AMLO se sacude la veda
A casi una semana del inicio de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador nomás no se ha aguantado de dar sombrerazos a la oposición desde su investidura como jefe de Estado. Apenas poquito después de salir a declarar que en Nuevo León sólo ha habido gobernadores rateros (los que no provienen de su partido, desde luego), ayer el mandatario realizó comentarios que claramente entran dentro de la veda, pues aseveró que está por verse si la población mexicana elige que regresen “los saqueadores, los rateros”, y señaló que si en las elecciones de 2018 hubiera ganado otro partido, ahora se estarían condonando los impuestos “a los de mero arriba, como pasaba, de ahí el enojo que tienen”. ¿Dirá algo el apaleado INE? ¿Les quedarán ganas de hacerlo tras la confirmación de que el Tribunal Electoral no quiere broncas?
Por fin trabajan juntas UIF y Fiscalía
Nos cuentan que la sorpresiva resolución judicial que tiene en prisión preventiva justificada al exsenador Jorge Luis Lavalle fue resultado, finalmente, de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera; a la cual en esta ocasión se le brindó el carácter de ofendida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Resulta que, en un intento por librar la solicitud de encarcelamiento que hizo el equipo de Alejandro Gertz Manero, la defensa del exlegislador campechano presentó, ya muy entrada la madrugada, a un perito experto que dictaminó que en el caso en cuestión no existía riesgo de fuga. Fue entonces cuando los representantes de Santiago Nieto entraron al interrogatorio, y demostraron que en sus decenas de peritajes, el presunto especialista nunca había dictaminado la necesidad de una prisión preventiva, lo que generó desconfianza en el juez de control. Don Jorge Luis permanecerá tras las rejas por lo menos hasta principios de la semana siguiente, a la espera que se defina su vinculación a proceso.
Lodo contra Córdova y Murayama
El pleito que no acaba y se profundiza es el de Morena en contra de los consejeros del INE: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Morena y sus huestes digitales mantienen una campaña fija contra ambos. Todos los días lanzan tweets en donde incluso se les señala como próximos candidatos del PRI o del PAN. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, responde a través de discursos públicos en los que acusa que se intenta extinguir al INE; Murayama, por su parte, responde a través del Twitter y le asegura a Morena que no será candidato nunca. Los afines al Presidente no perdonarán ni olvidarán el atrevimiento de haber bajado de la contienda a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón.
Morena cuenta sus votos
Todo indica que la fracción de Morena en el Senado, nos comentan, se está resignando a que no se apruebe la reforma constitucional a ley de hidrocarburos que el Presidente envió a la Cámara de Diputados, pues hicieron cuentas y no les alcanzan los votos. En cambio, ya tienen los apoyos suficientes para la reforma en materia de outsourcing o subcontratación, impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, con el apoyo del gobierno federal. Otra de las reformas que podrían ser aprobadas la próxima semana es la de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para contar con los datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil. (El Universal, Opinión, p.2)
NO CABE duda de que las conferencias mañaneras en Palacio Nacional tienen algo de show de circo con números de contorsionismo y malabares.
CUANDO un periodista serio hace una pregunta incómoda sobre un tema importante, Andrés Manuel López Obrador hace un quiebre de cadera para evadir la interrogante y luego un malabarismo verbal para cambiar radicalmente de tema.
ANTE la pregunta que le hicieron ayer sobre la responsabilidad del Gobierno para vacunar a los médicos de hospitales privados, el Presidente pegó dos marometas discursivas y acabó hablando sobre la corrupción de ex gobernadores.
EN LOS CIRCOS, todos tienen claro que tienen que innovar en los actos que componen el show después de una temporada en escena para que el público no se aburra.
SIN EMBARGO, en las mañaneras que ya llevan más de dos años de funciones ininterrumpidas, López Obrador parece estar muuuy a gusto usando los mismos trucos para evadir los asuntos críticos mientras se deja querer por quienes sólo acuden para aplaudirle.
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PREOCUPADOS andan los empleados de varias líneas aéreas que tienen operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Y ES QUE han estado viendo cómo en fechas recientes elementos de la Guardia Nacional han estado muy “celosos de su deber” a la hora de hacer revisiones de equipaje documentado por los viajeros que salen de sus dos terminales.
CUENTAN que los oficiales quitan candados, abren maletas y rompen cierres para sacar ropa enseres y objetos personales que no siempre son devueltos al lugar que ocupaban, por lo que los empleados de las aerolíneas temen una ola de reclamos por parte de los viajeros.
¿SABRÁ el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio cómo se las gastan sus muchachos en la “revisión” de los equipajes? Es pregunta sin exceso de equipaje.
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UNA BUENA: Claudia Sheinbaum dijo ayer que el plan es que en la próxima etapa de vacunación se apliquen dosis no sólo a los profesores sino a todo el personal de las escuelas tanto públicas como privadas de la CDMX.
UNA REGULAR: a pesar de que ese es su plan, reconoció que esa estrategia debe quedar validada como parte del Programa Nacional de Vacunación.
UNA MALA: tomando como antecedente la no vacunación de médicos de hospitales privados y otros trabajadores de la salud como los odontólogos, a ver si no resulta que a los profesores y empleados de colegios privados les acaban aplicando el “que se esperen hasta que les toque”. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Trámite inconcluso
A punto de concluir el periodo ordinario de sesiones en el Senado, y el líder nacional del PAN, Marko Cortés, no ha querido tomar la determinación de designar al coordinador de la bancada. Algunos dicen que no busca imponer a un hombre y varias senadoras ya levantaron la mano.
Contra el huachicol
Nos hacen saber que la alerta se encendió en Pemex por el tema del huachicol en Hidalgo, pues persiste este grave delito, y ya buscaron desde Palacio Nacional al gobernador hidalguense, Omar Fayad, para que se sume a la lucha y haga frente a este fenómeno, y juntos cierren el paso a estas mafias.
Dudas
El anuncio del canciller Marcelo Ebrard de ir a cuatro países para conseguir más vacunas contra COVID-19 coincide con la polémica en torno a la vacuna AstraZeneca. Aunque dicen que son raros los casos malos, recuerdan que México había hecho un contrato por 77.4 millones de dosis, y ahora surge la duda respecto a si podría cambiar en el acuerdo con esa firma y aumentar otras.
Sequía
Más allá de los problemas sociales que deben tener en sus agendas los candidatos a las alcaldías en la CDMX, el asunto del agua es el tema del momento, de ahí la importancia del llamado que hizo Claudia Sheinbaum para cuidarla, y la estrategia que seguirá, porque la sequía se extendió. Incluso, se espera una mejor coordinación con el nuevo titular de Conagua, Germán Martínez Santoyo, por su conocimiento de la ciudad. (El Heraldo de México, Opinión, p.2)
Alito vs. Clemente
Con la novedad de que el ring virtual de las benditas redes se empieza a cargar de tiros electorales. Quienes ahora protagonizaron un encontronazo ahí fueron los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien acusó recibo de unas declaraciones del líder tricolor en Jalisco. “El presidente del PRI, el partido de la corrupción, quiso dar lecciones de honestidad y congruencia cuando lo que deberían de hacer es disculparse con México”, soltó la noche del jueves Castañeda, quien agregó que no se sumaron a la alianza porque “representan el pasado y nosotros queremos un verdadero cambio, una apuesta de futuro para México”. A la hora del desayuno contraatacó Alito al señalar que MC “se sintió exhibido al ser (sus integrantes) expuestos ante la sociedad como lo que son: la comparsa de Morena”. Además, afirmó que a los naranjas les incomodó la coalición y que MC “no tuviera el más mínimo amor por México para sumarse a su defensa” mediante la búsqueda de la mayoría en el Congreso. Así los raspones en las benditas redes.
Y el que sigue dando la batalla para poder ser vacunado es el personal de salud del sector privado, que ahora realizó manifestaciones en Palacio Nacional. Desde los que trabajan en hospitales grandes hasta los de un pequeño consultorio han tenido que enfrentar, dicen, varios obstáculos. Hace tres semanas se pidió un censo a las “corporaciones”, como las definió el subsecretario Hugo López-Gatell, para que presentaran registros completos y actualizados de su personal de primera y segunda línea, pero en éstos se incluyó personal fuera de esa definición. Según el funcionario, esta semana se entregó un nuevo censo ya con el aval de las autoridades sanitarias de los estados y se iba a proceder a vacunar. Sin embargo, el personal privado dice que no hay fecha para que así ocurra y crece su descontento, pues insiste en que su pecado es trabajar precisamente en el sector privado. Ya se verá.
Donde siguen haciendo la lucha para acceder a vacunas, en este caso, a través de vínculos con gobiernos estatales en Estados Unidos es en algunas entidades próximas a la frontera. Y es que es conocido que por la proximidad que establecen para enfrentar temas comunes, surgen relaciones de las que pueden resultar beneficios mutuos. En esa suerte, la que está buscando apoyo del gobierno de California es la gestión estatal de Baja California Sur, a cargo de Carlos Mendoza Davis. Esto, tras conocerse que la vicegobernadora Eleni Kounalakis intercedió ante el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para que se puedan enviar vacunas a esa entidad mexicana. Hay esperanza de que esta acción, que han llevado a cabo también otros gobiernos, tenga resultados, nos comentan.
En un capítulo más de los desencuentros de Morena, que lidera Mario Delgado, y el Instituto Nacional Electoral, la red social de los guindas lanzó un tuit que, dadas las circunstancias, dicen, no resultó tan divertido. “Lorenzo Córdova y Ciro Murayama van a ser candidatos del PRIAN. Guarden este tuit”, difundieron los morenistas. Sin embargo, Murayama reviró: “Tengo tantas posibilidades y ganas de ser candidato en el futuro del PAN o el PRI como de Morena: ningunas. (…) Guarden este tuit y guarden sus infundios”. Antes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había señalado que la institución no se amedrentaba ante quienes tienen “la mira chueca” y piensan que las campañas electorales son para confrontarse con el árbitro. Así que sigue el marcaje fuerte al órgano electoral, aun cuando es juzgador no jugador del partido, nos comentan.
Pues dicen que la candidata aliancista a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, para hacer frente a los embates judiciales en la entidad anda buscando amarres políticos, como el que hizo con 60 exalcaldes priistas, quienes anunciaron su adhesión al proyecto de la expresidenta municipal de la capital del estado. Cuentan en aquellas tierras que la candidata de la coalición Nos Une Chihuahua les dijo que la política en el país ha sido una locura por el incremento sin precedente de los populismos. Además, que se debe buscar unidad entre quienes aspiran a vivir en un Chihuahua libre y justo, pues el odio no debe ser la nueva forma de hacer política en la entidad. Uf. Así los mensajes en ese estado que es escenario de una de las más intensas campañas electorales.
Resulta que la instalación de laboratorios para aplicar pruebas Covid en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se desinfló en un par de meses. Y es que el arranque de la propuesta dada a conocer a finales de enero terminó con la suspensión de dos sitios dedicados a la detección del virus en la terminal aérea. Lo que vino a dar al traste a la iniciativa, cuentan, fue que los centros utilizan pruebas que no estaban aprobadas por la Cofepris y, además, de acuerdo con la secretaria de Salud de la CDMX, Olivia López Arellano, no reportaban “al sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias, manejan de manera inadecuada los desechos y hay carencia de capacitación del personal al realizar las pruebas”. Uf. (La Razón, Opinión, p.2)
¡Vaya! Hasta que alguien se acuerda de la sufrida Palestina. (La Jornada, Contraportada)
Que a la voz de “ese apoyo sí se ve”, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, salió abiertamente en defensa de los aspirantes de Morena en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y en Michoacán, Raúl Morón, a quienes consideró blancos de “sanciones arbitrarias” y “ejercicios excesivos”. Al final ambos casos fueron devueltos al INE, donde la cosa está que arde.
Que por eso, acto seguido, la dirigencia de Morena en Guerrero anunció que el próximo domingo realizará una caravana motorizada desde Acapulco hasta Ciudad de México, para protestar en la sede del Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdova, contra la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, una vez que el expediente fue devuelto por el Tribunal junto con el de Raúl Morón.
Que en el Partido Encuentro Social ven como un mensaje a su candidato en BC, Jorge Hank Rhon, la especie de que el próximo lunes autoridades municipales clausurarán algunas instalaciones de Grupo Caliente, pese a que esos negocios cuentan con permisos federales que emite la Secretaría de Gobernación, por lo que no descartan que esté detrás la mano del gobernador Jaime Bonilla.
Que no obstante que el Presidente declaró por la mañana que se vacunará al personal médico privado “cuando le toque” sin entrar en más detalles, el subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer más tarde que ya con los censos de cada entidad sobre los doctores y enfermeras de primera y segunda líneas contra el covid, la inmunización de ese grupo sanitario “continuará”. (Milenio, Editorial, p.2)
A última hora. Por más que quiera desviar la atención tratando temas tan diversos como los incendios en Nuevo León, la aplicación de vacunas contra covid y los apoyos sacados de la manga a grupos sociales, Jaime Rodríguez Calderón no puede ocultar que, durante su administración, la deuda total del estado aumentó 39% al cierre del año pasado, en el que se incluye un alza de 58% en la deuda del Instituto de Control Vehicular, un organismo que no realiza inversiones productivas, como lo señaló Marco Antonio Pérez Valtier. Ha caído tanto su popularidad, que vecinos lo “quemaron” en Sábado de Gloria para exigir un alto a los feminicidios, el alza en los precios del transporte y del gas natural. Por más que se apresure, entregará malas cuentas. Es la decepción ciudadana.
Desfiguros. La elección en Nuevo León se ha vuelto una vacilada. Desde que Mariana Rodríguez y Samuel García incursionaron con las payasadas en redes sociales, pareciera ser ésta la fórmula para conseguir votantes. Esta vez, Yolanda Cantú, aspirante a la alcaldía de Monterrey, se colocó como trending topic al subir a su cuenta de TikTok un video en el que realiza proselitismo político bailando y cantando sus propuestas al electorado. Su osadía no le ha traído buenos dividendos, pues ahora los ciudadanos se preguntan si será posible que la militancia panista esté tan limitada como para tolerar o simpatizar con ella. Si bailar es su programa de gobierno y con estas acciones piensa desplazar a Morena en las elecciones, se equivocan. Qué barata hacen la política.
Que lo cumplan. La senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra López Hernández, propuso reformar el Código Penal Federal para aplicar de cuatro a 10 años de prisión a quien filtre imágenes, audios o documentos relacionados con los hallazgos de un hecho delictivo. La legisladora de MC sugirió que, cuando se trate de un feminicidio, la sanción por la filtración de la información se incremente una tercera parte. López Hernández indicó que la reforma busca que se respete el principio de confidencialidad y se garantice la dignidad de las víctimas. Lamentablemente, los feminicidios han abierto otro frente: la filtración de imágenes, la cual violenta los derechos y dignidad de las víctimas. Se escucha muy bien el escenario, pero hacerlo posible es la misión.
Alto. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que 117 aspirantes y candidatos han sido amenazados o agredidos durante el proceso electoral, de los cuales 10 están relacionados con asesinatos y desapariciones. Detalló que los estados que concentran el 47.57% de los reportes de violencia y amenazas hacia las y los candidatos son el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. “Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación y la violencia”, reconoció. Es muy alto el costo de la democracia cuando los políticos caen abatidos con tanta frecuencia. ¿Quién detiene esta masacre?
Somnolienta. Uno de los avances sustantivos que ha logrado el actual gobierno es el acuerdo sobre subcontratación, al que se llegó luego de la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con los principales actores de los sectores obrero y empresarial, representantes del Poder Legislativo y en la que también estuvo presente Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. El proceso comenzó en noviembre del año pasado, cuando el Presidente presentó una iniciativa para regular la subcontratación. En diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartita para que la iniciativa se discutiera con los sectores involucrados. Luego de tres meses de diálogo, se lograron atender las preocupaciones de todos los sectores. La secretaria del Trabajo, no obstante, tiene temas pendientes por resolver. ¿Concilia el sueño? (Excélsior, Opinión, p.11)
Luego de que el Presidente se valiera del caso Cassez-Vallarta para atacar a sus críticos, y a tres años de publicar Una novela criminal, me atrevo a volver a él. Según la Real Academia, entre las definiciones de “montaje” aplicarían, aquí, dos: “acción y efecto de montar una obra teatral” y “aquello que solo aparentemente corresponde a la verdad”. Ambas corresponden con lo ocurrido aquel 9 de diciembre de 2005, cuando tanto Televisa como TV Azteca transmitieron, en vivo, la captura de una pareja de secuestradores y la liberación de tres víctimas que no fue ni una cosa ni otra.
No hay casi dudas de que Israel Vallarta y Florence Cassez fueron capturados la mañana del día anterior, incomunicados -secuestrados-, él torturado salvajemente por la Policía, ella encerrada en una camioneta la mayor parte de la tarde, y que solo en las primeras horas del 9 fueron conducidos de vuelta a Las Chinitas -la casa de Israel- para protagonizar la “obra teatral” montada por Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna.
Cuando en febrero de 2006 este último compareció en el estudio de Punto de Partida, frente a Denise Maerker, afirmó que la transmisión de aquel día fue una “recreación”. Según él, la detención ocurrió entre las 4 y 5 de la mañana, en solitario, y solo cuando la prensa llegó al lugar la policía accedió a “repetirla” para las cámaras. Esto no es sino una gigantesca mentira: como el propio Cárdenas Palomino me confirmó -así como muchos otros de los participantes de aquel día-, esa recreación nunca existió precisamente porque Vallarta y Cassez fueron detenidos el día anterior.
Temeroso de que esto saliera a la luz -lo que debió significar la inmediata liberación de ambos-, García Luna se inventó esta farsa para salir al paso. A partir de ese momento, tanto la Policía como el Ministerio Público se encargaron de hacer hasta lo imposible para que no pudiera saberse qué ocurrió en verdad aquella mañana: como determinó la idea del “efecto corruptor” del ministro Arturo Zaldívar, la absoluta falta de certezas de esa madrugada bastó para liberar a Florence y debería bastar para liberar a Israel.
Me atrevo aquí, sin embargo, a especular sobre lo que pudo ocurrir ese día. Un caso como éste, que alcanzó una repercusión internacional inaudita por la doble tozudez de Calderón y Sarkozy, tiende a ser visto como el producto de una gigantesca conspiración. A la distancia, me parece que no fue así: por excepcional que nos parezca ahora, el caso Cassez-Vallarta era, en su momento, parte de la oprobiosa normalidad de nuestro país.
No sabemos en cuántos otros casos la Policía realizó montajes semejantes -el caso de Rubén Omar Romano fue el antecedente inmediato y luego, ya como Secretario de Seguridad Pública de Calderón, García Luna los repetiría una y otra vez con distintos narcos-, pero lo cierto es que se trataba de una práctica habitual. Igual de normal era que los medios secundasen estos operativos en una estrategia de win win: mientras que con ellos la Policía ganaba credibilidad -bocanadas de oxígeno ante su ineficacia-, las televisoras ganaban en rating. De seguro no era siquiera necesario que los altos ejecutivos de las televisoras o el director de la AFI se pusieran de acuerdo: era un pacto tácito que reflejaba los modos de operar entre el poder y los medios.
Y así debió ser cómo, al llegar a Las Chinitas, reporteros y camarógrafos -y los conductores en los estudios- no vieron ni hicieron nada extraño: la obvia manipulación de pruebas y testigos, la tortura en vivo del presunto secuestrador y las demás señales de la farsa quedaban subsumidos en la vergonzosa complicidad de años. Que luego la curiosidad de Yuli García -quien desveló las oscuridades del pacto- o la nacionalidad francesa de Florence convirtieran el caso en un escándalo internacional era algo absolutamente imprevisto en el guion. El montaje, pues, como la expresión máxima, por natural, de una corrupción endémica. Que, por desgracia, López Obrador ha revivido sin que lo acompañe una auténtica búsqueda de justicia. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.9)
Otra vez el dogma. El principio innegable, que es el suyo. Las creencias, sus creencias, de carácter indiscutible y obligatorias para todos, en ese su mundo en blanco y negro. Su palabra representa el fundamento del sistema, de la ciencia y la doctrina que deben imperar, porque son dictadas desde su entendimiento.
Desde Palacio Nacional, donde cada día brota el arrebato mañanero de la infalibilidad. El yo no me equivoco, el yo jamás fallo; ustedes sí, conservadores. Ahí, en el púlpito patrio, donde emana el desplante de la sapiencia irrefutable. El yo sí sé todo. El yo sí sé de todo; ustedes, ustedes no, corruptos.
¿Cómo entender que el gobierno federal se niegue a vacunar a todos los médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios (incluidos paramédicos y doctores de farmacias), aunque no trabajen en primera línea contra la Covid-19?
¿Por qué les resulta tan difícil entender y asimilar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario Hugo López-Gatell, que miles de médicos, enfermeras, laboratoristas y paramédicos atienden cada día a miles de pacientes de todo tipo, de todos los estratos sociales, y que por tanto corren un riesgo permanente de contagio a causa del virus SARS-CoV-2? ¿O sí lo saben, pero les da igual?
¿Qué está pasando —otra vez— con las decisiones que se toman para gestionar esta pandemia? ¿El unipersonal y omnipresente politburó de la 4T consultó al pueblo (o sea, el Presidente encuestó al propio López Obrador cuando se afeitaba ante el espejo), y preguntó a eminencias médicas planetarias (es decir, el Presidente platicó con el doctor López-Gatell) y determinó construir una narrativa de que los trabajadores de la salud no vacunados tienen otros intereses, intereses oscuros, y deben esperar, sin que importen sus vidas y las de sus familias?
¿Primero los profesores de la CNTE y el SNTE, porque ellos son cientos de miles y ellos y sus familias dan millones de votos 4T, y los médicos votan por la oposición? (Juan Pablo Becerra-Acosta M., El Universal, Opinión, p.2)
Poco suele importar a los juzgadores que los testimonios sean contradictorios, la evidencia no coincida o que haya pruebas de descargo; quienes se han prestado a este juego retiraron impunemente ventajas políticas y económicas inmorales
Tengo ya varios años escandalizado por la impunidad con que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha fabricado delitos en contra de varios cientos, acaso miles, de personas inocentes.
Esta semana, el expediente de Israel Vallarta Cisneros atrajo los reflectores, pero de ninguna manera es un caso aislado. A Vallarta y Florence Cassez les destrozó la vida una maquinaria especializada en destrozarle la vida a muchas ciudadanas y ciudadanos que no lo merecían.
Aparecen como principales responsables del montaje de Las Chinitas —rancho donde falsamente detuvieron a Vallarta y a Cassez el viernes 9 de diciembre de 2005— el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y su segundo en el mando, Luis Cárdenas Palomino.
Sin retirar un solo gramo de la responsabilidad que pesa sobre estos ex funcionarios, hay que decir que la policía de investigación contribuyó solamente con algunas de las piezas necesarias para la fabricación.
Ni Cassez ni Vallarta habrían podido ser detenidos sin una orden de presentación del Ministerio Público, tampoco habrían sido arraigados sin la instrucción de un juez, mucho menos habría prosperado la averiguación previa ni la consignación, sin la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) o los operadores del Poder Judicial de la Federación.
Colocar toda la responsabilidad únicamente en dos individuos, por más corruptos que hayan sido y por más abusos de poder que hayan cometido, no libera de su complicidad a otros agentes.
Sobresalen, entre ellos, el entonces subprocurador de la Siedo, el difunto José Luis Santiago Vasconcelos, el fiscal anti-secuestros de la época, Jorge Rosas García, así como los Ministerios Públicos Rodrigo Archundia Barrientos y Fermín Ubaldo Cruz.
Con tal de que los policías de la AFI pudieran producir el montaje en el rancho Las Chinitas, estos sujetos tuvieron que haber instruido a García Luna y luego debieron esconder las huellas de la presumible fabricación para convencer al juez de que arraigara a Cassez y Vallarta. (Ricardo Raphael, Milenio, Opinión, p.12)
Esta semana se presentaron dos informes demoledores para México referentes a la falta de garantía de los derechos humanos. El primero fue el de Amnistía Internacional, que podemos resumir en una sencilla frase: seguimos siendo un país donde reina la impunidad. Quien la hace, desgraciadamente, no la paga. El segundo informe es el de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Informe de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, con datos que deben impactarnos como sociedad.
En el primer caso, podemos descubrir que en México la tasa de impunidad para todos aquellos casos que entran en el Sistema Penal alcanza hasta el 99 por ciento, lo que afecta principalmente a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Abunda el informe con un ejemplo: durante el 2020 fueron asesinadas tres mil 752 mujeres en el país, de las cuales sólo 969 fueron investigadas como feminicidios, lo que da un total de 10 mujeres asesinadas al día. Por otra parte, la cantidad de personas desaparecidas en México alcanza un registro de 82 mil 647 casos. Pero el dato que resalta es que, durante los últimos diez años, han sucedido 63,039. Las desapariciones forzadas fueron cometidas principalmente por agentes del Estado y las desapariciones por agentes no estatales, “mientras que los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta”. ¿Dónde están las líneas de investigación? ¿Quiénes son los responsables de esta tragedia? ¿Por qué no están siendo juzgados? Se podría preguntar lo mismo de la violencia contra los periodistas. La respuesta no sólo es el típico discurso de nadie supo, nadie vio, sino que ahora, el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que hacerse esas preguntas es formar parte del grupo conservador.
La desaparición de toda persona no es un simple número, es una tragedia en el presente y en el futuro de las familias. Una persona que salió de casa un día y no regresó, llena de dolor a las personas y cancela muchas posibilidades al futuro. Nadie quedará completo cuando alguien de su familia o amistades desaparece. De esta forma, sorprende mucho más el segundo informe respecto a los casos de las fosas clandestinas descubiertas. Las cifras son una tragedia: a nivel nacional, entre el 1º de diciembre de 2018 y el 7 de abril de 2021 fueron encontradas 615; Acapulco ocupa el tercer lugar con 77 fosas, debajo de Tecomán, Colima (108) y Úrsulo Galván, Veracruz (77).
En ese mismo segundo informe, aunque presentados de diferente forma que el informe de Amnistía Internacional, los números son contundentes en la desaparición de las personas: entre 2006 y el 7 de abril de 2021, 85,006 se encuentran desaparecidas o no localizadas. Para darnos cuenta de lo impactante de estos datos, baste señalar que el número es igual a la población que hoy tiene Arandas, Jalisco. (Ruth Zavaleta Salgado, Excélsior, Opinión, p.13)
Si seguimos en la insistencia de que son los militares u otros agentes del Estado mexicano quienes lo hacen, sin aceptar que, quienes violan derechos humanos de manera sistemática y violenta en nuestro país, son los criminales.
Son los criminales los que insisten en enfrentar al Estado mexicano, no solamente violando derechos humanos, sino también creando campañas tanto de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como de desprestigio ante la sociedad en contra de las fuerzas armadas. Elevar el análisis servirá para comprender la realidad de lo que hoy representa la actuación de los soldados de tierra, mar y aire en la defensa y protección de los derechos esenciales de los mexicanos.
En el caso del ejército mexicano, por ejemplo, se tienen desplegados más de 78 mil elementos en diferentes servicios, donde se realizan tres eventos diarios (patrullaje, reconocimiento, establecimientos de puestos militares de seguridad, etc.) resultando en un total de 5,037 eventos por día, lo que da como resultado en promedio un total de 1 millón 642 mil 500 actividades militares por año.
Como otro ejemplo, son las agresiones que durante esta administración ha recibido el personal militar. 570 agresiones por arma de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada.
Lo importante de lo anterior es en definitiva lo que debe regir el análisis de esta realidad. Se insiste, no son los militares quienes violan derechos humanos en México; sin embargo, cuando se han presentado abusos y excesos, es el propio instituto armado quien, persigue y castiga al personal militar que incumple con la Ley.
Las fuerzas armadas, por otra parte, acatan lo que la CNDH les indica como recomendación para en su caso resarcir daños a víctimas. Sin embargo a lo anterior, es importante insistir en que en el periodo del 2006 al 2012, la CNDH recibió 7,741 quejas, de las que derivaron 113 recomendaciones para el ejército.
En el periodo 2012-2018 se recibieron 3,196 quejas, de las cuales se derivaron en 20 recomendaciones. (Juan Ibarrola, Milenio, Opinión, p.3)
Quien anda más puesto que un calcetín en Tabasco, nos platican, es José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está bien entrado en campaña, pero no para él. Nos detallan que don Pepín —como se le conoce— decidió apoyar al candidato de Morena a la diputación federal por el Distrito 1, Marcos Rosendo Medina Filigrana y desde el arranque se le ha visto muy activo de un lado a otro con don Marcos, quien era su jefe en la Secretaría de Gobierno estatal y quien aprovecha que el hermano del presidente fue alcalde de Macuspana y subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del estado, para jalar reflectores en tierra presidencial. ¡Qué tal!
Como el perro de las dos tortas
A quien dejaron como novia de pueblo en Sinaloa, nos cuentan, fue a la alcaldesa de Guasave con licencia Aurelia Leal López (Morena), pues primero la alentaron para la reelección, luego le canjearon la candidatura para estar en primer lugar de la lista de diputados locales plurinominales, donde a la mera hora fue borrado su nombre de la lista final. Nos indican que doña Aurelia hizo el coraje de su vida y denunció que se violaron sus derechos políticos e instó a otras mujeres morenistas a no ser agachadas, por lo que salió al quite el abanderado a la gubernatura Rubén Rocha Moya, quien le ofreció que, de ganar la contienda, estaría en su gabinete, aunque su propuesta “se quedó en visto”.
Agandalla postulaciones
En Chiapas, nos comentan que, quien se aventó “carambola de tres bandas” fue el exsenador del PVEM Luis Armando Melgar Bravo, pues como sea va a salir ganando en el próximo proceso electoral. Nos detallan que don Armando es candidato para una diputación local por el distrito con cabecera en Huehuetán, con la alianza Juntos Hacemos Historia, pero también va como suplente de la lista plurinominal para diputados federales del verde, donde el propietario de esa posición es Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán. Nos dicen que, aunque en su actuación no estaría infringiendo la ley, lo cierto es que algunos lo consideraron algo alevoso. Qué vivillo ¿no?
Piden poner lupa a candidato
Desde San Luis Potosí, nos comparten que, desde la trinchera del Partido Verde Ecologista de México, su líder estatal Francisco Elizondo Garrido y los voceros Sonia Mendoza Díaz y Cándido Ochoa Rojas llamaron al INE a poner lupa por el posible conflicto de intereses que existe en la campaña de Octavio Pedroza Gaitán, candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura del estado, debido a que su hermano Daniel Pedroza Gaitán es el secretario de Finanzas estatal que está por concluir. Nos indican que los verdes advirtieron que estarán vigilando que los funcionarios del gobierno potosino no estén destinando recursos públicos para favorecer al abanderado panista y se dijeron listos para recaudar todas las pruebas y presentarlas ante las instancias correspondientes. A ver qué tal. (El Universal, Opinión, p.13)
Se dijo que los médicos debían ser los primeros en ser vacunados dado el riesgo que corren todos, no solo los que atienden Covid, pero ahora se reitera que hasta ellos se deben someter a las políticas de vacunación por regiones y rangos de edad, por lo que debe entenderse que no habrá privilegios por profesión, por mucho que se haya hablado de la primera línea de combate y de la admiración que se sentía por el personal de salud.
Ahora el Presidente dice que no habrá diferencia entre médicos públicos o privados, y que todos serán cubiertos por la universalidad de la vacuna. ¿Qué quiere decir con esto? Que los trabajadores de la salud han perdido ante los ojos del mandatario y su gobierno el halo de héroes nacionales que tenían hasta hace poco. Ahora son simples mortales que deben esperar a que les toque su turno, sin privilegio alguno ni consideración por los riesgos de trabajo que enfrenten.
Tan es así el desprecio que ahora se tiene por los médicos del sector privado, que el gobierno admite que ni siquiera cuenta con un padrón confiable que permita dimensionar el tamaño del ramo ni hasta dónde debe abarcar la cobertura de las inmunizaciones, pues cada que se les pregunta a las autoridades por qué no han cumplido su promesa de vacunar a toda la gente que esté relacionada con la atención a la salud, se insiste en que las inmunizaciones sólo serán para médicos y enfermeras que laboren en hospitales especializados en la atención del Covid.
Pero la realidad indica que ni siquiera personal que está en el sector público de salud fue considerado para ser vacunado, pues médicos residentes e internos de hospitales públicos, que también están en contacto con enfermos de Covid, reclaman que no se les ha inmunizado por no ser titulares o ser considerados solo como elementos de apoyo dentro de las clínicas.
Tampoco se consideran entonces como trabajadores de la salud los paramédicos, laboratoristas, odontólogos, administrativos en hospitales, camilleros e incluso personal de limpieza, seguridad y hasta el de recolección de desechos biológicos, que también están expuestos directamente a contagios. No entran tampoco en la clasificación los médicos de farmacia, que son a los primeros que seguramente recurre una buena parte de la población al manifestar los primeros síntomas del Covid.
Estamos ante el grito desesperado de los médicos privados, a los que el Presidente sí acude cuando se trata de su salud personal, como lo demuestran sus estancias en hospitales particulares cuando así lo ha requerido y que le han valido críticas al demostrar su desconfianza en las instituciones de salud de su creación, como el Insabi. Hay que tener más visión y empatía. (El Universal, Editorial, p.10)
En días recientes se han dado a conocer dos importantes movimientos en la lucha contra la corrupción que plagó a la vida pública durante los sexenios pasados. Por una parte, el ex senador Jorge Luis Lavalle se convirtió en el primer político encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht, el esquema de sobornos que habrían sido repartidos a los legisladores a cambio de su voto favorable a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México, y en particular para aprobar la privatización del sector energético. Cabe recordar que las pesquisas contra Lavalle derivan del testimonio de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y primer procesado por el escándalo Odebrecht, quien se encuentra en libertad en calidad de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.
En la misma investigación que llevó al arresto de Lavalle se encuentran involucrados los ex senadores Roberto Gil Zuarth –también ex diputado y ex secretario particular de Felipe Calderón– y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Mientras al primero se le dictó prisión preventiva por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, a Gil y García se les investiga por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.
De manera sólo aparentemente aislada de lo anterior, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) reactivó las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal contra Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz. De acuerdo con funcionarios entrevistados por este diario, el caso es manejado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Seido, la cual ha integrado a la indagatoria carpetas de investigación con denuncias presentadas desde 2016. La nueva carpeta se encuentra en etapa de integración y está por verse si se logra llevar ante la justicia al político señalado por apropiarse 3 mil millones de pesos cuando Calderón lo puso al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). (La Jornada, Editorial, p.2)
Ya sé que es costumbre de los legisladores de Morena, y sus aliados de la Coalición Juntos Haremos Historia, no mover “ni una coma” a las iniciativas que envía el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
Eso es lo que se perfila en la Ley de Hidrocarburos que, tentativamente, será aprobada el jueves próximo en la Cámara de Diputados tal como la envió el Ejecutivo, según integrantes del Cluster Metropolitano de Energía.
De ese modo, los legisladores de la mayoría se han comportado más como empleados del Ejecutivo que como representantes populares, durante toda la legislatura.
*El contenido de la controvertida iniciativa preocupa, en lo general, a empresas del sector privado, pero hay un artículo, el 59 bis, que de plano provoca el rechazo de los particulares.
Especialistas adelantan que será una “ley que nacerá muerta”, como ocurrió con la de la industria eléctrica, que promueve el uso de combustóleo: fue congelada por la cantidad de amparos otorgados a empresas generadoras de energías limpias.
El citado artículo otorga a la Secretaría de Energía —léase Rocío Nahle— y a la Comisión Reguladora de Energía —controlada desde Palacio Nacional— la posibilidad de suspender permisos expedidos a particulares.
La suspensión aplicaría cuando exista un riesgo o una amenaza para la seguridad nacional, afectaciones a la seguridad energética o a la economía nacional.
La maestra Abril Moreno, socia directora de Perceptia21 Energía, nos hizo notar que ni la Sener ni la CRE tienen competencias en materia de seguridad nacional o de economía. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Como parte central de su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador convocó a la sociedad mexicana a realizar una nueva transformación equiparable a los tres grandes movimientos sociales en la historia de México: el de la Independencia, iniciado en 1810; el de las Leyes de Reforma de 1857, y el de la Revolución de 1910. A la suya le dio el nombre de Cuarta Transformación y con ella arrasó en las elecciones de 2018.
A poco más de dos años del inicio de su mandato, conviene realizar un análisis de lo que requiere e implica esta Cuarta Transformación, para medir sus posibilidades de éxito y los riesgos inherentes a su instrumentación, luego de las declaraciones recientes del Presidente en torno a su relevo en 2024, sabiendo que las tres transformaciones anteriores requirieron de periodos mayores a seis años, así como de enorme derramamiento de sangre y pérdida de miles de vidas humanas.
Así, la guerra de Independencia requirió 11 años para lograr un supuesto deslinde formal de España, que no del poder de la Iglesia católica; igualmente, para la aplicación de las Leyes de Reforma fueron necesarios 10 años a fin de lograr la derrota de las fuerzas conservadoras en la ciudad deQuerétaro. Finalmente, el proceso revolucionario convocado por Madero en 1910 requirió siete años para la promulgación de la Constitución que habría de definir las obligaciones de los gobernantes posrevolucionarios hacia el pueblo y tardó más de 20 años en alcanzar los primeros avances y consolidaciones importantes.
Al hablar de la Cuarta Transformación convocada por el Presidente, orientada necesariamente a terminar con la corrupción que tanto daño ha hecho al país, y cuya principal consecuencia la vemos en la elevación de los niveles de pobreza de la mayor parte de población y el enriquecimiento de unas pocas familias, él describió el método que habría de utilizar, haciendo uso de la metáfora de la escalera, según la cual debe barrerse de arriba hacia abajo. (Enrique Calderon Alzati*, La Jornada, Opinión, p.14)