INE y el orden a las mayorías
Resulta que los consejeros del INE aprobaron un acuerdo que frenará la sobrerrepresentación de los partidos en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados. El consejero Ciro Murayama detalló que desde 1996 la Constitución plantea que ningún partido político puede tener más de un 8% de diputados respecto a su porcentaje de votación; es decir, “si alguno tuvo 30% no puede tener más del 38% de los asientos”. El consejero detalla que la disposición constitucional se ha vulnerado por la existencia de las coaliciones, y puso de ejemplo que, en la actual Cámara de Diputados, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 44% de los votos y sin embargo recibió el 62% de los diputados. Afirmó que las coaliciones permiten que los partidos más votados “disfracen” sus triunfos de mayoría relativa y eso les permita tener muchos diputados de representación proporcional. Pero con lo acordado anoche, la norma se empezará a respetar, nos comentan.
Con la novedad de que el canciller Marcelo Ebrard realizó ayer un par de movimientos de relevancia en su Secretaría, que además abren la oportunidad de que se consoliden nuevos liderazgos. Como nuevo jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores, espacio del que salió hace unos días Fabián Medina, designó a Daniel Millán. Este último ocupaba la Dirección de Comunicación Social y realizaba un trabajo destacable. Fue quien sucedió a Roberto Velasco en esa posición, cuando éste fue nombrado director para América del Norte. En el espacio de Millán queda un funcionario también muy solvente, Esteban González Mancha, quien se ha desempeñado en la SRE como director de Educación e Innovación y director de Enlace Institucional.
Y fue el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, quien salió a hacerle frente a los dichos de El Cholo, presunto narco que —forzado por otro— dijo en un video difundido en redes sociales que es fundador del Cártel Nueva Plaza y que habría tenido acercamiento con el jefe policiaco capitalino. García Harfuch afirmó que, de inicio, el mensaje es falso y que su compromiso con la sociedad es firme , así como el combate a la delincuencia “hasta las últimas consecuencias”. El titular de la SSC señaló que no lo van a “distraer mensajes falsos de los criminales”. Y efectivamente, el funcionario dedicó muy poco espacio en en tuit y siguió en otras cosas.
El sismo de anoche recordó a muchos que los daños causados por la naturaleza no tienen una solución inmediata; que es necesaria la atención y seguimiento de las autoridades. Y eso, nos dicen, es justamente lo que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Jorge Arganis Díaz Leal a la cabeza, en Tabasco. Las fuertes lluvias que se registraron entre septiembre y noviembre del año pasado en la entidad dejaron severas afectaciones en la red carretera tabasqueña y la SCT ha estado atenta a los trabajos de reparación y en otros casos de reconstrucción. Arganis Díaz Leal ayer supervisó los avances en la reconstrucción en diversos tramos: recorrió la carretera Villahermosa-Escárcega-Teapa-Villahermosa y constató que la reconstrucción, en la que se han invertido 187.7 millones de pesos ya tiene un avance de más del 46 por ciento. Además, existen otros 23 tramos donde se realizan obras de rehabilitación. Avanza la SCT en Tabasco.
Resulta que la alcaldía Xochimilco, que encabeza José Carlos Acosta, publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX “que el uso de cubrebocas es obligatorio dentro de la Alcaldía Xochimilco”. El bando también señala que el cubrebocas deberá ser usado, entre una larga lista, en plazas, áreas verdes o comunes, jardines, parques, senderos, calles, avenidas, tianguis, bazares, comercios en vía publica, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento. Sin embargo, la medida no gustó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien si bien consideró que cada alcaldía es autónoma, afirmó que abordaría el asunto con Acosta. Es más que conocido que aunque desde la CDMX se defiende el uso de cubrebocas, incluso a contracorriente de algunas posiciones en el Gobierno federal, el tema de la obligatoriedad por decreto no gusta nadita. Así que horas más tarde, desde la alcaldía se anunció que la medida quedaba sin efecto.
Cuentan que los golpes asestados por el aparato de justicia de la Ciudad de México contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Diana Sánchez Barrios, de quienes se cuestiona su historial, pegan en la línea de flotación del sector popular del priismo en la capital. Y es que Gutiérrez de la Torre se convirtió en figura destacada del Movimiento Territorial, organización del PRI descrita como una estructura “que orienta sus actividades a los asentamientos humanos en áreas urbanas y tiene por objeto impulsar y conducir la participación de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida”. Diana Sánchez es hija de la poderosa lideresa del comercio informal en el primer cuadro de la capital Alejandra Barrios Richard, quien fue diputada en la otrora Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y llegó a ser secretaria de Operación Política del PRI capitalino. La estructura territorial tricolor, que desde hace varias elecciones luce mermada en la capital, a poco más de dos meses de las elecciones la tendrá difícil para levantar cabeza. Al tiempo. (La Razón, Editorial, p.2)
Acuerdo en puerta
Nos adelantan que el próximo martes se realizaría el acto oficial del Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente López Obrador, para que él y los gobernadores estatales se comprometan a no intervenir en las campañas políticas y en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Sólo están afinando detalles y falta decidir si será presencial o virtual.
La Guardia, aprobada
Buena recepción ha tenido la Guardia Nacional, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha recibido peticiones para ampliar su operación. Los datos indican que 8 de cada 10 personas en México aprueban el trabajo de seguridad de ese cuerpo, lo cual la llena de satisfacción. Las solicitudes, nos dicen, se están analizando.
Irma, en foro mundial
Nos platican que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, representó al gobierno mexicano en la reunión de alto nivel sobre integridad financiera, en la que se presentó el Informe sobre Rendición de Cuentas y Transparencia, en el marco de la agenda 2030. En el evento, la mexicana dio a conocer las acciones de la 4T contra la corrupción.
Como dice una cosa…
Más tardó el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, en ordenar el uso obligatorio de cubrebocas en la demarcación, que en echarse para atrás. Y es que, al conocer la noticia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo, por lo que el alcalde decidió revocar su propia instrucción, publicada en la Gaceta Oficial de Ciudad de México. (El Heraldo de México, Editorial, p.2)
AMLO cede otro pedazo a los militares
Cuando ayer le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de que un tren ligero en Xalapa, Veracruz, fuera construido por ingenieros militares, el mandatario dio un rotundo no, porque ellos, dijo, ya tienen muchísimo trabajo. Y es que en la presente administración se les ha juntado la chamba a los militares, quienes ya construyen el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía; así como los cuarteles de la Guardia Nacional, las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, los canales de riego en Nayarit, 700 kilómetros del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, además de sus tareas de seguridad y apoyo en desastres naturales y la contingencia contra el Covid-19. Pero no pasó ni un día cuando López Obrador, otra vez, les asignó una tarea a los de uniforme. Esta vez, anunció que tanto la operación del Tren Transístmico como la propiedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec serán para la Secretaría de Marina. Lo bueno es que no hay militarización en México.
¿Y los demás gobernadores?
El titular de la Unidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, rechazó que haya una persecución política contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al participar como testigo en la diligencia que organizó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para el desahogo de pruebas por este proceso de desafuero, Nieto Castillo adelantó que ya presentó otras tres denuncias contra gobernadores en funciones por diversas irregularidades con sus finanzas y precisó que no es el primer caso. Sin embargo, es la Fiscalía General de la República, nos dicen, la que sólo ha decidido hacer público e indagar el caso del funcionario tamaulipeco. ¿Algo contra algún gobernador “moreno”? Antes de las elecciones, nos adelantan, seguramente no.
Preparan vacaciones en el Senado
El Senado de la República ya tiene todo listo para irse de descanso con motivo de la Semana Santa. Para ello, se realizarán tres sesiones la próxima semana con la idea de que los senadores desahoguen la agenda y se vayan de vacaciones sin ningún pendiente. La Mesa Directiva convocó a la próxima sesión del Pleno para el martes 23 de marzo; al día siguiente habrá doble sesión: una ordinaria y otra solemne, para recibir al presidente de Bolivia, Luis Arce, quien realizará una visita oficial a México. El jueves será la última sesión ordinaria antes de que los legisladores hagan maletas y se tomen una semana de asueto. Eso sí, regresando les esperan otras tres sesiones entre el martes 6 y el jueves 8 de abril. (El Universal, Opinión, p.2)
El discurso del Presidente en tono amenazante, diciendo que si su reforma eléctrica llega a ser considerada inconstitucional, no pasa nada porque mandaría a reformar la Constitución, es mucho más que un desplante autoritario o un exceso discursivo de López Obrador. Más que amenaza, lo que mandó el inquilino de Palacio, para dejar claro de qué tamaño es para él el tema eléctrico, es un aviso de la confianza y seguridad que en este momento tienen en Palacio, de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones de junio: Morena se lleva todo y ratifica su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Ese el mensaje de fondo de López Obrador y eso es lo que le dicen sus encuestas internas de la Presidencia y las que manda a realizar también el general Audomaro Martínez en la CNI que, como el antiguo Cisen, tiene un área dedicada a medir el pulso electoral. El tono presidencial puede parecer autoritario, imperial y soberbio, pero de ese tamaño es la certeza que siente en estos momentos el Presidente de que, a partir de junio y en la segunda mitad de su gobierno, podrá contar con una mayoría calificada en San Lázaro que le permita iniciar la segunda parte de su “Cuarta Transformación” con una serie de reformas constitucionales que consumarán su proyecto político y de gobierno.
Y es que el Presidente está decidido a imponer, como sea, su reforma eléctrica que es parte esencial de lo que él considera el nacionalismo y la soberanía energética. Por eso está adelantando incluso el escenario más catástrofico para su Ley de la Industria Eléctrica que está siendo fuertemente torpedeada por una ofensiva jurídica en la que no sólo participarán empresarios nacionales y extranjeros, sino gobernadores, opositores y organizaciones civiles que apoyan el embate contra la nueva ley. Cuando López Obrador dice que si la Corte rechaza su reforma y la declara inconstitucional promueve una reforma Constitucional, es porque está apostando al extremo, porque confía en que va a refrendar su mayoría.
Pero ese desplante es más bien un blofeo con el que el mandatario nacional quiere dejar en claro hasta dónde está dispuesto a llegar en la defensa de su reforma. Porque antes de pensar en un fallo adverso de la Corte, en Palacio Nacional tienen ya lista una operación para tratar de influir y “convencer” a los ministros afines a la 4T para que voten en contra de las Controversias o Acciones de Inconstitucionalidad que se interpondrán por parte de algunos gobernadores y congresistas de oposición. Ayer mismo, en su conferencia mañanera, se refirió a eso y mencionó que para tumbar su ley, “necesitarían tener mayoría absoluta o dos terceras votos de los ministros de la Corte, con cuatro ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley, y vamos a hacer de este asunto un tema de debate nacional”, advirtió el Presidente.
Ya habíamos comentado en este espacio que para que una acción o controversia de inconstitucionalidad se apruebe y una ley, en este caso la de la Industria Eléctrica, se anule por violar la Constitución, se requieren por lo menos 8 votos de los 11 ministros que analizan y discuten estos temas en la Primera Sala de la Suprema Corte. Y dijimos desde entonces que desde la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que dirige Julio Scherer, ya había cálculos y una operación en marcha para “blindar la reforma eléctrica”, tratando de “amarrar” los votos necesarios, al menos de cuatro ministros, para evitar una declaración de inconstitucionalidad.
Decíamos desde entonces que hay por lo menos cuatro ministros que podían votar contra las acciones de inconstitucionalidad: Yasmín Esquivel, que fue el único voto a favor del llamado Decreto “Nahle”, Juan Luis Alcántara, el presidente Arturo Zaldívar y, probablemente, Margarita Ríos Farjat. Los tres primeros, de entrada, parecerían seguros y en el caso de la ministra Ríos Farjat, sus allegados afirman que ella no vota de manera automática los proyectos de la 4T. Pero aún en el caso de que Scherer solo pudiera garantizarle al Presidente 3 votos, en noviembre termina el periodo del ministro José Fernando Franco y tendrá que ser sustituido, con lo que es casi seguro que llegue otro ministro afín a la 4T.
Esa renovación de un lugar en la Corte juega totalmente a favor del presidente López Obrador y su reforma eléctrica, porque si colocan a un nuevo ministro o ministra rápido, con la aprobación de la mayoría del Senado, el nuevo espacio suma porque sería muy probablemente un voto a favor, pero aún si no lo procesan rápidamente y dejan el espacio vacío, también les suma porque Franco votó a favor del anterior decreto eléctrico y sería un voto en contra menos.
Todo eso lo tenían previsto en Palacio Nacional desde que el Presidente mandó la iniciativa de Ley de Industria Eléctrica como preferente. Sabían que tenían un blindaje en el Poder Judicial y en la Corte para enfrentar la ofensiva legal y por eso se sentía tan seguro el Presidente. Pero ocurrió que el blindaje se rompió por los jueces, los dos de competencia económica que otorgaron las suspensiones provisionales, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, cuya actuación no fue la que esperaban en el Poder Ejecutivo y por eso el enojo y berrinche del Presidente que pidió incluso a la Judicatura investigar al juez Gómez Fierro.
Así es que las encuestas que tienen en Palacio Nacional les dicen que la intención de voto ha ido subiendo para Morena conforme avanza la vacunación en el país y en eso coinciden con otras encuestas publicadas por periódicos y por distintas encuestadoras que arrojan datos contundentes de que el partido de López Obrador podría ganar entre 43 y 45% de la votación nacional para la Cámara de Diputados, lo que le daría una mayoría absoluta con la claúsula de sobrerrepresentación. Y en los estados, salvo dos o tres excepciones donde la oposición, sobre todo el PAN, está dando la pelea (Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur) en el resto de las entidades parece que Morena ganará con relativa facilidad no sólo las gubernaturas sino también los congresos locales. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.9)
Por lo visto, el traspié no fue sólo al subir las escaleras del avión (La Jornada, Contraportada)
Desperdicio. Francisco Pelayo Covarrubias fue diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de 2012 a 2015 y presidente municipal de Comondú de 2015 a 2018. Tiene 51 años y quiere ser gobernador de Baja California Sur. Ha convencido a los miembros del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Humanista y del Partido de la Renovación Sudcaliforniana, quienes lo proponen en candidatura común. La llaman “una gran alianza” y ya hasta se reparten el pastel: dentro de los acuerdos entre las fuerzas políticas se signó que la alcaldía de Los Cabos, Loreto y Mulegé será propuesta por el PAN, La Paz por el PRI, y Comondú por el PRD. ¿Y ya le vieron la cara cuando confiesa en entrevista que no se acuerda de los tres libros que cambiaron su vida, porque “no soy una persona muy afecta a la lectura”? Ja. ¿Y ése es su mejor gallo?
No me ayudes, compadre. Sin que lo llamaran, Martí Batres defendió la constitucionalidad de la reforma a la ley eléctrica y aseguró que “jueces y otras personalidades” que pretenden cuestionarla están equivocados, pues la Constitución somete la participación de los particulares a una planeación y control del sistema eléctrico exclusivos de la nación. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada por diputados y senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, empresas han promovido una serie de suspensiones, por lo que los efectos de ley están detenidos hasta que se resuelvan estos recursos. El asunto ha escalado a niveles muy superiores a lo que representa Batres y la Suprema Corte de Justicia sería la encargada de tomar la última decisión. ¿Batres qué?
Triste realidad. Dice la titular de la CNDH que las acusaciones que pesan sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra “forman parte de una serie de ataques y calumnias que se promueven con fines políticos y aprovechando la ocupación de las oficinas de ese organismo en diversos puntos del país, por organizaciones feministas”. Así se defiende la propia Piedra Ibarra, quien confiesa que la crisis de derechos humanos que se vive en el país no puede resolverse únicamente desde la CNDH. “Es consecuencia de una crisis generada por omisiones del pasado y rescoldos que persisten”, aseveró. Pretendamos no poner eso en duda. ¿Y las omisiones del presente?, ¿las carpetas que involucran a sus amigos y que se esconden en el escritorio?, ¿De eso no habla, señora?
Manchados. El panismo ha atravesado por diversas etiquetas. Suyos han sido los moches, el exceso de alcohol, los golpeadores de Brasil, las fiestas en el Senado, los dipu-tables y toda suerte de tropezones de sus militantes. Y no entienden. Ahora, una empresa de la cual es socia Jovita Morín, presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ganó a modo una licitación de luminarias en la capital de Aguascalientes, mediante un proceso al que acusan de corrupto y viciado. No es la primera vez que el gobierno de la alcaldesa Tere Jiménez cae en un escándalo de este tipo. El año pasado, la regidora Citlalli Rodríguez denunció la compra de 55 mil 716 luminarias con un sobreprecio de 595 mdp. ¿Y Marko Cortés, el líder azul, qué opina? ¿O mejor no opina?
Desacierto. Muchos errores ha cometido Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, desde que se quiso agandallar tres años más en el cargo, mismos que la gente no había votado. Desde entonces y hasta ahora, la racha continúa. Ensenada suma casi un año sin arribo de cruceros. Precisamente en marzo de 2020 se registró la última cifra, 12, cuando ya había estallado la pandemia, dejando a este municipio, cuya vocación turística es vital, hundido en graves problemas. Con la ocupación hotelera más baja de la historia y más de 10 mil empleos perdidos, Ensenada ha corrido con Jaime Bonilla la misma suerte que con otros exmandatarios, el gran olvido. No lo interrumpan. El señor Bonilla está ocupado en aplastar adversarios rumbo a las urnas. Eso sí le sale. (Excélsior, Editorial, p.9)
Hace varios siglos, un monarca de Francia ligeramente más luminoso que nuestro gobernante en turno resumió así la suma de sus potestades: “El Estado soy yo”. Era verdad. Ungido por Dios, reunía todos los poderes: legislaba, administraba y juzgaba. Además, definía la razón de Estado y era el jefe de las fuerzas armadas. Por lo tanto, no exageró al definirse con aquellas palabras.
Dos años atrás descubrimos una pretensión semejante en quien aspiraba a presidirnos. Algunos supusieron que podría traer a México el mismo viento autoritario que sopló sobre Francia bajo aquel monarca. Pero la situación que prevalecía en nuestro país enfiló a millones de electores en favor del cambio prometido. Los discursos sembraron la esperanza.
Hoy transitamos un camino que lleva a la dictadura. Lo anuncian los rumores y los clamores que advierten la nueva condición de una República en acelerado proceso de transformación. Pronto seremos súbditos o vasallos, y dejaremos de ser ciudadanos al amparo de derechos y libertades. El gobernante, residente de un palacio, seguirá encarnando al Estado.
En estos días —pero los vientos soplan desde hace tiempo— vimos muestras del rumbo que se pretende imponer a la República dolida. Es notorio. Lo es tanto para muchos que creyeron, ilusionados, que la travesía llevaría a una Patria más libre y más justa, como para quienes sospecharon lo contrario.
Comencemos por el Legislativo. Los legisladores —pieza fundamental del sistema de frenos y contrapesos— han sido avasallados por el imperio del Ejecutivo, aunque lo hayan aceptado con docilidad. No pueden poner o quitar un punto o una coma a las iniciativas que provienen del único poder efectivo. Hay regla de obediencia ciega. Porque “El Estado soy yo”.
Sigamos por el Judicial. Las disposiciones del Ejecutivo deben ser acatadas por los tribunales, a los que se pretende restar independencia. Cuando incomodan en el ejercicio de sus atribuciones, reciben reproches y amenazas. Se les descalifica ante el pueblo, para que éste reaccione en contra de la justicia. Si no hay acatamiento, habrá reformas constitucionales que abran el curso a la voluntad del soberano: la Constitución a merced del Ejecutivo. Porque “El Estado soy yo”. (Sergio García Ramírez, El Universal, Opinión, p.10)
Crecen las tareas, facultades y atribuciones que el gobierno federal está dando a las fuerzas armadas, esta vez al conceder a la Secretaría de Marina (Semar) la operación del Tren Transístmico y la custodia del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec así como la propiedad del mismo, la cual compartirá con cuatro estados del sureste nacional mediante un acto de escrituración como una forma de prevenir su privatización futura.
Con este candado impuesto desde la presidencia de la República sobre la pertenencia del corredor, se instaura una condición nunca antes vista para una dependencia pública que en teoría sólo debería de estar encargada de tareas de seguridad nacional y que nunca se pensó que llegaría a tener calidad de terrateniente o de socia en una empresa cuya utilidad y potencial económico aún estará por verse.
A las Fuerzas Armadas en su conjunto se le han ido asignando paulatinamente tareas que van desde seguridad, la vigilancia de las fronteras y la edificación de obras insignia como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y las sedes del Banco del Bienestar, así como la custodia y resguardo de las vacunas contra el Covid-19.
Lo preocupante es que varias de esas megaobras se están planeando y ejecuntando sin informar, o consultar a las comunidades que se varán impactadas por las construcciones, lo que ha comenzado a generar protestas y fricciones con los pobladores de Oaxaca, donde se denuncia que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tendrá forzosamente impactos en el medio ambiente por la modernización de las vías del Tren Transístmico, y cuya magnitud y dimensión real se verán hasta que el transporte comience a operar.
El gobierno asegura que las ganancias que generen sus proyectos van a ser para los militares, lo que en algún sentido significa crear una élite, ya que se les está dando una canongía especial cuyo resultado podría ser contraproducente a futuro, pues hay que reflexionar lo que ocurrirá si tales obras fracasan. Esas ganancias que se les prometieron a los militares tendrán que salir entonces del erario público, lo que a la larga redundará en una cuantiosa merma para el país, de un modo similar a como lo fueron y han sido la serie de grandes prestaciones que se han dado en empresas a cargo del Estado, como Pemex y CFE.
Las atribuciones a militares son un puente para perpetuar su influencia e injerencia sobre asuntos públicos, y que podría quebrantar o distorsionar la separación y autonomía que debe haber entre las esferas presidencial y militar. El gobierno debe repensar los pasos que está dando. (El Universal, Editorial, p.10)
Que a las enemistades recientes de Joe Biden con Siria, Corea del Norte y Rusia hay que agregar China, pues la cumbre citada entre las delegaciones de ambas potencias en Alaska terminó en un duelo de reproches, insultos y amenazas, que ponen en entredicho el encuentro del jefe de la Casa Blanca con Xi Jinping para el 22 de abril. Encima, un día después de su choque con Vladímir Putin, el demócrata se tropezó tres veces en las escalinatas del Air Force One. Las aguas están turbulentas.
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando para el próximo martes un acto en Palacio Nacional para celebrar que los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, consistente en términos básicos en que no se meta mano en las elecciones de junio próximo desde el poder. Se espera que participe un grupo plural de mandatarios, pero no los 32, debido a la pandemia y a que algunos no se ponen el tapabocas.
Que será la próxima semana cuando el llamado bloque de contención en el Senado presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucional contra la reforma en materia eléctrica enviada por el Presidente y aprobada por Morena. La bancada de Acción Nacional afirmó que dará la batalla legal para defender el derecho de los mexicanos a la salud, al medio ambiente y a energía barata y limpia, por lo que celebró el fallo del juez segundo de Distrito en Materia de Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, de suspender por tiempo indefinido los efectos generales de la modificación. (Milenio, Editorial, p.2)
“Cualquiera que sea la justificación, el hecho es que fueron mujeres asiáticas quienes fueron asesinadas”, dijo en entrevista para el NYT, Alex Wan, el primer asiático estadounidense en ser elegido como funcionario para el Ayuntamiento de Atlanta. “Todo lo que ha estado rondando en el ambiente, todo este sentimiento anti asiático, ha llegado a un punto crítico con lo peor posible: asesinatos. La población asiática se ha convertido en un objetivo muy fácil y muy visible”. Estas declaraciones surgen tras una serie de tiroteos cometidos por Robert Aaron Long en Atlanta contra tres centros de spa. Ocho personas murieron, todas ellas mujeres, seis de origen asiático. Aunque el atacante, quien había sido cliente de dos de esos spas, indicó que su motivación fue una “adicción sexual”, las autoridades no descartan posibles motivaciones racistas. Y es que es imposible ignorar el contexto. Justo el mismo día de esos ataques un nuevo reporte revela que desde marzo del 2020, se han cometido 3,800 crímenes de odio contra personas asiático estadounidenses en ese país. ¿Por qué ha aumentado ese tipo de violencia en EU? ¿Cómo es el proceso que facilita la comisión de crímenes de odio? ¿Qué relación tienen esos hechos con el supremacismo blanco y el llamado “supremacismo masculino”?
Lo primero es resaltar que, a pesar de que las investigaciones sobre las motivaciones del atacante siguen en curso, es imposible ignorar tres hechos: (1) las ocho víctimas que murieron fueron mujeres y seis de ellas eran de origen asiático, (2) para las mujeres de origen asiático en EU, el racismo y el sexismo, frecuentemente se encuentran entretejidos, y (3) existe un creciente estado de tensión y miedo entre diversos sectores de la sociedad en EU debido al considerable aumento en ambas categorías de crímenes de odio—contra personas asiático-estadounidenses, y contra mujeres (por razones de género). De manera que es natural que los tiroteos de Atlanta sean leídos dentro de ese contexto.
Segundo, el miedo no es un tema menor. La investigación muestra que los seres humanos, bajo condiciones de miedo nos comportamos de maneras peculiares.
Cambiamos nuestros patrones de conducta. Sufrimos afectaciones psicosociales, algunas de ellas con consecuencias físicas. Alteramos nuestras posturas políticas. Las personas que viven con miedo también son víctimas. Por tanto, no solo la violencia, sino también el miedo a la violencia forma parte de la falta de paz. (Mauricio Meschoulam, El Universal, Opinión, p.11)
PARECE que ni la titular de la Segob y ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, ni el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra le han explicado a Andrés Manuel López Obrador que la posible inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica no se resolvería sólo cambiando el artículo 27 a como estaba en tiempos de Adolfo López Mateos.
QUIENES han revisado los amparos contra la nueva legislación cuentan que en ellos se citan también los artículos 4, 5, 25, 28 y 133 de la Constitución. Incluso hay quienes buscan el amparo bajo el argumento de que la nueva ley atenta contra los derechos fundamentales de todos los mexicanos y, ahí sí, no habría reforma que alcanzara para hacer constitucional la ley que tanto defiende el Presidente.
A MENOS que la idea sea hacer una nueva Constitución que elimine algunos “inconvenientes” para el proyecto energético de la 4T, como el derecho a la salud de quienes deben respirar los contaminantes generados por la quema de combustóleo para generar electricidad… por poner un ejemplo.
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¿DE VERDAD alguien se sorprende de que las flamantes sucursales del Banco del Bienestar carezcan de cajeros automáticos para dar servicio a sus clientes? Nomás es cosa de acordarse que las construyó el mismo gobierno que hizo la rifa del avión presidencial sin avión, presentó el plan de inversión en infraestructura sin inversiones y arrancó la campaña de vacunación sin tener vacunas.
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COMPLICADA debe estar la labor del INE de conseguir a suficientes ciudadanos dispuestos a ser funcionarios de casilla para las elecciones del 6 de junio en la CDMX, pues ya comenzaron a invitar a quienes no estaban contemplados.
POR SORTEO, le toca cumplir con esa función a los nacidos en agosto y septiembre que se apellidan con “A”, pero esta semana llegaron notificaciones a personas que nacieron en junio y cuyo primer apellido inicia con “B”.
¿SERÁ QUE el miedo a una tercera ola del Covid-19 está causando que muchos insaculados declinen o que de plano no hay mucho ánimo entre los capitalinos ante las elecciones de medio término? Es pregunta ciudadana.
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HOY, HOY, HOY se celebra el Día Internacional de la Felicidad pero en México no hay muchas razones para celebrar después de la caída del lugar 23 al 46 en el índice mundial que mide la felicidad en 149 países.
A VER si no resulta que en Palacio Nacional tienen “otros datos” y el diagnóstico es que el pueblo sigue “feliz, feliz, feliz”… ¡por decreto presidencial! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Todos tenemos una historia -o cientos- que contar en esta pandemia. La mía termina, felizmente, con una vacuna de Moderna en mi hombro derecho. Esperé mi turno y fue casi un regalo de cumpleaños. Me la pusieron dos días después de cumplir 63 años y cuatro días más tarde de que en la Florida, donde vivo, empezaran legalmente a vacunar a mayores de 60 años. Es una de esas pocas veces en la vida en que conviene no ser joven.
Mi historia comenzó hace un año. El 15 de marzo del 2020 viajé a Washington para participar como uno de los tres moderadores de un debate entre los candidatos demócratas a la Presidencia, Joe Biden y Bernie Sanders. Era una de esas grandes oportunidades que se dan muy pocas veces para un periodista de televisión (y más para mí que trabajo en español).
Y entonces vino la llamada.
Un amigo muy cercano, a quien le había dado un abrazo en su fiesta de cumpleaños, había estado expuesto a alguien que se contagió de coronavirus. En esos días era casi imposible hacerse pruebas rápidas para detectar la enfermedad. Y ante la incapacidad de saber si mi amigo estaba infectado, y si yo lo estaba también, tuve que tomar la angustiosa decisión de cancelar mi participación en el debate. Nadie me hubiera perdonado el contagiar a Biden o a Sanders, que luchaban por la Presidencia contra Donald Trump. “Abundancia de cuidado”, fue la explicación oficial. (Afortunadamente para todos, la periodista Ilia Calderón tomó mi lugar e hizo un trabajo espectacular).
Lo peor, por supuesto, estaba por venir. Más de dos millones y medio de personas han muerto por la pandemia en el mundo. Ese maldito virus vuela y se cuela. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
En cualquier país, la masacre de 13 policías por bandas del crimen organizado detonaría una crisis mayor, prendería todas las alarmas, provocaría renuncias. Aquí no pasa de una condena. Sale barato matar.
El crimen organizado se siente muy a gusto con la estrategia de abrazos no balazos. Les asegura un alto grado de impunidad. Ya controlan, según estimaciones de Washington, entre 30 y 35 por ciento del territorio nacional.
Si las autoridades federales no pueden con los malosos, menos las estatales y las municipales.
México aparece en el lugar 60, entre 69 países medidos, en el índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas de Puebla.
La brutal masacre, ocurrida en la localidad mexiquense de Coatepec Harinas, el pasado jueves, apenas despertó interés en redes y sólo fue primera plana en cinco de 18 medios nacionales analizados. Ni uno sólo le dio la nota principal. Un síntoma de la normalización de la violencia en este país.
“Causa en Común”, que encabeza María Elena Morera, documentó que el asesinato de los policías no es un hecho aislado. Desde el 2018 han matado a 1,531 agentes. La mayoría ha quedado impune.
“Los policías tienen cinco veces más riesgo de ser asesinados que cualquier otro ciudadano. Si no nos importan los policías, ¿cómo podemos pedirles que nos protejan? ¿Cómo exigirles que cuiden de nuestra vida cuando no nos indigna que los maten?”, preguntó la activista. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Cotidianamente nos topamos con evidencias sobre el éxito que las etiquetas presidenciales tienen en la conversación popular y en la descalificación de diversos actores e instituciones.
Ese efecto se acentúa entre funcionarios y responsables de entes públicos, atentos a la alineación que establece el jefe del Ejecutivo en torno a medios, intelectuales, empresarios y órganos autónomos.
Así que de pronto hay quienes prefieren no darle entrevistas a algún diario o periodista calificado como conservador; activistas que antes valoraban el trabajo de algún organismo anticorrupción, pero que ahora evitan relacionarse con éste, porque ha recibido taches en Palacio Nacional; o seguidores de personajes que inhiben sus “me gusta” porque se trata de proscritos del poder.
A esta lista añadiremos, esta vez —con azoro, tristeza y preocupación—, a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que, argumentando sobre carga de trabajo, este año decidieron romper la colaboración que desde 2009 sostenían con el Instituto Nacional Electoral (INE) en la tarea de auditar la consistencia técnica del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares).
Aun cuando institutos, facultades y la propia rectoría del doctor Enrique Graue impulsan con nuestro árbitro electoral diversas iniciativas académicas, de divulgación, monitoreo y el registro del voto por internet de los mexicanos en el exterior, no deja de ser sintomático que la UNAM desista de mantenerse como protagonista de un ejercicio tan relevante como es el de conocer la misma noche del 6 de junio cómo vienen los resultados. (Ivonne Melgar, Excélsior, Opinión, p.7)