POR SUERTE para el Presidente, no es necesario que integre una comisión -encabezada por un militar, por supuesto- para investigar por qué el precio de la gasolina está tan caro. La respuesta a su inquietud es sumamente sencilla.
LA FÓRMULA para el costo de cada litro de combustible lo estableció Hacienda y Arturo Herrera le puede explicar que el precio se integra por seis variables: el precio de referencia, el “ajuste por calidad”, los costos de logística, el margen de ganancia de los expendedores y, ¡sorpresa!, el IEPS y el IVA. Estos impuestos representan más del 40 por ciento del precio que pagan las y los mexicanos por la gasolina y el diesel.
ASÍ QUE si Andrés Manuel López Obrador quiere cumplir su promesa de bajar el precio de la gasolina, en lugar de amenazar a los expendedores, tal vez podría empezar por eliminar el IEPS. ¿O a poco la austeridad es sólo para las mulas del compadre? Es pregunta.
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RESULTA CURIOSO que el ex senador Roberto Gil ande pidiendo en redes sociales que se exhiban las supuestas pruebas en su contra, pues como abogado bien sabe que sería violatorio del debido proceso.
SI EN SERIO quiere saber cómo anda la cosa, podría darse una vuelta por Constituyentes, pues es en la UIF donde tienen un grueso y muy bien armado expediente en su contra. Quienes lo conocen dicen que están documentadas las presuntas transferencias millonarias que hizo en un solo día y que habrían sido de tal tamaño que sonaron las alarmas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
INCLUSIVE se asegura que a Roberto Gil lo tienen más que ubicado en un domicilio en Dallas. Y, al parecer, estaría “conectado” con cinco empresas en McAllen y que si alguien le rasca tantito a la compañía MaraGil LCC, es muy probable que encuentre cosas interesantes. A lo mejor por eso el panista anda tan irritable creyendo que son rencores personales lo que, en realidad, se llama karma y tiene forma de carpeta de investigación.
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NO BASTA con que Andrés Manuel López Obrador diga “mi pecho no es bodega” para que se sienta con derecho de causar daño moral a personas, empresas y jueces, no sólo acusándolos sin pruebas sino ya, de plano, difamándolos.
RESULTA PREOCUPANTE que el Presidente no se dé cuenta del peso de sus palabras. O peor aún: que sí lo sepa y, con toda alevosía, convierta en enemigos del pueblo a quienes no piensan como él.
EN CUALQUIER país donde el Estado de derecho no fuera un mero espejismo, dichos como los de AMLO sobre fallos contra la ley eléctrica serían susceptibles hasta de una demanda y, por supuesto, de una eventual disculpa pública. Alguien debería recordarle al Presidente que de la autoridad al autoritarismo hay muy pocos pasos. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
Olvidan darle otros datos al Presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo utiliza recursos públicos para investigar a quienes considera sus adversarios o críticos, sino que además, al parecer, le entregan información incompleta, le ocultan otros datos. Ayer por la mañana el Presidente reconoció que encargó a un funcionario de la Presidencia de la República hacer una revisión del trabajo de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien dejó caer todo el peso de la crítica y lo acusó de formar parte de un “buró jurídico para oponerse a las obras y acciones políticas” de su gobierno. “Pero lo que se conoce menos es lo del exministro Cossío, entonces por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante de Presidencia, a un servidor público de la Presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cossío cuando estuvo en funciones”, dijo el Presidente tras señalar a don José Ramón como parte de un grupo de actores afines al antiguo régimen que están en contra de su proyecto. “Legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio ante corruptelas y arbitrariedades”, dijo el mandatario. Sin embargo, el servidor público que elaboró el estudio para el Presidente no reportó que Cossío fue el único de los 11 ministros que votó a favor de la consulta popular en materia de energía eléctrica, votó en contra del desafuero de AMLO y que en esta administración colaboró con el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿Le escondieron esos otros datos al Presidente?
Opacidad sistemática en Palacio Nacional
En este espacio se ha documentado que la Oficina de Presidencia de la República se ha convertido en una experta en batear decenas de solicitudes de información pública con el gastado machote de que “tras una exhaustiva y razonable búsqueda no se encontró la información solicitada”. A esta muy larga lista se suma la reciente negativa a detallar los motivos que tuvo la dependencia federal para contratar a inicios de este año una empresa por outsourcing para limpiar Palacio Nacional, pues aseguró que además no se “localizó evidencia documental” sobre el tema. ¿Pues acaso no presumen que este es el gobierno con mayor transparencia en la historia? Nos hacen ver que no solo el Presidente tiene un buen récord de bateo, sino que algunos de sus colaboradores también batean por arriba de 300, al menos en el caso de las solicitudes de información pública.
AMLO y los dos presidenciables
La vieja frase “En política la forma es fondo”, atribuida a Jesús Reyes Heroles, uno de los mayores ideólogos del PRI, se recordó anoche que se difundió la fotografía de una reunión de trabajo en Palacio Nacional. En la imagen aparecen al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pese a que se trata de una “reunión de salud, dedicada al Plan Nacional de Vacunación”, no es el secretario de Salud, ni el llamado zar de la estrategia contra pandemia, quienes ocupan los lugares de mayor cercanía al mandatario. La semana pasada el Presidente dijo que ya había un relevo que lo podría suceder en el cargo al fin de su mandato. ¿Será que el Presidente está mandando mensajes sobre a quiénes se refería como sus posibles relevos?
Los reversazos de Monreal
Una vez más lo volvió a hacer el senador Ricardo Monreal. Luego del sustazo que les metió a las calificadoras internacionales al adelantar, mediante comunicado de prensa y todo, que era necesario regularlas por abusivas, neoliberales y gachas, resulta que solo se trataba de una reflexión. Después de ver el revuelo que se armó, don Ricardo reculó diciendo que no era para tanto, que estaban exagerando por sensibles e inquietos. A la lista de reversas, en la que están la de regular las comisiones a bancos, la de la reforma a la Ley del Banco de México y la de regular a las redes sociales, debe sumar esta de regular a las calificadoras. (El Universal, Nación, p. 2)
Cosecha. La maquinaria está encendida. Jorge Argüelles Victorero quedó registrado como candidato a alcalde de Cuernavaca, Morelos, por la coalición de Morena-PES-Nueva Alianza. Y su plan de trabajo y sus propuestas están ya en las manos y la mente de los ciudadanos, quienes ven en él a quien podrá colocar a la ciudad de la eterna primavera en el nivel que merece. Las encuestas ya lo ubican muy por encima de sus adversarios, y eso se debe, esencialmente, a que en los años recientes Argüelles, integrante de la 4T, se ha manejado con un perfil de unidad y un inquebrantable ánimo conciliador. Sus adversarios políticos, como el exgobernador Sergio Estrada Cajigal, de Fuerza por México, o su exprocurador, José Luis Urióstegui, del PAN, la tienen difícil. El tiempo ya no les da para revertir la tendencia.
Que la Cámara de Diputados, presidida por Dulce María Sauri, terminará este martes un puente de seis días por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez y volverá a sesión ordinaria mañana, pero, ya encarrerados, los legisladores de los ocho grupos alistan otro receso, ahora de 11 días, con motivo de la Semana Santa, del viernes 26 de marzo al martes 6 de abril, para entonces cumplir con las cuatro semanas restantes del último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura.
Que en el corte de caja de Redes Sociales Progresistas de cara al registro de candidatos en la capital quedaron fuera Blue Demon hijo, Carístico y Malillany Marín, que aspiraban a las alcaldías de GAM, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, rezagados en el proceso interno pero invitados a ser embajadores del deporte y de la mujer, mientras que el también luchador Tinieblas va por Venustiano Carranza y el actor Alfredo Adame buscará una diputación federal.
Que hoy habrá “buenas noticias” en voz del canciller Marcelo Ebrard, de atender el mensaje nocturno del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las negociaciones con EU sobre la vacuna AstraZeneca, en momentos en que la aplicación de ese biológico ha sido suspendida en 18 países por la sospecha de efectos letales en algunos pacientes.
Que Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde al gobierno de SLP, asegura que por lo menos cinco casas lo ponen en primer lugar en las preferencias rumbo a la elección de junio y que Mónica Rangel es la que va en tercero, a diferencia de la ventaja que ostentan los aspirantes de Morena en otros 14 estados, en respuesta a los datos consignados en este espacio. Anotado. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Al toro por los cuernos
A quien han querido hacer pasar un mal momento es a Claudia Sheinbaum, pero no les ha resultado. Ayer, durante la presentación de la Revitalización Integral del Centro Histórico, un grupo de manifestantes se acercó para protestar y, contrario a lo que esperaban, la jefa de Gobierno tomó al toro por los cuernos: se detuvo para escuchar y atender sus demandas.
Que Pablo decida
En San Lázaro deben aclarar si hacen público el expediente del caso Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, contra quien se sigue un proceso de desafuero. Aunque Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, insiste en que debe transparentarse, será Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, quien lo determine.
Van por Cuernavaca
El presidente de Encuentro Social en Morelos, Jorge Argüelles, tejió fino y logró convertirse en el candidato a la alcaldía de Cuernavaca por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social). Disputará el cargo con el exgobernador Sergio Estrada y con el exprocurador José Luis Urióstegui, quien contenderá por tercera ocasión.
Contrasentido
Al parecer, quien no ve las mañaneras es el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, pues luego de que el presidente López Obrador ordenó desmantelar las organizaciones que condicionan la especialización a los médicos, el legislador propuso que esas instancias retomen el control en la entrega de permisos para realizar cirugías y atender padecimientos crónicos. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
A postar por juzgadores capaces de enfrentarse a quienes ejercen el poder, ya sea político, económico, mediático, etcétera, y comprometidos únicamente con la Constitución es una condición indispensable si queremos asegurarnos de que nuestro país tenga la fortaleza institucional necesaria para hacer frente a los retos por venir”.
El párrafo anterior fue escrito por Arturo Zaldívar en estas páginas en febrero de 2017. En diciembre de 2018, unas semanas antes de ser elegido presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar circuló en la Corte y público en general sus “líneas generales de trabajo” en caso de que fuera elegido.
Así empieza aquel documento: “El principio básico de la división de poderes, referido a la distribución del poder entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial como forma de limitar su ejercicio, es una condición esencial para la existencia de un Estado constitucional y democrático de derecho. Una de las expresiones fundamentales de este principio es la independencia judicial, conformada por una serie de garantías cuyo propósito es el de mantener los equilibrios necesarios para que los jueces cumplan con su función de proteger las libertades y los derechos humanos de las personas. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frene, p. 2)
El mandatario de México, en sus señalamientos mañaneros, no privilegia el Estado de derecho. Prefiere anteponer su estrategia de comunicación. No es que su Consejero Jurídico, Julio Scherer, no sepa de derecho, es que a AMLO no le interesa o no está en sus prioridades. Dice el dicho: “Palo dado ni Dios lo quita”.
López Obrador puso en el banquillo de los acusados al Poder Judicial. Y ya apaleó en su conferencia, en esta ocasión, al ministro en retiro José Ramón Cossío y al juez que otorgó la suspensión provisional contra su reforma eléctrica.
Los colocó en el saco de la oposición corrupta —aunque ese mismo juez, Juan Pablo Gómez, ha emitido también fallos a favor del propio Ejecutivo federal, como en el caso del NAIM en Texcoco—.
Podríamos explicar, jurídicamente, por qué Gómez decidió conceder una suspensión provisional a quienes se ampararon frente a la reforma eléctrica (afectación en el ámbito de competencia y medio ambiente, por ejemplo). Podríamos comentar que, a diferencia de lo que dijo Andrés Manuel, no es algo extraño que se otorgue de manera expedita (para eso son las suspensiones provisionales, incluso las definitivas, mientras se lleva a cabo el juicio de amparo). (Elisa Alanís, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El viernes, el presidente, enojado, anunció que pediría al Poder Judicial que investigara y sancionara al juez Juan Pablo Gómez Fierro por dar una suspensión provisional contra su reforma energética, lo que es una clara invasión a la separación de poderes.
El sábado, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que lo es también del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), le respondió vía tuit: Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial.
Al parecer, al Presidente no le gustó la respuesta porque le escribió una carta que leyó ayer por la mañana, en la que insistía en el castigo al juez y añadía un preocupante párrafo: Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia BAJO LA EXCUSA (sic) DEL ESTADO DE DERECHO, pues quienes invocan ese principio han sido y siguen siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República, a lo que Zaldívar le respondió diciendo que se tramitará su queja y que, de proceder, abrirán una investigación, pero le reiteró el concepto de la independencia de ese poder.
No cabe duda, López Obrador dejó ver su lado autoritario y apuntó al presidente de la Corte: si castigan al juez, estará a su servicio; si no, confirmará la independencia del poder que encabeza y creará un conflicto. Deseo que sea el conflicto, por el bien del país y la autonomía judicial ante el poder presidencial. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
El discurso del presidente López Obrador en contra del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, al que acusa de obedecer a “intereses” al otorgar 11 suspensiones provisionales en contra de su reforma eléctrica, abrió ya una confrontación entre poderes en la que el titular del Ejecutivo está poniendo en duda, con acusaciones y señalamientos públicos, el trabajo de los juzgadores del Poder Judicial. La respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, defiende la autonomía y la libertad de los jueces y conmina al presidente a utilizar los cauces legales para solicitar que se revisen los fallos del citado juez en materia de Competencia Económica.
La tardanza inicial del presidente del Poder Judicial, ante los primeros ataques de López Obrador el pasado viernes, a los que respondió 38 horas después con un mensaje en su Twitter, se vio compensada ayer con una respuesta rápida y puntual de Zaldívar a la carta que le mandó ayer lunes el jefe del Ejecutivo al ministro presidente, en la que volvía a poner en duda las suspensiones otorgadas por el juez Gómez Fierro y le solicitaba investigar al juzgador. “Como procede en estos casos su carta será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como de las garantías que la protegen”, le contestó el presidente de la Corte.
La respuesta directa y contundente de Zaldívar al presidente, deja en claro que las expresiones del presidente de la República sí causaron molestia en el Poder Judicial en donde perciben un intento deliberado del mandatario federal por “linchar públicamente” a un juzgador porque sus fallos afectan la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica. No es la queja presidencial sobre el trabajo de un juez, a la que tiene derecho y que puede realizar mediante una denuncia formal de su consejero jurídico ante el Consejo de la Judicatura; es el tono y la forma que utilizó el presidente, en su tribuna de las conferencias mañaneras donde López Obrador acusa, juzga y sentencia al mismo tiempo, lo que molestó a las cúpulas judiciales del país.
Porque López Obrador lleva dos días acusando públicamente que el Juez Juan Pablo Gómez está otorgando las suspensiones a las empresas que se han amparado por “favorecer intereses”, pero hasta ahora no ha presentado una sola prueba de lo que sugiere como un tema de corrupción del juzgador federal. Por eso la respuesta del presidente de la Corte es que a la solicitud del presidente se le dará el trámite normal que tiene cualquier otra denuncia o impugnación a un juzgador y sólo si se encuentran los elementos y pruebas suficientes, se procederá a indagar al juez Gómez Fierro, garantizándole sus garantías de independencia y autonomía en sus decisiones.
En corto, de acuerdo con funcionarios del Palacio Nacional, López Obrador asegura que al juez Gómez Fierro “lo han centaveado” para que falle en favor de las empresas y otorgue las suspensiones porque, según afirma el presidente, esos jueces de Competencia Económica están ligados a los empresarios de los que reciben “incentivos económicos”. De eso está convencido el presidente, aunque no se sabe con exactitud hasta qué punto tiene pruebas o sustento y si algún área del gobierno, como la Unidad de Inteligencia Financiera, haya encontrado algo en las cuentas del mencionado juzgador federal.
Por lo pronto, lo cierto es que López Obrador abrió fuego directo contra un juez federal y provocó que en todo el Poder Judicial y en los círculos jurídicos y académicos del país, se interpretaran sus acusaciones públicas como un intento de linchamiento y una intromisión del titular del Ejecutivo a las funciones y facultades de otro poder. Porque si el presidente tiene una sospecha fundada de que el multicitado juez actuó por motivaciones económicas o de otro tipo, bastaba con que hubiera mandado a su consejero Julio Scherer a presentar una denuncia sustentada con las pruebas ante la Judicatura Federal.
Pero elevar el tono y el tema a la picota pública en que se ha convertido la mañanera, tiene claramente otro tipo de intenciones. Por un lado, intenciones políticas, para abonar con miras a las próximas elecciones a su discurso de victimización y ataque de los “conservadores”, incluidos algunos jueces, que lo quieren dañar y frenar su transformación; y por otro lado autoritarias, porque pretende descalificar a la institución judicial y al Poder del que forma parte para tratar de convencer a sus fanatizados seguidores que él único poder honesto es el suyo. Veremos si López Obrador tiene algo real en contra del juez o si todo ha sido un blofeo perverso y autoritario.
NOTAS INDISCRETAS…
Por alguna extraña razón el empresario gasolinero William Karam sigue gozando de una especie de “patente de corso” que lo protege de acusaciones, denuncias y hasta órdenes de aprehensión en plena 4T. Que Karam estuviera protegido y fuera intocable en los sexenios pasados, especialmente en el de Peña Nieto, es perfectamente entendible por su cercana relación con el expresidente y con personajes como Emilio Lozoya, a los que se dice que incluso financiaba y apoyaba con departamentos en Polanco. Lo que parece inexplicable es que ahora, cuando se supone que las Fiscalías han cambiado y están en manos de fiscales “autónomos”, no se entiende por qué varias denuncias que han sido presentadas y judicializadas en contra de Karam simplemente no se mueven y parecen protegidas desde las mismas fiscalías, tanto la General de la República como la de la Ciudad de México. Ese es el caso de la denuncia que hace un año, el 12 de marzo de 2020, presentó el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche, en contra de William Karam y Alejandro Capdeville, a los que acusa del delito de fraude procesal en su contra por haber falsificado, en un juicio mercantil, su firma en un pagaré por 15 millones de pesos que pretendieron hacer valer durante los años en que él estuvo fuera del país, cuando fue acusado por delitos bancarios, y tuvo que huir a Australia. Cabal asegura en su denuncia que William Karam aprovechó su ausencia para falsear su firma en el pagaré y hacer parecer que él había aceptado un presunto adeudo con el grupo gasolinero Hidrosina. A pesar de varias denuncias interpuestas por la falsificación, el tema se ha mantenido estancado y el año pasado Cabal Peniche interpuso una nueva denuncia en la que, además de Karam, acusa al empresario sonorense Alejandro Capdeville, por haber utilizado el mismo caso del pagaré falso para denunciar a Cabal por un adeudo que, con intereses moratorios, había pasado de 15 a 153 millones de pesos. Lo más extraño de todo es que la denuncia del empresario tabasqueño no se ha movido desde hace 12 meses en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en donde parece que el empresario Karam tiene algún tipo de protección; lo mismo ocurre con otras denuncias en contra del dueño de Hidrosina que están frenadas desde hace más de un año en la Fiscalía General de la República. ¿Será que el señor Karam sí logró tener una influencia y protección transexenal en la 4T?… El estado de Querétaro se mueve. La disputa por la gubernatura de ese estado, que parecía ya definida a favor del PAN y de su candidato Mauricio Kuri se está moviendo. Dos encuestas recientes, una de Parametría, que dirige Francisco Abundis, y otra de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, registran un crecimiento importante de la candidata de Morena a gobernadora, Celia Maya, que se acerca al todavía puntero Mauricio Kuri, del PAN. Lo que más llama la atención en los dos sondeos, es que la enorme ventaja con la que arrancó Kuri se empieza a cerrar. Parametría, que fue encuesta en vivienda, ubica a Celia Maya a solo 5 puntos de diferencia del panista. Kuri aparece con una preferencia efectiva de 38% mientras que Maya ya tiene 33%. En la de Consulta la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 8 puntos, pues Kuri aparece con 32.6 contra 23.8 de Celia. No hay aún una explicación formal para este fenómeno en el que Morena recupera terreno en un estado que parecía perdido para la 4T, pero parece ser que los golpes y escándalos de corrupción, que ha reactivado el gobierno de López Obrador a través de expedientes de la FGR y que llegaron a tocar en su momento al gobernador panista Francisco Domínguez y a su muy cercano amigo y compadre, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García cabeza de Vaca, están surtiendo efecto y le pegan al candidato del PAN en Querétaro, mientras benefician a una candidata como Celia Maya a la que nadie volteaba a ver ni le apostaba, incluso dentro de la 4T…Los dados mandan Serpiente. Caída libre. (Salvador García Soto, El Universal, Nación , p. 9)
Bernal Díaz del Castillo afirma que fue un soldado llamado Fulano de Ocampo quien inventó la patraña de que el sanguinario Pedro de Alvarado había saltado el puente de los Toltecas, durante la huida conocida como la Noche Triste, apoyado en una pica.
En un libelo infamatorio que Fulano de Ocampo difundió entre los soldados, el supuesto salto de Alvarado no era una proeza, sino un acto de cobardía: De Ocampo acusaba al capitán de haber dejado atrás a Juan Velázquez de León y a 200 hombres y de haber pegado el salto “por escaparse”.
Según Bernal Díaz, durante la huida nadie pudo haber visto si Alvarado “saltaba poco o mucho”, porque los conquistadores se hallaban muy ocupados intentando salvar sus propias vidas.
La crónica de Bernal es fundamental porque indica que la acequia donde habría ocurrido el salto era muy ancha y profunda, lo que hacía imposible que Alvarado hubiese podido saltarla “por muy más suelto que era”, pero sobre todo porque revela que en todo el año que siguió a la Noche Triste nadie escuchó hablar nunca de aquel salto.
“Nunca oí decir deste salto de Alvarado hasta después de ganado México”, escribió Díaz del Castillo. Sin embargo, tras la caída de Tenochtitlan, cuando Fulano de Ocampo difundió su libelo, muchos soldados “platicábamos sobre ello”, relata el conquistador.
Esto significa que desde 1522 el tramo de la calzada México-Tacuba en que se hallaba “la triste puente” de la Noche Triste fue conocido con el nombre que lleva hasta hoy: Puente de Alvarado.
¿Podríamos decir que eso la convierte en la primera calle renombrada por los españoles, y es por lo tanto la nomenclatura más antigua de la ciudad de México?
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció de este modo su desaparición:
“Nos preguntamos, ¿cómo es posible que hay una calle que se llame Puente de Alvarado cuando Alvarado fue el principal perpetrador de la matanza del Templo Mayor… Por esto tomamos la decisión de cambiar el nombre y quitar el nombre de Alvarado y ponerle Calzada México-Tenochtitlan… También dejamos de nombrar el Árbol de la Noche Triste y hacemos una Calzada de la Noche Victoriosa, porque si bien es cierto que hace 500 años fue la derrota de México-Tenochtitlan también es cierta la resistencia de los pueblos originarios…”.
A lo largo de la historia de la ciudad, los grupos en el poder han sufrido la tentación de convertirse en directores de la memoria, como una forma de imponer sus propios proyectos políticos. Uno de sus recursos favoritos ha consistido en apropiarse de la facultad de nombrar las calles, para volverlas discursos políticos y conformar una determinada forma de memoria histórica.
Durante años, los nombres de las calles surgieron de la imaginación de los vecinos, que las nombraban según existiera en estas un edificio célebre o un personaje ilustre, o bien, si hubiera ocurrido en ellas un acontecimiento que hubiera quedado en la memoria.
Así surgieron las calles de los Alguaciles, de las Arrepentidas, de la Celada, de las Carreras, del Colegio de las Doncellas, de López, de la Quemada, de la Pelota, del Puente del Diablo…
Con la Reforma se abrieron nuevas calles en donde durante siglos habían existido conventos: el gobierno de Juárez decidió homenajear a sus propios héroes y les puso calle a Leandro Valle e Ignacio Zaragoza, entre otros. De esos tiempos procede, por ejemplo, el nombre de 5 de Mayo.
A instancias del ingeniero Roberto Gayol, el gobierno de Porfirio Díaz tomó una de las decisiones más absurdas en la historia de la ciudad. Gayol consideraba que los nombres que la capital había heredado eran “caprichosos y ridículos”, estaban basados en edificios desaparecidos y antiguas leyendas olvidadas, y no reflejaban los afanes de progreso y modernidad que Díaz quería encarnar: por el contrario, solo ayudaban a perpetuar ese “aspecto triste y austero de viejo monasterio” que la antigua metrópoli poseía.
A imitación de las ciudades estadounidenses, Gayol dividió la capital en puntos cardinales e impuso a calles y avenidas una nomenclatura numérica: Bucareli se volvió Calle Sur 12; la calle de la Mariscala, Avenida Poniente 5; San Jerónimo, Avenida Oriente 18 (a Puente de Alvarado se le llamó, por cierto, Avenida Poniente 2).
Fue tal el caos que se generó, que durante los años que rigió el nuevo sistema (1888-1893) nadie supo en realidad dónde vivía. La gente siguió empleando los nombres de siempre, hasta que el gobierno decidió que era mejor reinstalarlos. Aún quedan en el centro algunas viejas placas que dan cuenta de aquel desbarajuste.
En 1909, como un gesto de cortesía con España, el Ayuntamiento decidió convertir una serie de calles —San José del Real, Espíritu Santo, Ángel, Alfaro, Tompeate, Puente de Monzón, Caballete, etcétera— en una sola: la larga Isabel la Católica. Era solo el anuncio de lo que ocurriría una década más tarde.
De cara al Centenario de la Consumación de la Independencia, José Vasconcelos sugirió que los antiguos nombres de las calles fueran cambiados por los de las repúblicas latinoamericanas que habían reconocido al gobierno de Obregón. De ese modo, en un chasquear de dedos, se le amputó a la ciudad su memoria: una memoria colectiva que la gente, los habitantes, había construido a lo largo de cuatro siglos. Ahora las calles se llamaban República de Colombia, República de Venezuela, República del Brasil…
Ni siquiera en los días de más exaltado nacionalismo y mayor repulsa al pasado colonial, se pensó en cambiarle el nombre a Puente de Alvarado —tampoco al Árbol de la Noche Triste.
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma lo ha explicado con claridad: tanto el Salto de Alvarado como el término “Noche Triste” aluden a la derrota de los españoles y sus aliados indígenas: remiten al momento heroico en que el pueblo mexica hizo huir a los autores de la matanza del Templo Mayor. “No creo que venga a cuento cambiar los nombres”, ha dicho Matos.
Como dice Sheinbaum, ya lo han decidido, porque los grupos gobernantes han pensado siempre que la ciudad es de su propiedad.
Sin embargo, tantos años después muchos le seguimos llamando San Juan de Letrán a lo que Hank González nombró, brutalmente, Eje Central. Imagino que muchos seguiremos llamando Puente de Alvarado a esa calle, bautizada hace 500 años, no como homenaje al sanguinario conquistador, sino como referencia al acto de su huida.
Solo politiquería y manipulación de la historia. Nada nuevo bajo el sol. (Héctor de Mauelón, El Universal, Nación, p. 6)
La carta que el Presidente le envió ayer a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, no tiene precedentes. Refleja no sólo arrogancia, sino desdén hacia los juzgadores. Quiere que investiguen al juez Juan Gómez Fierro, quien, de “manera veloz”, otorgó la suspensión provisional a empresas que se ampararon y bajaron el switch de la reforma eléctrica.
“Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo”, acusó el mandatario. Zaldívar respondió: “Su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”. En otras palabras, le dio el avión.
*Otro que fue mezclado en ese “agrupamiento conservador” antigobierno es el muy respetado ministro en retiro José Ramón Cossío. AMLO lo vinculó con Felipe Calderón y con Claudio X. González, por haber osado alzar la voz para defender a Gómez Fierro.
Llegó preparado a la mañanera para golpear al juzgador desde el púlpito presidencial. Mencionó casos de “resoluciones injustas” que votó cuando era ministro.
Buscamos a Cossío para que ejerciera su derecho de réplica en cada una de las resoluciones “injustas” que voto el ministro en retiro, a juicio del Presidente. “Es un distractor. Lo que verdaderamente estamos discutiendo es la independencia judicial y la decisión del juez Gómez Fierro para otorgar la suspensión”, nos dijo. “Estamos discutiendo los límites de hasta dónde puede llegar en el ejercicio de su poder y hasta dónde los jueces lo van a poder frenar o hasta dónde va a tener él toda la cancha para poder actuar como le parezca”, destacó.
Y replicó a cada una de las “resoluciones” que el Presidente utilizó para denostarlo: Guardería ABC: “Lo que debíamos haber discutido en ese asunto era si el IMSS podía subrogar o no. No quisieron aceptar esa parte de la pregunta. Voté en contra.
Florence Cassez: “Yo no decía que fuera culpable o inocente, sino simple y sencillamente que se anularan las pruebas que estaban allí y que se regresara el asunto a los tribunales para que juzgaran su culpabilidad o su inocencia, pero en modo alguno que la liberaran…”.
Roberto Gil: “Es correcta la descripción. Pero a esta señora, con la cual él había tenido un conflicto, ya se le había dicho que no podía volver a hacer los señalamientos sobre la persona de Gil, los casinos, etcétera…”.
Ley Televisa: “Cuando estaba de profesor, mucho antes de llegar a la Corte, el Senado me contrató para que le diera una opinión de constitucionalidad en la ley. Se las di. Me pagaron un honorario. Quedó declarado y registrado. Como consecuencia de eso, le hicieron ajustes a la ley.
“Llego de ministro y esa misma ley, sobre la que había opinado, se presenta a discusión en una acción de inconstitucionalidad. Mi respuesta fue no participar en esta ley porque la revisé antes. Expuse mi caso. La mayoría de los ministros dijeron que sí estaba impedido porque ya había tenido un prejuicio sobre esa disposición. Lo irregular hubiera sido que la hubiera votado”.
Remató con una reflexión: “Cuando estuve en la Corte me tocó resolver cerca de 50 mil asuntos. Salieron cuatro (en la mañanera). No alcanza ni para muestra…”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
El origen de la historia de las drogas en Norteamérica se remonta al periodo prehispánico y ha estado, de un modo u otro, fuertemente vinculado a acontecimientos del exterior. Froylán Enciso, en Nuestra historia narcótica, narra cómo la Santa Inquisición intentó eliminar el uso del peyote en la Colonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Lázaro Cárdenas y el director del Departamento de Salubridad, José Siurob, decidieron regular las drogas en México; episodio que fue interrumpido rápidamente por amenazas de Estados Unidos de suspender el comercio de medicamentos.
En 1973, Oregon fue el primer estado en despenalizar el uso del cannabis en Estados Unidos. En 1996, California autorizó el uso del cannabis con fines médicos. Un lustro después, el uso terapéutico del cannabis se comenzó a regular en Canadá. En 2012, los estados de Washington y Colorado establecieron una serie de reglas para el uso lúdico, o adulto, del cannabis. Sólo después de Uruguay, en 2018 Canadá se convirtió en el segundo país a nivel global en regular el uso recreativo de la mariguana.
En contraste, salvo pequeñas excepciones, la historia reciente en materia de drogas en México ha estado fuertemente vinculada al prohibicionismo y sus efectos perniciosos, particularmente en términos de violencia e inseguridad. No obstante, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado un proyecto de reforma legislativa que haría de México el tercer país en regular el uso adulto del cannabis en el mundo.
El dictamen, que aún debe volver al Senado, responde a la decisión, en 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, entre otros argumentos, defiende el derecho al libre desarrollo de la personalidad. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Coronavirus alerta, p. 8)
La decisión de un juez federal de suspender los efectos de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica ha desatado una intensa polémica a partir de la crítica que al respecto formuló el Presidente López Obrador. El tema exige reflexionar sobre el impacto de la función jurisdiccional en la orientación del desarrollo nacional. El fallo en cuestión es una muestra de cómo ideas preconcebidas, producto de una formación influida por ciertas concepciones ideológicas, genera oposición a una política pública construida sobre la base de la voluntad popular expresada en las urnas. No tengo la menor duda de la independencia, honorabilidad y buena fe del juez. Habiendo quien esto escribe, ejercido la función judicial, me consta que esas virtudes imperan de manera ampliamente mayoritaria en el Poder Judicial, cuya defensa ha asumido el Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea; pero la infalibilidad no está dentro de esas virtudes y en este caso la resolución es claramente excesiva y hasta contradictoria, pues el juzgador en un comprensible afán de hacer justicia, inadvertidamente acabó convirtiéndose en abogado de eventuales litigantes, que ni siquiera han acudido a plantear su interés ante un tribunal.
La determinación judicial, revela un tinte de involuntaria parcialidad al asumirse el juez como abogado de otras empresas que no han pedido el amparo, a las que concedió la suspensión provisional; pero lo que es peor: incurre en el defecto que se supone quiere evitar. Llama la atención que un juez especializado en competencia tenga tan extraño concepto de la misma. Dos empresas que hacen un movimiento lícito que les dará una ventaja competitiva —lo cual es lo propio de la competencia— resultan afectadas al permitir que sus competidoras, que no han emprendido ninguna acción jurídica para defender sus intereses, alcancen la misma situación privilegiada sin haber solicitado la protección judicial, beneficiándolas frente a quien sí se tomó la molestia de pagar abogados, interponer un amparo y obtener la suspensión que le favorece. Resulta entonces que el juez acaba perjudicando a las empresas que dentro de la ley hicieron valer sus pretensiones, ayudando a sus competidoras y entrometiéndose en la competencia que debe existir entre ellas.
La suspensión es un incidente durante el proceso y es excesivo extenderla a terceros ajenos al mismo. Aun presumiendo que otros actores en el mercado van a pedir amparo esta no es una presunción que deba hacer al juez. ¿Y si hay empresas que han decidido no litigar y acogerse a la legislación vigente? Aunque no sea probable que eso ocurra, la imparcialidad judicial impide realizar aquella presunción.
El principio de relatividad en el amparo está expresado en el artículo 107 constitucional. “La sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda”. De ninguna manera debería un órgano jurisdiccional pasar por encima de tal previsión. En la resolución se aduce que “el principio de relatividad de las sentencias no podría justificar en modo alguno que las normas reclamadas, escapen de control de la constitucionalidad, ya que con ello se contravendría el derecho de acceso a la jurisdicción.” Razonamiento carente de congruencia pues la norma reclamada está sujeta al control de constitucionalidad precisamente a través del amparo y el acceso a la jurisdicción está garantizado a todo agraviado por dicha norma. En la síntesis de la resolución se hace una vaga referencia a la modulación que la Suprema Corte ha aplicado en algunos casos a ese principio, pero no cita una jurisprudencia que sostenga su dicho. (Eduardo Andrade, El Sol de México, Análisis, p.13)
Los estimados de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Estados Unidos para este año se han venido incrementando marcadamente durante las últimas semanas. Esta es una muy buena noticia para nuestro país, dado el gran nivel de integración comercial entre ambas economías.
Las exportaciones de bienes y servicios representan aproximadamente 40% del PIB en México (medido por el lado de la demanda agregada) y 80% de ellas son hacia Estados Unidos. Adicionalmente, la fuerte recuperación en la actividad económica y el empleo en nuestro vecino del norte suelen traducirse en un fuerte flujo de remesas hacia nuestro país y la mayor parte de este flujo se destina al consumo.
Después de una caída de 3.5% en el 2020, la expectativa de crecimiento del 2021 para la economía de Estados Unidos a principios de año era de 4 por ciento. Sin embargo, el consenso de expectativas ha venido aumentando de manera consistente hasta ubicarse en 6%, como lo revela la última encuesta de expectativas publicada por el Wall Street Journal a principios de este mes.
Inclusive, algunas corredurías de gran prestigio como Goldman Sachs y Morgan Stanley esperan que el PIB crezca cerca de 8% en este 2021. Este fuerte incremento en los pronósticos de crecimiento está directamente relacionado a tres factores: I) el incremento en la magnitud del estímulo fiscal; II) una política monetaria sumamente expansiva; y III) la aceleración del esfuerzo de vacunación. (Joaquín López-Dóriga Ostolaza, El Economista, Finanzas y Dinero, p.13)
Hace ya casi dos años tuve la oportunidad de participar en un Foro en la Cámara de Diputados, organizado por las Comisiones de Hacienda, encabezada por Patricia Terrazas, y la de Presupuesto, que presidía entonces Alfonso Ramírez Cuéllar.
El tema era el Federalismo Fiscal y la coyuntura económica que vivíamos a principios de 2019.
Participó en el evento el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Recuerdo que en su alocución se refirió al compromiso del presidente López Obrador de no hacer cambios fiscales, y subrayó, “durante los primeros tres años de su gobierno”.
No fue la única ocasión que lo dijo Herrera. Por eso, no sorprendió que al inaugurar la semana pasada la Convención Bancaria, volviera al tema.
Dijo lo siguiente: “Justo después de las elecciones tendremos que evaluar juntos, todos nosotros, cuál es el contexto y si las condiciones nos permiten proponer cambios en la estructura tributaria del país”.
En diversas ocasiones, hemos abordado el tema en esta columna. La última ocasión fue el pasado 12 de noviembre.
Escribíamos entonces: “Prácticamente nadie supone que en el último periodo de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados y antes de las elecciones intermedias se emprendiera una reforma fiscal, por lo que la expectativa es que la reforma eventualmente pudiera proponerse para el final del próximo año, después de que los nuevos legisladores hubieran tomado posesión en septiembre.”
Esto sería posible, desde luego, solo bajo la premisa de que Morena conservara la mayoría en la Cámara de Diputados y de que se convenciera el presidente López Obrador de que el combate a la corrupción y la austeridad ya no van a dar más recursos. (Enrique Quintana, El Financiero, Pagina Dos, p.2)