Dejar familia, amigos, los sabores del hogar, andar largo camino en riesgo, respirando lo desconocido, bajando la cabeza para ser invisible, añorando un destino que permita comenzar una vida digna, sin violencia, con oportunidades. La mayoría de los centroamericanos que deciden dejarlo todo, con el profundísimo duelo que conlleva, dan pasos hacia la frontera sur de México con la firme convicción de que lo que les espera será siempre mejor que lo que han dejado atrás.
Victoria salió de Sonsonate en El Salvador en 2016, uno de los municipios con tasas más altas de violencia. Desde noviembre del 2017, Victoria fue reconocida como refugiada, y residía en México con una visa humanitaria. Irónicamente en el 2020 la tasa de homicidios en México sobrepasó la de El Salvador. Había cumplido ya cuatro años viviendo en México, quién iba a decirle que había huido de la violencia social y la violencia de su expareja con sus dos hijas que entonces tenían 10 y 11 años, para ser víctima en México a manos de los que debían proteger su vida, no atentar contra ella.
Si imaginó un destino trabajando en un hotel en una de las playas más hermosas del mundo, nunca debió pasar por su mente que una tarde cualquiera, cuatro policías la detuvieran, la acusaran de causar desorden en la vía pública y le quitaran la vida al someterla brutalmente.
Dos días después, el migrante guatemalteco Elvin Mazariegos, estaba por pasar la frontera que Victoria consiguió cruzar años antes, pero un retén militar mexicano, que incluso se afirma pisaba suelo guatemalteco, intentó detener el auto en el que viajaba y uno de los integrantes del ejército le disparó y lo hirió de muerte. Tras disculparse por el “error” del asesinato, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, aseguró que los militares atendieron a Elvin tras herirlo, pero esto contradice el informe de la fiscalía, que afirma que el cuerpo apareció sin vida en un vehículo Mitsubishi en el municipio de Mazapa de Madero.
Victoria Salazar era una de las 21 mil mujeres solicitantes de asilo anuales que recibe México. El número de mujeres que deciden migrar de forma voluntaria o forzada y se desplazan por México ha ido creciendo, y con ellas, sus detenciones.
Según el Instituto de Política Migratoria (MPI) entre 2013 y 2017 casi se triplica el número de mujeres migrantes que las autoridades mexicanas detienen anualmente, pasando de 11,336 en 2013 a 30,541 en 2017. Los reportes de las detenciones son escalofriantes: Amnistía Internacional estima que entre el 60% y el 80% de mujeres migrantes son violadas en su tránsito por el país.
Según el Instituto Nacional de Migración, hasta un 25% de mujeres centroamericanas prevén ser víctimas de violencia sexual y toman anticonceptivos durante su tránsito para prevenir embarazos no deseados. Un estudio de ACNUR de mujeres solicitantes de asilo en EU refleja que un 40% de las entrevistadas habían vivido violencia física o sexual en su tránsito por México, y el 10% de las entrevistadas reportaron que los agresores habían sido policías.
El 82% de la gente que fue detenida entre 2006 y 2016 en la calle o sacadas de un lugar sin orden de detención sufrió tortura o maltrato. El 88% de la gente detenida por la Marina 88% reportó maltrato o tortura, mientras que esta cifra es del 85% para el Ejército y el 80% de la Policía Federal y el 75% de la policía estatal, según un estudio de World Justice Project.
¿Ese es el Ejército que el Presidente asegura que no comete violaciones de derechos humanos? ¿Asumirán la urgencia de capacitar y fortalecer a las policías estatales y municipales o seguirán concentrando poder en las fuerzas armadas? Las vidas perdidas de ambos migrantes, son una fotografía vergonzante que revela el desastroso destino que resulta México en seguridad pública. (Maité Azuela, El Universal, Nación, p. 6)
Las grabaciones que se conocen sobre la manera en que el sábado pasado cuatro policías de Tulum, Quintana Roo, inmovilizaron y asesinaron a la migrante salvadoreña Victoria Salazar, dejan muchas lecciones, todas perturbadoras.
Por una parte, exhiben la falta de profesionalismo que prevalece en la mayoría de las corporaciones policiales de nuestro país. Las condiciones de reclutamiento, los bajos ingresos, los agobiantes sistemas de trabajo y las directrices que reciben de sus superiores, explican en gran medida su escasa preparación, cuyas consecuencias pueden ser mortales.
De ese crimen, la responsabilidad directa recae en cuatro policías, pero más allá está la de sus mandos y de los directores o secretarios de seguridad pública que no están cumpliendo su encomienda, simplemente simulan.
Nuestra policía nació como un instrumento de control social y no como una institución para servir y proteger a la comunidad, de allí la contradicción entre el uso abusivo de la fuerza ante personas indefensas y la parálisis y el miedo ante los verdaderos delincuentes.
En muchos municipios la policía está infiltrada por el crimen, hechos dramáticos como los ocurridos hace unos años en Boca del Río o en Tierra Blanca, Veracruz y en Guadalajara, Jalisco, donde policías entregaron a ciudadanos a los criminales, contribuyen a explicar los niveles de violencia e impunidad que prevalecen en el país.
Al propio tiempo, los policías son los parias del sistema de procuración de justicia. Ser policía en este país, dice María Elena Morera, es laborar en el olvido: “El 18 de marzo —detalla— fueron asesinados 13 policías en una emboscada en Coatepec Harinas, Estado de México. Tan solo dos días después, asesinaron a tres policías de investigación de la Fiscalía General de la República en el estado de Guanajuato”, y mientras el maltrato institucional y social a los policías es una constante, muchos siguen muriendo en el cumplimiento de su deber.
Pero los hechos de Tulum reclaman, igualmente, analizar las respuestas sociales. Lo mismo de quienes circulaban en bicicleta y que ni siquiera volvieron la vista hacia ese punto, que de quienes están grabando la escena con sus teléfonos celulares o los curiosos que se limitan a observar; no hay en ellos el menor intento de intervenir para impedir el atropello contra una mujer. Lo que muestran esos comportamientos es la enorme insensibilidad social ante la violencia, el valemadrismo.
También está allí el clasismo, sería inaudito que esos mismos policías le hubieran dado un trato semejante a alguien cuya fisonomía y manera de vestir implicara un alto estatus económico o político. La paradoja es que esos mismos policías provienen de los estratos sociales más bajos.
Hechos como este también subrayan el error del gobierno de convertir a las fuerzas armadas en responsables casi únicas de la seguridad pública, porque tiene como uno de sus efectos perversos abandonar el proyecto de construir la seguridad pública desde la base, es decir, como lo proponía Ignacio Morales Lechuga hace 35 años: profesionalizar, modernizar y moralizar a las corporaciones policiales. (Alfonso Zárate, El Universal, Opinión, p. 9)
El asesinato de un migrante guatemalteco por parte de militares no admite llamarse una “reacción errónea”, es el efecto de una política que otorga funciones equivocadas a un cuerpo para el que pueden ser correctas dichas reacciones. La declaración del secretario de Defensa se suma al compendio de insultos a la inteligencia pública que reparte la tradición política nacional.
No es un caso sino un fenómeno, un contenedor que incluye desde nuestras muchas violencias al agregado de muertes excedentes que se han reconocido a medias como saldo de la pandemia.
Somos una sociedad que abandona la intención de entenderse, abdica de preguntarse sobre su futuro y sustituye el cuestionamiento de certezas por la incertidumbre de la ilusión. No es difícil que la reiteración de lo elocuente desplace a la realidad.
Una vez legitimada la disfuncionalidad se renuncia al pensamiento crítico. Si no es crítico tampoco será pensamiento. Hemos caído en la trampa de la cotidianidad. Uso el plural porque a pesar de lo irrespirable de la discusión pública, sigue siendo plural la conjugación de lo social. Ni el Presidente con sus seguidores, tampoco muchos de sus contrarios dan cuenta de ello. (Maruan Soto Antaki, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno no opina sobre la vida interna de otros países y pidió el mismo respeto para México.
La declaración fue en respuesta al reciente informe sobre los derechos humanos en México del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual critica el hostigamiento a algunos periodistas en nuestro país, entre otras violaciones a la libertad de expresión.
“Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos?”, cuestionó López Obrador.
La declaración presidencial es desafortunada, pues en materia de derechos humanos no se puede exigir la no intervención, ya que los derechos humanos son universales, no tienen fronteras.
En el rubro de política exterior del Proyecto de Nación 2018-2024, el entonces candidato AMLO destacó la importancia de los derechos humanos.
“México, en el ejercicio de su soberanía, ha suscrito pactos internacionales de derechos humanos, así como diversos instrumentos regionales en la materia. La lucha y la defensa de los derechos humanos ha permeado en la conciencia del país. Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos en México y en el mundo será uno de los hilos conductores de la política exterior del gobierno”, subrayó el ahora Presidente.
La Constitución Política y tratados internacionales suscritos por México son de carácter vinculante y obligan a nuestro gobierno a observar los derechos humanos ante la comunidad internacional.
Por lo anterior, el gobierno de López Obrador no solo tiene que escuchar opiniones de fuera, sino la obligación de defender los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden (o antes el de Trump) jamás podría acusar a México de intervenir en cuestiones que solo competen a los estadounidenses.
López Obrador invoca con frecuencia principios constitucionales de política exterior como el de no intervención en asuntos internos, pero parece olvidar otro principio que lo acota: el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.
Sin duda, actos intervencionistas de Estados Unidos en asuntos políticos de México deben ser rechazados con firmeza, pero el problema es que el mismo Marcelo Ebrard Casaubón carece de autoridad moral para sostener ese principio: en 2016 intervino en un asunto interno al apoyar la campaña electoral de Hillary Clinton, asunto que únicamente compete a los ciudadanos estadounidenses.
México solo atiende las recomendaciones de los organismos internacionales, no la opinión de gobiernos extranjeros, sobre los casos de violaciones a los derechos humanos que se registran en el país, y en esto coincidimos con López Obrador.
Sería lamentable que el legado histórico de un mandatario democrático, popular y de izquierda por el que luchamos se desintegre por una tendencia a la intolerancia. Creemos que las reformas podrán ser perdurables en un clima de libertad de expresión. (Miguel Gutiérrez Canet, Milenio Diario, Política, p. 10)
a importancia para México de la relación con Estados Unidos y con la región América del Norte fue subrayada en el primer informe trimestral de 2021 hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La apuesta es grande, tanto como lo fuera en su momento la que hizo Carlos Salinas de Gortari al lanzarse a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que al tiempo de reconocer una realidad geopolítica cambió diametralmente el tono de los vínculos bilaterales.
López Obrador hizo un reconocimiento a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que en 2020 enviaron remesas por 40 mil 600 millones de dólares que pueden elevarse más este año.
Calificar a los migrantes como “héroes y heroínas” no fue una exageración: sus aportaciones económicas son la diferencia para muchas familias, tanto o más que los programas sociales del gobierno.
López Obrador hizo notar que “está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo de cooperación con soberanía entre nuestros países significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano, pues solo así, sumando esfuerzos, inversiones, talento y mano de obra, podremos salir adelante en el complicado escenario de la economía y del comercio mundial”.
Es de hecho la aceptación de una realidad geopolítica: la relación con EU es 80 por ciento del comercio exterior mexicano, ocho o más de cada 10 mexicanos residentes en el exterior viven en territorio estadounidense, 99 por ciento de las remesas proviene de ellos.
Eso quiere decir que para bien o para mal, un ataque contra Estados Unidos lo es también, de forma directa, contra intereses mexicanos en lo político, económico, social y humano. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 19)
Durante la guerra en Centroamérica, recuerdo a un general hondureño que decía que no estaba en contra de que se alcanzara la paz, pero que le preocupaba que una vez que terminara el conflicto el mundo dejara de mirar hacia la región y los dejaran en el abandono. Algo así ocurrió, efectivamente. Durante los años de hostilidades, Estados Unidos construyó carreteras y bases aéreas, ofreció adiestramiento a las fuerzas armadas y a las policías. En medio de la rivalidad bipolar, le metió dinero a ese país. Después, se firmó la paz y la predicción del general se cumplió.
Ahora, debido a la incesante migración que se genera en el Triángulo Norte, Washington vuelve la mirada a la zona y planea aportar 4 mil millones de dólares para detonar el empleo y el desarrollo. Entre los tres países —Guatemala, Honduras y El Salvador— suman más de 33 millones de habitantes ante lo cual, esa suma de dinero en asistencia al desarrollo resulta a todas luces insuficiente. En realidad, lo que se requiere es de un plan de largo plazo y destinar ese dinero a contener la crisis actual, sobre todo de niños que migran solos. Los recursos están mal orientados. Mucho más gasta Estados Unidos en el patrullaje de su frontera que en atender la raíz del problema.
Las inversiones y los empleos no van a aparecer sin avances perceptibles en materia de legalidad, seguridad y fortalecimiento institucional. Los mercados de esas naciones no son voluminosos de por si. Si a esto añadimos los altos niveles de violencia, carencia de infraestructura y falta de acuerdos entre los tres países para detonar el desarrollo con un enfoque regional, el resultado previsible es que el dinero que envíe se esfumará sin alcanzar resultados.
México es una pieza clave dentro de esta ecuación. Si en este país aspiramos a lograr un desarrollo más equilibrado, Centroamérica debería interesarnos prioritariamente. Basta observar el mapa de México para darnos cuenta de que el esfuerzo nacional se concentra en conquistar el norte: hacia allá van las principales carreteras y los troncales ferrocarrileros, los vuelos, los ductos y la carga marítima. Esto es natural, al ser vecinos de la economía más grande del mundo. Sin embargo, siendo la segunda potencia latinoamericana, por equilibrio interno y por servir al interés nacional, México debería adelantarse a la propuesta de Biden para ser el epicentro del desarrollo regional centroamericano y, por ende, del sur de nuestro país.
Así, antes de meter un centavo, México debería tomar el liderazgo de un proyecto multinacional para identificar la vocación económica de esta rica región del mundo y pactar un proyecto de desarrollo del Istmo que incentive a los capitales estadounidenses a invertir con tiros de precisión. México puede ser ese gozne privilegiado en la cintura de América. Un esfuerzo de esta naturaleza sería bien visto y acompañado por Washington y sin duda podría marca un antes y un después en la vida de los centroamericanos. Una iniciativa de este corte podría darle horizonte e identidad a nuestra política exterior. (Enrique Berruga Filloy, El Universal, Opinión, p. 9)
México forma parte de un mundo en crisis en el que cada gobierno y pueblo tienen que solucionar sus problemas, trazar su ruta para salir adelante y superar los problemas de salud, inseguridad y parálisis económica. Los mexicanos debemos entender que nadie vendrá a salvarnos, nadie vendrá a sacarnos de nuestros apuros; lo que no hagamos por nosotros mismos nadie lo hará. Nuestro objetivo colectivo es construir un país de convivencia y libertades, de oportunidades y de realizaciones humanas.
Los dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de México, deben comprender que el mundo ya cambió, es otro. No pueden esperar resultados promisorios con la actitud del pasado. Se debe cambiar y fortalecer la convivencia con nuestros vecinos del norte. Nuestra relación bilateral México-Estados Unidos debe cambiar de tono y de propuesta y privilegiar el apoyo a la cooperación para el desarrollo. Un nuevo trato, al estilo Roosevelt, y una alianza para el futuro, similar a la del Progreso, de Kennedy.
Los tiempos obligan a trabajar juntos en grandes proyectos de reivindicación económica y social; a contemplar los problemas comunes con una visión integral y acometer su solución en forma conjunta. La pandemia y la vacunación masiva rebasan nuestras fronteras y se convierten en un asunto de interés nacional para los norteamericanos. Se requiere de una atención conjunta porque, de lo contrario, las miles de familias sin vacunar que entran a Estados Unidos serán un foco permanente de contagio.
Asimismo, el fenómeno de la migración es muy complejo. La gente deja su tierra, su hogar y su familia por necesidad. En gran parte, es la resultante de la violencia, inseguridad y falta de oportunidades de trabajo en sus países, pero también es la búsqueda del sueño americano. Ninguna acción militar podrá dar solución a esta problemática. Se deben combatir las causas que generan la diáspora migratoria.
El gobierno de Biden debe también comprender la inminente necesidad de dar un nuevo giro a la relación bilateral, privilegiar la cooperación para el desarrollo y, de manera franca, amistosa y útil, analizar los problemas comunes entre México y Estados Unidos como retos de solución conjunta, en beneficio de ambas naciones. La migración, el narcotráfico, la parálisis económica, la pandemia, la vacunación masiva y la pobreza extrema en el país exigen un nuevo tratamiento, acciones comprometidas y recursos para solucionarlos.
La frontera sur es Chiapas. Un estado estratégico, puerta de entrada a Centroamérica, con recursos naturales y humanos que pueden ser el instrumento conjunto de México y Estados Unidos para detonar un nuevo esquema de cooperación bilateral. Crear un nuevo mercado que aproveche las ventajas geográficas para integrarse e interconectarse a las cadenas exportadoras del T-MEC. En forma conjunta, con una nueva relación bilateral, es factible hacer de este importante territorio un gran recinto para su reactivación económica y dotarlo de suficientes servicios para el aprovechamiento de la infraestructura y estímulos para tener ocupación, ingreso y bienestar.
En concreto, el presidente López Obrador, además de su planteamiento de apoyar a Centroamérica, debe proponer al presidente Biden esta acción nueva y sustentable para Chiapas y para México. Lo que se pretende es poner sobre la mesa una nueva carta como propuesta: iniciemos un plan piloto en Chiapas y construyamos una nueva realidad económica a la puerta de Centroamérica. Chiapas es la frontera sur. No es justo hablar del desarrollo de Centroamérica al margen del estado de Chiapas. Es una omisión y una ofensa a nuestra presencia nacional.
En principio, se proponen algunas acciones:
* Convertir a Chiapas en territorio especial de facilitación y apoyo a las inversiones privadas, oficiales, nacionales y extranjeras. Un recinto fiscal internacional.
* Promover entre ambos gobiernos, el mexicano y el norteamericano, inversiones multilaterales y crear la infraestructura de servicios para el desarrollo de la región.
* Establecer, con base en datos duros, el compromiso de instalar 200 empresas, de diferentes ramas industriales, interconectadas al esquema de los mecanismos de exportación del T-MEC.
* Rehabilitar Puerto Madero con todos los servicios: bodegas, viviendas, gasoductos, estaciones de servicio, intercomunicaciones, etcétera.
* Crear rutas del Tren Maya: Palenque-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc y a futuro Tapachula-Guatemala, Cd. Cuauhtémoc- Guatemala.
* Construir infraestructura de carreteras modernas: San Cristóbal-Ocosingo-Palenque, San Cristóbal-Comitán-Cd. Cuauhtémoc.
* Desarrollar y operar, gobiernos y las empresas y corporaciones empresariales, el sistema de riego del Soconusco (100 mil hectáreas), para el desarrollo de plantaciones comerciales de exportación.
* Crear sistemas de riego de 10 mil hectáreas en los márgenes del río Grijalva, para incorporarlas a la producción agrícola. Rehabilitar y dar mantenimiento a los sistemas de riego existentes también es una urgencia.
* Construir, con las normas y protocolos más estrictos de respeto al medio ambiente, la infraestructura para el desarrollo turístico del norte de Chiapas: Palenque, Agua Azul, Yaxchilán y Bonampak. Este es un gran atractivo cultural, es una joya mundial que, sin duda, generará un torrente de visitantes a la zona.
* Trasladar la CFE a Chiapas y crear un polo de desarrollo cercano a Tuxtla para un nuevo asentamiento humano de 10 mil viviendas para los trabajadores de la empresa, bien planeado y mejor construido, que a futuro será un importante centro de desarrollo regional.
* Convencer y apoyar a las grandes universidades del mundo, como lo hizo en su tiempo el presidente Nehru, de la India, e instalarlas en Chiapas con todas las facilidades y apoyos, para empezar a construir el futuro con base en la ciencia y la tecnología: Harvard, Chicago, Oxford, etcétera.
* Potenciar a Chiapas como el hábitat propicio para el desarrollo de las empresas generadoras de energías limpias.
Nuestra vecindad marca la diferencia y nuestra fortaleza. China y Estados Unidos están en plena conquista comercial, México les representa una gran opción para su expansión. Nuestro país debe aprovechar la coyuntura y las circunstancias. (Roberto Albores Guillén, El Universal, Opinión, On line)
Muchas cosas han cambiado desde que dejé Japón hace 16 años. La que más me llama la atención es la gran cantidad de extranjeros que atienden las tiendas de conveniencia, pero no es el único lugar donde los he encontrado.
El crecimiento y expansión del capitalismo, expresado en la integración formal o informal de los mercados laborales regionales, apuntala a un proceso de internacionalización de los flujos migratorios regionales que bien conocemos en México y se pueden explicar fácilmente: las economías más desarrolladas y con mayores tasas de crecimiento atraen a quienes desean mejorar su condición de vida o huyen de algún conflicto.
Con esto no quiero decir que la inmigración en Asia, especialmente en Japón no existiera.
Es probable que tanto Japón como otros países, donde hay señales del envejecimiento de la población, transitarán hacia políticas migratorias más abiertas que mantengan el crecimiento económico, pero también al control migratorio endurecido en tiempo de COVID-19.
De acuerdo con la OCDE, en 2019 Japón sólo recibió 115 mil inmigrantes con un estatus migratorio de largo plazo o de residencia permanente, 15.8% mayor con respecto al año de 2017. Sólo 57% de esta cantidad fue migración laboral y 27.7% representó a los integrantes de sus familias. El 0.1% fueron migrantes humanitarios.
Paralelamente, se emitieron 124 mil permisos para estudiantes y 266 mil visas para trabajadores temporales y estacionales. Se cree que estas cifras cambiarán drásticamente en el siguiente reporte de la OCDE; la migración, cualquiera sea su razón, estará en el centro de las políticas públicas de Japón y otras naciones en la región. (Adolfo Laborde, El Heraldo de México, Orbe, p. 20)
Las olas migratorias de desamparados que abandonan sus hogares miserables y sus países empobrecidos y violentos para buscar refugio, “ilegalmente”, en los países ricos y prósperos, no es un fenómeno exclusivo de nuestra región, sino un grave conflicto mundial cuya solución se ve muy difícil y lejana. La dificultad reside en que no es un problema de tal o cual gobierno inepto y corrupto, de tal o cual país que no ha sabido hallar una política económica adecuada a las necesidades de sus ciudadanos, como dicen los ideólogos y apologistas del neoliberalismo en boga. Se trata, en realidad, de un problema estructural de ese mismo neoliberalismo, que brota, no de su funcionamiento defectuoso, sino precisamente de su correcto y eficaz desenvolvimiento.
Los defensores del capital insisten en señalar como uno de sus méritos la libre competencia que permite entre los distintos actores económicos en el mercado. Aseguran que esa libre competencia eleva la productividad del trabajo, abate los precios y mejora la calidad de los productos para beneficio del consumidor final. Subrayan, además, que es condición básica del libre mercado que, a su vez, resulta imprescindible para edificar una economía eficiente, impulsar el empleo y los buenos salarios, mejorar la salud pública, elevar la calidad de la educación, la ciencia y la cultura, promover la investigación científica y la innovación tecnológica y, con todo eso, volver a incrementar la riqueza social. En fin, un círculo virtuoso que garantiza un futuro de prosperidad y libertades para todos. ¿Qué más podemos pedir?
Esa es la teoría. En los hechos, el estudio concreto de la economía capitalista demuestra que la libre competencia en el capitalismo maduro es un mito; pone de manifiesto que “la guerra de todos contra todos” por la conquista del mercado es solo un momento fugaz (históricamente hablando) en la evolución del capital; que éste, al desarrollarse de acuerdo con la ley básica de su existencia, deja pronto atrás la libre competencia que, con el tiempo, se transforma de acelerador en freno de ese desarrollo. Al crecer y madurar la economía capitalista, desarrolla también la libre competencia, la guerra por los mercados que, como toda guerra, elimina a los débiles en favor de los más fuertes y poderosos. Con el tiempo, y ayudada activamente por las crisis periódicas del sistema, la libre competencia termina negándose a sí misma. En suma: la libre competencia, sin necesidad de nada más que la ley intrínseca de su movimiento, acaba convirtiéndose en su contrario, es decir, deja de ser competencia libre y se transforma en un puñado de monopolios gigantescos que son la negación misma de la competencia. Este es el mundo en que vivimos hoy.
Pero en la etapa que sea, del capitalismo, la empresa privada no puede nunca desempeñar otra función que aquella para la que fue creada: proporcionar la máxima utilidad al inversionista que le dio origen y, de ese modo, proporcionar el contenido material de la acumulación de riqueza, asegurar nuevas inversiones, cada vez más grandes y técnicamente perfeccionadas y, por tanto, producir cada vez mayores utilidades y nuevas inversiones que superan las anteriores. La economía de libre empresa no puede, jamás, renunciar a estos fines, que son los naturalmente suyos, y cambiarlos por otros distintos como, por ejemplo, el bienestar colectivo. Y si algo de esto hace, es porque así lo demandan los objetivos e intereses antedichos. No hay modo de engañarse.
La concentración de la riqueza crea, como forzosa contrapartida de sí misma, la desigualdad y la pobreza de las masas; la una sin las otras no puede existir y, por eso, los ideólogos del capitalismo se atreven a afirmar que desigualdad y pobreza son necesarias y consustanciales a la existencia misma de la sociedad, de donde deducen que la lucha por acabar con ellas está condenada al fracaso. Por eso también descalifican al socialismo como una utopía totalitaria que solo produce monstruos. Olvidan, al parecer, que el neoliberalismo que defienden tampoco ha producido ángeles y serafines, y que ha acarreado, además, hambre y miseria en una escala nunca antes vista en la historia humana. Olvidan también que los horrores engendrados por el neoliberalismo se hicieron posibles a raíz de la desaparición del bloque socialista encabezado por la URSS, que obraba como dique de contención a sus ambiciones y crueldades que hoy están desatadas y totalmente fuera de control.
Desde sus orígenes mismos, el capitalismo creció y se fortaleció a expensas de la explotación de las riquezas naturales, el mercado y las clases trabajadoras de cada país; pero su mismo desarrollo lo convenció pronto que la riqueza nacional era insuficiente para sus objetivos de largo plazo. Había que apoderarse de las riquezas, el trabajo y los mercados del mundo entero. Esto ocurrió justamente cuando el mundo acababa de ensancharse con los descubrimientos geográficos de España y Portugal principalmente. Con tal ensanchamiento súbito del mundo, crecieron también su población y las necesidades de esta, es decir, la demanda mundial de bienes de consumo, que la economía de entonces no podía satisfacer a pesar de los cambios y adaptaciones de la agricultura y la industria. Hacía falta una verdadera “revolución de la producción” y eso fue, precisamente, la llamada “Primera revolución industrial” o maquinización de la industria.
La misma necesidad de tal “revolución industrial” exigía comprometer en la empresa a los grandes capitales, que se resistían a una jugada tan arriesgada. Para convencerlos, según el historiador británico Eric Hobsbawn, fue necesario un poderoso imán que consistió en lo siguiente: a) concentrar el comercio mundial en manos de los países más avanzados, Gran Bretaña en primer lugar; b) fortalecer la demanda de sus mercados internos; c) poner ante sus ojos un nuevo mercado, grande y seguro como era el del nuevo mundo que, además, era una fuente inagotable de riqueza gracias a la explotación de las grandes plantaciones de algodón, azúcar, tabaco, café, etc., empleando mano de obra esclava. Fue esto lo que dio el impulso definitivo a la industria maquinizada y a la riqueza económica de unos pocos, poquísimos países “avanzados”, Inglaterra a la cabeza.
Marx resume el proceso diciendo que la economía capitalista concentra la riqueza tanto hacia el interior de los países como entre los propios países, es decir, a escala mundial. Así se explica que el mundo de hoy presente el aspecto de unas pocas y pequeñas islitas de riqueza y prosperidad navegando en un mar de pobreza formado por las masas de población empobrecida del resto de los países del planeta. El problema de la emigración es, precisamente, la manifestación social de esta desigualdad mundial. De aquí lo difícil de su solución.
El presidente López Obrador vuelve a darnos aquí una lección de buenas intenciones que se dan de bofetadas con su política real. Tiene razón cuando dice que la causa profunda de la emigración es la pobreza, inseguridad y falta de empleo en sus países de origen; pero no la tiene cuando propone un plan conjunto con EE UU para impulsar el desarrollo económico de Centroamérica. Olvida que las carencias que señala son fruto innegable y directo de la explotación y dominio político del imperialismo norteamericano en sus países, con el fin de garantizar el enriquecimiento rápido e ilícito de empresas depredadoras como la United Fruit Company y similares. Los Gobiernos norteamericanos promovieron y protegieron el despojo y acaparamiento de las mejores tierras de los campesinos, el saqueo de sus recursos naturales, la feroz explotación de hombres y mujeres que laboraban de sol a sol por salarios miserables.
Para mantener estos abusos, Honduras, Nicaragua y El Salvador fueron sometidos, por más de veinte años, a brutales dictadores que cometieron masacres periódicas de trabajadores “rebeldes” a las empresas bananeras. El tirano Maximiliano Hernández, de El Salvador, masacró sin piedad a 40 mil hombres de las fuerzas de Agustín Farabundo Martí, que se habían levantado contra los terratenientes yanquis y locales. Estados Unidos organizó, armó y financió, en 1954, al “ejercito rebelde” de Carlos Castillo Armas (el “general caca”, como le decían los oficiales yanquis) para derrocar al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz y frustrar su reforma agraria. El presidente Eisenhower justificó el crimen diciendo que “Teníamos que deshacernos de un Gobierno comunista que se había hecho con el poder”.
Un último ejemplo. “En los años setenta y ochenta, Estados Unidos transformó Centroamérica en una fosa común (…) utilizando a Honduras como base para (…) aplastar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en la vecina Nicaragua, con escuadrones de la muerte desplegados para llevar a cabo una guerra genocida” (World Socialist Web Site del 22 de marzo). Varios Gobiernos centroamericanos actuales son herederos directos de la misma ideología y de los mismos intereses. Por eso, pedirles a todos ellos que paren el saqueo y devuelvan parte de lo birlado en forma de un plan de desarrollo para acabar con la pobreza que ellos generaron y siguen generando, es no entender en absoluto el fondo del problema. O es fingir que no se entiende para quedar bien con la opinión pública de aquí y de allá.
Lo peor es que mientras se pronuncia un discurso tal, en los hechos el Gobierno mexicano se suma a la política represiva, al uso de la fuerza armada para detener a los débiles e indefensos migrantes centroamericanos, política feroz e inhumana instrumentada por Donald Trump y continuada entusiastamente por Biden. Aunque lo nieguen, aunque lo vistan con el ropaje hipócrita y falaz del “orden” y la “legalidad”, los gobernantes de la 4ª T están convertidos en fieros cancerberos de las fronteras norte y sur de nuestro país para velar por la buena digestión y el sueño tranquilo de los magnates norteamericanos. ¿Hay alguna manera de conciliar el discurso y la política de facto de López Obrador, más parecida a la de un Pinochet que a la de un hombre de izquierda “amigo de los pobres”? (Aquiles Córdova Morán, El Universal, Nación, p. 5)
En mi breve desempeño como cónsul general de México en San Diego, California, en 1988-1989, conocí a un eminente académico, acucioso investigador y precursor de los estudios transfronterizos. Con él, crucé el Cañón Zapata, donde encontramos a Hermann Bellinghausen y fuimos testigos del tráfico de indocumentados, de drogas y de la parafernalia que utilizaba la Patrulla Fronteriza, y después, ganamos un juicio por asesinato de un migrante en una corte de Los Ángeles por un millón de dólares.
En las paredes de El Colegio de la Frontera Norte que Jorge Bustamante fundó, se mantenía un registro preciso de los movimientos migratorios en la frontera que era bien útil para la parte mexicana y cuando Jorge elaboraba sobre el tema en sus formidables conferencias, señalaba siempre las responsabilidades graves que uno y otro gobierno tenían y siguen teniendo en el fenómeno migratorio.
No llegué a oírlo en Chicago, donde era catedrático de la Universidad de Notre Dame, pero sí muchas veces en la UNAM, de la que fue egresado. Celebramos juntos los reconocimientos internacionales que recibió y fue, sin duda, el mejor y más sabio relator de derechos humanos de migrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hombre de compromisos y de ideas progresistas, participó, como correspondía, en la fundación de La Jornada. Ante la traición fortaleció su trabajo de denuncia, acogido por El Colegio de México.
Hombres como él, en la coyuntura grave en la que nos encontramos, son muy valiosos para rescatar la dignidad académica que corresponde en esta delicadísima temática bilateral. (Hermilo López-Bassols (SEM), La Jornada, p. 2)