La cabeza del Gobernador de Tamaulipas rodó, pero… hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desaforado ayer a las 17:30 horas por la Cámara de Diputados, y separado de su cargo para vincularlo a proceso por el delito de defraudación fiscal, Francisco García Cabeza de Vaca fue inmediatamente repuesto en su silla por el Congreso de Tamaulipas.
Una hora después de que la Cámara baja, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del Gobernador panista con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la legislatura tamaulipeca desconoció la resolución de San Lázaro y dijo que García Cabeza de Vaca seguía en su cargo.
Con ello creó un conflicto legal inédito que deberá dirimir la Corte la próxima semana. El mismo Congreso tamaulipeco, de mayoría panista, ya había interpuesto desde la noche del jueves una controversia constitucional ante la Corte para que suspendiera los efectos del desafuero.
Como parte de su demanda, el Congreso tamaulipeco pretende que se paralicen los efectos de la resolución de la Cámara federal.
Sin embargo, la controversia podría ser desechada si el Ministro responsable aplica literalmente el Artículo 111 de la Constitución, que establece que las resoluciones de las Cámaras de Congreso en este tipo de procedimientos son “inatacables”.
Fuentes cercanas al caso informaron que la legislatura estatal reclama que se le reconozca como la facultada constitucionalmente para quitar el fuero y separar del cargo al Gobernador. (Martha Martínez, Claudia Salazar, Benito López y Víctor Fuentes, Reforma, P.p. Horacio Jiménez, Ariadna García y Roberto Aguilar, El Universal, P.p. Ximena Mejía, Ivonne Melgar y Mirian Paredes, Excélsior, P.p.)
CIUDAD VICTORIA.- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reapareció ayer -en un video- para acusar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar un linchamiento político y penal por ser su opositor.
Tras aprobar la Cámara de Diputados el desafuero en su contra, el Mandatario sostuvo, en un mensaje de casi 10 minutos publicado en sus redes sociales, que no dejará el cargo y que le han falseado acusaciones.
“El odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública de este Gobierno federal”, señaló.
“La mayoría del partido en el Gobierno, Morena, me quiere desaforar y remover del cargo por no haber pagado, supuestamente, los impuestos de una compra-venta de un departamento. Así como lo escucha, eso es todo, por absurdo que parezca”.
Dijo que su defensa ha demostrado que los impuestos fueron declarados y pagados. (Mauro de la Fuente, Reforma, P.p.)
El gobierno federal desembolsó casi 800 mil pesos en la instalación de vallas metálicas para proteger Palacio Nacional de las manifestaciones que realizaron organizaciones feministas el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
A partir de su instalación, el 5 de marzo, dichas vallas confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador con un grupo de colectivos feministas.
En respuesta a una solicitud de información vía ley de transparencia, la Oficina de la Presidencia de la República detalló que, según sus archivos físicos y electrónicos, se encontró que el costo total por instalar las vallas metálicas, las cuales medían más dos metros, fue de 786 mil 500 pesos.
“Sobre el particular, derivado de una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable de la información en los registros, archivos físicos y electrónicos que obran en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, se informa que el costo de las vallas fue por la cantidad de 786 mil 500 pesos”, detalló.
Sin embargo, al solicitar copia, en versión pública, de la comunicación que tuvo la administración federal con el Gobierno de la Ciudad de México para instalar estas vallas y todo el operativo ante estas manifestaciones, la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el gobierno de la capital se desentendieron, y ninguno otorgó esta información. (Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, El Universal, P.p:)
La afectación a la independencia judicial que se dio con la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, también impacta negativamente en el acceso a la justicia de los ciudadanos, aseguró José de Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también exmagistrado electoral señaló que resulta inaceptable la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pretende estigmatizar e intimidar la actuación de los ministros y ministras, al señalarles que si no avalan la reforma al Poder Judicial estarían siendo parte de la corrupción.
Consideró que el artículo transitorio agregado de último minuto, que amplía dos años más la presidencia que actualmente detenta el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, es un atentado a la división de Poderes.
También lee: En la 4T, veo riesgo de una ruptura constitucional: exprocurador Morales Lechuga
Comentó que esto genera que la independencia judicial quede vulnerada y, por ello, los ciudadanos ven perjudicado su derecho de acceso a una justicia impartida por tribunales verdaderamente independientes.
¿Qué opina de la forma en que se dio la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN?
—Sin duda considero que es violatoria tanto de la Constitución como del derecho internacional de los derechos humanos.
Considero que se pretenden usurpar las atribuciones de los ministros; también se traduce en una vulneración y atentado contra la división de Poderes y la independencia judicial, porque se trata de una ley retroactiva y que viola no sólo el derecho de los ministros a elegir y ser elegidos como presidentes de la Suprema Corte, y designar consejeros al concluir sus periodos, sino también considero que se vulnera la independencia judicial y, con ello, se afecta el derecho humano de acceso a la justicia de las personas. (Diana Lastiri, El Universal, P.p.)
Chilpancingo.— “Ni armas, ni amapolas”, gritaron niños y niñas de 24 comunidades de Chilapa durante una marcha que encabezaron para exigir seguridad y justicia en su territorio.
Este viernes en la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, más de 100 niños marcharon para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías de seguridad.
Los integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y una fracción de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), organizaron la marcha de los niños, pero en vez de darles una arma les entregaron juguetes que fueron donados por organizaciones civiles en el marco del Día del Niño.
Durante la marcha, más de 100 menores indígenas reclamaron a López Obrador su postura de criminalizar a los niños de esa región que se han armado para defenderse de los ataques y hostigamiento de la organización criminal Los Ardillos. (Arturo de Dios Palma, El Universal, P.p.)
CHILPANCINGO.- La decisión de Morena, de incluir a Evelyn Salgado Pineda -hija del senador Félix Salgado Macedonio- en la encuesta para elegir candidata a la gubernatura de Guerrero, generó división en el partido.
Militantes identificados con el grupo político del ex superdelegado Pablo Amílcar Sandoval, calificaron la decisión como una imposición.
En rueda de prensa, Nora Velázquez Martínez, ex dirigente de Morena en Guerrero y actual candidata a diputada local, dijo que Evelyn Salgado no representa los intereses del movimiento. “No ha luchado con nosotros, por eso exigimos que no haya imposición”, indicó.
Acompañada por otras militantes que expresaron su apoyo a la senadora Nestora Salgado -quien está impedida para registrarse porque no renunció en la Cámara Alta, pero que aun así aparece en la encuesta-, Velázquez señaló que la decisión de incluir a Evelyn Salgado les resta posibilidades de ganar la elección.
Otros liderazgos de Guerrero, que solicitaron el anonimato, calificaron como indignante que Evelyn Salgado se convierta en la candidata de Morena a la gubernatura, pero dijeron que asumirán la designación.
Esto, argumentaron, porque es una decisión avalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que algunos de ellos ya tienen promesas de cargos en el Gobierno estatal, si gana, o están compitiendo para otras posiciones. (Jesús Guerrero y Érika Hernández, Reforma, P.p.)
La economía mexicana alcanzó un mínimo crecimiento en los primeros tres meses de 2021 por el repunte de la pandemia de Covid-19 en el primer bimestre, los apagones eléctricos y la falta de gas natural en febrero, así como las disrupciones a las cadenas de suministros manufactureros, entre otros factores.
De acuerdo con los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicados por el Inegi, la economía se expandió 0.4% en el primer trimestre respecto al periodo inmediato anterior. La tasa reportada es inferior a la de 3.3% alcanzada entre octubre y diciembre del año pasado.
La segunda ola de la pandemia ralentizó la recuperación del PIB durante el primer trimestre de 2021 y lo dejó en un nivel similar al del segundo trimestre de 2016, comentó Julio Santaella, presidente del Inegi, a través de su cuenta de Twitter.
Pese a lo anterior, el dato preliminar superó las expectativas de los especialistas, quienes apostaban por un estancamiento o, incluso, una ligera contracción en el periodo.
Con este resultado, la economía logró acumular tres trimestres consecutivos al alza. (Rubén Migueles, El Universal, P.p.)
Organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados preparan una demanda de amparo colectivo en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al considerar que pone en riesgo los datos biométricos de los usuarios.
Las organizaciones Causa en Común y Centro-i, así como los bufetes Davara Abogados y PDeA Abogados, lanzaron una convocatoria para que los usuarios inconformes con las nuevas disposiciones se sumen a la demanda que será interpuesta ante los juzgados especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
La elaboración de la demanda y el litigio, indicaron, será pro bono, es decir, que no tendrá ningún costo para quienes deseen adherirse a esta acción.
El 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye la creación de un padrón de usuarios en el que se exige la recopilación de datos biométricos de los usuarios.
Luis Manuel Pérez de Acha, socio director de PDeA, confió en que se sumen cientos o quizás miles de personas a esta demanda colectiva, con la cual, de obtener una sentencia favorable, conseguirían echar abajo el Panaut. (Rolando Herrera, Reforma, P.p.)