El absentismo y deserción escolar ocasionado por la pandemia de COVID-19 afecta más a las mujeres en América Latina, advirtieron especialistas en educación.
En Europa aumentaron los estudiantes que dejaron de estar presentes en clase debido a problemas de E salud o desempleo en sus familias a causa del COVID, lo mismo que en Latinoamérica, pero en ésta última el problema se acentúa en las mujeres por problemas sociales y de género, explicó Mayte Ortiz, directora general de la Fundación SM.
“Son más las niñas que se que[1]dan en casa, que dadas ciertas circunstancias de dificultades, tienen que ocuparse de labores que antes no hacían, eso realmente tiene un peligro grande, no podemos dar pasos atrás en la emancipación y los derechos de las niñas”, dijo Ortiz Vélez a El Heraldo de México.
La Encuesta para la Medición del impacto COVID-19 en la educación, del Inegi, reveló que 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años en México no se inscribieron al actual ciclo escolar por impactos del COVID o falta de recursos. (Gerardo Suárez, El Heraldo de México, País p.6)
Es obligada la reforma electoral en México, sostuvo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de visita en Guadalajara para presentar su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral.
Es inminente, inevitable un análisis detallado del sistema electoral y sus órganos, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Pasando el 6 de junio, se requerirá realizar una transformación legal, legislativa, formal.
“Hay abusos de algunos órganos electorales al violar el derecho a participar pacíficamente en procesos democráticos. Se aplican sanciones desproporcionadas a la falta. No puede ser que por una firma se eliminen planillas completas. No puede ser el gasto desproporcionado de 14 mil pesos, se cancelen registros. La justicia electoral tiene que ser proporcional sin que haya impunidad para quienes violan las leyes”.
Monreal insistió en que la legislación deberá garantizar que órganos electorales no abusen y no se excedan en su función al grado de sustituir “al órgano legislativo formal”. (Adriana Luna, El Heraldo de México, País, p.8)
Al menos 10 comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Rivera de Pátzcuaro, en Michoacán, anunciaron que no permitirán la instalación de casillas en las elecciones del próximo 6 de junio y denunciaron la “colusión del crimen organizado con partidos políticos”.
En contraparte, la delegación del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que se darán de baja 77 casillas aunque no especificó cuáles, ni en qué zonas.
Sevina, Aranza, Santa Fe de la Laguna, Nahuatzen, San Felipe de Herreros, Ocumicho, Zopoco, Turícuaro, San Benito de Palermo y Cuanajo, pertenecientes a siete municipios de esta entidad, son comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, y que acudieron a la delegación del INE a dar cuenta de su decisión.
El vocero del Concejo Supremo Indígena, Pavel Ulianov Guzmán, explicó que las comunidades han detectado colusión del crimen organizado con partidos políticos ,y agregó que en sus respectivas asambleas, concluyeron que “los partidos políticos solamente generan divisiones al interior de las comunidades y alteración al orden social”. (Sergio Cortés Eslava, El Heraldo de México, País, p.9)
Tras caminar cuatro horas desde sus comunidades, asediadas por el crimen organizado, indígenas wixárika de la tercera edad fueron vacunados contra COVID-19 en una apartada región del este del país.
Un centenar de miembros de esta etnia, una de las más representativas de México por su cultura, recibieron el viernes el inmunizante chino CanSino Biologics, que requiere una única dosis.
La mayoría caminó varias horas hasta llegar al punto de vacunación en la comunidad Nueva Colonia, municipio de Mezquitic, Jalisco.
Las brigadas de salud arribaron al pueblo con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, para dar inicio a la campaña en la zona enclavada en la Sierra Madre Occidental.
Los habitantes de la región viven bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites de Jalisco, Zacatecas y Durango, denuncian autoridades y pobladores.
Para esas organizaciones, el área es clave porque ofrece “muchas rutas de escape” ante posibles operativos de las autoridades, señaló una lugareña.
El cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa suelen colocar retenes en las vías de acceso. “Te preguntan a dónde vas, de dónde vienes (…) El simple hecho del interrogatorio, de ver las armas, es algo muy fuerte”, sostuvo. (AFP, EL Heraldo de México, Estados, p.10)
La desaparición forzada de al menos 45 personas, presuntamente por elementos de la Marina en Nuevo Laredo en 2018, por la cual la Fiscalía General de la República detuvo a 30 uniformados, “no es el único abuso” cometido en dicha ciudad tamaulipeca a manos de fuerzas de seguridad, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
El organismo documentó que desde hace una década han ocurrido diversos episodios de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incluso desplazamiento forzado interno, cuyos responsables habrían sido tanto la Marina como el Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado.
Uno de los primeros casos documentados por el colectivo fue la desaparición de seis personas en la ciudad fronteriza, supuestamente por elementos de la Secretaría de Marina entre el 2 y el 5 de junio de 2011, lo cual ameritó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 39/2012. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.9)
Las bancadas del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados preparan la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entraron en vigor y que obligan a los propietarios de celulares a registrarse en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y proporcionar todos sus datos de identificación, entre ellos los biométricos, es decir, huellas dactilares y faciales.
De acuerdo con la ley, los usuarios de 122 millones de líneas telefónicas móviles que están en servicio tendrán un plazo de dos años para registrarse, y quienes a partir de ayer y en adelante contraten el servicio de celulares, deberán estar en seis meses en el padrón.
El senador del PAN Damián Zepeda confió en lograr que la Corte frene esa reforma que, a su juicio es inconstitucional, ya que, dijo, vulnera derechos establecidos en la Carta Magna, la cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, excepto por un mandato de la autoridad judicial. (Andrea Becerril Y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.8)
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe entregar, de manera gratuita, al titular de los datos personales los expedientes, notas médicas, estudios, documentación e inconformidades originadas en sus hospitales y áreas administrativas, de octubre de 2014 a diciembre de 2020, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el pleno del INAI, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que “el expediente clínico constituye un dato personal sensible, por lo que su resguardo y correcto uso es responsabilidad de los sujetos obligados, sin olvidar que el paciente es el dueño y titular de estos datos, por lo que tiene todo el derecho a una copia”.
El IMSS notificó a un solicitante que localizó un total de 2 mil 6 fojas, de las cuales 20 le serían entregadas en forma gratuita, y el resto previo pago de los derechos por concepto de su reproducción. Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que su situación socioeconómica le impide cubrir los costos de reproducción. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p.8)
El costo que las empresas deben pagar para trasladar por carretera los productos llega a duplicarse, pues la inseguridad en algunas zonas del país ha obligado a las firmas de logística a poner en práctica sistemas de seguridad cada vez más sofisticados, dijo Aldo López, vicepresidente comercial de Onest Logistics.
El directivo comentó que la aplicación de medidas como transporte custodiado por personal de seguridad y monitoreo satelital, entre otras, significa una doble inversión de los clientes, que necesitan movilizar por tierra la mercancía o insumos para manufacturar productos.
Señaló que en casos menos extremos el costo que deben pagar las empresas llega a ser de entre 15 y 20 por ciento. Datos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) señalan que la industria moviliza 552 millones de toneladas al año de productos y mercancías, cifra que equivale a 81.5 por ciento de la carga terrestre y 56.3 de la carga doméstica total. (Alejandro Alegría, La Jornada, Economía, p.16)
El acceso a la información en lenguas indígenas es muy limitado, no sólo en Oaxaca, sino en todo México, sobre todo en una situación de pandemia como la que se vive actualmente, en la que las medidas preventivas deben ser difundidas en los 570 municipios de la entidad; por ello el colectivo Ñuu Ayava, en colaboración con los Jóvenes Embajadores Indígenas, se dio a la tarea de crear una aplicación para Android con contenidos en ocho lenguas originarias y 11 variantes.
Ricardo Jiménez Jiménez, coordinador del colectivo, explicó a La Jornada que después de visitar varias comunidades, él y sus compañeros se percataron de que mucha gente no conocía cómo cuidarse para no contagiarse de Covid-19, porque todos los mensajes que se distribuyen al respeto están en español, no en su dialecto.
Así, echaron a andar el mecanismo Protégete en tu lengua, que surge con dos aplicaciones más: Aprende lengua mixteca y Aprende chontal, mismas que ya fueron aprobadas por Google y agregadas a Play Store. (Jorge A. Pérez Alfonso, La Jornada, Estados, p.33)
Policías del Agrupamiento Atenea y de la Policía Auxiliar fueron agredidas por algunas mujeres integrantes de Autogestión Feminista con palos, tubos, envases y sillas, luego de que las uniformadas intentaran evitar que ejercieran el comercio informal en la avenida Juárez, frente al Hemiciclo a Juárez, señaló la Secretaría de Gobierno.
No hubo personas detenidas. Unas 40 mujeres instalaron puestos en la acera de avenida Juárez con mercancía “para ejercer el comercio en vía pública”, por lo que personal del gobierno capitalino se presentó a fin de entablar diálogo.
“Por octava vez las manifestantes lo rechazaron y reaccionaron con violencia”, indicó la dependencia capitalina, que en una tarjeta informativa señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo con 30 ateneas y de la Policía Auxiliar, quienes hablaron con el grupo de comerciantes para inhibir la colocación de puestos informales.
Sin embargo, algunas “agredieron a las policías con palos, tubos, envases y sillas”, además de que en esta ocasión las autoridades capitalinas identificaron a dos hombres en la confrontación. (Elba Mónica Bravo, La Jornada, Capital, p.25)