SI ALGO ha caracterizado a Andrés Manuel López Obrador en su larga trayectoria política han sido sus dichos y frases que han ido marcando las muchas confrontaciones en las que se ha metido, sobre todo cada vez que hay elecciones.
DE LAS “cajas de la infamia” de 1994, cuando acusó un fraude electoral en Tabasco, pasó al “No soy de los que aceptan dócilmente condenaas injustas” cuando el proceso de desafuero en su contra en 2005.
LUEGO vinieron el “Cállate, chachalaca” dirigido a Vicente Fox, el “Voto por voto, casilla por casilla” y el “Al diablo con sus instituciones” tras los comicios del 2006 en los que volvió a alegar fraude en su contra.
EN SU CAMINO a la Presidencia culpó a “La mafia del poder” y arremetió contra “La prensa fifí”. Y desde que llegó a Palacio Nacional ha hecho populares el “Me canso ganso” y el “Yo tengo otros datos”, entre otros.
PERO quizás la frase que mejor define la historia de López Obrador es la que dijo ayer como parte de la andanada en la que acusó a los consejeros del INE de “juego sucio” por invalidar candidaturas de Morena.
QUEDA para el registro su “¿Cómo voy yo a quedarme callado?”. Si no lo ha hecho en más de 30 años, difícilmente lo hará ahora a pesar de la importante investidura que ostenta y del amplio poder que detenta.
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IMAGÍNENSE que en México existiera una ley por la cual tuvieras que pagarle una cuota a la industria hotelera por dormir en tu propia recámara y en tu propia casa.
¿VERDAD que suena absurdo? Pues así, igualito, suena el reclamo de Manuel Bartlett a las empresas que invirtieron en generación de electricidad para autoabastecerse y, más aún, porque esa energía resulta más barata y más limpia que la que les ofrece la CFE.
NI QUÉ DECIR de la acusación de que esas compañías le han “robado” miles de clientes a esa empresa “quesque” productiva del Estado. Es como decir que quienes cocinan en su casa les “roban” clientela a los restaurantes. Así de demencial está el discurso oficial.
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VAYA que la acústica es rara en la Plaza de la Constitución, pues ya van varias veces que lo que se dice en Palacio Nacional a las 7:00 horas se vuelve a escuchar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a las 11:00.
ASÍ OCURRIÓ ayer cuando la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó a consejeros del INE de tomar partido en temas electorales. ¿Será pura coincidencia o un extraño fenómeno de eco? Es pregunta que no se repite…ite…ite. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Otra vez, como en 2018, como en 2015, como en 2012, y como tantas veces en las últimas dos décadas, el crimen organizado ya está votando, ya está sufragando… a punta de balazos.
Ese “va” es una sentencia implacable. Inmisericorde. Es, en realidad, un “vas”. Es la orden al sicario. Es la sonrisa torcida del sicario. Es el sicario en camino. Es el sicario levantando, secuestrando, golpeando, torturando un cuerpo. Nada de quemarlo y disolverlo, nada de huesos, cenizas y fosas clandestinas. Nada. La política narca es exhibicionismo. Que todos vean al aspirante, al precandidato, al candidato martirizado, para que quede claro quién manda aquí. Así, en súbito arrebato de cualquier jefe de plaza, de cualquier grupo criminal, en cualquier municipio, en cualquier estado de la República.
Así, impunemente, una y otra vez. Veamos los datos…
En el proceso electoral pasado, que inició en septiembre de 2017 y concluyó el 1 de julio del 2018, 152 políticos y 371 funcionarios fueron asesinados, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de la empresa de análisis de riesgos Etellekt. Sí, 523 acribillados, entre políticos y funcionarios.
De los 152 políticos que mataron, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, aspirantes de todos los partidos, según Etellekt, pero realidad fueron más los ejecutados: un conteo periodístico, en el que participé como editor, documentó 53 aspirantes ultimados: 28 precandidatos y 25 candidatos.
Fueron 53 votos a balazos del crimen organizado, 53 lugares del país donde decidió violentamente quién no podía gobernar. Así, sin que nadie lo impidiera y sin que nadie lo castigara: cinco ejecuciones al mes, al menos una por semana, en promedio.
Y retomo lo que publiqué en aquel entonces: si el crimen organizado ejecutó a 53 aspirantes, precandidatos y candidatos, ¿a cuántos palomeó? ¿Nada más a 53 que ganaron los comicios, a sus candidatos impuestos, o a muchos más por todo el país que hasta ahora gobiernan y legislan con su venia? ¿Algo que haya investigado alguna autoridad de Enrique Peña Nieto, o de Andrés Manuel López Obrador? No, que yo sepa.
Y este año, ¿cómo vamos en este 2021, en el actual proceso electoral que inició en septiembre pasado? Veamos los datos de la consultora Integralia, que lleva un conteo similar…
-Entre septiembre y febrero hubo 90 incidentes de violencia política contra 108 víctimas. De ese total, 75 fueron asesinatos y el resto provocaron personas heridas.
-De los 75 asesinatos, 11 fueron contra aspirantes a cargos de elección popular, 2 excandidatos, 3 presidentes municipales, 3 expresidentes municipales, 3 líderes partidistas, 2 legisladores locales. Las demás agresiones fueron contra funcionarios municipales (18), funcionarios federales y estatales (7), activistas (6), y otros. (Juan Pablo Becerra-Acosta M., El Universal, Opinión, p.2)
Que por lo menos mediante redes sociales se asomó Mario Delgado, dirigente de Morena, quien advirtió que irán con todo en la defensa de la transformación nacional y enfrentará al INE “en el Tribunal Electoral, en las Cámaras, las calles, los medios, las redes y las urnas”, y salió también así al paso de las críticas de los malpensados que lo creían tan calladito por la eventualidad de más videos de la colección Raniere.
Que la víspera del asueto el Ejecutivo envió a San Lázaro su iniciativa, que adelantó en estas páginas el reportero Yeshua Ordaz, para reformar los artículos 51, 53, 56, 57, 58 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, porque plantea que en México existe una falta de mecanismos para garantizar el acceso a la energía en casos excepcionales, por lo que resulta esencial el papel de Pemex.
Que Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco, llamó la atención en un foro del INAI sobre los ataques a la institución electoral, las teorías de la conspiración, el desdén por la evidencia científica y la propagación de odio en línea, pues dijo que son señales de que las sociedades están en una situación de propagación de desinformación, de infodemia.
Que los dos punteros para la candidatura de Morena a la alcaldía de Mérida, Yucatán, son Ismael Peraza Valdez, diputado local que habla de construir una Mérida con progreso, y Verónica Camino Farjat, natural de Tizimín, senadora de reciente militancia en ese partido, porque antes fue priista y después se vistió de Verde, con un trayecto anterior en el Congreso local. (Milenio, Editorial, p.2)
Con las uñas. El Consejo General del INE votó a favor de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, al gobierno de Guerrero, por “omitir presentar informes de ingresos y gastos de precampaña”. De inmediato, el político calificó la medida como “grosera y arbitraria”. El instituto aprobó las mismas sanciones contra Raúl Morón, que busca la gubernatura de Michoacán, y otros 168 aspirantes a puestos de elección popular. Por ley, tienen cuatro días para impugnar ante el TEPJF. Algunos piensan que Morena debería agradecerle al INE por haber hecho eso para lo que ellos no tuvieron el valor, quitarle a Salgado la candidatura, pues pesan sobre él graves acusaciones de violencia sexual. La realidad: no fue el INE. Solito se bajó de la contienda y fue por irresponsable. Ni más ni menos.
Claridades. Se ha enturbiado tanto el panorama en torno a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que en las entrañas de Morena se maneja de manera muy seria su reemplazo. No hay mucho qué pensar. La real oportunidad de triunfo recae en la exdirigente del PRD, Beatriz Mojica Morga, quien participó en las encuestas de Morena, sacando buenos dividendos. “La Cuarta Transformación puede llegar a Guerrero encabezada por una mujer”, afirmó hace algunas semanas. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, tiene ante sí la ocasión para reivindicarse, no sólo ante sus militantes, sino ante la sociedad. La maestra y especialista en desarrollo de políticas públicas es la mejor imagen para que Morena suba a la competencia. Ya no lo duden más.
Arde el norte. Se sale de control la violencia en Baja California, el estado que gobierna Jaime Bonilla. Al menos siete mujeres fueron ejecutadas en Tijuana, en tan sólo 48 horas. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de una joven, de aproximadamente 25 años de edad, cuyos restos fueron encontrados en dos hieleras abandonadas en vía pública. Así de atroces cada uno de los casos. Inspectores que extorsionan a vendedores ambulantes y al comercio formal, policías estatales con permiso para robar, ¿y Bonilla?, inmerso en manosear el proceso electoral. ¿Qué cuentas le entregará al Presidente? Ah, sí, que mientras la entidad entra en caos, don Jaime devela su placa en el renovado campo de beisbol amateur Ángel Camarena. Y lanza la primera bola.
Misión conjunta. El presidente López Obrador exigió a EU que concrete la ayuda de cuatro mil millones de dólares para generación de empleos en Centroamérica que comprometió la administración anterior. Los recursos ofrecidos por el entonces presidente Trump se utilizarían para generar fuentes de empleo en Guatemala, El Salvador y Honduras, y reducir la migración hacia México y EU. Desde Ciudad Juárez, el titular del Ejecutivo recordó que propuso al presidente Biden establecer un programa de regularización migratoria para entregar visa de trabajo a quienes deseen ingresar legalmente a Estados Unidos. López Obrador estará este fin de semana en una gira por Chihuahua, Durango y Coahuila. Si en realidad existe empatía, la respuesta de EU no tarda en llegar. Ya veremos.
Calma y nos amanecemos. Del 29 de marzo al 4 de abril, la Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja, informó el director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark. Señaló que se mantiene la reducción en el número de atenciones a través del sistema SMS y de la línea de emergencia 911. Y mencionó que actualmente 3 mil 137 personas con covid-19 se encuentran hospitalizadas, de las cuales 973 están intubadas. Estas cifras, sostuvo, representan una disminución del 14% con relación a la semana anterior. La ocupación hospitalaria en nosocomios públicos es de 37.8%, por lo que se tiene una disponibilidad de 4 mil 924 camas; 3 mil 705 de atención general y mil 219 con ventilador. Quizás las cifras tan puntuales ya no nos digan nada, pero la cordura sí: quédate en casa. No falta mucho. (Excélsior,Opinión,p.11)
Invitado de Biden
Incluido está el presidente López Obrador en la lista de 40 líderes mundiales que su homólogo de EU, Joe Biden, invitó a una cumbre virtual sobre el clima. Dicho encuentro busca transitar a una economía de energías limpias, y se realizará los próximos 22 y 23 de abril. El evento, que será abierto al público, es para definir políticas que dejen atrás las energías fósiles.
Otra polémica
Una nueva controversia, nos adelantan, se generará con la iniciativa de hidrocarburos, enviada ayer por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. Uno de los puntos más polémicos es el de “intervenciones” por razones de “interés nacional”, con el objeto de regresar a Pemex la rectoría en precios, importación y distribución de combustibles.
Dispuesto a alianza
Nos cuentan que el candidato del PRI y PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, está dispuesto a una alianza de facto con el PAN y su abanderado Fernando Larrazábal. La condición, nos explcian, es que sea el panista quien decline a su favor, porque, según sus encuestas, el mejor posicionado es el priista. Es cosa de voluntad, dicen.
Hallaron relevo
Nos aseguran que está listo el relevo del alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete. Se trata de Hugo Nicolás Pérez, actual Director General de Desarrollo Económico y Sustentable de la demarcación. Dicen que, si nada cambia de última hora, rendiría protesta el próximo martes ante el Congreso de la CDMX. (El Heraldo de México, Opinión, p.2)
Liberales y Conservadores / El INE dejó al buey en la barranca. El Tribunal Electoral lo sacará
El Instituto Nacional Electoral canceló el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. 7 de los 11 consejeros votaron, en lo particular, a favor del Proyecto de Resolución que proponía cancelarlo.
Obviamente, el INE no calificó sus supuestas felonías, que aún se deben investigar, sino que su partido, Morena, no reportó los gastos de precampaña de sus candidatos a cargos de elección popular, tanto a nivel local como federal, entre ellos Salgado y Raúl Morón Orozco, en Michoacán.
La Unidad de Fiscalización del INE acreditó que Salgado Macedonio promocionó su imagen en el periodo de precampaña y solicitó a su partido que lo registrara como aspirante a la candidatura.
Antes de conocerse la resolución del INE, Félix Salgado advirtió que no se cruzaría de brazos si le quitaban la candidatura, que no se raja, que apelaría ante tribunales y se movilizaría con sus seguidores. La mañana de este viernes publicó que el INE se equivocó, que la sanción es grosera y arbitraria y que confía en el Tribunal Federal Electoral.
En la “mañanera”, el presidente López Obrador dijo que el INE está convertido en el Supremo Poder Conservador, que decide quien es candidato y quien no. Que se trata de un atentado a la democracia y un juego sucio. (Amador Narcia, El Universal, Opinión, p.7)
Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y de CFEnergía, Miguel Santiago Reyes, detallaron los múltiples mecanismos a través de los cuales la empresa productiva del Estado y su filial subsidian a grandes compañías privadas, tanto al adquirir energía con sobrecosto a los productores como al venderla por debajo de su costo de generación a los usuarios corporativos.
Uno de los esquemas más dañinos, urdidos por los gobernantes del ciclo neoliberal, es el del autoabasto, mediante el cual las grandes empresas privadas usan de manera gratuita la red eléctrica construida con recursos del erario, registran a clientes de paja que con un peso o un dólar acceden a los mismos privilegios de las corporaciones más importantes y quitan 76 mil clientes a la CFE, causando a ésta pérdidas por 437 mil millones de pesos. Además, al estar obligada a comprar la energía generada por privados, la compañía debe frenar o subutilizar la mitad de sus centrales, lo que le supone pérdidas de 215 mil millones de pesos. Otros 222 mil millones se pierden en la compra de electricidad a generadores privados.
No para ahí el carrusel del saqueo elevado a rango de ley por los partidos del Pacto por México en la reforma energética aprobada en 2013. Ésta supone un quebranto adicional a las arcas públicas de 471 mil 200 millones de pesos, distribuidos en 209 mil millones por subsidios (diferencia entre la compra a grandes empresas y la venta a usuarios), 60 mil 200 millones de apoyo por no despacho de centrales privadas, 29 mil millones por transmisión, 21 mil millones por respaldo y 11 mil 509 millones de pesos por riesgo inflacionario, entre otros factores (La jornada, Editorial, P.2)
Primero que nada conviene ratificar que al asumir Marcelo Ebrard la cartera de Tlatelolco, a pesar de que aún le queda a la misma mucha escoria, volvió a soplar en la Cancillería Mexicana el aire de coherencia y dignidad que la caracterizó antes de que llegaran a la presidencia de la República el payaso Vicente Fox y el par de sucesores asaz indignos. Tal parecía que, durante esos 18 nefastos años, hubo una suerte de competencia para que cada vez la Cancillería fuese peor.
En efecto: la cereza en el pastel, el final de la resbaladilla, fueron los dos Secretarios de Relaciones Exteriores anteriores al actual: Ruiz Massieu y Vidergaray.
De la vergonzosa expulsión del embajador de Corea del Norte, por obra y gracia de Videgaray para lucir como el mayor lambiscón, a la negativa del gobierno mexicano, junto con Uruguay, que rompió la pretendida unanimidad que buscaba Trump para invadir Venezuela y llenarse las manos de su petróleo y de su hierro, que era el motivo de su mayor interés, queda clara la transición entre un México indigno y otro que se esmera, en el ámbito internacional, en recuperar la dignidad y el enorme prestigio que tuvo antaño.
La otra gesta, que dio pie, por cierto, a que tuvieran motivo de alharaca los de siempre, fue el respaldo que se le dio a Evo Morales, sacado a la fuerza de su gobierno dentro del plazo constitucional, todavía, por un golpe de estado que se quiso convertir en legítimo. ¡Queda claro que se le salvó la vida! Al viejo estilo cardenista, México no sólo le abrió las puertas, sino que incluso fue por él, lo mismo hizo entre 1939 y 1942 con los perseguidos del fascismo en Europa. (José M. Murià, La Jornada, Opinión, p.16)
Este fin de semana se cumplirán 8 meses y medio de que Emilio Lozoya Austin fue traído a México desde España, en calidad de preso y en cumplimiento a una solicitud de extradición del gobierno mexicano. En todo ese tiempo el exdirector de Pemex, acusado de desvíos millonarios en la petrolera nacional, de recibir sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y de enriquecerse por la corrupción en su cargo, ha gozado de inexplicables privilegios que no se le otorgan a ningún otro presunto delincuente en México: nunca pisó la cárcel ni siquiera para escuchar los cargos que se le imputaban, nunca se permitió a los medios fotografiarlo detenido ni se difundió ninguna foto suya desde su llegada al país y le han permitido seguir su proceso en la comodidad de su lujoso departamento en Polanco.
Todos esos privilegios se los otorgó la Fiscalía General de la República cuando decidió otorgarle el criterio de oportunidad y la posibilidad de convertirse en “testigo colaborador” porque, supuestamente, daría a cambio información y pruebas que llevarían o a la detención de superiores jerárquicos que participaron en los actos de corrupción, sobornos y desvíos de los que se le acusan (léase ex secretarios como Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell o el ex presidente Enrique Peña Nieto) o bien a políticos de distintos partidos que recibieron parte de los sobornos millonarios que le entregaron a Lozoya los directivos y dueños de Odebrecht.
Pero después de medio año lo único que ha habido hasta ahora en este caso han sido filtraciones, especulaciones y mucho show mediático —incluido el que se armó desde Palacio Nacional— porque en los hechos, 255 días después de la extradición de Lozoya, no hay ningún detenido, apenas había un expediente judicializado y de los 70 nombres que Emilio Lozoya mencionó en su declaración testimonial no hay ni siquiera uno de ellos indiciado o acusado formalmente.
El único expediente que la FGR había logrado judicializar, con base en la “colaboración” de Lozoya, era el del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien acusaron de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, luego de que la UIF le documentó movimientos por 60 millones de pesos en sus cuentas, además de gastos y transferencias de dinero que rebasan con mucho su capacidad y sus dietas en el Senado. Pero de la manera más extraña y sospechosa, justo el día que se debía realizar la primera audiencia de ese juicio en contra del panista campechano, el Ministerio Público Federal se desistió de los cargos en contra de Lavalle y retiró su denuncia, aunque oficialmente se informó que sólo se había tratado de una “posposición” de la audiencia solicitada por la FGR.
Y en medio de todo esto está el silencio del fiscal Alejandro Gertz, que a pesar de haber anunciado con bombo y platillo que a partir del 21 de enero pasado se iban a judicializar varios casos de políticos y exfuncionarios acusados por Lozoya, parece haberse desentendido o perdido interés en el caso, mientras se dedicó a cabildear la aprobación de su polémica Ley Orgánica de la FGR que recientemente le aprobó el Senado en medio de críticas y cuestionamientos, lo mismo de organismos extranjeros como la ONU-Derechos Humanos, que de integrantes del gabinete federal como Alejandro Encinas y Santiago Nieto, que consideran esta ley como “regresiva, peligrosa para los derechos humanos de los mexicanos” y que derrumba todo el diseño que el presidente López Obrador ordenó para una Fiscalía autónoma y eficiente en el combate a los delitos.
El problema que ahora tiene don Alejandro Gertz es que se le agota el tiempo legal para proceder en el caso Lozoya y demostrar que todos los beneficios legales y privilegios que aceptó otorgarle al exdirector de Pemex —desde que lo trajo de España con una petición de extradición redactada por los abogados del acusado, todos del despacho del juez Baltazar Garzón— realmente justifican haberle dado la calidad de “testigo” y el criterio de oportunidad, porque si no hay ningún acusado o procesado, se vería obligado legalmente a cancelar la colaboración y a meter a la cárcel a Lozoya Austin para que sea procesado por los delitos que se le imputaron y que ameritarían prisión preventiva oficiosa, sino por ley, sí porque se trata de un prófugo de la justicia.
Ya veremos si don Alejandro Gertz despierta de su letargo y hace algo con el caso Lozoya o si de plano el tema ya se le desinfló y tendrá que proceder, lo quiera o no, contra el acusado exdirector de Pemex. Y más vale que el fiscal se mueva antes de que, una vez más el presidente López Obrador, que aunque no es su jefe formal sí lo es políticamente, le vuelva a tronar los dedos y a regañarlo públicamente porque “no avanzan los casos”, como ya lo hizo una vez. Porque la molestia es mucha en Palacio Nacional, ante la lentitud, el tortuguismo y la falta de eficacia para concretar sus acusaciones de la FGR. Y si ya una vez el presidente le dio un manotazo al fiscal para que se moviera, el siguiente puede ser mucho más duro.
La depresión de Rocha Moya
En Sinaloa la contienda por la gubernatura es hasta ahora dominada en las encuestas por el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. El exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa aventaja al resto de los contrincantes y en el segundo lugar se ubica el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora. Sin embargo, la ventaja del abanderado morenista no se ve muy firme porque justo a una semana de que arranquen las campañas en el estado, el contraste entre los candidatos empieza a ser notorio, tanto en el ritmo que cada uno trajo en la precampaña, como en la fuerza y el impacto que están teniendo los discursos de los dos senadores con licencia.
Mientras al priista Zamora se le ha visto moviéndose en reuniones por todo el estado, en las redes sociales subiendo videos con su esposa cantando y en otro tipo de actividades que permite la ley en esta fase previa, al senador Rocha se le siente ausente. No ha tenido mayor actividad en esta fase ni ha sido tan visible en la preparación de su campaña formal y la sensación del vacío que está dejando ya desata versiones y especulaciones sobre por qué el candidato de Morena bajó tanto el ritmo de su precampaña.
En los corrillos políticos de Culiacán se comenta que Rocha Moya está algo “deprimido” por un hecho que ocurrió en la pasada visita de López Obrador a Sinaloa. El pasado viernes 19 de marzo, durante su visita al estado, el mandatario llegó hasta un evento en la capital sinaloense donde lo esperaba la gente. Hasta ese punto llegó el candidato de Morena que se apersonó en espera de poder saludar a López Obrador. Pero para sorpresa de muchos, empezando por el mismo exrector, el presidente pasó por donde estaba don Rubén y ni siquiera lo volteó a ver, pasándole de largo.
El hecho no pasó desapercibido para los presentes que vieron cómo la cara del senador se descompuso y pasó de la sonrisa a la preocupación ante el claro desaire presidencial. Y para colmo, el desaire del presidente se hizo más evidente cuando saludó a un priista de mano y éste le dijo: “Le manda muchos saludos el candidato Mario Zamora”, a lo que López Obrador le contestó: “¡Ah, claro!, salúdamelo mucho por favor. ¡Dile que le mando saludos!”.
A partir de entonces al candidato Rocha se le vio menos en público y colaboradores de su campaña comentan que se interrumpieron varias actividades que tenían programadas para esos días mientras una especie de desánimo se apoderaba del equipo de campaña. En el mismo círculo cercano del abanderado morenista se especula sobre las causas por las que López Obrador omitió saludar a su candidato. La primera versión dice que el presidente se molestó por el acercamiento que Rocha tuvo con Héctor Melesio Cuén, el otro exrector de la UAS y creador de un partido local, a quien el propio presidente, cuando fue a Sinaloa como candidato, ofreció “meter a Cuén a la cárcel” por el desvío escandaloso de recursos que, según el tabasqueño, cometió cuando fue rector de la universidad estatal.
La otra versión que comentan cercanos a Rubén Rocha es que, cuando anunció la salida de Esteban Moctezuma de la SEP, el presidente había pensado en el senador morenista como posible secretario de Educación, pero Moya rechazó la invitación y públicamente declaró que él no tenía ningún interés de ir al gabinete presidencial porque su único objetivo era la candidatura a gobernador.
Cualquiera que sea la razón de aquel desaire del presidente, está claro que le sentó muy mal al exrector que ahora abandera a Morena en la elección para gobernador. Y lo más extraño del asunto es que, en ese mismo evento, mientras ignoraba al candidato morenista, López Obrador saludó muy efusivamente al candidato aliancista, Mario Zamora. Veremos si todo este asunto de los saludos y no saludos fue solo anecdótico o si trae algo más detrás.
Por lo pronto, aprovechando el bajón de ritmo que le metió Rocha Moya a su precampaña, en el cuartel de enfrente, ya están planeando una “campaña de contraste” entre su candidato Zamora y el puntero de Morena, en la que van a imitar aquella estrategia que implementó Bill Clinton cuando se enfrentó a George Bush padre en su segunda reelección. Mientras a Bush se le veía mayor y cansado, los estrategas de Clinton resaltaban su juventud y vitalidad, con lo que llevaron la campaña al terreno de quién tendría más fuerza y salud para gobernar. Por ahí irá parte de la campaña en Sinaloa. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión,p.9)
El Insabi lanzó, recientemente, una convocatoria para licitar la compra de 16 millones de medicamentos oncológicos. El plazo de entrega de cotizaciones venció ayer. El monto de la compra está por encima de los mil millones de pesos.
Es la segunda vez que el Instituto de la Salud para el Bienestar se ve obligado a realizar directamente la compra, ante la permanente escasez de medicamentos.
Sobra decir que lo anterior es sólo un reflejo del fracaso que ha resultado la decisión de encargar la adquisición de medicamentos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
El organismo de la ONU cobra al Insabi 2 mil 800 millones de pesos sólo por la licitación de los medicamentos (antes lo hacía el Seguro Social), pero, con todo y el ventajoso contrato multianual que firmaron con el gobierno de México, no se hacen responsables de nada. Es lo que AMLO llama un “contrato leonino”. (Francisco Garfias, Excélsior,Opinión, p.4)
El cartujo lee con atención a quienes han comparado a Brozo con Félix Salgado Macedonio, restregándole su misoginia. También podrían hablar de su vulgaridad y mal gusto y hasta de su zarrapastrosa manera de vestir. No es un personaje simpático, todo lo contrario, es desagradable, borracho, gandalla y ridículo como todos los machos.
Pero a diferencia de Salgado Macedonio, cuya candidatura en Guerrero hace agua pero no termina de hundirse, Brozo solo existe como caracterización de un actor con muchas tablas, quien lo hace creíble y, desde los años noventa, motivo de frecuentes discrepancias.
Brozo refleja el pensamiento y la manera de actuar de gran número de mexicanos, sin importar su condición social, económica o académica; y para hacerlo, su creador e intérprete utiliza la parodia, el sarcasmo, la sátira, de esta manera resalta lo grotesco de la conducta de tanta gente, entre ella funcionarios públicos y políticos de todos los partidos y niveles. Brozo no es real, pero refleja parte de nuestra triste realidad, violenta, misógina, cínica.
Carlos Monsiváis escribió: “Podemos reírnos de todo, menos de la tragedia”, y hasta donde el monje sabe, Brozo no ha hecho mofa de las mujeres violadas, asesinadas, desaparecidas; sus vitriólicas peroratas tienen como blanco el poder. No son políticamente correctas y por eso causan escozor entre los guardianes de la moral y las buenas costumbres. (José Luis Martínez S., Milenio, Opinión,p.2)
Los números importan. Un asesinato es escalofriante pero mucho más estremecedora resulta la masacre, digamos, de 200 o 300 personas. Los grandes asesinos de la historia —Mao Zedong (MaoTse-Tung, en mis tiempos), Iosif Stalin y Adolf Hitler, en ese estricto orden— exterminaron masivamente a aquellos seres humanos que tuvieron la desgracia de encontrarse en su camino, así fuera de refilón (78, 23 y 17 millones de muertos, respectivamente), y esas cifras son absolutamente demenciales y monstruosas.
Una de las más exasperantes posturas de los activistas de la izquierda autóctona —justamente por tratarse de una cuestión de cifras y, por ello mismo, de no equiparar ciertos horrores con otros y de dimensionar objetivamente todas y cada una de las tragedias acontecidas en este infernal planeta— fue la de exigir a los gobernantes de algún anterior régimen priista que calificaran los sucesos de 1968 en Tlatelolco de “genocidio” y, a partir de ahí, de igualar esos hechos a hecatombes como el Holocausto, el exterminio de los armenios en Turquía y las espantosas matanzas perpetradas por los comunistas en China y la Unión Soviética.
No es asunto, desde luego, de minimizar el dolor de las víctimas ejecutadas por el aparato represivo del presidente Díaz Ordaz y su verdugo de turno, el inefable Luis Echeverría, pero hablar de “genocidio” —siendo que en ningún momento se dispuso la “eliminación sistemática” de estudiantes o de obreros (no creo que podamos hablar de que los activistas que participaron en el movimiento de 1968 hayan sobrellevando la indefensión absoluta en la que se han encontrado otros individuos por el mero hecho de ser judíos, armenios, gitanos u opositores políticos frente a una maquinaria deliberadamente dispuesta por el Estado para exterminar a todos los miembros de cualquiera de esos pueblos o grupos sociales)— es colocar las cosas en una esfera que no les corresponde. (Román Revueltas Retes, Milenio, Opinión, p.7)
Después de cada masacre en Estados Unidos -y tenemos muchas y muy seguidas- hemos aprendido un doloroso ritual de la muerte. Primero aparece la noticia de la matanza en las redes sociales y en la televisión, luego es la conferencia de prensa de la policía, después son los testimonios de los testigos y al final los políticos diciendo que van a rezar por las víctimas y sus familiares. Eso, me temo, no ha servido para nada. Y ahora solo estamos esperando la siguiente masacre. Y la otra.
En menos de una semana hemos tenidos dos masacres en Estados Unidos. Una en Atlanta donde fueron asesinadas ocho personas, en su mayoría de origen asiático. Y la otra en un supermercado de Boulder, Colorado, donde perecieron 10 más. La pregunta esencial es si todas esas muertes se hubieran podido evitar. Y la triste respuesta es que en los últimos años no se ha hecho nada significativo para prevenir este tipo de asesinatos masivos.
Conseguir armas es demasiado fácil en la Unión Americana. Más fácil que conseguir una medicina sin prescripción médica u obtener una vacuna contra el coronavirus sin estar en una categoría autorizada. En Estados Unidos -una nación con 332 millones de habitantes- hay 390 millones de armas, según una investigación de la BBC. Ningún país del mundo tiene, proporcionalmente, tantos rifles y pistolas en manos de su población civil.
En todos lados hay problemas, conflictos y personas con enfermedades mentales. Pero la abundancia de armas, la facilidad con que se consiguen y las leyes que protegen irracionalmente a sus dueños hacen de Estados Unidos un peligrosísimo experimento social. Así, ir al supermercado en Boulder o trabajar en un spa en Atlanta se puede convertir en una sentencia de muerte.
Cuando me toca reportar sobre muertes o asesinatos colectivos en otros países generalmente hay una razón de fondo: guerra, lucha entre cárteles, robo, dinero, secuestro, control de territorio o poder. Pero la gran tragedia de estas matanzas en Estados Unidos es que son irracionales. Ocurren sin ningún motivo aparente. El asesino quería matar, iba bien armado y las inocentes víctimas estaban en el lugar y en el momento equivocados.
Estados Unidos ha sufrido al menos 121 masacres en las últimas cuatro décadas, de acuerdo con la investigación de la revista Mother Jones. Se trata de matanzas en las que murieron cuatro personas o más. Y su conclusión es desalentadora: “La mayoría de los asesinos consiguieron sus armas de manera legal”. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Ser policía en este país es laborar en el olvido. El 18 de marzo fueron asesinados 13 policías en una emboscada en Coatepec Harinas, Estado de México. Tan solo dos días después, asesinaron a tres policías de investigación de la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato. Estos hechos tan impactantes fueron noticias un par de días, después pasaron al olvido.
El maltrato a los policías, institucional y social, es una constante. Mientras que la sociedad no confía en los policías, estos siguen muriendo en el cumplimiento de su deber. Durante el año pasado asesinaron a 524 policías en el país, y en lo que va de este año han asesinado, al menos, a 113 policías. La cifra es altísima si la confrontamos con la ya de por sí alta probabilidad de que te maten en México. Si hacemos la comparación, la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes es de 27.9, pero la tasa de asesinatos por cada 100 mil policías es de 151.7. Así de grave, los policías tienen cinco veces más probabilidades de ser asesinados que un ciudadano común.
Los registros de policías caídos aumentan, mes con mes y poco o nada se hace para solucionar el problema de abandono de las corporaciones policiales. Sabemos que los policías del país laboran con salarios precarizados, tienen pocas garantías de seguridad social, pocas capacitaciones para el cumplimiento de su deber y servicios profesionales de carrera que no garantizan promociones y ascensos.
Desde Causa en Común realizamos la encuesta “¿Qué piensa la policía?” con el objetivo de conocer las percepciones, sentimientos e intereses de los policías sobre el desarrollo policial y las dinámicas laborales en su corporación. Hemos documentado que el salario promedio de un policía en México es de 11 mil pesos mensuales, que tienen que pagar de su bolsillo uniformes y equipo, que trabajan jornadas de 24×24 horas y que una gran parte opera sin prestaciones mínimas para garantizar su integridad y la de sus familias en caso de que algo les ocurra.
Policías mal recompensados por su labor, que trabajan en contextos sumamente peligrosos para cumplir sus funciones. El diagnóstico es el mismo, pero la situación es diferente. Estamos frente a una pandemia global que también pone en riesgo su salud y su integridad. Desde Causa en Común realizamos un conteo sobre el número de elementos contagiados y fallecidos por la enfermedad del Covid-19. Desde que inició la pandemia hasta la fecha, registramos al menos, 7,551 policías contagiados y 778 fallecidos en todo el país. (María Elena Morera, El Universal, Opinión, p.10)
Hablamos de “blindar” las instituciones y los proyectos para ponerlos a salvo del “enemigo malo”, que acecha. Sabemos que los mejores blindajes difícilmente contienen las acometidas de un adversario poderoso. No lo pudo la línea Maginot en Francia, pese a la confianza que en ella pusieron sus constructores. Sin embargo, es preciso establecer el blindaje que enfrente la furia del invasor cuando se trata (como hoy) de preservar bienes superiores de la nación: la libertad y el sistema democrático. Si cede el blindaje, se habrá perdido mucho más que un reducto estratégico.
En México hemos procurado forjar un andamiaje democrático. En este empeño muchas generaciones lucharon contra viento y marea, venciendo obstáculos formidables. Hubo un tiempo en que el gobierno hacía las elecciones, a falta de pueblo que las hiciera. Pero ese tiempo quedó atrás y no deseamos (¿no deseamos?) que vuelva. Para ello construimos un sistema electoral avanzado y dispusimos un árbitro independiente y honorable que vigile el buen desempeño de los comicios y garantice la limpieza de sus resultados.
Hoy contamos con ese árbitro y estamos en la víspera de una “macroelección” que pondrá a prueba su vigor y competencia. También quedarán a prueba, por cierto, la fuerza y la firmeza de la democracia en México. Han soplado muchos vientos favorables en esta pradera, pero también se han agitado frecuentes huracanes, que ahora mismo pretenden descarrilar el curso de nuestra democracia. Por eso es indispensable blindar al árbitro en cuyas manos puso la República la gigantesca responsabilidad de velar por la democracia y resistir la ira y la ambición de sus adversarios.
Ese árbitro es el Instituto Nacional Electoral. En él se ha depositado la esperanza de los demócratas resueltos a resistir el asedio autoritario, que busca el naufragio de nuestra joven democracia. Por supuesto, hay mucho que mejorar en ese Instituto —como en todos los órganos del Estado mexicano—, pero también es evidente que el INE constituye, hoy día, el instrumento primordial para asegurar la legitimidad de la elección y restaurar la confianza de los ciudadanos. Es lo que tenemos a la mano —y no hay más— para administrar con probidad e imparcialidad el proceso electoral.
En estos años se ha llevado adelante una constante arremetida en contra del Instituto Nacional Electoral. El Ejecutivo en turno, que acaso pretende gobernar a perpetuidad, se esfuerza en descalificar al árbitro para desacreditar la elección y remover la democracia, en aras de una nueva concentración del poder, que gana terreno. Es lamentable que el asedio provenga de la instancia que debiera ser garantía para las instituciones republicanas y factor de unidad y concordia entre los mexicanos.
Por eso es preciso blindar al Instituto Nacional Electoral con la única protección que puede frenar el asedio al que se le ha sometido: el clamor de la opinión pública, fuerza motriz de la democracia. No es posible contemplar a distancia y en silencio el acoso en contra del Instituto. Es indispensable elevar la voz para defender esta trinchera de la frágil democracia mexicana.
Cada ciudadano, con todos los recursos a su alcance —sumados, son los recursos de la nación entera— debe exigir respeto y garantía para el árbitro electoral. No podemos observar en silencio la demolición del Instituto Nacional Electoral. Eliminado éste del gran frente de batalla, el futuro de la nación quedará a merced del poder omnímodo y sus fuerzas de choque. Dejaríamos de ser ciudadanos para convertirnos en vasallos. (Sergio García Ramírez, El Universal Opinión,p.10)