YA PARECE CHOTEO: como cada año, en el aniversario de la expropiación petrolera, el Presidente informará sobre el descubrimiento de oootro mega yacimiento de petróleo. Lo paradójico es que por más petróleo que encuentran, nomás no logran salvar a Pemex.
EN 2019 fue el yacimiento de Quesqui, en Tabasco; en 2020 fue el de Kuxum, en Veracruz; y hoy estará Andrés Manuel López Obrador de regreso en su tierra para anunciar la buena nueva del yacimiento Dzimpona. La paradoja es que la producción petrolera nacional sigue a la baja.
De hecho está muy lejos de la meta de 2.6 millones de barriles diarios que prometió la 4T. En enero, apenas si llegó a los 1.6 millones.
A ESO hay que sumar el hecho de que Pemex se ha convertido en la compañía petrolera más endeudada del mundo; se encuentra en zona de quiebra técnica; su calificación va derechito a la pérdida de grado; y cada vez le cuesta más caro conseguir financiamiento internacional. Pero, bueno, lo importante es que la política energética del presidente López Portillo, perdón, López Obrador algún día dará resultados.
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AHORA QUE hay quienes se ponen muy incómodos con los amparos, sin duda resulta relevante el fallo en su favor obtenido por el senador Emilio Álvarez Icaza y la diputada Ana Lucía Riojas, para tener acceso a las investigaciones de la FGR sobre el caso OHL.
LOS RECURSOS fueron presentados desde 2018 junto con Alfredo Figueroa y finalmente un tribunal federal le ordenó a la Fiscalía reconocerles su calidad de víctimas de la corrupción. El hecho podría abrir la puerta para que la sociedad civil adopte un papel mucho más activo en la supervisión de los procesos judiciales, especialmente los que tienen que ver con temas que, efectivamente, afectan a todas las mexicanas y los mexicanos.
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EL AMAGO, por no llamarlo amenaza, de que podría modificar la Constitución para que quede a su gusto, no sólo se convierte en un nuevo factor de incertidumbre dañino para la economía, sino que también crea un nuevo foco de tensión política.
Y es que al hablar de que necesita la “mayoría calificada” en el Congreso para seguir adelante con su proyecto, Andrés Manuel López Obrador se está metiendo de lleno en la campaña electoral.
O SEA que el Presidente no se pudo meter en la boleta electoral, pero ya tiene un nuevo pretexto para seguir haciendo proselitismo hasta el día de las elecciones.
¿QUÉ ARTÍCULO de la Constitución establece que el Presidente siempre tiene la razón? ¡El que usted quiera, señor Presidente! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
¿Y la austeridad Republicana don Román Meyer?
Al parecer, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no escucharon la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de que, en aras de la austeridad, se deje de contratar a empresas de seguridad privada y en su lugar se busque al Servicio de Protección Federal (SPF) para estas funciones. Nos detallan que la Sedatu, cuyo titular es Román Meyer Falcón, presentó el expediente 2238161 para contratar a una empresa para vigilar sus oficinas centrales y en donde se prevé que pueda desembolsar hasta 4.5 millones de pesos para esta contratación, según las propuestas que han presentado dos empresas interesadas en obtener esta licitación. ¿Pues no que a la 4T la cuida el pueblo? ¿Y la austeridad republicana?
Las maromas de la 4T en la Cámara
Muchas maromas procesales tiene que hacer la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para complacer al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Se confirmó que el próximo viernes acudirán a San Lázaro el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, a explicar los cargos para sustentar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta audiencia pública, si así se le puede llamar, responde, nos dicen, a la petición del presidente, López Obrador para hacer público el expediente contra Cabeza de Vaca. Nunca antes la Sección Instructora ha abierto una audiencia y menos para explicar las pruebas con las que se sustentan las acusaciones, pero ante una instrucción presidencial, nos dicen, no importa las maromas que los legisladores se tengan que dar para obedecer ciegamente las instrucciones que reciben del Poder Ejecutivo.
Desaparecen los simulacros de balaceras
Nos comentan que, de última hora, el gobierno federal decidió mejor no meterse en problemas y provocar un escándalo y un problema al gobierno de la capital de la República por lo que borró la obligación de que hubiera simulacros de actuación en caso de balaceras en escuelas de la Ciudad. Nos detallan que en la edición de ayer del Diario Oficial de la Federación se publicó el Protocolo General de Prevención y Actuación en caso de Sismos en Planteles de Educación Básica, Especial, para Adultos y Normal en la Ciudad de México, en donde se ordenan simulacros mensuales de situaciones de riesgos de sismos, incendios, inundaciones, artefactos explosivos, sustracción de menores y fugas de gas. En el anteproyecto enviado originalmente a la Comisión de Mejora Regulatoria, y del cual informó este fin de semana EL UNIVERSAL, la Autoridad Educativa de la Ciudad de México planteaba que hubiera simulacros de balaceras. Así, como por arte de magia, desaparecieron del documento los simulacros en caso de balaceras. Será que en época electoral no es muy bien visto que en la capital del país se prepare a los estudiantes para salir ilesos de un tiroteo.
Candidaturas priistas no se venden, reviran
Es una falsedad que “hay acusaciones fuertes contra el secretario General del PRI en Guanajuato, Alejandro Arias Ávila” por una supuesta venta de candidaturas que él puede ofrecer “al mejor postor” por ser el encargado de palomear los nombres de quienes serán postulados para una sindicatura, una regiduría o una alcaldía”, asegura el Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, en respuesta a lo comunicado en este espacio ayer. Aseguran que acusaciones como a las se le dio eco en esta columna, “tienen que ser soportadas con pruebas y, de ser el caso, procederse en consecuencia contra quien resulte responsable, porque ese tipo de prácticas son deleznables y deben ser sancionadas”. No podríamos estar más de acuerdo, ojalá quienes dicen en corto que se les pidió dinero por la candidatura presenten pronto una denuncia. (El Universal, Nación, p. 2)
Que el diputado Porfirio Muñoz Ledo sostuvo ayer una reunión virtual con legisladores y dirigentes de Morena, en la que denunció la abierta intromisión del jefe de los superdelegados del gobierno federal, Gabriel García, en los procesos de elección de candidatos en las entidades, presentándose como enviado de Andrés Manuel López Obrador. El ex presidente de la Cámara de Diputados aseguró que jamás podría pensar que un “gran demócrata” como el Presidente usaría un instrumento antidemocrático, encarnado en una persona, para operar las elecciones morenistas, pues sería el fin de Morena como partido democrático. “No lo aceptaría y tienen mi renuncia por delante”, advirtió.
Que los ajustes en la SEP, que encabeza Delfina Gómez, siguen en el orden del día y esta semana Rodolfo Lara Ponte dejó de ser el titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cargo que ocupó formalmente desde el 5 de agosto de 2019, y por ahora fue nombrado un relevo provisional mientras que el Presidente define un nuevo perfil, que sea avalado por la Junta de Administración del INEA. Recordemos que hay un bloque de despidos en puerta como parte de un “plan de austeridad”.
Que si a alguien ha correspondido tejer fino es a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como puente entre el Presidente con el gobernador Enrique Alfaro, aunque dicen en la 4T que en realidad la relación ya no es tan tirante como pareciera en los intercambios públicos. Cuando todo se tensó, el emecista tocó la puerta de Bucareli, a partir de ahí se pactó el encuentro de enero pasado en Palacio Nacional y salieron las subsecuentes citas que han calmado las aguas. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Empáticos con Beltrones
Solidaridad y cariño expresaron políticos de todos los partidos, comunicadores, empresarios y líderes sociales al ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y a la senadora Sylvana Beltrones, por el fallecimiento de doña Sylvia Sánchez. La cantidad de mensajes en redes sociales mostró que esa familia sonorense sigue siendo una de las más respetadas del país.
El mensaje esperado
Ansiosos están los funcionarios de la 4T por que llegue el viernes. Ese día, nos explican, el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Joe Biden, daría a conocer si entrega vacunas a nuestro país. Además, hay otro motivo de optimismo: México, junto con Canadá, está en los primeros lugares de la lista para ser apoyados con dosis del biológico contra el COVID-19.
Alfombra para Arce
Hablando de política exterior, en Palacio Nacional alistan el recibimiento del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien acompañará la próxima semana, a Campeche, al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Al boliviano, nos cuentan, le espera una larga caminata por zonas de vestigios mayas y un día de mucha historia mexicana.
Retomando el rumbo
Corrigió a tiempo el presidente del TEPJF, José Luis Vargas, en su pleito con el Consejo de la Judicatura Federal. En la nueva reunión que sostuvo el martes la Comisión de Administración aceptó acatar los señalamientos de los consejeros de la Judicatura para bajarle a gastos, como los erogados en convenciones y el programa de videovigilancia de salas regionales.
Colorina, a la polaca
Siguen las sorpresas en el partido Redes Sociales Progresistas, de Fernando González. No sólo por la declinación del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, a la candidatura a diputado plurinominal que le ofrecieron, sino por otros posibles abanderados que se darían a conocer en los próximos días. Nos adelantan que una de ellas sería la actriz Lucía Méndez. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
La novedad es que la delincuencia organizada controle amplias zonas del territorio mexicano, sino que lo digan militares de EU y, sin prueba alguna y exagerando, consideren muy grande la proporción que no está bajo el mando real del Estado. El reconocer la existencia de un contrapoder de efectos negativos para México y sus vecinos debería llevar más a una mayor cooperación, más que a señalamientos públicos. (La Crónica de Hoy, Pp.)
El Consejo Nacional de Inteligencia, órgano de planeación de largo plazo del director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, hizo público hace unos días una evaluación de las “amenazas extranjeras en la elección federal de 2020”.
La evaluación se hizo con la CIA, el FBI, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Interior y otras agencias estadunidenses. Sus conclusiones han puesto en crisis la relación entre EU y Rusia.
“Nuestra evaluación es que el presidente ruso Putin autorizó y una serie de organizaciones gubernamentales rusas llevaron a cabo operaciones de influencia destinadas a denigrar la candidatura del presidente Biden y el Partido Demócrata, apoyar al ex presidente Trump, socavar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones sociopolíticas en EU”.
“A diferencia de 2016, no vimos esfuerzos cibernéticos rusos persistentes para obtener acceso a la infraestructura electoral (es decir, las máquinas de votación). Tenemos una alta confianza en nuestra evaluación; los actores estatales y agentes rusos que sirven a los intereses del Kremlin trabajaron para afectar las percepciones públicas estadunidenses en una manera consistente”.
¿Cómo lo hicieron? Por medio de las redes sociales y sitios de internet, con todas las herramientas que las mismas re des facilitan para llegar a objetivos precisos que se quieren influenciar mediante la amplificación de mensajes falsos. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El gobierno de la 4T ha comenzado a utilizar los medios públicos, que preside Jenaro Villamil, para montar sin pudor investigaciones periodísticas contra quienes son señalados por el Presidente en las mañaneras como sus enemigos, opositores, adversarios, es decir, a todos los que no están con él, de quienes ha dicho están contra él.
Este lunes, tras pedir que se investigue y sancione al juez Juan Pablo Gómez Fierro por las suspensiones provisionales contra su reforma eléctrica, reveló que había pedido a un integrante de la Presidencia que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro (en retiro José Ramón) Cossío cuando estuvo en funciones (2003-2015), que aprobó resoluciones injustas y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Lo acusó de conservador, hipócrita de doble discurso y doble moral.
Y habló de sus votos en los casos de la guardería ABC, Florence Cassez, de su rol en la aprobación de la llamada ley Televisa, de la que se excusó de participar, de otro relacionado con Roberto Gil, uno más sobre energías eólicas en Juchitán y el de Atenco, en el que, afirmó, se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y al entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
Esto fue, reitero, en la mañanera del lunes. Ayer, ¡oh casualidad! Canal 11 presentó una investigación periodística sobre la actuación de Cossío como ministro de la Corte, basada en hechos recientes y que generaron gran indignación en la opinión pública, y presentó los mismos casos señalados por López Obrador: guardería ABC, Florence Cassez, la aprobación de la llamada ley Televisa, Roberto Gil y Atenco.
Los temas que un integrante de la Presidencia investigó sobre el ministro en retiro a petición del mismo López Obrador.
Es decir, los medios públicos que preside Jenaro Villamil al servicio de los juicios sumarios de la mañanera, pero disfrazados de investigaciones periodísticas. ¿Le suena? A mí sí. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
La estrategia política del Presidente para descalificar a quienes él considera sus adversarios es siempre la misma, lo que varía es la reacción de los descalificados.
En las últimas dos semanas ocurrieron un par de situaciones cuyo resultado está siendo opuesto, no por la embestida presidencial sino por respuesta de las personas interpeladas.
El viernes 19 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los informes de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del año 2019. Veinticuatro horas después, el Presidente tronó en privado contra el auditor superior David Colmenares Páramo, y en la conferencia mañanera del lunes 22 acusó públicamente a los funcionarios de la ASF que estimaron los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de ser comparsa interesada de los opositores a la cuarta transformación.
Esa misma tarde, contrita y genuflexa, la Auditoría emitió un comunicado (sin firma autógrafa) desdiciéndose de la cifra y abjurando de la metodología utilizada. Luego vino el cese provisional del auditor especial del desempeño, Agustín Caso, proceso que habrá de resolverse esta misma semana, si antes no se presiona a este funcionario a firmar —ahora sí con su puño y letra— la renuncia. (Ricardo Raphael, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Un gran respiro ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio del presidente Joe Biden de que, en breve, dará a conocer a cuáles países Estados Unidos apoyará con dosis de vacunas antiCovid.
López Obrador se ha visto ansioso y desesperado porque las vacunas que había anunciado que estaban listas para todos los mexicanos, no llegaron, y provocó retrasos en el plan de vacunación.
Dos veces en privado y dos veces en público, López Obrador se las ha pedido a Biden, quien no lo trató con deferencia. Inclusive, después de su encuentro virtual el 1 de marzo, cuando le solicitó vacunas como solidaridad con México, recibió una respuesta que el tabasqueño consideró poco diplomática y cordial.
Lo que él mismo hizo con Biden, ahora no le gusta que se lo hagan. La diferencia es que el estadounidense optó por privilegiar a sus compatriotas y el mexicano, cuando la elección presidencial, a Donald Trump.
El desencuentro con Biden, quien en esa reunión ni siquiera abrió la puerta para que López Obrador continuara hablando del tema, motivó que surgieran varias propuestas para poner presión pública sobre Estados Unidos y, sobre todo, a las empresas farmacéuticas.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le sugirió que en la mañanera admitiera que México no tenía suficientes vacunas para los mexicanos y que se refiriera a que las empresas farmacéuticas ni habían cumplido con el número de dosis pactadas, ni tampoco en los tiempos de entrega.
Pero reconocer que había fallado en algo prometido, no lo iba a hacer. López Obrador le dijo que fuera él quien presionara a las compañías.
Durante todo este tiempo López Obrador ha ganado tiempo con la esperanza de que Biden se apiade de él. El jefe de la Casa Blanca ya volteó a ver a México y Canadá como, quizá, los primeros beneficiarios de las dosis que tiene Estados Unidos acaparadas.
Pero la óptica es geoestratégica, como lo han venido señalando algunos diputados, como el texano Vicente González, quien ha insistido a Biden que apoye a sus socios comerciales. Tiene una racionalidad: si Estados Unidos está acelerando la vacunación masiva para poder reabrir la economía y retomar el crecimiento, necesita que sus socios norteamericanos no se queden rezagados. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)
El toro no es como lo pintan. Salió manso. Félix Salgado Macedonio prefirió cancelar el acto de campaña que tenía programado ayer en Taxco hasta nuevo aviso.
El candidato de Morena al gobierno de Guerrero alegó que no había condiciones para celebrarlo.
“Hay grupos cuyos intereses y fines son los de crear inestabilidad social y política en nuestro estado”, escribió en Twitter.
Lo cierto es que las acusaciones de violación lo persiguen donde vaya. Feministas indignadas lo cercan en todos lados.
Reportes procedentes de Taxco indican que le tenían preparado un acto de protesta en el zócalo de esa localidad. “Ningún agresor en el poder”, decía una manta colgada en el monumento al escritor Juan Ruiz de Alarcón, oriundo de la ciudad guerrerense.
Otras dos manifestaciones se organizaban en las entradas de Taxco para impedir su ingreso.
Con ese comité de recepción, Salgado prefirió posponer su acto de campaña y escribir en el mismo tuit:
“Hago un atento llamado a los tres niveles de gobierno a fin de que se genere el ambiente propicio para poder llevar un proceso electoral pacífico y en armonía”.
Peor. La cúpula de Morena no lo arropa. En los actos que ha realizado en la campaña oficial no se han aparecido ni Mario Delgado ni Citlalli Hernández. Nadie destacado del CEN. ¿Le sacan al quemón? Es pregunta. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
En un oficio que firmó en julio pasado, el subsecretario Hugo López-Gatell giró instrucciones de cómo deben ser manejados los casos de médicos que presenten síntomas de coronavirus. Específicamente, aquellos que se encuentran en unidades de atención.
El documento, enviado a los secretarios de Salud de todos los estados y del que tengo copia —que se puede consultar al final de este texto—, explica que si un médico presenta síntomas debe realizarse una primera prueba de Covid en estricto aislamiento domiciliario. Si la prueba sale negativa, el médico debe reincorporarse a sus labores “hasta cumplir 72 horas sin fiebre, sin tratamiento antipirético”, y reforzar las medidas básicas de prevención y uso de equipo de protección personal (EPP). Si la prueba sale positiva, la instrucción de López-Gatell es: “retorno a labores al cumplir 10 días del inicio de los síntomas y 72 horas sin fiebre, sin tratamiento antipirético, reforzar medidas básicas de prevención y uso de EPP”. En letras rojas y más grandes señala: “no es necesaria la toma, ni resultado de una segunda muestra”. Es decir, establece claramente que los médicos en unidades de atención no deben realizarse una segunda prueba ni esperar a sus resultados para regresar a su trabajo.
¿Qué hizo López-Gatell cuando se contagió? Justo lo contrario: se realizó una segunda prueba antes de volver a sus labores presenciales. Lo divulgó él mismo.
Si bien el subsecretario no es médico en unidad de atención, y por tanto esta disposición no aplica para él mismo, lo que ha enojado a personal médico del país que recibió esta circular es que un subsecretario que se la pasa en su oficina tenga acceso a privilegios prohibidos para quienes están en la primera línea de fuego cuidando la salud de la gente y expuestos a mayores riesgos.
La indignación crece aún más cuando López-Gatell explícitamente contradijo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para hacer muchas pruebas. “Test, test, test” (pruebas, pruebas, pruebas), dijo el director de la OMS el 16 de marzo del año pasado. “Este mensaje de test, test, test, sin mayor calificación técnica, sin un documento, porque no han sacado un documento, qué daño le han hecho a todo el mundo”, refutó con su característica suficiencia López-Gatell a los tres meses, el 10 de junio en entrevista con la agencia EFE. México sigue siendo uno de los países del mundo que menos pruebas realiza.
El oficio que se revela en esta columna, en el que se recomienda no hacer segundas pruebas, tiene fecha 15 de julio de 2020, folio: SPPS-2609-2020, asunto: “Algoritmo diagnóstico y alta sanitaria personal de salud”, está dirigido a los secretarios de Salud de las entidades federativas y firmado por el subsecretario federal Hugo López-Gatell.
Señala que se envía “en cumplimiento a las indicaciones del Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, y en el marco de atención integral a la epidemia causada por el virus, SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional”. En la carta introductoria se resalta lo que viene en letras grandes y rojas en el documento adjunto, en el sentido de que no hace falta hacer una segunda prueba Covid al personal médico contagiado. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Mientras la Sección Instructora de la Cámara de Diputados avanza en el juicio de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, y los legisladores federales se preparan para escuchar este viernes los testimonios e informes de Santiago Nieto, de la UIF, y de Carlos Romero, de la Procuraduría Fiscal, dos de los arietes de la 4T que sostienen la denuncia de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, en el ámbito jurídico y constitucional aún no se resuelve el debate sobre quién tiene la última palabra para que el Ministerio Público Federal pueda detener y procesar penalmente al mandatario panista.
Si bien en la Fiscalía General de la República sostienen la tesis defendida por varios juristas y constitucionalistas importantes, de que en cuanto la Cámara de Diputados apruebe por mayoría el desafuero, ellos podrán proceder de inmediato para solicitar a un juez la detención de Cabeza de Vaca, lo que se calcula ocurriría en dos meses y medio, es decir a finales de mayo próximo, en Tamaulipas, tanto en la oficina de gobernador como en el Congreso Local, se sienten seguros porque afirman —como también lo hace otra corriente importante de abogados y juristas de renombre— que aun cuando la Sección Instructora y la mayoría del pleno de San Lázaro declaren el juicio de procedencia, la decisión federal tendrá que ser enviada a los diputados locales para que ellos decidan, en otra votación, si proceden o no las acusaciones contra el mandatario tamaulipeco.
El debate constitucional y legal aún no resuelto no es algo menor, pues dependiendo de la posición que se tome se generan distintos escenarios en este juicio de procedencia contra un gobernador en este caso de oposición. Por ejemplo, si la FGR decide hacer valer su punto de vista y procede con base en él, en cuanto la mayoría morenista declare la procedencia de las acusaciones, entonces veríamos en mayo un operativo federal para detener, probablemente en el Palacio de Gobierno o en su casa de Ciudad Victoria a Cabeza de Vaca, en algo que sería histórico y que provocaría sin duda una confrontación política y hasta de fuerza entre la Federación y el estado de Tamaulipas por la resistencia que opondrían en la entidad a esa posible orden de detención.
Por el contrario, si el Congreso de Tamaulipas decide hacer valer su posición, azuzado por el propio gobernador panista, entonces veríamos un segundo procedimiento de votación entre los diputados locales en el que claramente la mayoría panista de legisladores locales declararía improcedente el desafuero y las acusaciones en contra del Ejecutivo de su estado, con lo cual también habría confrontación no sólo con la FGR y el gobierno federal sino con la Cámara de Diputados que reclamaría su supremacía constitucional.
Un tercer escenario posible en este caso es que, en medio del choque de posiciones y ante una controversia de tipo constitucional, el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia y esta tenga que resolver el debate sobre constitucionalidad, lo que supondría esperar varios meses a que los ministros recibieran los posibles recursos o acciones de inconstitucionalidad de las partes, los aceptaran y los discutieran en el pleno para dar un fallo que termine con las dudas que hoy genera el artículo 111 de la Constitución que establece la facultad de la Cámara de Diputados para declarar el juicio de Procedencia y la legislación secundaria que regula ese artículo que es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En ese caso la detención de Cabeza de Vaca tendría que esperar una resolución de la Corte y mientras eso ocurre transcurrirían las elecciones federales y locales del 6 de junio que aparecen también de fondo y como contexto de todo este proceso. Ya se vería, en caso de que ocurriera este último escenario, el efecto que tendría todo este proceso de acusación y desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas y si el tema beneficia a Morena, como algunos piensan que es el cálculo, o si por el contrario el dominio del PAN y del gobernador se fortalece en Tamaulipas ante la amenaza federal al mandatario local.
Pero en medio de todo el debate y de los escenarios que se advierten, hay abogados que han empezado a mencionar un artículo, el 28 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos que reproduce las partes sustantivas del 111 Constitucional pero en el párrafo relativo al procedimiento de desafuero de servidores públicos locales (el gobernador, entre otros) reproduce el texto constitucional de que la declaración aprobada por la Cámara “tendrá el efecto de que se comunique a la Legislatura de los estados para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda (eso es igual a lo que dice la Constitución, pero agrega) y, “en su caso, ponga al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo”.
Esa última frase, contenida en el artículo 28 de la ley secundaria, cuando dice “en su caso ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo” le daría, según la interpretación, la facultad al Congreso local de tomar la decisión final y decidir, en una segunda votación, si “en su caso” proceden las acusaciones contra el gobernador Cabeza de Vaca y si debe o no ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Este agregado que hace la ley reglamentaria clarifica con precisión que sí debe haber una segunda parte del procedimiento a nivel local y que quien debe —en su caso— poner a disposición de la FGR al gobernador no es la Cámara de Diputados federal sino el Congreso local y se trata de una ley aprobada por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados incluida, desde fines de diciembre de 1982 (hace 38 años en el gobierno de Miguel de la Madrid), de manera que ahora la Cámara no podría reclamar una competencia propia que no reclamó cuando se aprobó esa ley.
Veremos cómo avanza el juicio de procedencia y cómo se decantan los distintos escenarios en un caso que se volverá paradigmático y en el que la pregunta aún sigue en el aire, ¿caerá o no la Cabeza de Vaca?
NOTAS INDISCRETAS…
Con más presión presidencial que claridad, en Campeche las autoridades estatales anunciaron el plan para un regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica en cuanto pasen las vacaciones de Semana Santa. El plan que contempla una serie de medidas sanitarias, comienza con un programa de “asesorías académicas” para los estudiantes, más que clases presenciales, y cuando se trata de explicar la ruta académica que seguirán en este regreso a clases, el programa de la Secretaría de Educación de Campeche no tiene ninguna claridad ni puntualiza exactamente cuáles son los rezagos educativos y académicos que atenderán los maestros para tratar de revertir el daño y el retraso que han sufrido los niños durante el año que han tenido que tomar las clases a distancia o por la televisión.
Es decir, que mientras la SEP y su nueva titular, la maestra Delfina Gómez, no tienen un plan ni una ruta clara para el regreso a clases presenciales, y la maestra Gómez anda más preocupada por recortar personal y cumplir con la “austeridad republicana”, la realidad es que el momento para que los niños regresen a las aulas a tomar clases presenciales en todo México se ve cada día más lejano, y los programas piloto que inician en Campeche se están haciendo con más voluntarismo que claridad académica y educativa…
Por cierto, antes de que se fuera a Washington, donde ya despacha como embajador, a Esteban Moctezuma le había encargado el Presidente dejar listo el plan para el regreso a clases presenciales en Campeche. A juzgar por el programa tan impreciso e incompleto que están anunciando las autoridades campechanas, se ve que don Esteban no hizo la tarea y que su sucesora, la maestra Delfina, nomás no parece considerar una prioridad un regreso a clases porque trae la mira puesta en otros objetivos ideológicos de la 4T…
Al diputado panista de Michoacán, Javier Estrada, lo desconocieron ayer hasta su propio partido, luego de que el coordinador de los diputados blanquiazules en el Congreso de Michoacán fuera grabado diciendo que no estaba de acuerdo con la revisión de los gastos de los diputados que realizó la Auditoría Superior de la Federación de Michoacán.
“El dinero público yo me lo puedo gastar como quiera y con quien quiera, hasta con putas si quiero”, dijo el coordinador panista en el Congreso local. Ayer el CEN del PAN y sus propios compañeros de bancada en el congreso michoacano pidieron su destitución, no sólo por su tono machista y misógino, sino por la forma en que el legislador concibe el ejercicio de su representación popular. En el fondo también Estrada dejó en ridículo no solo a la política, sino a la imagen de puritanos y moralinos que históricamente tienen los panistas… Se baten los dados. Serpiente. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 13)
Zaldívar y la Constitución // La ayuda a los extranjeros // Los Chicago Boys de hace 25 años
Si para el ministro Arturo Zaldívar lo que advierte la Constitución respecto a las razones por las que se puede perder la nacionalidad mexicana no resta libertad y autonomía a los jueces, estos juzgadores seguirán tomando decisiones que podrían ser contrarias al interés de los habitantes del país.
Esto porque el artículo 37 de la Carta Magna, en el que se especifica que uno de los motivos por los que se puede perder la nacionalidad es ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero.
Y es que en el litigio sobre la ley que trata el asunto de la industria eléctrica debe tomarse en cuenta que los abogados que han dado la cara por el juez González Fierro también han apoyado una ilegalidad, porque todos ellos saben a la perfección que los amparos no se otorgan con carácter general, sino sólo al quejoso.
Pero no nada más. La suspensión otorgada, según algunos abogados consultados, es inconstitucional e ilegal porque, como decíamos, la ley de amparo no permite la suspensión de su vigencia con efectos generales y validez en todo el país. (Miguel Ángel, Vázquez, La Jornada, p. 30)
Reformar a fiscales y jueces // Más leyes no garantizan cambios// Presión al Poder Judicial // Mineras reticentes
Al mismo tiempo que el Presidente de la República sostiene y acrecienta su diferendo específico con el Poder Judicial de la Federación (sobre las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la suspensión provisional en su contra, emitida primero por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, y luego reiterada en varias resoluciones por su homólogo Rodrigo de la Peza), el Poder Legislativo federal procesa modificaciones legales referidas a la procuración y la impartición de justicia, es decir, al respectivo ámbito de la Fiscalía General de la República y del citado Poder Judicial.
Los enunciados de las modificaciones legales en curso fueron considerados positivos por la mayoría legislativa, casi unánime (118 votos en favor y uno en contra, del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza), sobre todo al sostener a la FGR como partícipe de planta en mecanismos y comisiones de defensa de los derechos humanos, de búsqueda de desaparecidos, de violencia contra las mujeres, de trata de personas y defensa de periodistas. Y, en el tema del Poder Judicial de la Federación, se avanza en cuanto al freno del crónico nepotismo practicado ahí y en la tipificación de otras conductas de corrupción y abuso que han persistido en ese ámbito.
Sin embargo, como bien lo sabe la mayoría de los mexicanos, en México no basta con la aprobación de leyes y más leyes. La máxima belleza jurídica que se construyera correría el riesgo de quedarse en mero enunciado, ante la aplastante realidad práctica del triunfo del poder del dinero y las influencias sobre la sapiencia o la literalidad jurídicas. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
El Servicio Exterior Mexicano es uno de los cuerpos diplomáticos más profesionales que existen, integrado por mujeres y hombres comprometidos con la defensa de los intereses de nuestro país y la protección de nuestros connacionales en el mundo. Además, históricamente ha sido un espacio de reclutamiento, formación y exportación de talento para organismos internacionales: una verdadera cantera de servidores públicos de alto nivel.
En días recientes, la embajadora Socorro Flores Liera rindió protesta como Jueza de la Corte Penal Internacional. Tras un riguroso proceso de selección en el que superó a casi 20 candidatas y candidatos, se convirtió en la primera jueza mexicana en ocupar un asiento en el tribunal encargado de juzgar crímenes de trascendencia internacional, como el genocidio.
Se trata de un caso ejemplar, pero no inusual. Una breve revisión histórica basta para constatar que la llegada de funcionarios mexicanos a las instituciones multilaterales no es novedoso; al contrario, es una tradición bien arraigada en nuestro Servicio Exterior.
El Servicio Exterior Mexicano no sólo debe entenderse como un orgullo nacional, sino como un activo de la gobernanza global. La comunidad internacional puede confiar en que siempre encontrará en nuestros connacionales a funcionarios de primer nivel para conducir sus esfuerzos institucionales. Este valor agregado de la diplomacia mexicana no sería posible sin la independencia del Servicio Exterior como un cuerpo profesional ajeno a coyunturas particulares o programas de gobierno. Se trata de un auténtico capital humano del Estado Mexicano, que debemos valorar, proteger y fortalecer. (Claudia Ruiz Massieu, El Heraldo de México, La Dos, p. 2)