En los tiempos presentes, la democracia representativa ha detonado con la inclusión y a condesado cambios. Inicialmente con la participación paritaria de candidaturas para las elecciones populares. Luego, con la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres para ocupar todos los cargos públicos de los órdenes del gobierno, previsto en las reformas constitucionales publicadas el pasado 6 de junio de 2019.
No obstante, el modelo de democracia inclusiva aún resulta inacabado en el actual proceso electoral 2021. En él, ejercerán su derecho a votar 94.9 millones de electores. Elegirán a 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 1,063 diputados locales, 1,906 ayuntamientos y 16 alcaldías.
Nos encontramos en un punto de inflexión de la democracia inclusiva. En el arribo de considerar candidatos a los cargos de elección popular, por los partidos políticos, con ciudadanos de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como los indígenas, afromexicanos, jóvenes, migrantes, personas que presentan alguna discapacidad y de la diversidad sexual.
Inflexión dada, por una parte, con la omisión legislativa de expedir la normativa de la inclusión referida. En la consecución de la gobernación democrática. Con ello se producen atolladeros a la democracia representativa con inclusión. Transmitido en el estándar de los vacíos normativos generados por la ausencia de legislar en esta materia.
Por otro lado, los órganos jurisdiccionales y administrativos electorales, federales y locales, conforme a sus competencias, han decretado sentencias o acuerdos, a fin de garantizar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía con la inclusión en la democracia de los referidos grupos sociales vulnerables. (José René Olivos Campos, El Universal, Opinión, Online)
Llegan a Guatemala restos de migrantes.
Pero ya no hay masacres (Carlos Ríos, Reforma, Nacional, p.4)