Ayer se firmó en Palacio Nacional un Acuerdo que nació muerto. El presidente y todos los gobernadores firmaron un breve texto en el que se comprometen a no interferir en el proceso electoral y vigilar que los recursos públicos no se utilicen para los partidos y candidatos que compiten en los comicios del primer domingo de junio. Se llamó Acuerdo Nacional por la Democracia.
México es un país en el que siempre se han tenido que hacer acuerdos políticos con bombo y platillo… para cumplir la ley. Eso de no interferir en las elecciones y no usar recursos públicos a favor de un partido es sencillamente lo que ordena la Constitución.
Ese Acuerdo no va a aguantar dos “mañaneras” sin ser violado. Primero, por el presidente de México, que no se puede contener. Él vive en modo campaña. El motor de su popularidad, el impulso de su movimiento, no se centra en las estrategias de gobierno, mucho menos en los resultados: se basa constantemente en surtir al público de frases y emociones de campaña política: los adversarios, los enemigos, los rivales, los otros. Si se prohibiera la agresión a otros partidos y gobiernos, las conferencias matutinas terminarían en quince minutos.
¿Cómo firmar un acuerdo de no entrometerse en la elección cuando está echada una estructura de Morena para intentar vacunar a millones de mexicanos? ¿Cómo, si se publican más y más videos de los funcionarios públicos de López Obrador ejecutando la vacunación como herramienta de promoción electoral?
Pero no es sólo el presidente. El Acuerdo nace muerto porque los gobernadores tampoco lo van a respetar. Todos se meten en las elecciones. La mitad porque quieren dejar sucesor, cubrirse así las espaldas. La otra mitad, porque les interesa tener mayoría en sus Congresos, donde se aprueban los presupuestos y se revisan las cuentas públicas. Son varios gobernadores que ven la elección de 2021 como un “matar o morir”: saben que si no ganan, su destino muy probablemente será la prisión. ¿No van a interferir? (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p. 10)
El lunes, el titular de la SCT, Jorge Arganis, participó en una conferencia por los 130 años de esa dependencia y, ya en confianza, con los suyos, dijo que debían ser los profesionales de la ingeniería civil y no los militares los que debían hacerse cargo de las grandes obras, en alusión a las decisiones presidenciales de otorgarles la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya, el Transístmico y las 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar, entre otras.
RETALES
BRETE. En una mañanera a principios de marzo, el Presidente instruyó a la secretaria Rosa Icela Rodríguez para que recibiera al acusado de encabezar a la mafia rumana en México, Florián Tudor, lo que hizo de inmediato. El resultado fue una cita con Santiago Nieto, quien sí tiene toda la información del rumano, lo ha denunciado, y por eso lo plantó. Rosa Icela declaró después que le dio el trato que a cualquier ciudadano, lo que no es cierto, fue excepcional. Ayer, el gobierno rumano expidió una orden de aprehensión contra Tudor. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p.3)
Que los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama sufrirán hoy un molesto zumbar de oídos, pero no por cuestión de otitis, sino porque el pleno de la Cámara de Diputados debatirá sobre el acuerdo del INE para evitar la sobrerrepresentación de alguna fuerza política y los legisladores de la 4T tronarán contra ellos desde la tribuna y previsiblemente pedirán, una vez más, su renuncia. Para completar el programa en el Palacio de San Lázaro, los diputados federales discutirán y votarán el proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas con el que se busca invalidar el blindaje del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su probable desafuero.
Que por cierto, el INE y no Enrique Alfaro fue el gran ausente ayer en Palacio Nacional en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, pues será el árbitro de la contienda más compleja de la historia, además de que la propuesta de que nadie meta las manos en la elección perdió cierta fuerza, pues si bien los gobernadores convalidaron la iniciativa con su presencia, algunos recularon después, como la Alianza Federalista, cuyos integrantes avalaron “el fondo” de la iniciativa, pero aclararon que no firmaron.
Que el candidato del PAN a preservar la gubernatura de Querétaro para ese partido, Mauricio Kuri, acudió al lenguaje más coloquial durante su registro para exponer que privilegiará propuestas sobre grilla, rebote de ideas antes que acusaciones sin fundamento y contienda limpia encima de guerra sucia. Palabras a la medida por si se ponen el traje las aspirantes Celia Maya, de Morena, y Abigail Arredondo, del PRI. (Editoriales, Milenio, Al Frente, p.2)
A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no los convocó como a los gobernadores de las entidades federativas a la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia” en Palacio Nacional, para el próximo proceso electoral del 6 de junio, los integrantes del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, se llevaron lo suyo al ser advertidos por el propio mandatario de que “tienen que hacer su trabajo como corresponde y no hacerse de la vista gorda con los fraudes electorales, como lo hacían en el pasado”.
“Que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas; que no se compre con dinero el voto; que no se amenace; que no se condicionen los programas sociales al voto; que no haya carrusel; urnas embarazadas; que ya no voten los finados y que no se falsifiquen las actas”, dijo, que es justamente de lo que son acusados todos ellos.
Mientras en México es tratado como un “importante empresario” y que por orden superior fue recibido por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, el presunto o real líder de la “mafia rumana”, Florian Tudor, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a turistas en Quintana Roo, donde reside, y en otros destinos de veraneo en México y Europa, un Tribunal de Bucarest giró orden de aprehensión en su contra, acusado de “intento de asesinato y chantaje” y de encabezar un grupo delictivo. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p.6)
Todo está muy bien, dice el gobierno, pero es todo lo contrario. Asesinatos continuos de aspirantes a puestos de elección popular. Masacres de cuerpos de seguridad en emboscadas. Matanzas de civiles. Balaceras en destinos turísticos. Amenazas de muerte a periodistas. Crímenes contra activistas a favor de los derechos humanos. Vivimos tiempos de impunidad, y el país sigue teñido de rojo, pese a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de cambiar a golpe de palabras y estadísticas trucadas el color de nuestra realidad. Es una farsa lo que presumen las autoridades sobre los avances en el tema de la seguridad. Y es un engaño para quienes creen las falsedades que salen de Palacio Nacional.
Dice el presidente López Obrador que los homicidios dolosos se concentran en seis estados y que antes no hacían lo que están haciendo. Todos los gobiernos previos combatieron al crimen organizado para bajar la espiral de homicidios dolosos, incluso el de Enrique Peña Nieto, que comenzó su administración sin confrontarlo. Lo que antes no hacían es lo que hace ahora el de López Obrador: darle un día de campo a los cárteles de la droga. La decisión se oficializa, y por medio de instrucciones escritas, ordenaron a los jefes de la Guardia Nacional que no se les ocurriera enfrentar a los criminales, y que cuando se toparan con ellos en el camino, se echaran a correr. Obviamente lo frasean de otra manera, pero para efectos prácticos, es lo que sucede. Luego el Presidente se queja que el Pentágono diga que el 30% del territorio mexicano está en manos de criminales.
Seis estados, dice López Obrador, concentran la mayoría de los crímenes. Antes eran menos los estados más violentos, pero igual criticaba el Presidente a sus antecesores. En Ciudad Juárez o en Torreón, la violencia, que era intensa, se concentraba en unas cuantas colonias, y en la zona metropolitana de Monterrey, en cuatro municipios. De ninguna manera la focalización del crimen justifica las fallas o limitaciones de la estrategia, pero no había gobierno que tuviera la cara dura de minimizar la violencia y reducirla geográficamente para injertar, con la fuerza de las palabras que no tiene en la calle, una idea de avance.
El crimen está desatado, y la narrativa de que no es así, también.
Como botón de muestra, los delitos federales –aquellos relacionados con armas de fuego, contra la salud o patrimoniales, que son los más comunes– crecieron 5% en febrero en comparación con enero de este año. Pero para marzo, de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la incidencia delictiva había caído 19%. Veinticuatro puntos de un brinco, de negativo a positivo, parece algo extraordinario. Sin embargo, lo único excepcional es que modificaron el criterio en el gobierno federal, no sólo para edulcorar el amargo sabor del fracaso en la política de seguridad, sino que hicieron de la metodología un caldo de todos los moles.
Por ejemplo, detalló el reportero Jonathan Nácar, entre enero y febrero de este año la incidencia de secuestros subió 48%, pero para el gobierno federal, tuvo una reducción de 60%. “En materia de secuestro –dijo Rodríguez en la mañanera del lunes– tenemos las cifras más bajas de los últimos años”. No es así. De acuerdo con Nácar, especialista en temas de seguridad, la comparación que hizo la secretaria fue con el bimestre de hace dos años, lo que es una trampa, que sólo se explica políticamente porque el dato real que se dejó bajo la mesa reflejó el mayor aumento de secuestros desde noviembre pasado. Es decir, para esconder la realidad, se juega libre y mañosamente con la estadística, que les es bastante desfavorable.
La consultora TR Research reportó que, hasta marzo, el total de homicidios dolosos durante el sexenio de López Obrador sumaba 78 mil 709. Esto significa que se ha dado un promedio de 2 mil 811 asesinatos dolosos –que son aquéllos que se hacen a conciencia a sabiendas– por mes, que es el volumen más alto que haya tenido presidente mexicano alguno. Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 156 mil 400 homicidios dolosos, que significaron un promedio mensual de 2 mil 172.2 durante su administración; es decir, hoy se cometen casi 709 más homicidios dolosos cada mes, o 23.6 diarios más que en el anterior gobierno.
En la administración del presidente Felipe Calderón, que identifican López Obrador y sus principales propagandistas como el más violento de todos –por eso lo llaman “asesino” y quieren llevarlo a juicio–, se contabilizaron 121 mil 600, que significó un total de mil 688.8 por mes, mil 112.2 menos que en el actual gobierno. Y en el de Vicente Fox, el total de homicidios dolosos llegó a 60 mil 200, 836.1 por día, cifra que en lo que va del sexenio se ha elevado en poco más de 250%.
La estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador se asienta en la propaganda, no en el combate a criminales. Utilizan las palabras para engañar, no para informar. Y lo hacen por sistema, como dijo el lunes el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, que el reclutamiento en ese cuerpo casi alcanzó las 100 mil personas, cuando en realidad son préstamos que le han hecho el Ejército y la Marina.
Las palabras del Presidente tienen mucha credibilidad en la opinión pública, pero son huecas y tramposas. Este martes volvió a arremeter contra Calderón, y dijo que él “no hubiera declarado una guerra contra la delincuencia para legitimarse después del fraude”. López Obrador no necesita pretextos. Jamás declarará la guerra contra los cárteles, es complaciente con ellos; no los persigue, los protege –como a Ovidio, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, durante el culiacanazo– y los justifica. Los números de homicidios dolosos crecerán y nuevas chapucerías veremos en el gobierno para esconderlos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p.36)
El predecible debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos se reencendió, luego de dos tiroteos con muertes múltiples en una semana.
Por enésima ocasión se levantan demandas por controles y verificaciones, y la oposición alega derechos y tradiciones.
Es un debate en el que México tiene un interés mucho mayor que el formal, y el establecimiento de más controles en la venta de estos artefactos podría ser señalado como uno de sus reclamos tradicionales en su relación con Estados Unidos.
De hecho, se estima que la inmensa mayoría de las armas ilegales en México y en manos de la delincuencia provienen de EU, pero es un tema políticamente imposible en el país vecino.
Para los partidarios de la llamada Segunda Enmienda Constitucional, que establece el derecho a la posesión de armas de fuego, es algo incontestable e integral de la sociedad.
Para sus críticos, es un derecho que ha sido exagerado, tergiversado y malinterpretado.
Parte del problema es que se trata de una cuestión cultural, toda vez que las armas integran el mito fundacional del país y la creencia en los “ciudadanos soldados” –recuérdese, por ejemplo, a los minute men de la guerra de Independencia– como el supuesto papel de las armas en “la conquista del oeste”.
Pero la proximidad entre las más recientes matanzas masivas subrayó de nuevo lo que para muchos es la urgencia de controles. El tiroteo del lunes, en Boulder, fue el séptimo en lo que va de 2021. Los 10 muertos registrados ahí se suman a las ocho personas fallecidas en el incidente de Atlanta, el martes de la semana pasada. En ambos casos se usaron armas de asalto modificadas para la venta pública. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.23)
“Tu sobrina trabaja en un congal”. Esa noticia le dio un oficioso amigo al duque Sopanela. “¡Qué deshonra! -exclamó consternado el caballero-.
¡Jamás nadie en la familia había trabajado!”… El cliente del restorán le dijo con enojo al camarero: “Hay una mosca en mi sopa”. Inquirió el mesero cortésmente: “¿Y cuántas pidió el señor?”… Don Chinguetas es un marido tarambana.
Su esposa, doña Macalota, regresó de un viaje antes de lo esperado y lo sorprendió en el lecho en compañía de la joven mucama de la casa. “¿Qué significa esto?” -clamó hecha una furia.
Don Chinguetas se volvió hacia su pareja y le dijo, severo: “Contéstale, muchacha. La señora quiere saber qué significa esto”. (Bribón desvergonzado. A él le tocaba responder)… “¿Ya sacaste tu credencial del Instituto de la Senectud?”. Esa pregunta me hizo un día mi madre. “¡Mamá! -le dije entre divertido y amoscado-. ¡Tengo 40 años!”. “Ay -se justificó ella-.
Como estás tan canoso”. En efecto, desde muy joven soy de pelo blanco, herencia quizá de algún ancestro cano. Eso me hacía ver mayor de lo que en verdad era. Hace unos años -entonces tenía yo 65- mi esposa y yo fuimos a Perú y visitamos, claro, Machu-Picchu. Al comenzar el ascenso hacia las ruinas el guía me preguntó, solícito: “¿Quiere que le consiga un bastoncito?”. (Catón, Reforma, Opinión, p.12)
Mezquitic es un municipio del norte de Jalisco, colindante con Nayarit y Zacatecas. Su población es 75% indígena wixárika o huichol. Es la demarcación más extensa del estado, con tres mil 660 kilómetros cuadrados –casi tan grande como el estado de Tlaxcala–, y también la más pobre. Uno de cada cuatro de sus habitantes no sabe leer ni escribir.
El 4 de febrero, Álvaro Madera López, expresidente municipal (2012-2015) y quien aspiraba a ocupar nuevamente el cargo, fue invitado a participar en un acto político en el municipio vecino de Huejuquilla el Alto. Nunca volvió a casa. El 10 de febrero, la familia fue contactada por quienes dijeron ser los secuestradores del político priista. Éstos pidieron un rescate de 10 millones de pesos.
Casi cinco meses antes, dos hombres y una mujer habían sido levantados en la comunidad de San Juan de los Lirios. Días después, aparecieron dos bolsas con restos humanos, que, luego de ser analizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, fueron relacionados con una de las víctimas.
Investigaciones de la Fiscalía General del estado determinaron que policías municipales estaban detrás de la desaparición forzada de esas tres personas. El comisario de Seguridad Pública de Mezquitic, Fabio Lisandro Lares Escobedo, y tres de sus elementos fueron detenidos y sometidos a proceso.
El 26 de febrero pasado, la Secretaría de Seguridad de Jalisco tomó el control de la policía municipal y encontró que sólo 17 de sus 29 elementos habían aprobado los controles de confianza.
El 1 de marzo, el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez declaró a los medios que se investigaría la participación de policías municipales en otros delitos, así como la presencia de células del crimen organizado en la demarcación, que podrían ser del Cártel Jalisco Nueva Generación o de Los Zetas, con los que los agentes estarían relacionados. (Pascal Beltrán Del Río, Excélsior, Nacional, p.2)
Por doquier se escuchan quejas por el lento abasto –nulo, en algunos países– de vacunas contra el Covid-19, una realidad que obviamente se traduce en un bajo porcentaje de personas inoculadas, como sucede en América Latina. En una ecuación sencilla, el suministro depende de varios factores: producción, recursos, transporte, logística y personal capacitado para su aplicación, aunque en los hechos el verdadero impedimento para una distribución equitativa es la decisión de las naciones más ricas del planeta de acaparar el biológico.
No es novedad, desde luego, porque aún antes de que las distintas vacunas fueran aprobadas y comenzara su comercialización y aplicación se conoció que 10 de los países más ricos garantizaron el abasto de miles de millones de dosis que superaban, por mucho, sus propias necesidades, mientras las farmacéuticas abastecían a quien mejor y más rápido pagara por ellas. La delicada situación sanitaria que enfrenta la humanidad no amerita priorizar los negocios sobre la vida, pero todo indica que esa premisa a los laboratorios les tiene sin cuidado.
Desde enero pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo está al borde de un catastrófico fracaso ético, pues hasta ahora 95 de cada 100 dosis administradas han sido usadas en sólo 10 países (Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá). Pero ese llamado fue como predicar en el desierto, pues se ha fortalecido la práctica de esas naciones de acaparar vacunas, sin importar que a estas alturas muchas naciones ni siquiera han tenido acceso a una sola dosis. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Opinión, p.22)
Olga llama a la unidad
Elecciones ejemplares busca el gobierno federal el 6 de junio próximo, según hizo ver la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante los gobernadores, ayer, en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia. Recordó que la Constitución los obliga a mantenerse al margen, y que “en este tiempo de elegir, es momento de unir y no de dividir”.
Relevo
Nos dicen que en cuestión de días el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cedric Escalante, se separará del cargo, con el propósito de atender una nueva encomienda presidencial, relacionada con un proyecto hidráulico de gran relevancia. Su lugar será ocupado por Jorge Nuño Lara, actual jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda.
Por los ingenieros civiles
Y a propósito de Comunicaciones y Transportes, nos hacen saber que, contrario a lo que se ha comentado, en Palacio Nacional no vieron con malos ojos las declaraciones del secretario Jorge Arganis en torno a los militares y su participación en la construcción de obra pública. Lo que hizo fue enaltecer el quehacer de los ingenieros civiles, gremio al que pertenece.
Los ausentes
Sólo dos mandatarios estatales faltaron a la cita en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador y los gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, para evitar la intromisión de los poderes en las elecciones. El jalisciense Enrique Alfaro, y el sinaloense Quirino Ordaz no llegaron. Pero, nos dicen, eso no significa que no suscriban el pacto.
Libertad a medios
Salomónico será el fallo del TEPJF respecto a la difusión de las mañaneras. El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Felipe Fuentes, nos comentan, contempla dar libertad a los medios de comunicación para decidir si transmiten o no la conferencia. Incluye una explicación sobre los riesgos de violar la ley electoral si se hace de manera íntegra. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p.2)