El Instituto Nacional Electoral (INE) resistió al asedio de líderes y simpatizantes de Morena, e incluso del Presidente de la República, y ratificó anoche la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no presentar informes de gastos de precampaña.
Las candidaturas de Salgado y Morón fueron negadas por seis votos contra cinco luego de que el Tribunal Electoral federal pidiera al Instituto precisar la gravedad de la falta cometida y la sanción que deberían recibir los aspirantes.
Los consejeros electorales argumentaron que no se trataba de un asunto de montos, pues acreditaron que Salgado no reportó gastos por 19 mil pesos, y Morón por 11 mil pesos, sino de una falta a la legislación electoral que se sanciona con la inhabilitación para ser candidato. La sesión estuvo enmarcada por un unánime rechazo de los consejeros -tanto los que votaron a favor o en contra- a las amenazas proferidas contra el órgano electoral y miembros del Consejo General, por el propio Salgado y otros dirigentes morenistas.
“El INE no está en contra de nadie, quien diga lo contrario sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, por eso a estas consejeras y consejeros electorales nadie los va amedrentar ni siquiera con amenazas directas e ilegales. (Érika Hernández y Benito Jiménez, Reforma, P.p. Arturo Ramos Ortiz, La Crónica de Hoy, P.p. Aloso Urruta, Néstor Jiménez, Roberto Garduño y Fabiola Martínez, La Jornada, P.p. Ariadna García, El Universal, P.p.)
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la pérdida de registro de las candidaturas para los morenistas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán.
Lo anterior pese a la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer una sanción a sus correligionarios, pero dejarles la candidatura, incluso adelantó que al terminar el proceso electoral presentará una iniciativa para reformar al INE, a fin de que aplique medidas de austeridad y sea “autónomo e independiente”, porque actualmente “yo no tengo confianza”.
Con una votación de 6-5 en la que la consejera Norma Irene de la Cruz fue la única en cambiar su voto (que el 25 de marzo fue a favor de retirar el registro), el consejo reiteró sus sanciones basadas en la sentencia del Tribunal Electoral que ratificó las violaciones en materia de fiscalización.
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Salgado Macedonio, así como los precandidatos Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo fueron sancionados con la pérdida del derecho a registrarse, mientras Luis Walton recibirá una multa de 217 mil 200 pesos por ser el único que mostró “voluntad y disponibilidad” para aclarar sus gastos, pues cuando la autoridad le señaló que no reportó 18 mil pesos aclaró que en realidad sus gastos fueron superiores a 502 mil pesos. (José Antonio Belmont y Jannet López, Milenio, P.p. Misael Zavala, El Heraldo de México E. Ortega, El Financiero, P.p. Aurora Zepeda, Excélsior, P.p.)
Al ratificar el Instituto Nacional Electoral (INE) la sanción contra Félix Salgado Macedonio para retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero, tanto el morenista como el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, anunciaron que presentarán una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y llamaron a la militancia a reforzar las movilizaciones pacíficas.
Las mismas acciones, afirmó Delgado, se repetirán en el caso Raúl Morón, postulado por Morena a la gubernatura de Michoacán y quien también fue sancionado con la pérdida del registro.
Ayer los simpatizantes de Salgado Macedonio mantuvieron el plantón afuera de la sede del órgano electoral en la Ciudad de México e instalaron pantallas para presenciar la sesión del INE.
La larga espera transitó en medio de discursos de Salgado Macedonio y Delgado Carrillo, quienes tomaron el micrófono en un par de ocasiones a lo largo del día. (Néstor Jiménez, La Jornada, P.p.)
La Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, la reforma que limita la subcontratación laboral a servicios especializados en el sector privado y, a partir de un agregado que se negoció ayer mismo, también se definió que se prohibirá esa práctica en el gobierno federal y sus dependencias.
En la administración pública sólo se permitirá en servicios o ejecución de obras especializados, y en un artículo transitorio se definió que el gasto que se genere a las dependencias y entidades de la administración pública federal por la nueva obligación deberá realizarse con cargo a su presupuesto aprobado para este año y los siguientes, por lo que no se requerirán recursos adicionales.
Durante la presentación de posturas en favor y en contra del dictamen, la diputada Sol Merino (PRI) explicó que, según datos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, solamente el gobierno federal tiene casi 500 mil trabajadoras y trabajadores bajo el esquema de subcontratación en sus diferentes secretarías. (Georgina Saldierna y Enrique Méndez, La Jornada, Contraportada)
Con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles el paquete de reformas para regular la subcontratación y se turnó al Senado de la República para su discusión y votación.
Los cambios a seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- son para “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, señala el dictamen.
En defensa del dictamen, la diputada de Morena, María Guillermina Alvarado Moreno, expuso que se trata de una reforma trascendental en la vida de la clase trabajadora, como es la regulación de la subcontratación, “lo que permitirá hacer justicia a los derechos de las y los trabajadores, quienes durante años han sufrido detrimento en el pago de sus cuotas de seguridad social y menoscabo en el reparto de sus utilidades y prestaciones”. (Víctor Chávez y Zenyazen Flores, El Financiero, P.p.)
Únicamente seis entidades del país lograron superar las pérdidas laborales del mercado formal que trajo consigo el Covid-19: Baja California, Chihuahua, Tabasco, Sonora, Nayarit y Zacatecas.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a nivel nacional la merma asciende a 457,234 empleos al cierre de marzo de este año, ya que en el tercer mes del 2020 se registraron 20.48 millones de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), frente a 20.03 millones en igual periodo del 2021.
El estado con mayor generación de puestos formales es Baja California, único territorio con todos sus municipios en el programa federal de zona libre (IVA a 8%, ISR a 20%, aumento al doble del salario mínimo y homologación de los precios de combustibles con los de Estados Unidos).
Al finalizar marzo del 2020, cuando se declaró por dos meses confinamiento total y paro de actividades no esenciales para evitar la propagación del virus, la entidad industrial contaba con 916,498 trabajadores asegurados, mientras en el mismo lapso del presente año la cifra llegó a 955,422 personas, es decir, se dieron 38,924 altas en el IMSS, colocándose como líder. (Rodrigo A. Rosales Contreras, El Economista, P.p.)
La aprobación en el Senado del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (Panaut) derivará en que sean promovidas acciones de inconstitucionalidad y amparos, adelantó Luis Fernando García, coordinador nacional de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien consideró que recabar datos biométricos es una idea desproporcionada e inútil.
“Sin duda buscaremos acciones de inconstitucionalidad por parte de un tercio de los senadores, por el Inai o la CNDH; sin duda las telefónicas van a promover amparos y los usuarios R3D vamos a impugnar la medida”, adelantó a La Razón.
El Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de identificar las llamadas de extorsión y facilitar la persecución de este delito.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 se registraron ocho mil 280 denuncias por extorsión a nivel nacional y durante los primeros dos meses de este año se han contabilizado mil 303. (Jorge Chaparro, La Razón, P.p. Alejandro Páez Morales, La Crónica de Hoy, P.p. Ailyn Ríos y Mayolo López, Reforma, P.p. A. Becerril, V. Ballinas y D. Villanueva, La Jornada, P.p. Gabriel Xantomila y Juan carlos Ramos, El Sol de México, P.p. Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, P.p.)
En materia de austeridad, Pemex tiene problemas para ubicar más áreas en donde hacer ajustes presupuestarios para crear ahorros y en algunos casos llegó al máximo de recortes.
En una evaluación a las acciones de austeridad y de control de gasto de los últimos cuatro años de la administración pasada, así como de los dos primeros Programas Anuales de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para los Ejercicios Fiscales que el gobierno de la 4T inició en 2019, muestran que la petrolera tiene cada vez menos margen de maniobra para ejecutar el control del gasto como los recortes presupuestarios.
Información de la Dirección Corporativa de Finanzas muestra que el gasto en partidas sujetas a austeridad en ocho rubros de donde se ha pretendido obtener ahorros va a la baja:
En materiales de sanitización y limpieza, en 2015 Pemex erogó 72 millones de pesos. Para 2020, reportó un gasto por este concepto de 17 millones de pesos. (Noé Cruz Serrano, El Universal, P.p.)
El subsidio gubernamental para evitar un mayor incremento al precio de las gasolinas, combinado con una lenta recuperación en las ventas internas, provocó una reducción en los impuestos recaudados por la venta de combustible, en una magnitud que se compara con el gasto en salud, de acuerdo con cifras oficiales.
En el primer bimestre del año, la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la gasolina fue menor en 9 mil 74.8 millones de pesos a la del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ese monto es superior a los 7 mil 776.4 millones de pesos erogados en todo 2020 en el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, mejor conocida como Jovénes Escribiendo el Futuro y menor a los 9 mil 890.5 millones de pesos destinado a salud durante el año pasado.
La recaudación específica del IEPS de gasolinas y diesel cayó de 53 mil 646.1 millones de pesos en el primer bimestre de 2020 (cuando la economía todavía no enfrentaba la pandemia), a 44 mil 571.3 millones en el mismo periodo de 2021, una disminución de 19.8 por ciento en términos reales, de acuerdo con la SHCP. (Israel Rodríguez, La Jornada, P.p.)
Las decisiones del gobierno mexicano se mantienen como el mayor riesgo de cola para el país, por encima de la desaceleración de Estados Unidos o de una lenta vacunación. Así es como lo ve 43% de los administradores de fondos de inversión, encuestados por Bank of America Securities.
Esta proporción supera 40% de los participantes que identificaron este mismo factor como el mayor riesgo en la encuesta de marzo y se ha mantenido encabezando este escaparate de percepciones sobre México desde enero pasado.
Para tener una referencia de cómo ha cambiado el panorama, basta recordar la encuesta de diciembre, cuando los gestores de fondos identificaban a la desaceleración de Estados Unidos como el mayor factor de riesgo para México, con 50% de las respuestas, mientras las decisiones del gobierno mexicano eran ubicadas como el segundo riesgo con 42% de las menciones.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de abril, recabada entre el 5 y 8 de este mes, 37% de los 32 panelistas consultados considera que es la desaceleración económica de Estados Unidos el segundo mayor riesgo para México y solo el 8% señaló al lento proceso de vacunación, como un peligro importante. (Yolanda Morales, El Economista, P.p.)
Las presidentas de las comisiones de Educación en el Senado, Antares Vázquez, y en la Cámara de Diputados, Adela Piña, de Morena, defendieron el rediseño de los libros de texto gratuitos y rechazaron que al contener ese material una carga política exista mano negra o se busque adoctrinar a los alumnos de educación básica.
EL UNIVERSAL publicó ayer que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reconoció que los libros de texto gratuitos no son materiales neutros, responden “a un proceso histórico y a una situación clara”, y deberán entenderse de acuerdo con las posturas políticas del momento.
La senadora Vázquez Alatorre, señaló: “Es muy importante que se sepa que no existe la educación neutra ideológicamente. Esa es una mentira neoliberal. El neoliberalismo ha planteado un modelo educativo que no tiene ninguna neutralidad y que ha sido la ideologización en favor del individualismo, el consumo y muchas otras cosas. No existe, no hay de ninguna forma educación ideológicamente neutra”. (Horacio Jiménez y Teresa Moreno, El Universal, P.p).
San Cristóbal De Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que dos de sus integrantes, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la ciudad de Palenque y hasta el cierre de la edición se desconocía su paradero.
En una acción urgente difundida la mañana del martes, la agrupación relató que alrededor de las siete de la mañana del lunes Sánchez Gutiérrez y Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba, en San Cristóbal de las Casas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, con destino a Palenque.
Apuntó que la finalidad de su viaje era participar en una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.
Alrededor de las 21 horas la organización fue notificada de que Lázaro Sánchez Gutiérrez había llamado a sus familiares desde un número desconocido y dijo que él y Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo, y que era necesario que alguno de sus parientes, en un vehículo particular, llevara dinero a las ocho de la mañana del (martes) 13 de abril. (Elio Henríquez, La Jornada, Contraportada)
Televisa y Univision dieron a conocer la combinación de activos para crear lo que llamaron el grupo mediático más relevante del mundo en la producción de contenidos en español, y servir a los dos mercados más grandes de habla hispana: México y EU.
Indicaron que la suma de los activos en materia de producción y distribución de contenidos de ambas empresas a través de radiodifusión (televisión abierta), televisión de paga, digital y transmisiones por internet (streaming) son altamente complementarios y permiten crear un ecosistema sin paralelo para atender la creciente demanda de contenidos para los 600 millones de hispanoparlantes.
Como parte de la operación, Grupo Televisa recibirá un valor de 4.8 mil millones dólares; adicionalmente se convertirá en el accionista más grande de la nueva Televisa-Univision, adquiriendo 45% de sus acciones. (José Guadarrama, Excélsior, P.p.)
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México anunció la creación de un protocolo conjunto con la Fiscalía General de Justicia local, en el que se busca prevenir y atender oportunamente cualquier caso de violencia familiar detectado a partir de un caso de maltrato animal.
Desde octubre de 2020, La Razón dio a conocer que autoridades capitalinas trabajaban en la elaboración del protocolo, dado que, con base a estudios internacionales, se detectó que donde hay maltrato animal, es altamente probable que exista violencia familiar.
Por ello, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, puntualizó que, con el protocolo, en el momento en que se detecte violencia hacia algún animal, habrá una convocatoria inmediata con otras autoridades, para revisar si pudiera ser señal de otro tipo de problemática.
“Hay casos en donde interviene la Brigada particularmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí se encuentra violencia familiar y se presenta la denuncia”, afirmó ayer en videoconferencia. (Karla Mora, La Razón, P.p.)
Después de superar con éxito los estudios preclínicos en ratones y cerdos, ayer se anunció el arranque de la fase 1 de pruebas en humanos de la vacuna Patria, la primera de origen mexicano contra el SARS-CoV-2.
La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será la encargada de dar seguimiento al procedimiento para reclutar de 90 a 100 voluntarios para la prueba.
La convocatoria será en principio abierta, para buscar a personas sanas de entre 18 y 55 años de edad, habitantes de la Ciudad de México.
“Van a estar todos reclutados y se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas, y esperemos tener los resultados al finales de mayo”, expuso. (Iris Velázquez, Reforma, P.p. R. Garduño, Fabiola Martínez y Laura Poy, La Jornada, P.p.)
Agencias de Salud de Estados Unidos recomendaron detener el uso de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Johnson & Johnson tras detectar seis casos de trombosis entre 6.8 millones de aplicaciones, peligro asociado también a la de AstraZeneca, lo que implica un nuevo revés en la lucha contra el Covid-19.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de este país señalaron a estados, naciones y proveedores la necesidad de suspenderla por cautela, a poco más de un mes de su aprobación en el país, hasta determinar si es seguro continuar con su aplicación ante el “tipo raro, pero severo de coágulos de sangre”.
Coincidieron en un comunicado que los riesgos ligados a la inmunización deben tomarse en serio, como es el caso de los coágulos de sangre, hemorragias y bajos niveles de plaquetas, como los ocurridos en seis mujeres, de entre 18 y 48 años de edad hasta 13 días después de la inmunización. Se detalló que de ellas una se encuentra grave y otra falleció, de acuerdo con el diario New York Times; pero especialistas insisten que la recomendación de parar su uso no debe ser motivo de pánico, luego del rechazo que se ha visto con otras. (Associated Press, La Razón, P.p. Agencias, La Jornada, P.p.)
TIJUANA.- El Gobernador de Morena en Baja California, Jaime Bonilla, cumplió su amenaza y ayer publicó un “decretazo” para expropiar 50 hectáreas del Club Campestre de Tijuana por supuestos adeudos de agua y del impuesto predial.
Desde el 25 de enero, el Gobernador amagó: “No pagan predial, no pagan el agua, ignoran sus responsabilidades. Estoy dando instrucciones de ver la posibilidad de expropiar el Campestre para beneficio de la comunidad”.
Anoche, la Secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier, rechazó la medida de Bonilla. “En relación a la expropiación de un terreno de propiedad colectiva en Tijuana, rechazamos medidas de esta naturaleza, recordando que deudas tributarias no ameritan expropiación”, dijo ayer en su cuenta de Twitter.
El decreto de Bonilla señala que los terrenos del club son los más “apropiados, idóneos e insustituibles” para lanzar un proyecto del Gobierno llamado “Complejo Interactivo Campestre” y construir un parque público. (Aline Corpus, Reforma, P.p.)
El Gobierno de la Ciudad de México reforzará con efectivos de la Guardia Nacional y elementos de la policía capitalina la vigilancia en los bosques de Tlalpan y Milpa Alta para evitar la tala clandestina que se realiza en sus comunidades con la participación, en algunos casos, de los propios habitantes, y en otros, con personas de los estados de México y Morelos.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que se han recibido más de 20 denuncias por la tala ilegal en ambas alcaldías, por lo que se tiene planeada la realización de diversos operativos.
“Las zonas más importantes de bosques en la ciudad las tienen tres comunidades: la del Ajusco, la de Topilejo y la de Milpa Alta, y es ahí donde justamente se presentan los problemas de tala clandestina, algunos relacionados con personas que viven en la capital, pero también algunos relacionados con personas, o delincuentes –porque esto es un delito–, que viven en Morelos y en el estado de México”. (Rocío González Alvarado, La Jornada, Contraportada)
Cuernavaca, Mor., El incendio que se inició el domingo en el parque nacional El Tepozteco, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, ha afectado entre 180 y 200 hectáreas; además, 10 brigadistas que combatían a las llamas se intoxicaron por inhalación de humo y dos sufrieron quemaduras.
Mientras, dos elementos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal quedaron atrapados por las llamas y se sumergieron en un tanque de agua para protegerse, lo cual les causó hipotermia. A todos ellos se les trasladó al hospital general de Cuautla.
La mañana de este martes fueron enviados un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Unos 244 elementos de instituciones locales y federales, entre ellas la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, así como brigadistas comunitarios, luchaban contra la quema. (Rubicela Morelos Cruz, La Jornada, Contraportada)