Lo van cercando
Nos dicen que ya es un hecho el temor de fuga del diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra dos adolescentes. Por eso, el Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, emitió una alerta migratoria para detectar sus movimientos dentro y fuera de territorio nacional. (El Heraldo de México, Opinión, p.2)
Abundan las piedras en el camino del Estado de Derecho, puestas por quien debiera allanarlo. En este escenario me atrajo el título de una nota en EL UNIVERSAL (24 de abril): “La última batalla de Porfirio”. En ella se dijo que el diputado Muñoz Ledo “salía de su cuarentena para dar su última batalla”, impugnando un dictamen favorecido por su fracción parlamentaria. El “decano legislador” reunió sus fuerzas —que las tiene sobradas— y arremetió contra la infamia que rompió el orden democrático.
No será la última batalla. Muñoz Ledo librará muchas más. En estos años ocupó la tribuna para cuestionar ciertos desvíos que encendieron su condición de gladiador. Recordemos, por ejemplo, el rechazo al empleo de la Guardia Nacional para acorralar a los migrantes. Esa Guardia —señaló— fue concebida para luchar contra delincuentes, no para someter a desvalidos. Luego pugnó contra correligionarios que se le cruzaron en su pretensión de presidir el partido de su militancia. Y ahora impugna con vehemencia la violación de la ley suprema que se consumó en los palacios legislativos de Reforma y de San Lázaro, y fue bendecida en Palacio Nacional, donde quedaron de manifiesto el origen y la intención. En la tribuna de los diputados, el gladiador tundió la cerviz de sus adversarios.
En diversos artículos me he referido al enorme desacierto que entraña una norma secundaria que vulnera frontalmente la Constitución. Este retroceso permite aguardar otros derrumbes en el Estado de Derecho. El disparate despertó el repudio de quienes todavía sostenemos que una disposición secundaria —fraguada en laboriosa clandestinidad— no puede prevalecer sobre la Constitución. Esta diversa jerarquía es regla elemental del Estado de Derecho, que hoy se desvanece asediada por el poder omnímodo y las legiones complacientes que le siguen con obediencia ciega. El Estado de Derecho padece cuando el capricho y la ignorancia pretenden postrar la norma suprema bajo una disposición secundaria para complacer al caudillo.
Pero en el debate que encendió la oratoria del gladiador hubo otro tema delicado, que saltó a la vista cuando sus adversarios pretendieron refutar sus argumentos. Ocurrió, para dolor y vergüenza, que un líder de legisladores utilizó la tribuna para favorecer el desacato a la Constitución. El líder proclamó: si la ley suprema contraviene la voluntad “justiciera” del poderoso en turno, hay que desecharla. Una vez más, la explotación pedestre del dilema, pésimamente planteado, entre la ley y la justicia. Gravísima confusión entre la justicia y el capricho.
La bárbara clarinada de ese hacedor de leyes, que debiera ser el primero en sostener la primacía de la Constitución, nos obliga a recordar el agravio que padecimos hace poco tiempo, cuando el Ejecutivo exhortó a sus subalternos a desatender la ley y atenerse a la versión de la justicia que les dictaran su instinto o su conciencia. Algo así como decir: si te estorba la ley, deséchala y actúa como te parezca mejor. Debemos recordar esta instrucción precisamente ahora, cuando se pretende violar la Constitución para satisfacer la conveniencia política de quien ya no reconoce freno para su poder imperial: ni la razón ni la Constitución.
La Suprema Corte dirá la última palabra, de la que estamos pendientes. Pero se requiere más: que los ciudadanos reaccionen con la misma vehemencia con que lo hizo el “decano legislador” en defensa de la Constitución. Si ésta declina frente al capricho del poderoso, no habrá defensa que ampare nuestros derechos. Y entonces ¿qué será de la Nación? (Sergio García Ramírez, El Universal, Opinión, p.12)
Es oficial: México decidió ponerle pausa a la persecución criminal de las empresas trasnacionales dedicadas al narcotráfico, el tráfico de migrantes y personas y la extorsión. En el presente padecen principalmente por esta decisión los estados de Guanajuato, Sonora, Baja California, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas. Chihuahua, el Estado de México y Tamaulipas. Son estas mismas entidades donde coincidentemente se concentra la mayoría de los homicidios dolosos del país.
La tasa de muertes violentas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador es la más alta en la historia del país, por lo menos desde que concluyó la Revolución mexicana.
La tendencia incremental de víctimas en los estados donde las organizaciones criminales están en conflicto coincide con la abstención del gobierno federal para investigar, perseguir y procurar justicia.
Hasta ahora la política de no enfrentamiento con las empresas transnacionales dedicadas a actividades delictivas de alta peligrosidad ha magnificado los niveles de violencia en México.
Los datos oficiales no dejan mentir, provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública y coinciden con otras fuentes como los reportes elaborados por el gabinete de seguridad federal o el Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi).
Un intercambio reciente de declaraciones públicas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, clarifica los argumentos de la actual política del gobierno mexicano respecto a estas poderosas empresas ilegales.
En una reunión pública celebrada la semana del 19 de abril de este año, en el seno del Consejo de Embajadores Estadunidenses (CAA), Landau expuso, a la vez con franqueza y preocupación, su opinión sobre la política del Presidente mexicano de no confrontar a tales organizaciones transnacionales:
“Ha adoptado básicamente una actitud de laissez faire (dejar hacer) ante los cárteles … Él ve a los cárteles como su Vietnam, tal como lo fue para sus antecesores … AMLO es muy insistente en evitar ese tipo de conflicto”.
La publicación de esta declaración, cuyo autor es quien fuera representante estadunidense en México hasta el pasado mes de enero, provocó escándalo, ya que ninguna autoridad mexicana o extranjera había hablado con tanta sinceridad a propósito de la pasividad de la administración de López Obrador respecto a este tema.
Sin embargo, la respuesta del Presidente mexicano a dicha declaración fue aún más reveladora, ya que prácticamente confirmó, en sus propios términos, lo dicho por Landau.
El pasado viernes 29 de abril, durante la conferencia mañanera, López Obrador abundó: “Nosotros estamos inaugurando una nueva etapa (porque) queremos atender las causas … (Landau) no hizo un cuestionamiento de mala fe, cuando dijo que nosotros no queremos enfrentar a los narcotraficantes porque no queremos un Vietnam. Él no lo hizo de mala fe, es que tiene una concepción distinta. En Estados Unidos, cuando se presentan este tipo de conflictos y problemas, se apuesta más a la fuerza, es más, así se hacía antes aquí (en México)… No es que (Landau) esté equivocado, está actuando de acuerdo con su manera de pensar, es consecuente … Nada más que esa manera de pensar no coincide con la nuestra.”
Esta declaración de López Obrador es una de las más importantes que haya realizado en lo que lleva de su mandato. Primero, porque confirma la decisión de su gobierno de no intervenir en el conflicto entre empresas criminales que están disputando territorios en varias entidades federativas. Segundo, porque también confirma que no investigará ni perseguirá los homicidios dolosos cuya causa esté relacionada con la actividad de estas empresas criminales, que son la inmensa mayoría. Tercero, porque ratifica que su gobierno no cooperará con Estados Unidos, ni con ningún otro país, en el combate a estas organizaciones que, al ser de naturaleza transnacional, provocan también violencia y muerte en el extranjero. Cuarto, porque ratifica su confianza ciega en que los apoyos sociales destinados a las poblaciones más vulnerables terminarán por pacificar el país. Y quinto, porque no está dispuesto a revisar ni a cambiar las premisas de su política.
En efecto, sucedió en menos de diez días que Cristopher Landau puso una bomba y López Obrador, en vez de rechazarla, la abrazó. El primero lo acusó de pasividad y el segundo no solo justificó, sino que defendió con orgullo esa pasividad.
La tasa de muertes violentas en la 4T es la más alta en la historia del país desde la Revolución
El ex embajador agregó un par de argumentos inquietantes en su declaración ante el CAA. Dijo que, según sus cálculos, estas empresas criminales controlan entre 35 y 40% del territorio mexicano. También que su relevancia política es de tal nivel “que juegan un papel amplio en la gobernanza de México.”(La prudencia diplomática le impidió decir que juegan un papel amplio en la (des)gobernanza del país).
Lo anterior, remató Landau con gravedad, es obviamente problemático para Estados Unidos.
La única ventaja de estas declaraciones cruzadas es que corrieron el velo de la ignorancia que la inmensa mayoría sosteníamos dentro y fuera del país. A partir de ahora no cabe la duda: las organizaciones criminales más letales pueden actuar en México sin temor a ser perseguidas por el gobierno federal.
Lo dicho también ofreció claridad sobre el tamaño del problema que esta situación significará para la relación entre Estados Unidos y México.
En 2019 hubo en México 34 mil 648 muertes violentas; en 2020, a pesar de la pausa que la pandemia impuso al país, ocurrieron 34 mil 495. El 2021, hasta el 29 de abril, se han sumado 9 mil 805 homicidios dolosos.
La tendencia creciente augura que lo peor está por venir.
Al menos dos tercios de estas muertes tienen que ver con asuntos vinculados al crimen organizado. Vale preguntarse con todas estas víctimas y sus familiares si es justo que se renuncie a investigar, perseguir, procurar y administrar justicia porque el gobierno federal decidió un camino nuevo, marcado por la pasividad.
El presidente López Obrador está convencido de que enfrentar a las empresas criminales es igual a lo que hicieron los gobiernos de Estados Unidos en los años 60 cuando, con necedad, enviaron tropas a Vietnam, un país situado a más de 13 mil 800 kilómetros de distancia.
No son hechos comparables. En el caso mexicano, desde hace ya tres administraciones, la muerte obtuvo licencia para destruir la vida dentro del territorio nacional. _ (Ricardo Raphael, Milenio, Opinión, p.14)