No se puede equivocar
Imaginemos que en el 2024 un acomedido diputado de la colación gobernante, de esos que nunca faltan, decide una noche de lluvia deslizar un transitorio para alargar dos años la presidencia de López Obrador.
El argumento sería que se quede para consolidar la 4T. ¿Entonces qué?
Los diputados de la oposición irían en desbandada ante la SCJN para impugnar la violación descarada a la Constitución. Pero los magistrados tienen las manos atadas porque su presiente, el ministro Arturo Zaldívar, también violó la Constitución para quedarse otros dos años en el cargo.
Para evitar ese escenario cas trófico, que dinamitaría la democracia mexicana, el propio ministro presidente debe dar un paso al lado y amonestar a los legisladores que se atrevieron a dar el golpe. No se puede equivocar.
Pésima señal
Es una mala señal que la nota destacada de las primeras semanas de campaña sea la ofensiva del partido hedónico contra los organismos electorales.
Morena se mueve en dos frentes: En uno de ellos presiona a los integrantes del Tribunal Electoral, les recuerda quiénes los manda, y esperan su resolución a favor de las candidaturas de Salgado y Morón.
En el otro frente, éste legislativo, su fracción en San Lázaro, que es la más grande, quiere emprender esta misma semana un juicio político contra los consejeros del INE.
No contra todos, solo contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a quienes considera obstáculos principales para que Morena se salga siempre con la suya.
Si no consigue desplazarlos, porque en realidad no existen razones para hacerlo, por lo menos quiere llevarlos al patíbulo de la opinión pública donde Morena quema en leña verde a sus adversarios.
Inversiones y empleo
Esta semana, inician los trabajos de construcción de la empresa internacional, Stanley Black& Decker en Sonora,
Se trata de una inversión de 1,060 millones de pesos, en la que trabajarán 1,800 empleados, lo informó la gobernadora Claudia Pavlovich,
Elías Barrios, vicepresidente de operaciones y proyectos especiales en México de esta empresa mundial dijo que será la cuarta planta en el país y reconoció a Sonora como un estado con seguridad, estabilidad y confianza en su gobierno.
La gobernadora Pavlovich manifestó su beneplácito porque las políticas y programas de su gobierno, continúan alcanzando metas, que le permitan a su estado desarrollar un polo atractivo y de confianza a la inversión.
El inició de los trabajos de esta planta, es una señal positiva de la reactivación económica y recuperación de empleos que fueron afectados por la pandemia,
Guerra sucia
¿Cuántas de las campañas en curso terminarán en los tribunales?
Las campañas que han hecho más ruido hasta el momento son las que están contaminadas por el virus de la guerra sucia.
Ahí están los casos paradigmáticos de Nuevo León y Baja California donde los descalificativos personales son el menú del día y los árbitros ya no saben qué hacer ante tantos golpes debajo del cinturón y en la nunca.
En Nuevo León han brotado de las catacumbas videos escandalosos y en BC el gobernador no le quiere prestar los reflectores a ninguno de los candidatos, ni siquiera a la de su propio partido. Quiere que la elección se trate de él.
Las campañas de Nuevo León y BC van derecho a los tribunales. (Pepe Capitalino, La Crónica de Hoy, Tres Opinión, p.4)
Maratón legislativo
Esta semana será crucial para el Senado de la República. Los legisladores de Morena buscan aprobar la reforma a la Ley de Hidrocarburos, pero también las modificaciones sobre outsourcing (subcontratación). Habrá una sesión presencial el jueves, de pronóstico reservado. Hay quienes incluso advierten que podría alargarse toda una noche.
Nuevos aires
Sabemos que las reminiscencias del pasado concluyeron en la 4T. No sólo dieron revés a la subcontratación y un impulso a la relación obreropatronal, ahora la desaparición del Salón de Secretarios, en la Secretaría del Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde. Se creó la Sala Trabajo Digno, ilustrada con obra de Pablo O’ Higgins.
Por el regreso a clases
Importante anuncio hizo Claudia Sheinbaum al informar que, en la semana del 19 de mayo, iniciará la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los maestros de la CDMX y, este mismo mes, comenzará la revisión de planteles educativos para que todo esté listo cuando la SEP determine el regreso a las clases presenciales.
Excesos
México incumplió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva y realizarla de manera excepcional. En su informe anual 2020, la CIDH, que encabeza Elizabeth Odio Benito, destacó que nuestro país aumentó los delitos con prisión preventiva oficiosa.
Desbandada
Nos hacen saber que Israel Betanzos, dirigente del PRI en la CDMX, está con los nervios de punta, porque no sabe qué hacer con la desbandada que hay en su partido. Liderazgos locales y concejales de varias alcaldías han dejado las filas del tricolor para apoyar a candidatos de otras fuerzas políticas, como ocurre en Magdalena Contreras y la Cuauhtémoc. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p.2)
La Iglesia contra Marx
Como estará la desconfianza que inspira Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, que la Arquidiócesis Primada de México planteó: “ni la prisa ni la urgencia son buenas consejeras cuando se trata de revisar libros de texto”. Y es que la misma SEP, que encabeza Delfina Gómez, ha informado que el rediseño de algunos libros, que incluye materiales didácticos que serán evaluados, les ha tomado apenas tres meses. Cuentan que algo se imaginan en la Arquidiócesis, pues en su editorial Desde la Fe plantearon que la prisa provoca “procesos sin metodología ni orden y despiertan sospechas sobre una posible manipulación ideológica, que traería de regreso un adoctrinamiento de parte del Estado hacia los niños”. La postura de la Iglesia se suma a otras voces que, además, demandan “transparencia y neutralidad”, como la Coparmex, que encabeza José Medina Mora Icaza.
Laboratorio de regresos a clases
Así que después de más de un año sin clases presenciales, el regreso a las aulas en México será un hecho este lunes, al menos en el estado de Campeche, que abrirá planteles para recibir una afluencia de 50 por ciento de los alumnos, quienes deben contar para ese fin con el consentimiento de sus padres. El estado fue el primero que llegó al color verde en el semáforo epidemiológico en septiembre pasado y será por ello el primero en intentar las clases aplicando reglas de la nueva normalidad como el uso de cubrebocas y la sana distancia. En la entidad, además, ya fue vacunado el personal docente que tiene la característica de no estar muy vinculado a la CNTE, sector gremial que ha mostrado reservas para volver. Las clases en Campeche forman parte de una prueba piloto que aportará elementos a considerar en otros retornos programados en al menos cinco estados más.
Fluye inversión de Black&Decker
Con la novedad de que está fluyendo inversión extranjera directa al país, un indicador, por cierto, que tuvo una caída de poco más de 11 por ciento en el país el año pasado, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19. Nos comentan que esta semana inician los trabajos de instalación de la empresa internacional Stanley Black&Decker en Sonora con una inversión de mil 60 millones de pesos y en la que habrán de trabajar mil 800 empleados. Se trata de la cuarta planta de la firma en el país, que también tiene instalaciones en Monterrey, Reynosa y en Puebla. El dato resulta relevante y fue proporcionado por Elías Barrios, vicepresidente de operaciones y proyectos especiales en México, a Claudia Pavlovich, gobernadora de la entidad, en la que se establecerá la nueva planta. Algo están haciendo bien en esos rumbos que el ejecutivo de la empresa destacó que optaron por Hermosillo tras revisar varias opciones.
Expresiones sobre la extensión de mandato
Nos comentan que este lunes diputadas de la oposición harán público un cierre de filas en contra de la ampliación del mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en el que denunciarán con base en la Carta Magna la inconstitucionalidad de esta resolución aprobada por la Cámara de Senadores; las legisladoras Laura Rojas (PAN), Verónica Juárez (PRD), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) y Martha Tagle (MC) elevarán su protesta con el respaldo jurídico de Claudia de Buen, quien apenas el 25 de febrero pasado fue designada como la primera mujer para presidir la prestigiosa Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), fundada en 1922, por lo que si bien Morena tiene la mayoría de votos para avalar la propuesta, del lado de la oposición, sin duda, se impulsará un debate fuerte, nos aseguran.
El Tribunal en el ojo del huracán guinda
Será este miércoles cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunirá a puerta cerrada para deliberar sobre el proyecto de sobrerrepresentación en San Lázaro, el cual nos adelantan apoya la decisión de los consejeros electorales de imponer “candados” para que los candidatos de un partido político no se incrusten en otro por medio de las coaliciones, postura que hasta el pasado martes, iba 5-2 a favor; sin embargo, nos confiaron que ese día el magistrado presidente José Luis Vargas consideró que se necesitaba más tiempo para estudiarlo. En este espacio señalamos que hubo quienes atribuyeron el hecho al clima: a que les dio frío a algunos magistrados resolver un tema que de origen no le gustó a Morena. Será pues el próximo 21 de abril cuando se resuelva, aunque ahora con pronóstico reservado. Uf.
Debates y desconfianzas
No gustó mucho en algunas campañas de candidatos a la gubernatura de Tlaxcala, que ayer tuvieron su primer debate, el que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones decidiera cambiar al cuarto para las doce elementos del formato. Y es que, nos aseguran, en el esquema original la discusión iba a ser sólo entre candidatos, pero se agregó el que los moderadores pudieran controlar quiénes participaban. Particularmente en la campaña de la morenista Lorena Cuéllar, nos comentan, no descartan emprender acciones legales, pues consideran que se trata de acciones que inciden en la imparcialidad que debe privar en la contienda. Por cierto que no se trata de la primera acción de ese tipo que registran, pues antes ya ha habido señalamientos por actuaciones del gobierno que encabeza el priista Marco Antonio Mena. (Rozones l, La Razón, La Dos, p.2)
Con el proceso electoral como telón de fondo, y el consecuente maniqueísmo declarativo, mediático y en redes que las circunstancias alientan en los sectores más apasionados con las posiciones en juego (obradorismo y antiobradorismo), los problemas propicios para el atrincheramiento y la escisión se van multiplicando: la posibilidad de extender la estancia de Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial federal, la publicación en tarde de viernes del decreto que da el banderazo de salida a la pretensión de formar un padrón de usuarios de teléfonos móviles, la guerra política contra el grupo directivo del Instituto Nacional Electoral y la exigencia de restituir las candidaturas morenistas a dos gobiernos estatales, y los planes para el regreso a clases en semanas o meses próximos (aparte, desde luego, de la ya permanente discusión sobre la política sanitaria frente al Covid-19 y en específico sobre la adquisición y aplicación de las vacunas correspondientes).
La pretensión de mantener a Zaldívar al frente de la Corte y la Judicatura (para gestionar la reforma judicial, que implicará la posibilidad de nombrar y remover jueces, magistrados y otros cargos importantes) ha generado una reacción adversa proveniente no sólo del antiobradorismo.
Por ejemplo: el diputado federal Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada del partido en el poder y aspirante a la relección, tuiteó el sábado en la tarde: Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun cuando fuera aprobado y promulgado. Mejor decirlo desde ahora. Tal posicionamiento generó molestia en cúpulas del poder y la advertencia de que las palabras de Gómez no son las de su bancada o su partido. Y este domingo, Porfirio Muñoz Ledo añadió su voz a las críticas en este tópico.
En cuanto a la aplicación de la letra legal que ya impone a los usuarios de telefonía móvil, también llamada celular, la obligación de entregar sus datos personales, entre ellos los biométricos, para la integración de un padrón, ha producido un amplio rechazo que devendrá en la presentación de solicitudes de amparo judicial (con un inmediato aprovechamiento del tema por parte no sólo de personajes opositores a Palacio Nacional, que están promoviendo machotes de amparo para difusión masiva) y de declaratorias de inconstitucionalidad (esto, también en el tema relacionado con Zaldívar). (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
El Poder Judicial prepara su reacción
Desde que el pasado jueves se votó en el Senado la ampliación del periodo de gestión del presidente de la Suprema Corte y de los consejeros de la Judicatura Federal, nos dicen, se ha empezado a preparar una posición conjunta. Hasta ahora, nos comentan, el consenso es no opinar hasta en tanto otro Poder, el Legislativo, defina el tema y una vez que lo haga se dará la posición con el mayor consenso posible y de manera institucional. Nos aseguran que, desde el pasado sábado, los consejeros de la Judicatura y los ministros de la Corte han estado en pláticas con el ministro presidente Arturo Zaldívar, evaluando la ampliación del mandato que aprobó la mayoría de Morena, con algunos votos de la oposición. Nos hacen ver que esta semana no habrá posicionamiento, pero sí la entrante.
De disparates y ampliaciones de mandato
Y a propósito del sorpresivo y polémico artículo que amplía por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, nos mencionan que la preocupación del bloque de oposición es que una vez aceptado este tipo de modificaciones exista alguien el Poder Ejecutivo que quiera ampliar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el propio presidente ha prometido muchas veces que él se irá a su rancho en Chiapas al terminar sus seis años de gobierno, y que está en contra de la reelección presidencial, los opositores temen que llegado el momento no se hable de una reelección, sino de una ampliación de mandato, en este caso, con el fin de terminar algunas reformas o proyectos de la autollamada Cuarta Transformación. Aunque algunos consideran que este escenario es un disparate, otros señalan que si alguien hubiese dicho la semana pasada que se pretendía ampliar el mandato del presidente de la Corte también se habría calificado como un disparate.
“Alito”, su capital político en riesgo
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, dedicó todo el fin de semana a recorrer Campeche y realizar actos de proselitismo en apoyo a los candidatos del PRI y de la coalición integrada con el PAN y el PRD, tratando de reforzar las campañas en su tierra natal y de la que fue gobernador hasta hace 20 meses, cuando decidió pedir licencia para presidir al partido tricolor. Según encuestas, Morena lleva la delantera para la gubernatura, con Layda Sansores, pero don Alejandro pone toda su esperanza en que la estructura priista que él ayudó a construir apuntale a su sobrino Christian Castro Bello para que se convierta en el nuevo gobernador e impida que el tricolor pierda por primera vez en su historia la gubernatura de Campeche. En esta elección, nos hacen ver, “Alito” se juega todo su capital político.
El peligroso show del desafuero
Nos dicen que los consejeros que votaron en contra del registro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón a la de Michoacán no temen al juicio político que Morena promueve en su contra. El argumento de los consejeros, nos comentan, es que ellos simplemente aplicaron la ley y que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí hubo precampañas y que los candidatos violaron la ley. Adicionalmente, nos señalan, la Sala Superior del TEPJF tiene la facultad de modificar la sanción impuesta por el INE si así lo considera. De este modo, sostienen que el amago de juicio político es parte del show propio de la temporada electoral. Un show muy peligroso, dirían algunos. (Bajo Reserva, El Universal, Nación, p.2)
YA URGE que sea jueves, para ver la cara que pondrá Joe Biden cuando Andrés Manuel López Obrador le diga cómo decidir a quién darle visa de trabajo para Estados Unidos… ¡y hasta ciudadanía!
PODRÍA parecer broma, pero el presidente mexicano anunció muy en serio que en la cumbre sobre cambio climático le propondrá al norteamericano su “plan” para regular el flujo migratorio: 1) que EU pague becas de “Sembrando Vida” para centroamericanos; 2) que después de tres años les dé una visa de trabajo; 3) y que, posteriormente, si se portan bien les dé la nacionalidad.
LA PARTE complicada para López Obrador será cuando tenga que explicarle que su programa favorito arrastra irregularidades por mil 832 millones de pesos, que se han denunciado favoritismos y manejos electorales en la asignación de recursos; y que los gastos no cuadran con el número de beneficiarios. Todo eso sin mencionar que en el primer año de operación, de cada 100 árboles plantados… ¡se murieron 50!
SEGURAMENTE entre poner fin a la guerra de Afganistán, vacunar a tres millones de personas al día y sacar adelante su plan de rescate de la economía por dos mil millones de dólares, Biden estará muy interesado en la ceiba de Andrés Manuel.
RESULTA curioso que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle niegue ante el juez haber recibido sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética… y que su abogado tenga vínculos tan estrechos con el caso Odebrecht.
RESULTA QUE su defensor, José Joaquín Zapata Altamirano, también ha sido asesor jurídico de Willi Arthur Gerhard Henze, dueño de Zecapan. Se trata de una de las dos empresas señaladas por Luis Alberto Meneses, ex director de Odebrecht en México, como piezas clave en la operación para hacerle llegar 6 millones de dólares a Lozoya, supuestamente para la campaña del PRI. Pero, claro, seguramente es pura casualidad, ¿no?
EL QUE ayer cumplió años fue el coahuilense Rubén Moreira, pero su esposa, la priista Carolina Viggiano, no tuvo muchos motivos para celebrar. Resulta que la secretaria general del PRI quiso placearse en el Valle del Mezquital, pero los candidatos de la propia alianza Va por México la rechazaron. Según esto, el panista Giovani González Severo de plano se negó a recibir el “respaldo” por considerar que le traería más problemas que simpatías. ¡Ups!
YA DIJO Félix Salgado Macedonio que ahora que Morena desaparezca al INE, su sede será convertida en un hospital. Y no suena mal: a lo mejor ahí les pueden curar a los morenistas el miedo irracional que le tienen a la estricta aplicación de las leyes electorales. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Que confiados en que el TEPJF les dará la razón, en Morena se resistieron a cumplir la orden de registrar a quien sustituirá a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y olvidaron que el instituto local puede imponer sanciones por esa falta. Por cierto, se espera que este miércoles el tribunal resuelva si avala los candados que impuso el INE para evitar la mayoría artificial en la Cámara de Diputados, luego de que el magistrado presidente, José Luis Vargas, y otros pidieron tiempo para reflexionar sobre el tema.
Que siguiendo con el tema, las asociaciones de magistrados, fiscales y consejeros electorales de los estados convocaron para el próximo 23 de abril a la firma de un manifiesto en favor del INE ante lo que consideran un embate desde diversas esferas del gobierno. El acto se llevará a cabo en Puebla y ahí estarán autoridades comiciales del país, incluido Lorenzo Córdova como testigo de honor, mientras el gobernador Miguel Barbosa está invitado.
Que los candidatos de Morena y aliados en Sonora, Alfonso Durazo, y de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, se dieron con todo en redes sociales, luego de que este último acusó al ex titular de Seguridad de moverse con 75 guaruras y lo retó a un debate para demostrar que de seguridad no sabe nada. El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia aclaró que no suele responder ataques, pero esta vez llamó a su contrincante “niño rico y caprichoso” y de paso le recordó que su desesperación radica en que va “a cola de las preferencias”. Se calienta la contienda. (Editoriales, Milenio, Al Frente, p.2)
El caso de la corrupción de Pemex, con senadores panistas y priistas, que también involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, tomó vuelo con la detención de José Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, lo que se ve como un gran paso en la lucha contra la corrupción es un proceso atropellado y maniqueo que enfrenta obstáculos porque el testigo clave, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que disparó con reguilete las imputaciones, no ha aportado evidencias que permitan judicializar el caso.
La detención de Lavalle Maury la logró el fiscal general Alejandro Gertz Manero después de actos ilegítimos y probablemente ilegales. Sus abogados, por ejemplo, discutieron con el juez del caso, y éste, en plena complicidad con el Ejecutivo, les dijo que si lo acusaban de traición a la patria, para retomar la imputación a Peña Nieto y a Videgaray, no alcanzaría para la prisión preventiva que buscaban. Por ello le imputaron el delito de operaciones de procedencia ilícita, y con el apoyo del juez lograron que quedara preso, con argucias legales para no concederle la fianza.
El juez le regaló tiempo a la Fiscalía General para que persuada a Lavalle Maury de que se acoja al criterio de oportunidad y denuncie a sus correligionarios, porque lo entregado por Lozoya no es suficiente para mantenerlo en la cárcel –asumiendo que se aplica la ley–, pues la principal acusación contra Lavalle Maury viene de la grabación ilícita de un video que se difundió en agosto del año pasado, donde aparecen el exsecretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, colaborador muy cercano al exsenador, recibiendo bolsas de dinero junto con Guillermo Gutiérrez Badillo, quien era asesor del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que presuntamente eran para compensar a senadores del PAN por el apoyo y cabildeo de la reforma energética.
El video fue colocado en YouTube por Juan Jesús Lozoya, hermano del exdirector de Pemex, como parte de la estrategia mediática que Lozoya había acordado con Gertz Manero para acompañar y reforzar la estrategia jurídica contra panistas y priistas, aunque en este episodio, el fiscal fue hecho al margen. Lozoya lo colocó en las plataformas digitales aparentemente en coordinación con funcionarios de la presidencia, quienes un día después, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se hicieran públicas las pruebas de Lozoya, alertaron a varios periodistas de su existencia.
La forma jurídicamente desaseada con la que se difundió el video provocó problemas jurídicos a la Fiscalía General, que ha tenido dificultad para acreditar la procedencia legítima de los videos ante el juez. Juan Jesús Lozoya fue llamado a declarar tras la difusión del video el año pasado para responder a una denuncia por la filtración del video, y ha tenido que ampliar dos veces su declaración ante Juan Ramos, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, quien lleva directamente el caso, porque existe el presunto delito en su contra de suplantación de identidad para crear la cuenta de YouTube en donde difundió el material grabado de manera ilegal.
Gertz Manero no está feliz con el exdirector de Pemex. En 2019 tuvo al menos cuatro reuniones para ir definiendo las estrategias del tipo de denuncias y sus tiempos, pero al no llegar a un acuerdo, Lozoya optó por irse de México. La negociación se reanudó en España, donde la Fiscalía General logró que lo detuvieran, y a cambio de presentar acusaciones informales a modo, canjeó que su proceso fuera en libertad. Tras regresar en julio a México sostuvo cuando menos 10 reuniones con Gertz Manero durante tres meses, personalmente en su oficina, a donde entraba sigilosamente por el elevador privado del fiscal.
La estrategia estaba condicionada al manejo mediático del caso, que le permitiera al Presidente capitalizar políticamente las acusaciones. Las cosas, sin embargo, se salieron de control, por acciones unilaterales de Lozoya, como el caso del video, que encontró en el apetito político de funcionarios en Palacio Nacional una salida propagandística en apoyo a la pretendida campaña contra la corrupción de López Obrador.
La detención de Lavalle Maury, probablemente creía Lozoya al poner tanto énfasis en el video, le daría el respiro que busca para obtener el beneficio del criterio de oportunidad, donde al denunciar a personas que cometieron delitos, podría ser exonerado de los crímenes que se le imputan, y obtener la libertad. Sin embargo, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para que se otorgue el criterio de oportunidad, el delito denunciado tiene que ser más grave que el imputado a quien busca la libertad, como es al caso de Lozoya.
Esto no puede ser un error, sino parte de la estrategia paralela de Gertz Manero, cuya desconfianza en Lozoya ha ido creciendo. Lozoya le prometió mucho cuando estaba preso en España, pero le ha aportado bastante poco en términos concretos. El fiscal general sí quisiera a Peña Nieto y a Videgaray en la cárcel, y en Palacio Nacional quisieran que por este caso dos panistas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su consejero y exsenador, Roberto Gil, también fueran a prisión.
Pero con Lozoya de testigo, parece haberse dado cuenta, eso no será posible. Gertz Manero le ofreció a Caraveo el criterio de oportunidad, pero las evidencias que está aportando tampoco son suficientes para el maxiproceso que desearía tener. Lavalle es la siguiente oportunidad, pero no se sabe si cederá a la presión y, en dado caso que así fuera, si lo que denunciara sería suficiente para proceder contra otros expanistas de mayor monta. Al exdirector de Pemex el juego no le está saliendo, y con Lavalle Maury en la cárcel, no tiene un pie afuera, sino que su futuro, por ahora, sigue viéndose tras las rejas. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional Política y sociedad, p.36)
A confesión de parte, relevo de pruebas. No hay duda, lo reconoció en su mañanera el Presidente López Obrador: la iniciativa para agregar un transitorio al dictamen sobre reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar dos años más en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Arturo Zaldívar, es suya; él ordenó se incluyera alevosamente.
Con toda la influencia que tiene quien vive en Palacio Nacional, ordenó al Sen. Monreal de Morena y coordinador del grupo mayoritario en el Senado acatar la orden; pero tenía un problema, el dictamen de reformas que fue acompañado por el Consejo de la Judicatura no incluía la perversa idea de ampliar dos años el mandato de quién también preside el CJF. Y no podría estar en el debate parlamentario y de dictamen, porque una reforma de tal magnitud, correspon discutirla al poder reformador de la constitución por tratarse de materia que reformaría, en su caso, el artículo 97 de la CPEUM y nunca hubo iniciativa con tan intención.
Se imaginan el debate que se daría ante semejante pretensión? Darle dos años más al Ministro Presidente de la Corte y del CJF, quién ha sido obsequioso -y abierto simpatizante de AMLO- es propiciar la descomposición del equilibrio pétreo de la República sobre la división de Poderes. Es quitar las barreras -hoy endebles- de la separación del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, es continuar la ruta de AMLO de desaparecer todas aquellas instituciones que le impiden hacer lo que quiera con el país con todas y todos nosotros adentro. Es volver a revivir lo que más dice odiar: el autoritarismo del porfiriato.
Entonces, ¿quiénes son los conservadores Señor Presidente?
¿Quienes respetamos la división de poderes y trabajamos desde hace 25 años para concretarlo legalmente porque es lo más democráticamente progresista? ¿Quienes pugnamos -y Usted lo sabe- por acotar el presidencialismo y avanzar hacia un sistema más plural y democrático? (Angélica De La Peña, EL Sol de México, Análisis, p.14)