente al pleno, toma la palabra, y no la cede. Si varios senadores se ponen de acuerdo, pueden relevarse indefinidamente. Si es uno solo, no puede abandonar el podio ni para ir al baño.
En 1957, el senador por Carolina del Sur Strom Thurmond intentó bloquear la legislación que concedió el voto a los afroamericanos. Habló durante más de 24 horas, con sólo un viaje al baño, que pudo realizar porque Barry Goldwater, su colega, se apiadó de él, y se levantó a hacer una pregunta larguísima que le permitió unos minutos de alivio a Thurmond. Finalmente, la legislación pasó, porque sí contaba con las tres quintas partes del Senado, los famosos 60 votos.
Sólo con un mínimo de 60 votos se puede limitar el tiempo del debate de una iniciativa de ley a 30 horas más, y luego pasarla al pleno.
Este peculiar proceso sólo ocurre en el Senado, no en la Cámara de Representantes, donde la mitad más uno es mayoría suficiente. Y representa un serio obstáculo para establecer la agenda legislativa de Joe Biden.
Por complicados sistemas parlamentarios, en cuyo detalle ya no entraré para no aburrirlos, Biden tiene derecho a pasar dos iniciativas con mayoría simple en el Senado. Ya usó una de ellas, para legislar sobre los 1.9 trillones de dólares del paquete de apoyo para reactivar la economía a través de ayuda directa a los ciudadanos afectados por el Covid-19, y a los que no, también.
Ayer, la iniciativa regresó del Senado ya aprobada, para la votación aprobatoria final en la cámara de origen. Sólo falta la firma presidencial, y promulgarla.
Pero hay muchos pendientes para Biden. Presentará otra gigantesca iniciativa sobre infraestructura, para mejorar aeropuertos, carreteras, puentes e instalaciones que se han ido deteriorando. Se ve difícil que los republicanos aprueben demasiado dinero.
Biden intentará pasar legislación federal para proteger el voto minoritario, y aquí habrá enorme oposición, porque los estados, sobre todo los sureños, dirán que la Federación está usurpando poderes que corresponden a los estados. Aun pasando esa ley, habrá controversia porque la Suprema Corte podría declararla inconstitucional.
Biden también propondrá grandes cambios en la legislación migratoria del país. Pretende regularizar a millones de migrantes cuya estancia en Estados Unidos, aunque larga, sigue siendo irregular, además de ofrecer un camino a la ciudadanía, en un paquete muy similar al del presidente Ronald Reagan en los 80.
Éstas y otras iniciativas chocarán con la obstrucción. Ahora, está en la baraja que los demócratas del Senado modifiquen los estatutos, y desaparezcan la obstrucción.
Esto desatará una controversia mayúscula, pero parece inevitable, porque sólo necesitan mayoría simple. El problema para el líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, es que no está seguro de contar con todos los votos demócratas. Hay senadores, como Joe Manchin, de Virginia del Oeste, que podrían oponerse. Y romper la mayoría. Será el tema central en Estados Unidos en este año. (Jorge Berry, El Financiero, Mundo, p. 29)
Al cierre del periodo de registro, poco más de 32 mil personas residentes en el extranjero solicitaron votar en las elecciones 2021. Son oriundos de alguna de las once entidades federativas que reconocen ese derecho a su diáspora y celebran comicios este año. La lista nominal se reducirá todavía más si —como en el pasado— se rechaza la inscripción de millares de solicitantes.
El dato debe prender alarmas. Dos de cada tres personas originarias de esos estados que en 2018 se registraron para votar, esta vez decidieron no hacerlo. El padrón foráneo de esas entidades federativas podría llegar a niveles del 2012, no obstante que en aquel año era imposible obtener una credencial para votar en el extranjero.
Por supuesto parte del descenso podría encontrar justificación en la pandemia, pero hay que ser cautelosos. En las elecciones recientes de Ecuador y Bolivia la caída en las tasas de participación extraterritorial fue marginal. El caso mexicano es atípico y se debe poder explicar por otras causas.
Desde el plano institucional, resulta cuestionable que las atribuciones de voto foráneo estén concentradas en el INE, cuando en año de elecciones intermedias los migrantes no pueden votar por cargos federales. Quizás los institutos locales están mejor posicionados para llamar al sufragio foráneo, tratándose de la elección de gobernadores y diputados estatales.
Por el lado económico, habría que recordar los recortes presupuestales que se impusieron a las autoridades electorales. Se empiezan a vivir las consecuencias de haber trasladado esos déficits a la promoción del voto migrante. Muchos mexicanos en el exterior ni siquiera se enteraron.
En tercer término, resultaría útil valorar la relación política que partidos políticos e institutos electorales han logrado cultivar con organizaciones de migrantes y liderazgos en el extranjero. Me atrevo a pensar que la relación sigue siendo débil e intermitente.
El escenario es doblemente paradójico. La participación foránea cayó, justo en el año en que se contaba con el mayor número de credenciales tramitadas desde el extranjero y en el que se pondrá en marcha un sistema de voto por internet robusto, diseñado para captar un volumen importante de sufragios. Facilitar la emisión del voto no incrementó las cifras, el problema está en otra parte.
En ese contexto, resulta esperanzador que el Tribunal Electoral haya decidido necesaria una acción afirmativa en favor de la representación migrante. La experiencia internacional muestra que la participación electoral se dinamiza, ahí cuando la diáspora percibe candidaturas propias, capaces de dar voz a sus demandas específicas.
Es difícil que los efectos de esa decisión se alcancen en 2021. Más allá de que la acción afirmativa se adoptó al cierre del periodo de registro, subsisten huecos en los lineamientos que permitirán que se inscriban candidaturas que recién emigraron, o bien que ni siquiera lo han hecho, pero demuestran “haber defendido los derechos de los migrantes”. Los residentes en el exterior podrán votar por los cargos locales, pero siguen impedidos para participar en la elección de las diputaciones federales, aún cuando éstas digan representarles.
Dos oportunidades emergen. Por un lado, la de evaluar desde el centro de la autoridad electoral la efectividad de las acciones que se han adoptado en la promoción del voto a lo largo de 15 años. Será necesario un estudio multidisciplinario que revise críticamente las lecciones aprendidas y proponga instrumentos de mejora.
Por el otro, la de impactar en la legislación federal las acciones afirmativas recientemente instrumentadas. Es indispensable garantizar que quienes representen a los migrantes en el Congreso sean directamente votados por las y los ciudadanos residentes en el exterior. (Yuri Beltrán Miranda, El Universal, Opinión, p. 11)