Diez días antes de conceder suspensiones provisionales contra la Ley de la Industria Eléctrica, los magistrados corrigieron la plana al juez Juan Pablo Gómez Fierro, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aseguró que esta observación, hecha sobre un asunto similar al que ahora se analiza, será anexada a la solicitud de revisión de la actuación del juzgador.
Esto lo tiene que resolver (el Consejo de) la Judicatura; sólo lo expongo porque se rasgan las vestiduras diciendo que (la solicitud de investigación) es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir, señaló. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p 8)
Aunque las familias de personas desaparecidas lograron que, en su nueva ley, la Fiscalía General de la República (FGR) no se desligue por completo del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la norma aprobada en el Senado todavía genera suspicacias, pues el dictamen no se dio a conocer en su totalidad y contiene posibles contradicciones, advirtieron organizaciones civiles.
Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, destacó que tras la presión de colectivos y parientes de víctimas, la FGR se vio obligada a hacer cambios en la propuesta original de ley y no desvincularse totalmente del SNB.
Sin embargo, las familias siguen con las antenas bien puestas, revisando la letra chiquita de la nueva norma, sobre todo porque el dictamen –de más de 500 páginas– nunca se dio a conocer en su totalidad a las organizaciones no gubernamentales, lo cual hace pensar que la FGR no quiere que éstas tengan un panorama completo del texto. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.10)
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a Fernando Omar Garrido Espinoza, ex titular de segundo tribunal tributario de Nayarit, por presunta violencia sexual grave y prolongada contra colaboradoras de ese tribunal.
El ministro Arturo Zaldívar, presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), señaló en su cuenta de Twitter que el organismo tendrá cero tolerancia a la violencia de género en el PFJ. (César Arellano y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.10)
En cada uno de los cinco sorteos que realiza Morena para definir la lista de sus candidatos a diputaciones federales por la vía plurinominal, la Comisión de Elecciones reservó los primeros 20 espacios para postular por designación a 10 mujeres y 10 hombres con perfiles que potencien adecuadamente su estrategia político-electoral.
Ayer, el partido empezó los procesos de insaculación para las primeras dos circunscripciones, entre los morenistas que se registraron para participar en la tómbola en busca de contender por una diputación federal por el principio de representación proporcional, espacios que se definirán con base en la cantidad de votos que obtenga el partido en los 300 distritos electorales.
Al encabezar dichos sorteos, Rafael Estrada Cano, secretario técnico de Morena, indicó que los primeros lugares fueron reservados para cumplir con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, en los que mandata cumplir con acciones afirmativas en materia de paridad de género, así como de impulso a candidaturas de personas indígenas, migrantes, de la diversidad sexual, afromexicanos, con discapacidad y jóvenes. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.11)
Por unanimidad, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley General de Mejora Regulatoria, que establecen un estándar de atención que deberán seguir los servidores públicos encargados de trámites o servicios, a fin de impedir que se conduzcan con prepotencia o indiferencia ante las necesidades de la población.
“Con ello, se cierra un espacio a la corrupción, a mordidas y tranzas”, porque se limita la discrecionalidad en el actuar de los funcionarios, comentó en tribuna la panista Minerva Hernández, al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Economía.
Insistió en que esa reforma, aprobada con 109 votos en favor, busca hacer más eficiente la política pública de mejora regulatoria, de forma que en la atención de sus trámites los ciudadanos reciban trato digno y adecuado de las instituciones de gobierno. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.11)