No se le está dando la justa dimensión a la delicada y grave crisis que se está viviendo en la frontera.
No hay signos de que para el Gobierno sea un asunto de primera importancia. Seguimos festejando y regodeándonos con las remesas, pero se está perdiendo de vista el tamaño del problema, el cual está cerca de una crisis humanitaria.
No se ven estrategias por ahora distintas. Las acciones han sido reactivas y en ocasiones pasivas. Ya pasó con Trump y ahora, en algún sentido, sucede algo parecido con Biden. Presuponemos que ya se dieron cuenta que son dos personajes diametralmente diferentes.
Para el presidente de EU el tema es de primera importancia. Lo ha demostrado corriendo riesgos internos, los republicanos lo traen en la mira incluso exigiendo que no se deje de construir el muro.
Su interés es de tal magnitud que designó a la vicepresidenta Kamala Harris para que se ocupe del tema migratorio.
La determinación de Biden debiera tener una respuesta del Gobierno mexicano que vaya más allá del discurso con buenas intenciones y reconocimientos. Biden le pidió el viernes al Congreso invertir 861 mdd en Centroamérica para frenar la migración. Se quiere con ello crear condiciones económicas que ofrezcan oportunidades laborales para millones de personas, lo cual pudiera inhibir la migración; “todos ustedes”, dijo Biden refiriéndose a los migrantes, “si algo tienen es valentía”.
El asunto no es sólo económico. Están violentos problemas políticos y sociales, persecuciones por parte de caciques, las maras y todo tipo de delincuencia.
Hemos dado cuenta de cómo muchos padres y madres les piden a sus hijos con profundo dolor que dejen sus lugares de origen por los riesgos bajo los cuales viven. Familias completas se ven obligadas a desplazarse haciendo de la migración una necesidad, una salida y una forma de sobrevivencia.
El estado de las cosas en la frontera es cada vez más grave. Conversando con integrantes de organizaciones sociales, albergues, representantes de Amnistía Internacional (AI) y el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) nos refieren la inminencia de una crisis mayor, no sólo por problemas de hacinamiento y de salud en los campamentos, sino también porque cada vez llegan más migrantes tratando de verse “beneficiados” con lo que suponen pueden ser las estrategias de Biden.
Juan Antonio del Monte, del Colef, nos dice que un problema más que enfrentan quienes se encuentran en El Chaparral, campamento improvisado en Tijuana pegado a la línea, es el hecho de que a diario los llenan de rumores e informaciones que provocan expectativas y esperanzas, “se crean estados de ánimo preocupantes, porque lo que se dice no tiene que ver con sus deseos y expectativas”.
La oficina de aduanas de EU reportó que en marzo se detuvo a más de 19 mil niños, rompiendo récords de detenciones; en mayo de 2019 fueron más de 11 mil. A este drama, hay que agregar que 507 menores no acompañados quedaron en custodia.
Siguiendo con los datos, no olvidemos que son personas, EU envió a México a 103 mil 900 migrantes de diversas nacionalidades también en el mes de marzo. De octubre a la fecha se ha enviado a México a 421 mil 442 migrantes procedentes de EU.
Cerremos con datos que muestran el estado de las cosas en nuestro país. La CNDH reportó en 2018, 705 quejas por abusos en contra de inmigrantes, en el 2019, 831, y en 2020, mil 274, y por si fuera poco están las ocho columnas de La Razón del sábado: “Auge en mercado ilegal de cruces a EU: coyotes los ofrecen desde 8 mil dls”.
RESQUICIOS
El sector salud público debe ser el primero en vacunarse. Lo que no tiene sentido es colocar a los privados en el hagan fila y “esperen”. Están en primera fila y no todos viven bajo los privilegios que presume el Gobierno. Están en primera fila para millones de enfermos sin importar su padecimiento, con razón se sienten discriminados. (Javier Solórzano Zinser, Ral razón, Opinión, p.2)
Hace un par de años, en una entrevista, el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó un anhelo. “Yo tengo un sueño que quiero convertir en realidad,” le dijo a Bloomberg. “Va a llegar un día durante mi gobierno que no van a ir mexicanos a trabajar a Estados Unidos, porque el mexicano a va a tener trabajo y va a ser feliz en donde nació”. Lo había dicho varias veces antes, incluso como promesa de gobierno. En “2018: la salida”, su libro de campaña, López Obrador se compromete a ese logro. Algo parecido refrenda en “Oye, Trump”, su libro contra el hombre del que, ya en la presidencia, se volvería una suerte de cómplice. Ahí, el López Obrador candidato aseguraba que era “justo y necesario garantizar en México el derecho al trabajo y al bienestar”. Era un deber, decía entonces, “asegurarnos de que nadie se vea obligado a emigrar de su sitio de residencia porque su vida está en peligro”.
Por el momento, López Obrador ha fracasado en esta encomienda. No ha conseguido eliminar la migración mexicana hacia Estados Unidos. Ni siquiera ha logrado reducirla. Ha ocurrido, de hecho, lo contrario. De acuerdo con el último reporte de la autoridad fronteriza estadounidense, el número de mexicanos detenido sin documentos tras ingresar a Estados Unidos ha crecido consistentemente en los últimos meses hasta alcanzar registros no vistos en años. En total, la cantidad de migrantes mexicanos aprehendidos del lado estadounidense creció 40% solo entre marzo y febrero. Solo en el último mes, la patrulla fronteriza detuvo a casi 55 mil adultos mexicanos tratando de emigrar en solitario, un aumento de 37% en solo tres meses. La cifra de familias mexicanas detenidas casi se ha triplicado entre diciembre del año anterior y el mes de marzo del 2021. También han aumentado los niños mexicanos no acompañados buscando ingresar a Estados Unidos sin documentos. Alrededor de cuatro de cada diez migrantes detenidos en la frontera sur en las últimas semanas son de origen mexicano.
La grave tendencia amenaza con revertir una década en la que la migración de mexicanos a Estados Unidos registró números negativos, es decir, más mexicanos regresaron a México desde Estados Unidos que los que intentaron emigrar al norte. De acuerdo con un estudio detallado del centro Pew, solo entre el 2009 y el 2014, alrededor de un millón de mexicanos dejaron Estados Unidos para volver a México, mientras que 870 mil intentaron ingresar a tierra estadounidense. El resultado auguraba el final de la llamada “migración circular”, que veía a mexicanos volver a México y luego regresar a Estados Unidos, y obligó a la autoridad a concentrarse en el flujo migratorio desde Centroamérica, variable principal en el fenómeno migratorio en los últimos años. Esto ya no es así. Contra el anhelo explícito del presidente López Obrador, el número de mexicanos que busca emigrar a Estados Unidos está creciendo.
¿Qué impulsa esta nueva ola migratoria desde México? Aún no hay un estudio detallado al respecto, pero las causas de la migración son las mismas en la región entera: inseguridad, pobreza, falta de oportunidades e incluso los estragos del cambio climático (el caso guatemalteco es notable). Las consecuencias de la pandemia han sido particularmente duras en México, cuyo gobierno ha fracasado en la contención de la emergencia sanitaria y el manejo de la crisis económica. La explosión en la pobreza en el país tiene la misma consecuencia de siempre: la gente va a donde está ya no una vida mejor sino la mera posibilidad de sobrevivir.
En cualquier caso, el presidente López Obrador debe atender el fenómeno con urgencia. El presidente tenía razón cuando, hace tiempo, sugería que la responsabilidad de un buen gobierno es garantizar seguridad, empleo y bienestar suficientes como para evitar la necesidad de emigrar. A juzgar por los números del 2021, su gobierno está logrando lo contrario. Aun está a tiempo de rectificar. Y podría aprovechar para dejar de presumir las remesas de aquellos que, al no encontrar otro camino, se fueron de su tierra hace años. Ya lo decía Elena Poniatowska en el epílogo a “Oye, Trump”. “A los mexicanos se nos cayó la cara de vergüenza cuando el presidente Vicente Fox declaró que era motivo de ogullo que las remesas de nuestros migrantes enviadas de Estados Unidos fueran la segunda fuente de ingresos de nuestros país”, escribió Poniatowska. “Lo que muchos consideramos un fracaso para él era motivo de regocijo. Si hubiese trabajo en México, nadie se habría ido”.
Pues sí. (León Krauze, El Universal, Opinión, p.7)
WASHINGTON D.C. En una gira de trabajo por el norte del país, el presidente López Obrador, en referencia al tema migratorio, hizo dos peticiones al presidente Biden: la primera, que EU pueda entregar visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos basado en una estimación sobre su necesidad de fuerza de trabajo. Las palabras del presidente Obrador fueron, “No hay que descartar la posibilidad de que se entreguen visas de trabajo en Centroamérica, en nuestro país. Hay una realidad, se necesita en Estados Unidos la mano de obra, la fuerza de trabajo para que haya crecimiento en esa gran economía, entonces por qué no se ordena el flujo migratorio, entregando visas de trabajo”. La segunda petición es que EU acelere la inversión de cuatro mil millones de dólares para el desarrollo de Latinoamérica.
En relación a la primera petición, hay una diferencia entre las necesidades de inmigrantes que requiere los EU y a los que se refiere AMLO. No vaya a ser que se materialice lo que dice el dicho, ten cuidado al pedir, no se te vaya a cumplir. Cuando AMLO habla de que se reinstale un programa similar al programa bracero se está refiriendo principalmente a mano de obra no calificada. Hay una creencia popularizada que Trump restringió la migración hacia los EU en forma generalizada. Los números contradicen eso.
Sin duda, la administración de Trump hizo que sea mucho más difícil para muchas personas ingresar a EU. De hecho, ha sido casi imposible para personas de algunas nacionalidades viajar a EU y el reasentamiento de refugiados disminuyó en forma importante. El curso de política establecido a través de un conjunto restrictivo de reformas administrativas y estructurales podría tener efectos considerables en los próximos años si no se modifica. Los cambios legales y la retórica de Trump llevaron a una disminución en el número de solicitudes de varios beneficios de inmigración para los cuales las personas podrían ser elegibles. Sin embargo, si analizamos lo que sucedió con las visas H-2A (de mano de obra no calificada) podemos constatar que nunca dejaron de crecer.
Las certificaciones de trabajadores invitados H-2A fueron de hasta 275 mil empleos en 2020, un 7 por ciento más que en 2019. El programa H-2A se ha triplicado desde 2012. Este tipo de visas está diseñado para migrar a EU para trabajos agrícolas temporales. En este segmento, que interesa a AMLO, no es al que el presidente Biden se ha enfocado al hablar de cambios en la política migratoria. El presidente Biden planea aumentar el número de visas para personas altamente calificadas; las visas H-1B, y H-2B. También propone eliminar el límite de visas con cuotas por país, que espera beneficien a miles de profesionales indios afectados por algunas políticas de inmigración de la administración de Trump.
Las visas H-1B, que amplían el grupo disponible de trabajadores altamente calificados en EU, permite a las empresas emplear trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren experiencia teórica o técnica. Las empresas de tecnología dependen de este tipo de visas para contratar a miles de profesionales de India y China.
EU requerirá de la fuerza de trabajo de inmigrantes para impulsar su crecimiento económico, buscará atraer talento calificado que no es el tipo de inmigración a la que se refiere AMLO. Al inicio dije, ten cuidado al pedir no se te vaya a cumplir, porque las oportunidades que habrá en los próximos años en EU continuarán incentivando a mexicanos y centroamericanos calificados a migrar. Esto generará más problemas a mediano plazo para México, seguimos expulsando talento y tampoco atraemos talento extranjero. Una encrucijada nada alentadora. (Jacques Rogozinski, El Financiero, Opinión, p.10)
Ajustes en policía de Tulum
Luego de la demostración de fuerza desmedida de la policía municipal de Tulum que incluso provocó la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo tomó el control de la seguridad municipal. Y es que todavía ni pasaban 15 días del asesinato de la refugiada salvadoreña cuando se difundieron otras imágenes en las que los uniformados municipales golpeaban a un joven que ya se encontraba sometido en la batea de una pick up oficial. Al parecer la SSP estatal decidió cortar por lo sano y anunció que la policía de Tulum quedaba a su cargo, entre otras cosas, por “los constantes e intolerables actos de uso y abuso de procedimientos de control, técnicas, tácticas y protocolos mal aplicados” por parte de los municipales. Con esta medida, los uniformados de Tulum deberán tomar un curso en la Academia Estatal de Seguridad Pública en Chetumal denominado “Actuación legal y técnica policial”. Policía que no lo apruebe será separado de la corporación de inmediato. (La Razón, Opinión, p.2)
El sistema de préstamos de dinero exprés a la palabra, conocido como “Gota a Gota”, operado principalmente por colombianos, está extendiendo su temible fuerza en CdMx y la zona conurbada.
De acuerdo con una investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la que MILENIO tuvo acceso (hoy en portada, trabajo de Carlos Vega), los goteros tienen un nuevo aliado y brazo armado: La Unión Tepito.
Estos colombianos dedicados a la extorsión y usura en el Centro Histórico de CdMx ahora pagan “cuota” al cártel de Tepito para poder operar en la zona, utilizando la marca de La Unión para cobrar y amenazar a los comerciantes fijos y ambulantes que no tienen acceso a un préstamo de banco o formal. Ante los intereses excesivos, muchos terminan incluso pagando con su vida o las de sus familiares.
La relación goteros-Unión Tepito es principalmente vía dos células. Una, la encabezada por Dilan Alexis Alvarado Chávez, El Dilan, quien opera en la alcaldía Cuauhtémoc extorsiones, secuestros, así como venta y distribución de drogas. La otra, dirigida por Lalo Ramírez Tiburcio, El Chori… que opera principalmente en la calle Manuel Doblado y lo vinculan con extorsión, cobro de piso, secuestro exprés, narcomenudeo y homicidio.
Muchos terminan pagando con su vida o las de sus familiares
Se estima que entre 2012 y 2014 arribaron a CdMx los primeros colombianos con este mecanismo “Gota a Gota”, que comenzó a operar a finales de los años 90 en Medellín, Barranquilla y Cali.
Según las autoridades capitalinas, en 2020 hubo cerca de 200 detenidos de nacionalidad colombiana y hasta febrero de este año se tenía un registro cercano a las 50 capturas. Los extranjeros detenidos están relacionados a múltiples delitos como narcomenudeo, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a cuentahabiente y clonación de tarjetas.
Palabras clave
Por cierto. En el dormitorio 2 del Reclusorio Oriente, área para “padrinos” o delincuentes “pesados”, lejos del resto de la población penitenciaria, se encuentra un grupo de colombianos que desde ahí opera. La planta baja es controlada por ellos… desde la celda 9 hasta el final del edificio. Hacen fiestas en el restaurante pegado al gimnasio, noches de casino, tienen acceso a celulares y viven como reyes. No les falta ropa Gucci, aparatos electrónicos y demás amenidades… las que sean. Como en los viejos tiempos de la mafia. (Óscar Cedillo, Milenio, Opinión, p.2)
El sábado en la madrugada, vecinos en San Pedro Garza García, en Nuevo León, se percataron que había varias casas y vehículos vandalizados con aerosol rojo con las siglas CDN, que representan a el Cártel del Noreste. Por las pintas resultaron afectadas seis residencias y cuatro vehículos, que estaban estacionados en la vía pública.
Fachadas y autos, vandalizados
Entre las leyendas que fueron plasmadas estaban además las siglas CDN, la frase “Aquí andamos: CDN”, indicando que pretendían controlar la plaza de San Pedro.
Esta organización criminal es una de las más sanguinarias que operan en México, a quien se le atribuyen actos criminales como la masacre ocurrida en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo, Tamaulipas, en donde se encontraron seis vehículos quemados y 19 cuerpos carbonizados.
El CDN surge de los Zetas, que fue una organización extremadamente violenta. El Cártel del Noreste se formó por divisiones entre el Cártel de los Zetas, luego de la captura de su líder absoluto Omar Treviño Morales, conocido como el Z-42, en 2015.
Luego de esa detención hubo una larga disputa por el control de los Zetas, que derivó en la formación de los grupos criminales: Los Zetas Vieja Escuela y el CDN, que quedó bajo el mando de Juan Gerardo Treviño Morales, alias El Huevo.
El Huevo es considerado por autoridades estadounidenses como el último líder de los Zetas que se encuentra en libertad.
Hasta hace poco el CDN tenían presencia en Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Colombia.
Ahora este grupo criminal quiere demostrar que está trabajando también en una de las zonas más adineradas del país, en San Pedro.
La Fiscalía General de Justicia del Nuevo León, en coordinación con la policía local de San Pedro, está investigando lo sucedido en la Colonia Valle de Santa Engracia. Las autoridades no descartaron que sea parte de la llamada guerra sucia, que se ha desatado en este municipio, con motivos electorales.
Pero es preocupante para los habitantes de Monterrey, porque este grupo además del narcotráfico participa en secuestros, extorsiones, robo, tráfico de personas y controla actividades como la prostitución y robos a menor escala.
Mientras siguen las investigaciones para determinar si efectivamente fue este grupo criminal el que realizó las pintas, éste y otros grupos del narcotráfico están desatados, sobre todo con la coyuntura electoral.
Además del Cártel del Noreste que busca hacer presencia en Nuevo León, el CJNG, el de Sinaloa y otras estructuras criminales menores están muy presentes en 7 de los 8 estados donde habrá elecciones a gobernador.
De acuerdo con especialistas, las zonas rurales son el principal foco de atención, porque es ahí donde los grupos criminales cambian, de forma temporal, las armas por financiamiento de campañas.
Para este proceso electoral, que comenzó en septiembre de 2020, han registrado 232 agresiones contra políticos, de acuerdo con la consultora Etelleck. Estas agresiones van desde amenazas hasta el homicidio.
Más de 60 aspirantes a un cargo público han sido asesinados desde septiembre de 2020, cuando comenzaron a levantar la mano para buscar ser parte del proceso electoral. De ellos, en siete casos han sido contra mujeres. Mientras que el 22% de los que han sido asesinados pertenecen al PRI y el 17% a Morena.
Mientras que Integralia Consultores documentó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron 90 incidentes de violencia política en México, de los cuales derivaron 108 víctimas: 75 asesinados, al menos 11 eran candidatos o aspirantes a puestos de elección popular, y 33 heridos.
Estos casos de violencia ocurrieron principalmente en municipios pequeños, de menos de 100 mil habitantes, en zonas relativamente marginadas y con poca presencia de las fuerzas federales.
El poder político en numerosos territorios es una oportunidad para perpetuarse en el cacicazgo y para muchos cárteles de la droga es la ventana para expandir su poderío y hacer negocios con los cuales pueden lavar sus ganancias, a través de empresas fantasma. Pero también buscan tener el control de las policías municipales.
Y es que las elecciones significan un reacomodo de territorios para los cárteles de la droga, pues en ocho entidades se elegirá gobernador hablamos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
De acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, a excepción de Tlaxcala, esas siete entidades son puntos neurálgicos en el tráfico y producción de drogas tanto para consumo nacional como para los mercados de Estados Unidos y Europa. Y es donde existe presencia y control de los cárteles y/o grupos locales dedicados a narcomenudeo y robo de hidrocarburos entre otras actividades delictivas.
Según, el mapa de la UIF, el Cártel de Sinaloa, comandado por Ismael El Mayo Zambada y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oceguera, alias El Mencho, tienen hegemonía en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Querétaro, Guerrero y Zacatecas.
En San Luis Potosí, predominante, tiene presencia el Cártel de Golfo; en Michoacán, el CJNG y la Familia; en Nuevo León, el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cartel del Noroeste; y en la Ciudad de México ha emergido en los últimos años el llamado grupo Unión de Tepito, que convive en el territorio con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Es preocupante; la consultora Etelleck detectó que desde 2018 existe una tendencia pues los asesinatos relacionados con políticos y elecciones están ligados, en su mayoría, a aspirantes cuyas siglas de partido no coinciden con las de quien gobierna a nivel municipal y estatal.
Este proceso electoral apenas comienza, serán dos meses muy largos, en los cuales el crimen organizado hará todo lo que pueda para hacer presencia, ya lo vimos el sábado en San Pedro Garza García. (Bibiana Belsasso La Razón de México, La Razón, Opinión, p.10)
Fue una de las entidades más olvidadas de México, pero hoy Quintana Roo es el principal polo turístico del país. Allí se genera más de una tercera parte de las divisas que ingresan por dicha actividad. Esa transformación se dio los últimos 40 años sin una correcta planeación ambiental y social. Como fruto, al lado del lujo: pobreza, marginación. Pequeñas poblaciones perdidas en el mapa albergan ya miles de habitantes. Surgió Cancún, que tiene 900 mil, mientras Playa del Carmen 306 mil; Tulum 50 mil. La mayoría inmigrantes.
Ese crecimiento se debe al turismo nacional y del exterior, que llevó a la entidad 23 millones de viajeros en 2019 y ocupan la principal infraestructura hotelera del país: 105 mil cuartos, de los cuales 38 mil se localizan en Cancún, 42 mil en Playa del Carmen y 8 mil 500 en Tulum. También los que hay en Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos. Se construyen otros 17 mil cuartos. El aeropuerto de Cancún es moderno y el segundo en número de pasajeros. Una autopista de 120 kilómetros une Cancún con Tulum. Esa franja costera es la Riviera Maya.
En este polo turístico predominan las inversiones de grandes consorcios de España y Estados Unidos, sin faltar las del dinero mal habido que extiende sus tentáculos por doquier. De una belleza única pese a tanto daño ambiental y variaciones del paisaje por las obras públicas y privadas, Quintana Roo aparece este año negativamente en los periódicos, la televisión de México y el mundo y en las redes sociales.
Primero, por la represión de la policía de Cancún contra las mujeres que protestaban por los feminicidios que se cometen en dicha entidad y no son castigados; luego, por la muerte de la refugiada salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, asesinada el 27 de marzo pasado por cuatro policías de Tulum. Este crimen ha merecido el repudio unánime en México y el exterior. Las autoridades aseguran que, a diferencia de otros, no quedará impune.
Tulum era el sitio más tranquilo del polo turístico. Pero los dos últimos años la policía del lugar cometió más de 500 actos ilegales contra la población local. El más reciente lo divulgó la televisión el viernes pasado. La víctima, un joven que, esposado, sufre la agresión policial. En cambio, turistas y residentes con poder adquisitivo celebran fiestas en plena pandemia y luego las presumen en las redes sociales. Muestran así la inoperancia de las instancias oficiales. Igual sucede en Cancún y Playa del Carmen.
A lo anterior se sumó la muerte de Leo Luna, de 13 años, en el parque Xenses, del consorcio Xcaret, el más importante y exitoso en su tipo de América Latina, ubicado en Playa del Carmen. Oficialmente se dijo que la muerte del joven el 27 de marzo, se debió a un error humano al no activar el personal de Xenses los protocolos de prevención requeridos en estos lugares. Por ese error el consorcio apenas pagará una multa de 150 mil pesos.
Si la muerte del joven por negligencia es condenable, también lo es que las autoridades de Playa del Carmen obligaran a su padre, el cardiólogo de Durango Miguel Ángel Luna, a firmar documentos que liberaban de toda responsabilidad al citado consorcio, so pena de no entregarle el cadáver de su hijo. La intención: evitar que esa muerte se calificara de homicidio culposo. Se agrega la falta de equipo de primeros auxilios y de protocolos para actuar eficazmente en caso de accidentes en dicho parque. De esto y otras irregularidades ha informado puntualmente Patricia Vázquez, la corresponsal de La Jornada en Playa del Carmen. Se duda que los propietarios de Xcaret y otros parques temáticos intervinieran directamente para aminorar la gravedad de lo ocurrido. Por eso el caso debe ser investigado a fondo por las instancias correspondientes.
Además de la presencia del crimen organizado, la corrupción envuelve a no pocos servidores públicos de Quintana Roo. El ejemplo más notable por la magnitud de lo que robó es el del ex gobernador Roberto Borge, ahora preso. Pero otros funcionarios hicieron y hacen fortuna en el ejercicio de su cargos y están libres.
La impunidad, el abuso de la fuerza pública, la corrupción y la inseguridad no son la mejor publicidad para el principal polo turístico de México. Y menos si la pandemia merma el número de visitantes que van en busca de sol y playa, admirar los zonas arqueológicas de la Península de Yucatán y disfrutar de la calidez de sus habitantes. (Iván Restrepo, La Jornada, Opinión, p.17)