La semana pasada, 47 inmigrantes fueron liberados en Tepotzotlán (Estado de México). Iban hacinados en un tractocamión que fue abordado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en el kilómetro 43.5 de la Carretera México-Querétaro.
Los migrantes que llevaban horas encerrados pidieron auxilio a la Policía por una pequeña ventana abierta del camión. El conductor fue detenido para ser presentado ante las autoridades federales.
Este tipo de operaciones son bastante comunes en el Valle, al punto de que a principios de mes, 136 migrantes fueron liberados en el municipio de San Pablo del Monte (Tlaxcala) gracias a la intervención de la Policía de Ecatepec (Edomex). Y en marzo de este año, un hombre fue detenido en el Municipio de Chalco (Edomex) con cinco migrantes ilegales y a otro por llevar cuatro migrantes menores de edad. Posteriormente -gracias a la indagatoria-, se encontraron otros 36 migrantes en un domicilio de la Colonia Melchor Muzquiz (Ecatepec).
LA SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA
Paradójicamente, aunque el Valle Metropolitano está lejos de los canales más transitados por la migración ilegal, con frecuencia se detienen a tratantes de personas y se liberan a los migrantes.
Aunque liberación es un término que no refleja precisamente lo que sucede después de detener al “traficante”. Por lo general, los migrantes son presentados ante la Fiscalía General de la República con intervención del Instituto Nacional de Migración (INM). Después de las diligencias, son llevados a un centro de detención migratorio y allí empieza un segundo calvario. Si los Estados Unidos no se encuentran preparados para recibir a miles de personas migrantes, México mucho menos. Y en ese cuadro de desborde generalizado, la Ciudad de México y el Edomex no se destacan por ser una excepción.
La crisis de la frontera suroeste de Estados Unidos también se paga aquí. Los centros de detención de CDMX tienen los mismos problemas que un centro de Chiapas (hacinamiento, condiciones de vida precarias y poco higiénicas, alimentación escasa, atención médica deficiente, y un largo etcétera).
Al punto que, en 2019 algunas organizaciones de la sociedad civil -autorizadas- denunciaron que les habían negado el acceso al centro de detención migratorio de Iztapalapa (“Las Agujas”), donde precisamente una niña guatemalteca de 10 años murió poco después.
Una nueva mancha para un centro con un largo historial de abusos, humillaciones, extorsiones, violaciones de derechos humanos, separación de familias y condiciones de vida pésimas sino inaceptables para un Estado moderno.
La política migratoria ha empeorado la situación sin preparar la red de contención frente al incremento de personas (y con reducciones presupuestarias para el INM). No hay que ser experto para darse cuenta que si el país tiene una capacidad estimada de alrededor de 9 mil plazas en sus centros temporales y ya detuvo de enero a marzo de este año a 31 mil 492 personas migrantes, hay un problema.
De hecho, “Las Agujas” arrastra sobrepoblación desde hace años y ya en 2016 superaba largamente con casi 700 detenidos su capacidad de 430 plazas (Global Detention Project).
Sólo hay que revisar los informes del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (2017) y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para darse cuenta de que los migrantes tienen dos infiernos: 1) los polleros y 2) la “liberación” (internación en un centro). Y es difícil saber cuál es realmente peor. (Gustavo Fondevilla, Reforma, Ciudad, p.4)
A fines de la semana pasada estuve en Texas en una labor de retroalimentación de la situación en la que viven nuestros connacionales migrantes en materia de salud y en otras áreas de alto impacto comunitario. Lo hice en, en esta oportunidad, no tanto como académico, sino en mi papel de empresario con responsabilidad social para sumar esfuerzos para enfrentar los retos que existen en estos rubros en el sur de la frontera, empezando con Texas como un eventual programa piloto.
Inicié esa labor en San Antonio por cuestiones estratégicas y personales (ahí nacieron mi abuela paterna y mi padre). No ignoro que el cónsul general de México en esa localidad, Rubén Minutti, se ha visto envuelto en una polémica, más anecdótica que jurídica y que de ningún modo ofrece un panoarama del trabajo que se hace desde el consulado general para la comunidad migrante, que es el tema relevante y la razón de ser de la mayor red consular existente en el mundo.
Conozco desde hace mucho tiempo al doctor Minutti, promotor del acceso a la información en la capital del país, fui su director de tesis doctoral y tengo la mejor de la impresiones por su probidad y compromiso social. Precisamente por lo anterior consideré (y no me equivoqué) que sería una fuente confiable y obligada para conocer de primera mano el estado que guarda la situación de los migrantes, su relación con las autoridades consulares, sus avances en las necesidades comunitarias y los retos donde el sector empresarial puede sumarse al esfuerzo complementando el trabajo comunitario que se lleva a cabo y que se hace bien.
En San Antonio la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, hospitales y médicos para ayudar es sorprendente a lo que había hasta hace algunos años. Así lo pude comprobar con trabajos demoscópicos de Espinosa y Asociados, consultoría digital (la única empresa mexicana en su ramo certificada por Microsoft Estados Unidos). En mayor o menor medida hay una tendencia similar en esa singular red.
De ahí que el papel empresarial con esa tónica social debe ser parte de la solución por aproximaciones sucesivas, a efecto de enriquecer esa tarea que merece un esfuerzo integral y una inversión apreciable para iniciar la incursión en un mercado que ha crecido de manera irregular y debe ser fuente de responsabilidad y confianza, que todavía no existe como se merece, la comunidad que se ha convertido ya en una de las primeras fuentes de ingresos internacionales de divisas a México y, como bien dice la conseja, amor con amor se paga. Hay que empezar con todas las regulaciones y garantías posibles para bien de nuestros connacionales, de un problema binacional que tiene muchas aristas que hay que atender y brindar la debida seguridad jurídica de los dos lados de la frontera. (Ernesto Villanueva, EL Heraldo de México, Editorial, p.15)
Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas causas de fondo en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.
Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales causas de fondo del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de seguridad estadunidenses en toda la región a lo largo de las últimas décadas.
Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.
Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.
Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el comunismo y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la democracia y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.
Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado consenso de Washington, incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.
También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.
No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las causas de fondo del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo. (David Brooks, La Jornada, Opinión, p.23)
Desde su casa de Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que propondrá el jueves próximo a su homólogo estadunidense, Joe Biden, un plan de colaboración para incidir en la reactivación económica del sur de México y el llamado triángulo norte centroamericano: El Salvador, Guatemala y Honduras), regular la migración procedente de esos países hacia Estados Unidos y contribuir a la atenuación del cambio climático.
La base de la propuesta ya es conocida, pues había sido expresada en diversas ocasiones por el mandatario mexicano: llevar a tierras salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas el programa de reforestación con árboles frutales y maderables Sembrando Vida, mediante una colaboración pactada entre Estados Unidos, México y las naciones referidas, con el fin de generar fuentes de empleo, impulsar la generación de bienestar e incidir así a resolver problemas sociales como el desempleo, la delincuencia organizada, la violencia y la desintegración comunitaria y familiar, que son las causas de la migración masiva hacia Estados Unidos.
Ayer, López Obrador fue más allá y vinculó ese plan con una propuesta de regulación migratoria: que el gobierno de Washington conceda una visa de trabajo por seis meses a quienes laboren por tres años consecutivos en Sembrando Vida y que la repetición de varios de esos ciclos abra a quienes lo deseen la posibilidad de obtener residencia e incluso nacionalidad en el país vecino del norte.
Esta evolución de la iniciativa lopezobradorista parte de dos consideraciones: por un lado, que incluso si la reactivación económica fuera un completo éxito, ello no necesariamente eliminaría el deseo de muchos de acudir a territorio estadunidense a obtener mejores ingresos y condiciones de vida; por el otro, que a pesar de las políticas antimigratorias de Estados Unidos, la economía de este país necesita de la mano de obra extranjera en diversos de sus sectores para desempeñarse de manera adecuada en los mercados globales.
Por ambas razones, con la reformulación de la propuesta y su vinculación entre el proyecto de reforestación masiva y las disposiciones migratorias estadunidenses se incrementan las posibilidades de que sea aceptada.
El presidente mexicano informó que, de manera adicional, el programa mexicano incluirá acciones ambientales como no extraer más petróleo que el que el país requiere para producir sus combustibles –lo que significa establecer un límite a la extracción de crudo de dos millones de barriles diarios–, así como repotenciar las 14 mayores hidroeléctricas del país, con la finalidad de desechar las plantas de combustóleo y generar energía de manera limpia y renovable.
La reunión virtual entre ambos mandatarios, agendada para el jueves de esta semana, estará dedicada a las acciones sobre cambio climático. Es claro que la parte mexicana llegará al encuentro con una iniciativa sustancial, integral y con sentido común que contribuirá a despejar los malos augurios sobre un supuesto desencuentro entre AMLO y Biden por políticas ambientales y que ofrece, además, la posibilidad de alcanzar mecanismos de regulación migratoria que Washington necesita con urgencia. Cabe esperar, pues, que el mandatario del país vecino sea receptivo a la propuesta. (Editorial, La Jornada, Editorial, p.2)
Ala crisis sanitaria por el Covid-19 se ha sumado una grave problemática social en el mundo, íntimamente vinculada con la vulneración de los derechos humanos: la crisis migratoria, los flujos incesantes de las áreas rezagadas hacia los polos de desarrollo, como el incremento de los cruces irregulares, tanto en el río Suchiate en la frontera sur de nuestro país, como en la línea divisoria de México con Estados Unidos, en condiciones infrahumanas, incluidos niñas y niños, solos o acompañados.
El detonante de fondo: la violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y el incremento de la pobreza en los países de Centroamérica, especialmente en el llamado Triángulo Norte, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, y la regresión en los principales indicadores económicos y sociales en el propio territorio nacional, la involución en los parámetros que miden la generación de riqueza y la calidad de vida, comenzando por el deterioro en el poder adquisitivo del salario.
Otro factor de importancia capital en la migración irregular, indocumentada son los acuerdos de libre comercio suscritos por México con sus socios comerciales del primer mundo –Estados Unidos y Canadá para empezar– han incluido el libre intercambio de mercancías, pero no el libre tránsito de personas, ni siquiera en programas temporales y acotados, como sí ha ocurrido en otros mercados y regiones del mundo. Una globalización mercantil, sin rostro humano.
Es cierto que los acuerdos de libre comercio han propiciado el incremento de las exportaciones y la generación de empleo, favoreciendo a los sectores modernos y competitivos, pero a costa de importantes segmentos como el campo, y con millones de mexicanos fuera del círculo virtuoso de la generación de oportunidades. El éxodo de migrantes que hoy observamos en el primer trimestre del año así lo evidencia.
Para ilustrar el fenómeno con cifras e ir más allá del análisis doctrinario, baste decir que en mayo de 2019, en el pico más alto de la década, cuando la detención de migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos llegó a 144 mil capturas, el entonces presidente Donald Trump advirtió a México que si no frenaba la migración ilegal impondría aranceles a las importaciones provenientes del país, lo que obligó a enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para contener la migración. Ahora, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó oficialmente que las detenciones en su frontera sur, en marzo de 2021, fueron 172 mil, la cifra más alta en 15 años, según la agencia France Press.
En el balance del primer trimestre de 2021, según datos de la patrulla fronteriza, detuvieron a 74 mil migrantes en enero, poco más de 100 mil en febrero y los 172 mil de marzo. De ese universo, 147 mil detenidos eran de nacionalidad mexicana, la tercera parte del total, un aumento de 125 por ciento respecto del trimestre anterior. Del total de detenidos, 11 por ciento eran menores de edad.
En la proyección anual es un incremento de detenidos que no se veía en lustros y que, a juicio de expertos en la materia, podría terminar el año en niveles de finales de 2005, por encima de medio millón. Cambió el gobierno federal estadunidense, ahora hacia una administración que afirma estar comprometida con el respeto a los derechos humanos, pero la desintegración familiar por la migración proveniente del sur no sólo continúa, sino que se intensifica: la detención de familias en la frontera sur de Estados Unidos pasó de 19 mil 587 en febrero a 53 mil 623 en marzo.
Y lo más inhumano y crudo: ha habido un aumento descomunal de niños no acompañados en la frontera con México: 18 mil 890 detenciones en marzo de 2021, 100 por ciento más respecto de febrero, cuando hubo 9 mil 431. De ese universo, la cifra de niños mexicanos detenidos pasó de mil 890 en febrero pasado a 2 mil 452 en marzo. Unos 4 mil 500 menores aguardan en instalaciones de la Patrulla Fronteriza, que no están equipadas para detenciones a largo plazo, en donde algunos duermen en el piso. La difusión masiva del video de un niño nicaragüense de 10 años abandonado en un desierto de Texas, es sólo la imagen descarnada de un fenómeno creciente, que amenaza con desbordarse.
Como agravante, la política migratoria en Estados Unidos ha convertido a México en un país de destino para miles de migrantes que antes sólo transitaban por nuestro territorio, es decir, tenían una estancia temporal, perentoria. Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, pasamos de tener poco más de 2 mil solicitudes de refugio en 2014, a cerrar 2019 con más de 70 mil y, tan sólo en lo que va del primer trimestre de 2021, cerca de 22 mil.
Por eso es preciso consensuar, construir e implementar soluciones de fondo para encarar y resolver lo que ya se califica como una crisis migratoria, soluciones que involucren a los gobiernos de toda la región –expulsores y receptores– para crear las oportunidades de desarrollo, calidad de vida y empleo, que hoy cientos de miles buscan fuera de las fronteras nacionales.
Es imperativo pasar de los compromisos verbales, con una migración ordenada y humana, a las políticas públicas específicas y las soluciones concretas. (José Murat, La Jornada, Opinión, p.14)
Si no alimentas a las personas, alimentarás los conflictos, le escuché decir hace poco a David Beasly, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Cuánta razón y qué grave resulta que, en pleno siglo XXI, el fantasma del hambre recorra de nueva cuenta el planeta, al menos en 30 países. El PMA recibió el Premio Nobel de la Paz en 2020. Tan sólo el año previo habría llevado asistencia alimentaria —considerada como crítica— a cerca de 114 millones de personas
El hambre aguda y la hambruna son etapas de un mismo proceso que se ha acentuado, entre los conflictos armados (que no cesan), el cambio climático y la pandemia por Covid-19. Los focos rojos se han encendido en países como Yemen, Sudán del Sur, Somalia, Etiopía y la República Democrática del Congo, entre otros. Pero el problema no se limita sólo a África. Afganistán y Siria también están ya en el radar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en América Latina, una región gravemente afectada por el cambio climático y la recesión post Covid, los países en riesgo de padecer inseguridad alimentaria son Guatemala, El Salvador y Honduras, junto con Haití y Venezuela.
A nivel global, durante el último año, el número de personas en condiciones de inseguridad alimentaria se duplicó: pasó de 135 a 270 millones. Se estima que cerca de 34 millones de personas están en riesgo real de morir de hambre. En Yemen, un país en el que, para fines prácticos, la hambruna ya se hizo presente, es posible que mueran por esta causa 400 mil niños este año. El ciclo que se retroalimenta entre violencia-cambio climático-hambre-desplazamientos forzados, ha quedado más claro que nunca. Cada uno es causa y efecto a la vez.
Así como la inseguridad alimentaria y la hambruna son factores importantes en el surgimiento y la exacerbación de los conflictos armados, también lo son la disrupción en la producción, el procesamiento o la distribución de alimentos, y su acceso inequitativo. Unos y otros incrementan los agravios económicos y las disparidades sociales. Todos y cada uno tienden a desencadenar escenarios de violencia, especialmente en los contextos más frágiles.
También la pandemia por Covid-19 ha dejado graves secuelas tanto en la producción como en la distribución de alimentos. Las poblaciones vulnerables han sido las más afectadas. Por ejemplo, antes de la pandemia, según estimaciones de la propia FAO, el 10% de la población mundial ya sufría de desnutrición. Es el triste ejemplo de una población vulnerable, cuya condición se agravó con la pandemia. Pero son los conflictos generados por los propios seres humanos los que más daño han hecho en estos tiempos, y los principales causantes de las hambrunas. Tan sólo en el último año, 40 millones de personas, en entornos frágiles, se han sumado a las filas de la pobreza extrema como consecuencia de los conflictos armados.
En América Latina y el Caribe, los desastres naturales derivados de la crisis climática dislocan de inmediato las cadenas alimenticias y, aun cuando se trate de efectos transitorios, pueden generar situaciones graves de inseguridad alimentaria en poco tiempo. Tal fue el caso de la crisis humanitaria que dejaron los huracanes Eta e lota en Centroamérica. Dañaron grandes extensiones de tierra de cultivo e infraestructura básica, incluida la del transporte. Se desplomó la cadena de suministros, aumentaron los precios de los alimentos, apretó el hambre y vino la estampida: se multiplicaron los migrantes, resurgieron las caravanas, se saturaron los albergues y los focos rojos se encendieron en Washington.
De ahí la importancia de revitalizar el Plan de Desarrollo Integral propuesto a instancias de México, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la participación de los tres países del triángulo del norte centroamericano. La coyuntura puede ser propicia para que los Estados Unidos y la Unión Europea lo respalden, más allá del discurso. Es obvio que se requieren muchos más recursos de los que se disponen, pero mientras no se asuma que el hambre es el principal motivo de la migración desordenada e irregular que ocurre en nuestra región, de sur a norte, mucho me temo que las medidas de contención que se adopten seguirán siendo insuficientes.
La inseguridad alimentaria también afecta desproporcionalmente a las mujeres y a las niñas. La propia FAO ha señalado que en países de bajos recursos, las mujeres ocupan el 48% del trabajo en la agricultura, pero tienen menos acceso que los hombres a los recursos financieros. De tal suerte que, si no se aborda el problema con una clara perspectiva de género, no se erradicarán ni el hambre, ni la violencia, ni los desplazamientos humanos involuntarios.
No sé qué es más alarmante: si la magnitud del sufrimiento que el hambre genera hoy en el mundo, o la indiferencia con la que reaccionamos los que no sufrimos hambre. Hablar de hambruna en estos tiempos no es un asunto que nos remonte a los tiempos bíblicos. Ya no son las plagas los causantes. Lo son las guerras, el ambiente erosionado, la pandemia. Es algo que está ocurriendo en tiempo real en muchas partes. Si la privación deliberada del acceso a alimentos constituye un crimen de lesa humanidad, la simple noción de niños muriendo de hambre en cualquier lugar debería, al menos, pesar gravemente en nuestra conciencia. Las cifras disponibles en los informes que he comentado me llevan a concluir que no, no estamos frente a un fantasma. Estamos frente a una realidad irreconciliable. (Juan Ramón de la Fuente, El Universal, Nación, p.5)
YA URGE que sea jueves, para ver la cara que pondrá Joe Biden cuando Andrés Manuel López Obrador le diga cómo decidir a quién darle visa de trabajo para Estados Unidos… ¡y hasta ciudadanía!
PODRÍA parecer broma, pero el presidente mexicano anunció muy en serio que en la cumbre sobre cambio climático le propondrá al norteamericano su “plan” para regular el flujo migratorio: 1) que EU pague becas de “Sembrando Vida” para centroamericanos; 2) que después de tres años les dé una visa de trabajo; 3) y que, posteriormente, si se portan bien les dé la nacionalidad.
LA PARTE complicada para López Obrador será cuando tenga que explicarle que su programa favorito arrastra irregularidades por mil 832 millones de pesos, que se han denunciado favoritismos y manejos electorales en la asignación de recursos; y que los gastos no cuadran con el número de beneficiarios. Todo eso sin mencionar que en el primer año de operación, de cada 100 árboles plantados… ¡se murieron 50!
SEGURAMENTE entre poner fin a la guerra de Afganistán, vacunar a tres millones de personas al día y sacar adelante su plan de rescate de la economía por dos mil millones de dólares, Biden estará muy interesado en la ceiba de Andrés Manuel. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Día tras día, miles de mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños abandonan y emprenden un peligroso viaje hacia Estados Unidos con la esperanza de poder radicarse ahí y hacer realidad para ellos el “sueño americano”.
La mayoría busca escapar de la miseria de sus comunidades, la que nunca han podido o querido reducir sus gobernantes corruptos. También huye de la violencia y la inseguridad que se ha apoderado de vastas zonas de sus países.
No es casualidad que 42 de las 50 ciudades del mundo con las más altas tasas de homicidio sean latinoamericanas y se localicen en donde el hampa opera con una casi total impunidad.
De las 42, 17 están en Brasil, 12 en México, cinco en Venezuela, tres en Colombia y dos en Honduras. Las cuatro restantes se localizan en El Salvador, Guatemala, Honduras y Jamaica.
Por cuestión de distancias, a México raramente llegan quienes emigran de Sudamérica. De Venezuela muchos se han ido a Colombia y Brasil mientras que la emigración de brasileños es relativamente baja.
Las tasas de homicidio que se registran en las 12 ciudades mexicanas son escandalosas y no han sido materia de mayor análisis en los medios de comunicación durante los casi 15 meses que la pandemia de Covid-19 ha matado a cientos de miles en nuestro país.
De acuerdo con el sitio worldpopulationreview.com, dentro de la lista de las 50 ciudades con las más altas tasas, las mexicanas ocupan los siguientes lugares (la tasa se anota entre paréntesis): 1. Los Cabos (111.3); 3. Acapulco (107.0); 5. Tijuana (84.8); 5. La Paz (84.8); 8. Ciudad Victoria (83.3); 12. Culiacán (70.1); 20. Ciudad Juárez (56.2); 29. Chihuahua (49.5); 31. Ciudad Obregón (49.1); 36. Tepic (47.1); 38. Reynosa: 43. Mazatlán (39.3).
De Honduras, San Pedro Sula está en el lugar 26 (51.2) y Tegucigalpa el 35 (48.0), mientras que la salvadoreña San Salvador está en el 17 (59.1) y la guatemalteca Guatemala en el 24 (53.5).
Ahora bien, las tasas de homicidio solo muestran que tantas personas son asesinadas por cada 100,000 personas, pero no indican cómo los habitantes de un lugar perciben a la criminalidad que los rodea.
Estos datos están en www.numbeo.com, que desde 2009 recopila estadísticas diversas, entre ellos las delincuenciales.
Su Índice de Criminalidad mide la percepción que las personas tienen en torno al cambio en el nivel de criminalidad en los últimos tres años, su sensación de seguridad caminando de día y de noche, su preocupación de ser asaltados, de que les roben sus coches, o que los agredan física o verbalmente debido al color de su piel, origen étnico, sexo o religión, su percepción del tráfico y consumo de drogas, de los delitos contra la propiedad y de los crímenes violentos.
Para Numbeo, los niveles de criminalidad menores a 20 son muy bajos, entre 20 y 40 son bajos, entre 40 y 60 son moderados, entre 60 y 80 son altos y superiores a 80 son muy altos.
En este índice México y los tres países centroamericanos obtienen este puntaje: Honduras (74.78), El Salvador (68.82), Guatemala (58.15), México (55.0).
La gente escapa de la violencia y la pobreza y en estos cuatro países ambas abundan y tienden a agravarse. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Política y sociedad, p.36)
Para sobrevivir, lo primero que se necesita saber es dónde está ubicado uno, cuál es el panorama que lo rodea, pero, sobre todo, cuáles son las guerras o conflictos que pueden –al margen de lo deseado– llevarse por delante los planes sobre el presente, sobre el futuro e incluso sobre una parte del pasado. Pero no le dé muchas vueltas, acabe como acabe, cuando todo esto termine y pase lo que pase con las vacunas, hoy el mundo tiene dos poderes y varios jugadores alrededor. En este sentido, resulta sencillo pensar sobre los tiempos en los que sólo dos países jugaban a la ruleta rusa para terminar con el mundo. Si bien el enfrentamiento era bipolar, este sistema permitió mantener un equilibrio –si bien de terror– sobre las armas nucleares entre los distintos bloques en la época de la Guerra Fría. Sin embargo, con el surgimiento del multilateralismo y de nuevos jugadores estratégicos en el mapa mundial, pareciera que los problemas se multiplicaron.
Hoy en el planeta hay más armas nucleares que nunca. Cada vez más países tienen en su poder esas ojivas capaces de causar una catástrofe mundial. Pero, sobre todas las cosas, en la actualidad tenemos una batalla planteada sobre el desarrollo material y la ideología capitalista corrupta enfrentada con la ideología liberalizadora comunista. Una batalla que, en cualquier descuido, podrá provocar que todos seamos iguales y despojándonos de todo lo que tenemos. Hoy también estamos ensartados en una guerra tecnológica a la que hemos ido avanzando y adentrándonos, abriéndole la puerta y permitiéndole entrar al enemigo hasta nuestra cocina.
El mundo bascula entre los restos que le quedan a Estados Unidos y los límites que se pueda autoimponer –mientras pueda– ese imperio medio llamado China. Luego, en el siguiente nivel, se encuentran otros jugadores que también tienen las capacidades de acabar con el mundo. Están Rusia, Irán y otros países que, si bien cuentan con armas nucleares y grandes capacidades de destrucción, no cuentan con los elementos necesarios para construir.
La clave del mundo por la que vamos a pasar y vivir se divide en dos grandes preguntas. La primera es: ¿cómo se puede construir el equilibrio de poderes entre Estados Unidos y China? La segunda es: ¿cómo será el juego para los demás jugadores? Mientras estas cuestiones buscan ser resueltas, Estados Unidos se va enfrascando en sus problemas, que son muchos y que adquieren un tono cada vez más peligroso. Entre los grandes conflictos que necesitan resolver los estadounidenses se encuentran, por ejemplo, sus enfrentamientos sociales, su desfase infraestructural o el desmantelamiento de sus tejidos sociales e industriales. Pero, sobre todos los anteriores, el principal problema de Estados Unidos es el hecho de no seguir siendo la primera potencia en términos de capacidad de construir bienes tecnológicos de consumo masivos y de tener cada vez más unos aeropuertos, autopistas, túneles y puentes del tercer mundo. Estados Unidos está sumido en una gigantesca y terrible batalla de desigualdades, habiéndose quedado, además, con todos sus modelos viejos.
El Partido Demócrata no sabe qué es lo que quiere ser de mayor y en este momento hay que preguntarse cómo van a coexistir las maneras de hacer política bipartidista. También tiene que definir cómo garantizar la mejor esencia de política estadounidense del presidente Biden, con todo el aventurismo que simbolizan Alexandria Ocasio-Cortez y los nuevos congresistas, quienes a su vez representan a la mayoría del actual Partido Demócrata. Mientras esto sucede, parece que el Partido Republicano ha dejado de existir. En el instante en el que decidió abrazar como un líder único al Führer Trump, el Partido Republicano perdió su lugar en el juego. Los republicanos estaban –y por momentos pareciera que siguen– al servicio de un hombre con una ideología extrema que no pretende la unión de su país, sino que su intención es propagar la segregación entre los ciudadanos estadounidenses. Una separación entre los buenos y los malos, entre aquellos que siguen una política y tienen una obediencia total a Trump y quienes –por tener una política más abierta e integradora– simplemente no son merecedores de ser estadounidenses.
Si uno observa la demografía se dará cuenta de que el problema de la inmigración va mucho más allá del lamentable incremento de niños que son abandonados o que no se les permite la entrada a Estados Unidos. Es un problema que también va más allá del cierre de la frontera sur. La realidad se encuentra en el hecho de que tanto México como Estados Unidos tienen delante un desafío inmenso en el que cada día que pasa se va incrementando el número de centroamericanos que pierden su vida en la frontera sur. La frontera del sur de México tiene unas condiciones más complejas que la frontera del norte. Primero, porque es una selva y, segundo, porque el único coladero para tener un mejor mañana pasa por moverse hacia el norte. Sin embargo, en este norte donde radica su posibilidad de tener una mejor vida, se han creado dos filtros militares tan férreos que terminarán siendo un factor dominante de la política migratoria estadounidense.
Estados Unidos no puede seguir luchando contra lo que es su primera necesidad. Los estadounidenses necesitan a los migrantes. Solamente en los aparceros de California son más de 200 mil migrantes los que garantizan seguir teniendo las verduras y todos los demás alimentos que se cultivan en las mesas y restaurantes de una gran parte del país. Este significativo número de trabajadores no podría ser sustituido ni por indios ni por chinos y sólo podrían ser cubiertos por los espacios comunes plasmados en el T-MEC.
El mensaje ha cambiado. El problema ya no es cómo evitar que lleguen los migrantes, el problema es sobre quién tiene que llegar y en qué condiciones. Y todo esto sucede tras el reconocimiento de un país que se ha hecho viejo y que no tiene intenciones de volver a trabajar. Un país cuyo futuro está –al igual que como sucedió en el comienzo del siglo 20– en rehacer todas las infraestructuras para poder ser competitivo con el país que claramente le ha ganado la batalla en el sector infraestructura y del desarrollo mismo: China. En los últimos 50 años los chinos han invertido tres veces más en cemento que todo el cemento que Occidente usó en los últimos cien años. No hay una provincia de China que hoy no cuente con un aeropuerto mejor o de condiciones similares al John F. Kennedy en Nueva York. Los túneles que pasan por el Yangtsé son nuevos. Los puentes son nuevos. Todo es nuevo en China. Lo único viejo es la ideología, el comunismo.
Estados Unidos fue el país que lideró el siglo 20. China es la nación líder del siglo 21. Estados Unidos representa la victoria de los valores democráticos y la seguridad de la supervivencia del mundo libre. Lo que en el fondo Francis Fukuyama quería decir en su libro llamado El fin de la historia y el último hombre es que, al final, el mejor capitalismo es el comunismo. Hemos perdido la batalla no por la ideología, hemos perdido la batalla frente al trabajo y frente a la formación de las generaciones. Como consecuencia, tenemos sociedades revolcándose en el ocio y sin tener que trabajar. Sociedades basadas en la especulación en el sector de los servicios sin quererse manchar las manos, bajar a las minas o construir las carreteras. Estamos en manos de quienes han desarrollado la tecnología, tienen el dinero y, además –sin que nadie se dé cuenta– están comprando de manera paulatina África y América Latina.
El problema con China no son sus ojivas nucleares ni su Ejército. Ni siquiera la enorme tentación imperialista que pudiera surgirles en cualquier momento y que pusiera en peligro el mundo chino. La gran tentación de los chinos es no entender que tienen que ayudar a que exista un equilibrio de poderes que también los defienda frente a su propio éxito. De todas las guerras que ha ganado China, la peor, la más terrible y la que en peores condiciones la coloca, es la del coronavirus. Fuera o no el Covid-19 producto de un accidente, lo cierto es que vino de China. Pero en realidad saber de dónde vino tiene poca importancia, lo que sí tiene valor es que China es una sociedad que –gracias a su control absoluto sobre su sociedad– ha conseguido demostrar que para ser rico y feliz no sólo es posible siendo demócrata, sino que también un Partido Comunista puede mantener cohesionada una sociedad. Aunque sea por la fuerza, los chinos han demostrado tener control sobre su sociedad y han invertido las ganancias de su trabajo en hacer un país que –tren a tren, autopista a autopista y aeropuerto a aeropuerto– es superior a Occidente.
Lo que nos vaya o lo que nos tenga que pasar, nos sucederá en medio de ambas potencias. Por eso es muy importante empezar a contar con programas para estar lo mejor preparado posible. Sin una apertura hacia el Pacífico y sin un reforzamiento de los lazos con China, la posición de México seguirá siendo extremadamente débil. No sólo lo será por las razones políticas e ideológicas del actual Presidente, sino básicamente porque necesitamos la financiación, la fuerza y encaje geoestratégico para crecer y convertirnos en un país moderno. En México las revoluciones son recurrentes y siempre son pendientes. Llevamos 150 años de revolución esperando. Sin embargo, la única revolución que puede hacer que sea la última y la que de verdad cambie el país es la revolución del desarrollo, la de las infraestructuras. Y para eso es necesario combinar nuestros intereses con Estados Unidos, pero, sobre todo, establecer una política de apertura hacia China.
Cuando la guerra de las vacunas aminore su ritmo –cosa que pienso que ya está empezando a suceder–, cuando venga la normalidad, en la forma que sea, espero que hayamos sido lo suficientemente inteligentes para haber elegido bien. Espero que cuando todo esto suceda, México haya optado por haber seguido trabajando y por desarrollar un mundo de intereses y de verdades que ya no están esculpidas en fuego por los dioses. Y es que, en medio de este juego de tronos, ni Estados Unidos es un lugar seguro, ni es el único. (Antonio Navalón, El Financiero, Enfoques, p.32)
De nuevo hay voces al norte de la frontera que exigen que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas. La idea ya circuló, y pareció estar cerca de concretarse, durante el gobierno de Donald Trump (quien finalmente desistió, en un contexto de enérgico rechazo por parte del gobierno mexicano). La semana pasada el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, revivió la idea de la designación en una carta enviada al presidente Joe Biden.
Es poco probable que la solicitud que el gobernador Abbott plantea en su misiva sea retomada en el corto plazo por la administración Biden. Sin embargo, Abbott sí logró posicionar en los medios la idea de la designación de los cárteles como terroristas, la cual podría convertirse en una idea fija dentro de la plataforma de los republicanos. Cabe mencionar que el propio Abbott se perfila como un contendiente viable a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024.
Falta todavía aclarar cuáles cárteles estarían sujetos a la designación (aunque el CJNG seguramente encabezará la lista). Sin embargo, podemos conceder que no hace falta estirar demasiado la liga para que varios de los cárteles que operan en México encuadren en la definición de organización terrorista que se establece en la legislación federal norteamericana. El uso recurrente de explosivos y armas de alto poder, y la toma de rehenes (incluyendo elementos de las Fuerzas Armadas) claramente califican como actividades terroristas.
Hasta aquí mi lectura es que hay dos circunstancias que vale tener presentes. La primera es que es probable que los republicanos no quiten el dedo del renglón y que sigan impulsando esta propuesta. La segunda es que se trata de un planteamiento razonable, al menos de acuerdo con los criterios que establece la propia normatividad norteamericana en la materia.
El siguiente punto a analizar es si la designación de los cárteles como organizaciones terroristas sería lesiva para los intereses de México (considerando que el gobierno de AMLO, y varios líderes de opinión, actuaron en su momento como si sí lo fuera). Las consecuencias concretas serían fundamentalmente dos. La primera es que los miembros de las organizaciones designadas, o las personas vinculadas a éstas, recibirían sentencias más severas en caso de ser procesados en Estados Unidos. La segunda es que, al menos en principio, la designación podría dificultar que Estados Unidos aceptara las solicitudes de asilo de un alto número de migrantes bajo el pretexto de que, al pasar por territorio controlado por los cárteles y pagarles cuota (como en los hechos ocurre), los migrantes ofrecieron apoyo financiero a una organización terrorista.
La segunda consecuencia, en efecto, no parece deseable. Sin embargo, sospecho que la resistencia del gobierno tiene más que ver con temas de percepción o de prestigio. Por ejemplo, si la designación de los cárteles colocaría a México como una nación riesgosa para viajar o invertir (algo de lo que ya se encargan bastante bien los ataques y ejecuciones que cotidianamente reportan los medios); o incluso si la designación abriría las puertas para una eventual intervención militar norteamericana (una mera elucubración).
Colombia, España, Japón y Perú son algunos de los países que tienen o han tenido en su territorio grupos designados como organizaciones terroristas (junto con un largo listado de países de Oriente Medio y África). Antes de envolverse en el lábaro patrio y rechazar de tajo la designación, el gobierno de México haría bien en evaluar si las experiencias de designación han dado buenos resultados en su objetivo central: debilitar, desde el ámbito internacional, las estructuras de las organizaciones designadas.
El CJNG, el Cártel del Noreste o La Unión Tepito son organizaciones mucho más mortíferas de lo que fue la ETA en sus tiempos de mayor auge. Aun así, no pensamos en ellas como terroristas, no porque no cometan actos terroristas, sino porque no tienen una agenda que implique una amenaza directa ni para el Estado mexicano, ni para los principales grupos que concentran el poder económico y político en México (aunque eventos recientes como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y el atentado contra Omar García Harfuch, por no mencionar la actual ola de violencia electoral a nivel local impulsada por varias organizaciones criminales, tal vez comiencen a cambiar esta premisa).
La realidad es que el terror de los cárteles lo padecen sobre todo mexicanos o que son pobres, o que tienen la desgracia de vivir en ciertos rincones apartados de la geografía nacional. Los que se ganan la vida como policías o soldados rasos son, tal vez, los que corren el mayor riesgo. Tal vez sea justo reconocer de una vez que las emboscadas, los rafagueos, los desplazamientos forzados y la demás violencia que los criminales infligen en el México bronco son también formas de terrorismo. (Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, Nacional Política y Sociedad, p.42)
Acomodo. Las cifras obligan a la reacción inmediata. Más de 172 mil migrantes indocumentados fueron detenidos en marzo en la frontera de Estados Unidos con México, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que propondrá a su homólogo estadunidense, Joe Biden, un plan para “ordenar” la migración irregular. Las propuestas las presentará durante la cumbre virtual sobre clima a la que convocó el demócrata los próximos 22 y 23 de abril. La iniciativa consiste en ampliar su programa social Sembrando Vida a Centroamérica, por medio del cual se otorgan ayudas económicas a los productores inscritos. “Esto nos permitirá ordenar el flujo migratorio. En marzo se desbordó esta situación”, resaltó López Obrador. Innegable tanto la crisis migratoria como su urgente atención. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p.17)
La migración internacional es uno de los problemas más complejos de atender porque involucra diversos factores, particularmente la voluntad de diversas naciones. Quienes más recienten los efectos colaterales de este fenómeno son las niñas, niños y adolescentes.
Ya sea que vayan acompañados o solos, los menores de edad enfrentan serios peligros durante su camino hacia otros lugares, de manera particular hacia Estados Unidos, en el que están expuestos a pasar hambre, frio, no tener acceso a servicios básicos, ser detenidos, reclutados por la delincuencia organizada, sufrir maltratos, discriminación y hasta violencia sexual.
La mayor parte de estos niños deben abandonar sus hogares, sus estudios y su entorno para migrar y unirse a sus padres o acompañarlos en busca de mejores oportunidades, sin embargo, los peligros son mayores que la propia situación que viven.
Alrededor de 9 mil niños y niñas mexicanos son repatriados cada año de Estados Unidos hacia nuestro país, de los cuales, la mayoría viajaba sin la compañía de un adulto, a los que se suman miles más que logran su ingreso pero que en el camino ven afectado severamente su desarrollo y vulnerados sus derechos.
Para atender este grave problema, que además no ha sido lo suficientemente visible, se deben implementar diversos programas y estrategias que atiendan de manera integral la situación, como el establecimiento de albergues a puertas abiertas, hogares de acogida temporal, escuelas itinerantes e incluso una red de atención legal, médica y psicológica que garantiza el diagnóstico y tratamiento de los efectos colaterales de la migración.
Sin embargo, Morena reduce significativamente el presupuesto para educación y atención de niñas y niños migrantes lo que obstaculiza poner en marcha las acciones necesarias para atender este fenómeno.
Infancia es destino, reza una antigua frase, lamentablemente las niñas y niños migrantes marcan sus primeros años de vida de manera adversa, por lo que el problema debe atenderse con seriedad y voluntad. (Carolina Viggiano, El Sol de México, Análisis, p.15)