EL USO de la PGR como garrote para darles descontón a los adversarios políticos en vísperas de elecciones fue una práctica socorrida en los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.
EN EL 2005, el hombre de las botas utilizó a esa dependencia para intentar sacar de la contienda del 2006 al entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, y un año después, poco antes de la elección de gobernador en Jalisco, se filtró una pseudoinvestigación por delincuencia organizada en contra del candidato del PRI, Arturo Zamora.
HACE apenas tres años, en plena campaña presidencial, la PGR de Enrique Peña Nieto le aventó toda la carrocería a Ricardo Anaya, que estaba en segundo lugar de las encuestas para la Presidencia, y tras las elecciones, una vez contados los votos y sellados los pactos de impunidad, le dijeron al panista: usted disculpe, no encontramos delito que perseguir.
Y AHORA que la Fiscalía quesque independiente de Alejandro Gertz Manero le está haciendo a López Obrador el mismo trabajo político que hicieron sus antecesores, muchos recuerdan la frase tan reiterada en las mañaneras de: “no somos iguales”, y vaya que tiene razón… ¡son peores!
AL MENOS los dos presidentes emanados del PAN y el PRI que usaron a la justicia para perseguir a sus adversarios electorales no se creían moralmente superiores.
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MUCHOS en el PAN andan preocupados ante la debilidad que perciben en su dirigente nacional, Marko Cortés, y el hecho de que quiere buscar su reelección.
Y EN ESTE tiempo en el que la fuerza de las mujeres se ha convertido en uno de los diques más efectivos al monólogo presidencial, varios se preguntan si no es tiempo de que el panismo tenga un liderazgo femenino.
EN TANTO, del lado masculino, el ex gobernador de Guanajuato Miguel Márquez ya se está apuntando para presidir al blanquiazul con miras al 2024. Eso sí, cualquier ejercicio de futurismo pasa por el 6 de junio y los resultados que entregue Cortés.
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EN DÍAS en los que la autonomía del Poder Judicial anda tan vapuleada, llamó la atención que ayer se vio entrar y salir de la sede de la Suprema Corte al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; al de la SRE, Marcelo Ebrard, y hasta al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
AL MENOS aclararon que utilizaron ese edificio como un atajo para librar el bloqueo de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas en el Zócalo y así poder llegar a Palacio Nacional. Ojalá que no se les haga costumbre eso de usar a la Corte como pasillo para cortar camino… y salir de apuros. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Otro “torito” para el INE
Luego del caso de la inhabilitación de la candidatura del morenista Félix “El Toro” Salgado, ahora el Instituto Nacional Electoral está por recibir otro torito. Nos dicen que partidos políticos de oposición buscarán que el INE intervenga ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó que ha metido la mano en el actual proceso electoral. Al menos el PRD y el PAN, nos anticipan, alistan sendas quejas en contra del jefe del Poder Ejecutivo. El INE tendrá que decidir si la actitud confesa del mandatario merece algún castigo, que podría ir desde la amonestación pública, hasta una multa, por las declaraciones que hace en sus conferencias matutinas sobre el proceso electoral. Ya se verá cómo decide el INE lidiar con este toro, y hasta dónde quiere llevar las cosas.
Ignoran quejas de abuso a mujeres en Guardia Nacional
Nos hacen ver que hay inconformidad en el sector femenino de la Guardia Nacional, porque la cero tolerancia contra el acoso y abuso sexuales dentro de la corporación solo se ha quedado en el discurso. El nombre del suboficial David Hernández Serrano, del Batallón de Operaciones Especiales, es muy sonado al interior del cuerpo policial por las constantes quejas por presunto acoso a sus compañeras. Nos aseguran que este suboficial tiene varias denuncias en Asuntos Internos, y ya se ha dado parte de las acusaciones en su contra a los mandos, quienes hasta ahora no han actuado ante los señalamientos de sus compañeras. ¿Será que alguien con jerarquía en la corporación se decida a romper el pacto e investigar las denuncias, y en su caso, a actuar en contra de Hernández Serrano?
Define la Corte suerte de exgobernador de Tamaulipas
Hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Margarita Ríos Farjat, determinará si hay o no delito de peculado, acusación que mantiene en prisión desde octubre de 2017 al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores. Nos hacen ver que el fallo del máximo tribunal es altamente relevante, pues no solo decidirá si el exmandatario de extracción priista es culpable del delito que se le imputa, o víctima de una revancha política como argumenta su defensa, sino que de esta decisión dependerá determinar si su extradición hacia Estados Unidos es constitucional o no, pues esta fue concedida con solo la presunción del delito y será hasta hoy que la Corte determine si existió o no el ilícito.
La comunicación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo
Nos dicen que es tan buena la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que ayer durante el bloqueo del SME a los accesos de Palacio Nacional, al menos siete altos funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador usaron un “atajo” –a través de la SCJN- para salir y entrar de la zona sin ningún problema en medio de las manifestantes. Así cruzaron el cerco del SME, el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tras ingresar a la sede del Máximo Tribunal constitucional del país por la pequeña puerta localizada en la calle Erasmo Castellanos. “No había manera de entrar de otra forma, fue un atajo, un atajazo”, comentó el Consejero Jurídico de Presidencia. (El Universal, Nación, p. 2)
Montoneros.
La candidatura de Jorge Argüelles para presidente municipal de Cuernavaca, por la coalición Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza, es tan consistente, que sus opositores tratan de derrumbarlo desde todos los frentes, porque en el de las preferencias electorales están perdidos. El PRI pretende denunciarlo ante el Tribunal Electoral por supuestos gastos excesivos de campaña y, a la vieja usanza, los demás partidos conformarían un frente TUCA, todos unidos contra Argüelles. Lo que no está claro es quiénes cederán su lugar para fortalecer a la “carta fuerte” con la que quisieran darles vuelta a las tendencias. ¿Sergio Estrada Cajigal, José Luis Urióstegui o Cipriano Sotelo, quienes están dispuestos a sacrificarse por la causa? Detrás de estos movimientos, los beneficiados serán “los Terrazas”, esa familia que ha hecho del PAN Morelos su modus vivendi. Tómenlo en cuenta.
Rumbo a la meta.
Sólo buenas noticias surgen de la cancillería. México es el país latinoamericano con más aprobaciones de vacunas. La Cofepris ha autorizado el uso de Pfizer, Cansino, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Covaxin y Johnson & Johnson, y está en trámite la unidosis de Sputnik light. Además, para esta semana se espera la llegada de 2 millones, 352 mil 605 dosis más. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que México está en el lugar número 12 en cuanto a acceso a dosis aplicadas, y segundo en América Latina con el mayor número de dosis adquiridas y aplicadas. Si 81% de las vacunas se ha administrado en países de ingresos altos, como informó la ONU, México va en sintonía. Y el plan nacional de vacunación está garantizado. Y a este ritmo, antes de lo previsto.
Secuelas.
El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury seguirá su proceso dentro del Reclusorio Norte, al serle negada una suspensión provisional para que lleve en libertad su proceso por supuestos sobornos por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el caso Odebrecht. La defensa de Lavalle argumentó que el hecho de que él estuviera en prisión ocasiona una afectación irreparable a sus hijos y que la norma establece que debe anteponerse el interés superior del menor. Buscan cualquier recoveco en la ley para aprovecharlo y esta vez les falló. Lo que no se ve es al resto de implicados en el escándalo Odebrecht. ¿Ya los perdonaron?
Honestidad o cinismo.
El candidato de la alianza Va por Chiapas a la presidencia municipal de Tapachula, César Amín González Orantes, afirmó que “el PRI robaba, pero daba”, “éstos roban y no dan nada, se lo llevan a otros países” y “aquí nos estamos muriendo de hambre”, dijo en referencia al gobierno de Morena. El militante del PRI criticó al gobierno ante la desaparición de los programas sociales como Prospera y por el incremento a la gasolina. “Roban todo y no dan nada”, afirmó. “Se lo llevan a Honduras y ahora los habitantes de Tapachula conviven con diferentes razas de personas quienes sólo exigen derechos… El PRI, el PAN y el PRD. como sea, saben gobernar”, afirmó. O sea, la fórmula Layín: robé, pero poco. Vengo por más.
Avance tangible.
La Comisión Federal de Electricidad reportó que al final del primer trimestre de este año aumentó sus ingresos a 152 mil 578 millones de pesos, es decir, 22% más que el mismo periodo de 2020. El especialista en el sector energético Raúl Rocha Cantú señaló que la CFE supo sobreponerse y cumplir con el suministro eléctrico a la población mexicana, a pesar de las bajas temperaturas por la onda gélida en Texas, así como las contingencias por la pandemia de covid-19. Aseguró que “la CFE posee toda la infraestructura para solventar crisis como las bajas temperaturas que afectaron el gas natural o los efectos de la crisis sanitaria”. La resistencia de la CFE, a prueba de todo. (Excélsior, Nacional, p. 15)
Que hoy se prevé otra discusión durante la sesión de la Comisión Permanente entre los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano con la bancada de la mayoría de Morena y aliados, luego de que este martes el Presidente admitiera que “claro que sí” tiene metidas las manos en las elecciones de Nuevo León, con el argumento de que no va a permitir que su gobierno sea cómplice de un fraude. La fracción panista adelantó que dará un mensaje contundente sobre el tema, en el que acaso recuerden al mandatario el pacto con gobernadores sobre respeto a los comicios que él mismo convocó.
Que el asesinato la semana pasada de Benjamín Morales Hernández, fundador del sitio Noticias Xonoidag de Sonora, tuvo impacto entre las representaciones de la Unión Europea, de Noruega y de Suiza aquí, que aprovecharon el crimen para resaltar el “preocupante grado de violencia e intimidación” a que se enfrenta la prensa mexicana y reprochar “la falta de resultados” en las investigaciones de otros casos de homicidios de comunicadores. La víctima había publicado un día antes de su secuestro un video en el que denunciaba amenazas anónimas.
Que una carta de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Tampico, Olga Sosa, tuvo eco en Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones desde la mañanera para que la titular de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, acuda a Tamaulipas a encontrar una solución al problema en el dique El Camalote, en el sur del estado, donde comunidad y empresarios esperan respuestas ante la salinidad del agua dulce antes de la temporada de lluvias. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Recauda más
Aumentó 22% el ingreso de la Comisión Federal de Electricidad en el primer trimestre de este año. La instancia que dirige Manuel Bartlett recaudó 27 mil 576 millones de pesos más que el mismo periodo del 2020, ubicando sus ingresos acumulados en 152 mil 578 millones de pesos. El repunte se debe al plan para evitar afectaciones por los apagones en Texas.
El INE se vacuna
Nos hacen ver que el INE está blindando la elección del 6 de junio para evitar algún tipo de “fraude”. Por eso invitó como observadora a la OEA, la cual aceptó y puso al abogado argentino Santiago Cantón al frente de la misión. No hay que olvidar que la organización documentó las irregularidades en Bolivia con las que Evo Morales pretendía retener la presidencia.
Aprovecha la coyuntura
Nos cuentan que Movimiento Ciudadano aprovechará la indagatoria de la FGR contra su candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel García. La estrategia del partido, que dirigen Dante Delgado y Clemente Castañeda, buscará remarcar que su abanderado es perseguido político, y que la indagatoria demuestra que no son un instituto que hace el caldo gordo a la 4T.
Cómplice en estafa
Le estalló la Estafa Maestra a la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabell Ávalos. Resulta que diversos medios de comunicación documentaron su presunta complicidad en ese desfalco. Refieren su cercanía con la ex titular de Sedesol, Rosario Robles, y con el poblano Juan Carlos Lastiri, quien habría prestado su empresa para lavar recursos públicos.
Porrista del PAN
En Cuernavaca, el diputado federal de Morena, Alejandro Mojica Toledo es uno de los más activos promotores … ¡del PAN! Busca, dicen, que la coalición Va por México le ayude con varios expedientes por desvío de recursos que la UIF le tiene armados. Pero en aquella ciudad la alianza Morena-PES-Panal va a la cabeza, por lo que Mojica parece que se quedará solo. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Impresionante, ejemplar y dolorosa, la marcha en Guadalajara. Ya basta de asesinatos y desapariciones forzadas. (La Jornada, Contraportada)
El pasado día 20 de abril, la senadora de Morena, María Merced González, participaba en un chat del Senado cuando soltó: —El senador (Ricardo) Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comentario: que al Presidente le interesa mucho en este caso los estados de Jalisco y Nuevo León…
—Creo que estás en el chat de todos los senadores de la República —la interrumpió la morenista Mónica Fernández—, están senadores de todos los grupos parlamentarios. Tu mensaje está dirigido al chat del grupo de Morena.
—¡Ah!, sí, sí, tienes razón —quiso corregir, pero era tarde. La reacción lógica fue denunciar el interés de López Obrador en esas elecciones, lo que desmintieron. Pero la semana pasada, desde la mañanera, vino la ofensiva del Presidente durante tres días seguidos contra el candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, acusándolo de fraude electoral, y el lunes por la noche la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, vía la FGR anunció una investigación contra el priista por ese mismo delito y apenas el inicio de otra contra Samuel García, de MC, señalado de ser el verdadero candidato de la 4T, porque su elegida, Clara Luz Flores, se desfondó.
Cuando ayer mi compañera Sara Pablo, de Radio Fórmula, le preguntó al Presidente si estaba metiendo las manos en las elecciones, le respondió a bote pronto: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! — repitió. Lo estoy diciendo. No podemos ser cómplices del fraude. (Joaquín López – Dóriga, Al frente, p. 3)
Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a usar la Presidencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, los programas sociales del gobierno y todos los instrumentos del Estado a su alcance para imponer su voluntad por encima de la del pueblo.
Esta semana, el presidente cruzó otra línea roja: impulsó una investigación de la FGR contra los dos candidatos punteros al gobierno de Nuevo Léon que puede derivar en la inhabilitación de ambos o la repetición de unas elecciones en las que las más recientes encuestas registran un desplome de su candidata hasta el tercer lugar. Y además, como las formas le tienen sin cuidado, ayer admitió frente al país que está metiendo las manos en la elección, algo que la ley prohíbe.
Así, López Obrador confiesa que es un delincuente electoral. Ha cometido o confesado delitos electorales en vivo y a todo color en la transmisión de sus conferencias mañaneras. Es ingenuo pensar que desconoce las consecuencias de sus acciones. Sabe que la intervención del gobierno en el proceso electoral ha sido base jurídica de anulación de procesos electorales en varios estados.
Pero la lectura no falla: cuando un gobernante lanza estos golpes autoritarios exhibe en el fondo una debilidad: ya se dio cuenta que el pueblo no está con él, que en las urnas no es capaz de ganar, que la elección se cerró para su partido, Morena, y lo que se vaticinaba como otro tsunami guinda, no lo será.
Por tanto, está empeñado en intervenir indebidamente para inclinar la balanza, y si no lo logra, no parece incómodo con la idea de incendiar la pradera y descarrilar todo el proceso. ¿Qué sigue? ¿Proscribir a la oposición y desmantelar los procesos democráticos constitucionales?
En las últimas semanas, el presidente ha cruzado líneas que sólo cruza quien busca imponer un régimen autocrático. Con la Suprema Corte, con el INE, con la Constitución, con el sistema electoral de la transición mexicana.
Ya no es una campaña electoral. La suya es una campaña contra las reglas democráticas constitucionales que los mexicanos construimos en las últimas tres décadas para superar la era de la hegemonía priista autoritaria. Es una campaña para desmantelar la democracia y establecer una nueva, suya, de lealtad ciega de las instituciones hacia él, de asambleas a mano alzada, de vivas y vítores para el líder supremo y sus decisiones.
El caso Nuevo León es una flagrante disrupción a la democracia por parte de un presidente que sigue conduciendo el país hacia el barranco del autoritarismo: ha dejado claro que no reconoce límites legales ni democráticos; está en campaña permanente para eliminar adversarios, instituciones, oposiciones, contrapesos y cualquier cosa que perciba como obstáculo a su poder.
SACIAMORBOS
El miércoles de la semana pasada, desde Palacio Nacional llegó a Nuevo León un enviado para reunirse con Clara Luz Flores. El hijo del consejero, eficaz operador del presidente, parece que llevó la buena nueva a una campaña que estaba totalmente alicaída.
Falta ver si todo esto le sale, porque, como dicen en Game of Thrones, el norte no olvida. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
El jueves 6 de mayo, tres días después de la tragedia del Metro en la Ciudad de México, donde murieron 26 personas, el presidente López Obrador instruyó al canciller Marcelo Ebrard a que presentara una “nota diplomática” a la Embajada de Estados Unidos en contra del gobierno de Joe Biden, al que acusó de “intervenir en asuntos de política interna” de México y de apoyar a los opositores a su gobierno con financiamiento desde Washington a empresarios y organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que reciben recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. La fuerte acusación del gobierno mexicano se leyó como un ataque más de López Obrador a Claudio X. González Guajardo, aunque en realidad traía mucho más de fondo.
Fuentes directas de Palacio Nacional nos aseguran que la extraña acusación contra Estados Unidos tuvo su origen en una primera versión del colapso del Metro en Tláhuac que le ofrecieron al Presidente sus colaboradores de inteligencia, en la reunión del Gabinete de Seguridad del martes 4 de mayo. En ese encuentro al Presidente le dijeron que estaban “analizando detenidamente el video del momento del derrumbe de las trabes y la caída de trenes en la Línea 12 porque al parecer se aprecia una explosión. Todavía no es algo definitivo”, le aclararon sus colaboradores al Presidente, “pero se aprecia algún tipo de explosión”. Y en la lógica de esa información, aunque nunca fue corroborada por el gobierno, alguien le susurró al mandatario que sólo había un gobierno que podía haber tenido la capacidad de realizar algo así y ese era el gobierno de Estados Unidos.
La alocada teoría conspiracionista, que nunca tuvo confirmación oficial, revivió los fantasmas y la obsesión del Presidente por la amenaza de intentos de golpe de Estado en su contra y uno de los pasajes históricos que más ha citado López Obrador en lo que va de su gobierno: la asonada militar contra Francisco I. Madero financiada y orquestada por el gobierno de Estados Unidos, que apoyó al general Victoriano Huerta. Por eso no fue casualidad que el jueves, a solo unas horas del encuentro virtual que tendría con la vicepresidenta Kamala Harris, y la próxima visita de la segunda de a bordo a México el próximo 8 de junio, el mandatario mexicano lanzara las acusaciones de “injerencia política e intervencionismo” del gobierno de Biden por apoyar y financiar a grupos opositores que buscan atacar a su gobierno y ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados en los próximos comicios.
Aunque la teoría de una explosión en el colapso del Metro no fue confirmada por las áreas de inteligencia federales, el mismo día de la tragedia un funcionario del gobierno federal, el subsecretario de Electricidad de la Sener, Omar Saldaña Zorrilla, lanzó la sospecha conspiracionista en un mensaje desde su cuenta de twitter: “En el video se ve un fuerte destello, como una detonación. Puede ser parte de las consecuencias, pero también causa del colapso de la estructura”, dijo el funcionario que más tarde borró su tuit y ofreció disculpas por su afirmación. Y es que, en contra de esas teorías golpistas, a López Obrador le explicó la jefa de Gobierno que el desplome de las trabes había sido causado por una falla estructural y que no había ninguna explosión. Por eso fue que el Presidente decidió confiarle a Claudia Sheinbaum la realización de los peritajes técnicos, para saber las causas y determinar a los responsables, aunque en el fondo no desechó la idea de un ataque o sabotaje a su gobierno.
Los señalamientos que el Presidente lanzó contra Estados Unidos se basaron también en la información que le dieron de que Adrián de la Garza, el candidato del PRI-PRD, estaba recibiendo apoyos desde Washington por parte de varios congresistas y políticos de la administración demócrata, lo que hizo que el Presidente se lanzara el 5 de mayo en contra del priista al que acusó de estar “comprando el voto” al ofrecer entregas de dinero mensuales, de entre 1,500 y 1,800 pesos, en una tarjeta bancaria denominada la “tarjeta rosa”, después de las elecciones del 6 de junio y si es que él ganaba la gubernatura. Ese día, López Obrador acusó a De la Garza desde la mañanera y le pidió a la FGR “hacer su trabajo” e investigar la presunta coacción de los electores neoleoneses. Y, casualmente, cinco días después la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales anunció la carpeta de investigación en contra del abanderado priista.
Ese mismo día que la FGR anunciaba su investigación, Adrián de la Garza viajó a Washington, acompañado de su coordinador de campaña, el exsecretario de Economía del gobierno de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, para reunirse con congresistas de Estados Unidos. El candidato del PRI-PRD confirmó su viaje a la capital estadounidense y se limitó a señalar que “vienen cosas buenas para Nuevo León”, al tiempo que desestimaba las acusaciones del presidente y de la Fiscalía como un tema de persecución política porque va arriba en las encuestas electorales.
Así que, entre una tragedia como la del Metro, que lo golpeó fuertemente a él y a su proyecto de sucesión presidencial y que lo irritó tanto que hasta lo hizo mandar “al carajo” una posible visita a las víctimas y heridos de esta tragedia; entre las elecciones en curso en Nuevo León, donde los empresarios regios operaron para frenar y tumbarle a su candidata por Morena, Clara Luz Flores, y financiar a los dos candidatos punteros, Samuel García y Adrián de la Garza; y todo eso combinado con los temores y obsesiones de López Obrador por la posibilidad de un golpe en su contra, que sabe que no podría venir del Ejército Mexicano ni la Marina a los que tiene comprados con obras, cargos y presupuestos, al Presidente sólo le quedó pensar en el otro gran poder que tendría la capacidad de conspirar en su contra: el gobierno de Estados Unidos.
¿Será que en sus miedos y obsesiones el Presidente mexicano ha empezado a delirar y a ver teorías golpistas y conspiracionistas desde el exterior o será que algo tiene de razón en sus sospechas? Veremos si algo de eso aflora en la próxima visita de Kamala Harris que llegará al territorio mexicano en tres semanas, para el primer encuentro oficial de la administración Biden y la administración de López Obrador.
NOTAS INDISCRETAS…
“Habrá justicia para las víctimas, no vamos a encubrir a nadie y vamos a investigar tope donde tope”, dijo ayer la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Aunque la frase de la doctora suena contundente y la hizo al anunciar que en seis semanas habrá conclusiones de la investigación oficial por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño en propiedad ajena, que le serán fincados a los que resulten responsables del colapso del Metro en Tláhuac, lamentablemente la expresión la hemos escuchado tantas veces los mexicanos que ya se desgastó y no garantiza que realmente se llegará a la verdad y a los culpables de esta tragedia.
Por lo pronto, cada vez hay más señales de que las investigaciones de la Fiscalía y el peritaje que ordenó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a la empresa noruega BTA se van a orientar hacia la hipótesis de una falla estructural causada por el exceso de peso que se le impuso al viaducto elevado y a cambios que se hicieron en los materiales de construcción con que se realizaron las columnas y que fueron distintos a los materiales sugeridos por el proyecto realizado por la empresa Riobóo del ingeniero José María Riobóo.
Hay varios indicios que apuntan hacia allá, desde la afirmación del Presidente la semana pasada que el colapso del Metro no fue por un problema de mantenimiento, hasta lo que se afirma entregó Riobóo al gobierno capitalino que es su proyecto original de la línea 12, en cuyas columnas se sugirió utilizar sólo concreto, mientras la empresa constructora de Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, prefirió utilizar acero. Si las cosas se orientan en esa dirección y los peritajes confirman que la falla fue de origen atribuible a la construcción del viaducto elevado que se desplomó en uno de sus tramos, entonces las culpas irían para Marcelo Ebrard, el exjefe de Gobierno, y contra la empresa de Carlos Slim.
Y será por seguridad o por pura precaución, pero fuentes cercanas al Grupo Carso nos dicen que ya activaron a sus abogados y despachos para prepararse para responder a una posible denuncia en contra de la empresa que construyó esa parte de la Línea 12. ¿Será que en el dilema de sacrificar a Sheinbaum o a Ebrard, el Presidente ya decidió desde el momento en que la investigación le fue encargada a la jefa de Gobierno, que es algo así como juez y parte en la investigación de la tragedia?… Los dados mandan Serpiente. Caída Libre. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 9)
Imaginen la escena: un grupo de hombres armados irrumpe sin motivo aparente en una casa de una colonia céntrica de la ciudad de Guadalajara. Destrozan el lugar y se llevan por la fuerza a dos hombres y una mujer, los tres hermanos, todos jóvenes. Y luego viene el silencio, por horas y días, y la desesperación de no hallarlos.
Hasta que son hallados, 48 horas después. Muertos, con señales de estrangulamiento, a la vera de una carretera. Sus parientes los identifican ese día por la tarde.
A la mañana siguiente, el fiscal del estado, Octavio Solís, señala que “existe la posibilidad de que confundieran a los jóvenes” ¿Con quién? Con una persona que estaba siendo custodiada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y que resultaba ser vecino, según dicen las autoridades, de las víctimas.
“Los grupos de crimen organizado tienen que actuar de manera rápida y cabe la posibilidad de que hubieran cometido un error. Es una hipótesis de investigación”, dijo el fiscal.
Vamos a suponer que la hipótesis es correcta y que, en efecto, esto no fue más que la pifia de unos sicarios descerebrados que les ganó la prisa. Y después de suponer, hay que ponerse a temblar, porque el escenario es escalofriante.
Tal vez los matones se equivocaron, ¿pero también los jefes? ¿También los que ordenaron el secuestro? ¿No hubo nadie en el camino que se percatara del error? Lo dudo mucho, para ser sincero.
Más bien pudo haber sido que, en efecto, los pistoleros se hayan equivocado de casa y que, minutos u horas después, hayan caído en cuenta de su estupidez. Pero ya con víctimas en mano, no se les ocurrió nada mejor que matarlos. O los jefes les dieron la instrucción de liquidarlos.
Calcularon, tal vez correctamente, que corrían poco riesgo de ser castigados por asesinar a tres seres humanos. Ni siquiera hicieron algún intento por esconder su atrocidad: arrojaron los cadáveres a la orilla de una carretera, junto a una manta con mensaje amenazante.
Se me ocurren pocas muestras más patentes de impunidad cínica. Es señal de que en este país se mata solo porque sí. Aquí alguien puede recibir un tiro en la cabeza o una cuerda asfixiante en el cuello por estar en mal lugar en mal momento, porque alguien pasó a equivocarse, porque algún desalmado confundió la casa o el coche o la cara, a sabiendas de que, con alta probabilidad, no le va a pasar nada.
Esta impunidad no es la genérica, la de los delitos cotidianos que no se denuncian: esa también afecta a países desarrollados. Medida como se mide en México, Canadá tiene una impunidad superior al 90%. Pero no en casos como este. La diferencia entre México y el mundo seguro (por decirlo de algún modo) no es la impunidad genérica, sino la impunidad que existe para delitos altamente violentos, como el homicidio. En México, solo uno de cada ocho homicidios dolosos acaba en una sentencia condenatoria para un presunto responsable. En los países desarrollados (y algunos de ingreso medio), la proporción comparable es de 60 a 90%.
Mientras eso no cambie, vamos a seguir pasando por las mismas, viviendo con estos horrores, con el miedo de que alguien nos mate o mate a alguien de los nuestros por error, por negocio o por deporte. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 7)
Son muchas las razones por las cuales la elección para gobernador de Nuevo León es objeto del deseo. Es un estado poderoso, económicamente fuerte e influyente en la vida del país.
Para el Presidente la elección es de primera importancia. Una indiscreción de una legisladora confirmó la especie, a lo que sumó otro objeto de deseo, Jalisco. Morena apostó por una candidata externa expriista con buena imagen. Sin embargo, se desplomó cuando cayó en una serie de contradicciones. A esto se sumaron sus confusos argumentos, mintió y cuando quiso recular estaba fuera de la jugada.
El revés para Morena le trajo consecuencias. Pensaron que con una mujer con buena imagen y muy del estado iban a ganar las elecciones. Fue alta la apuesta, porque el interés del Presidente en NL es de primera importancia; hasta se sacó una foto con Clara Luz para que se supiera que la apoyaba.
Una duda que ronda es si las y los ciudadanos regios votarían por la “izquierda”, aunque cueste trabajo ubicar a Morena como “izquierda”, con los antecedentes históricos y políticos de NL. Sumemos que en las mediciones sobre la popularidad del Presidente no le va precisamente bien en el estado. (Javier Solórzano Zínser, La Razón, La Dos, p. 2)
Cuenta doña Olga Sánchez Cordero que al despuntar 2021 se reunió con sus colaboradores más cercanos y les dijo: “El nombre del juego este año es anticiparnos”.
En eso están. “Ahí vamos…”, califica. Como en todo tiempo electoral, la secretaria de Gobernación reconoce que el ambiente está tenso y “puede que se tensen más los conflictos a medida que se acerque la elección” (el 6 de junio).
Es mi prueba de fuego en la posición que tengo –apunta–; por la magnitud de la elección, porque se han pulverizado los partidos, porque las fuerzas políticas están vivas, porque están contendiendo en formas a veces no muy ortodoxas, por los conflictos sociales en los distintos estados.
“Si lo logro –confía–, habrá gobernabilidad y tranquilidad. Si no, me preocuparé y ocuparé”.
A la exministra le inquieta el “séptimo año” de los gobernadores (salientes) –curiosamente los mismos que le provocan fuertes dolores de cabeza por lo “complicados” que son–: Jaime Rodríguez, El Bronco (Nuevo León), Silvano Aureoles (Michoacán) y Javier Corral (Chihuahua). “A ver cómo se comportan…”, desliza.
Pero por ahora, Sánchez Cordero y su equipo siguen con atención lo que acontece en los estados. Habla con todos los gobernadores. Les pregunta: ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué podemos ayudarlos? (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 6)
Hace unos eternos 17 años, el embajador Jeffrey Davidow acuñó la parábola de “el oso y el puercoespín” para describir las relaciones entre Estados Unidos y México.
La frase, título de un libro, describe a unos Estados Unidos siempre interesados en embrazar todo lo que esté a su alcance, frecuentemente sin considerar la opinión de los objetos de su interés, y al puercoespín mexicano, siempre listo a sentirse amenazado, cuando no ofendido.
El libro viene a la memoria con la lectura de un reporte de la US-Mexico Foundation, bajo el título de El Caso y la Ruta para el Desarrollo de Apuntalamiento de Aliados: México, en el que se presenta un interesante alegato por la profundización de las relaciones comerciales y estratégicas bilaterales.
Según el texto, Estados Unidos y México tienen una oportunidad única para fortalecer y profundizar los lazos conjuntos de fabricación, inversión y desarrollo, comercio, facilitación, seguridad y gobernanza, mediante la adopción de una estrategia de “apuntalamiento de aliados”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 24)
Sánchez Cordero confesó que le inquieta el “séptimo año” de los gobernadores. En poco más de tres semanas se eligen 15 nuevos mandatarios estatales. Casi la mitad de los que hay.
¿Cuál va a ser su comportamiento en los 12 meses que siguen a su salida? ¿Qué les van a encontrar? Imposible saberlo. La secretaria contó que, día con día, después de la reunión del gabinete de seguridad, hay una segunda reunión de trabajo a la que suelen asistir gobernadores. “Son intensas y fructíferas”, asegura. Ya encarrerada, reconoció que los gobernadores andan inquietos. Les preocupa el tema de la salud, vacunas, oferta hospitalaria, semáforo, autoconfinamiento. Pero también la reactivación económica, el regreso a clases, el desempleo, la violencia.
Asegura que con todos los gobernadores la lleva bien. Unos son más difíciles que otros. En el bando de los complicados ubicó a Corral, al Bronco, Silvano, Enrique Alfaro.
Habló muy bien del priista Miguel Riquelme. Tuvo palabras de reconocimiento hacia el mandatario de Coahuila. Elogió su labor en el tema de los desaparecidos, los derechos humanos, la migración. “Los cárteles no han podido entrar a Coahuila para derivarse hacia ciudades como Monterrey. Hace mancuerna con el Ejército y la Guardia Nacional”, señaló. A esa segunda reunión asistirá hoy la sonorense Claudia Pavlovich. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Las manos del Presidente // Doblegar a INE y TEPJF // Nuevo León, como recurso // Leyes y realidad política
Fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un reto mayúsculo a pocas semanas de unas elecciones que definirán la continuidad y viabilidad de su proyecto político de transformación nacional o el freno y estancamiento de éste.
Contra lo que se acostumbra en este tipo de lances (la política como ejercicio supremo de dobleces y encubrimientos), el Presidente de México asumió clara y totalmente su responsabilidad en el tejido de la operación que colocó en una antesala judicial a Adrián de la Garza y a Samuel García, candidatos a gobernar Nuevo León a nombre de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, respectivamente.
Para tener precisión a la hora de analizar lo sucedido, conviene recordar el diálogo con una periodista en la conferencia mañanera de prensa: –Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. AMLO: -Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Periodista: –Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. AMLO: –Claro que sí, claro que sí; si aquí lo di a conocer. Si es de dominio público. Lo estoy diciendo: no podemos ser cómplices del fraude. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, en cinco o seis semanas se tendrán los primeros resultados de las investigaciones sobre el colapso de una trabe en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido el 3 de mayo, a consecuencia del cual 26 personas murieron y alrededor de un centenar sufrieron heridas de distinta gravedad.
Por una parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la empresa noruego-alemana DNV ya comenzó un análisis de causa-raíz –es decir, para conocer tanto la causa inmediata del siniestro como las fallas de origen de la obra–, y ofreció presentar un primer informe en cinco semanas, y de ser posible antes.
En el peritaje de DNV, que tendrá un costo de 20 millones de pesos, participarán 16 expertos de Alemania, España, Estados Unidos, Brasil y México, especializados en ingeniería civil, estructural, forense, electromecánica y estructuras elevadas.
Mientras, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina anunció que en seis semanas realizará la primera entrega de su investigación por los delitos de homicidio, lesiones y daños, y advirtió que no importará la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables. (Editorial, La Jornada, p. 2)
En unos cuantos días las cosas cambiaron radicalmente en Palacio Nacional. Al cierre de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba metido de lleno a la campaña por la gubernatura de Nuevo León al acusar al candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, de compra de voto, lo que provocó señalamientos de que el candidato de Movimiento Ciudadano, el puntero Samuel García, a quien no había mencionado, era respaldado por el mandatario. Hasta ese momento, en efecto, había señales inequívocas de que así era.
El coordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas, había pedido al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en ese contexto, que suspendiera todas las investigaciones contra García. Una tenía que ver con empresas de su padre, Samuel Orlando García, por una presunta defraudación fiscal con facturas falsas en prácticas de outsourcing, donde se sospechaba que el candidato y su esposa, Mariana Rodríguez, habían sido beneficiados. Otra la solicitó el INE sobre irregularidades financieras en sus gastos de campaña.
García envió una carta a López Obrador a través de intermediarios y del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, donde aseguraba que no estaba relacionado con ninguna facturera ni había sido beneficiado por defraudaciones fiscales. No se conoce la respuesta del Presidente, y tampoco si llegó a sus manos el mensaje del candidato, pero en Palacio Nacional se abrió un puente de comunicación con García. Tras la petición de Cárdenas, Nieto envió el expediente de la UIF al despacho presidencial.
Lo que se veía nítido en la estrategia se volvió turbio y viscoso. De estar enfocado el Presidente en descalificar a De la Garza y pedir la intervención de la Fiscalía General, la respuesta judicial-política incluyó sorprendentemente en el paquete a García. Al ser interrogado por la prensa por estas acciones, el Presidente admitió este martes que se había metido en el proceso de Nuevo León porque no iba a permitir un fraude en las elecciones. Durante tres días consecutivos –el lunes transformó la mañanera en un palenque– contravino la veda electoral, y ayer respaldó lo que hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero.
La acción judicial se da a tres semanas de la elección, y generó una intensa reacción porque se considera una intervención directa del Presidente en un proceso electoral, como no se recuerda en décadas, quizá desde que el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se metió en las elecciones para gobernador en Chihuahua en 1986, contra el candidato panista Francisco Barrio –sus asesores lo llamaron entonces el “fraude patriótico”–. Ahora, el Presidente pidió la acción de la Fiscalía General sin dejar que las denuncias del Partido Verde contra García, y del PT contra De la Garza, en el Instituto Nacional Electoral, corrieran por esa vía, como en los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
La intervención públicamente aceptada en los procesos electorales donde tiene dificultades Morena hay que verla en un contexto más amplio para intentar entender al Presidente. Lleva semanas enojado porque todas las cosas que trata de hacer no le están saliendo, y echar la culpa a otros o al pasado ya no tiene el efecto que causaba. Sus grandes obras de infraestructura están detenidas o retrasadas, sus iniciativas frenadas por jueces por inconstitucionales, la relación con Estados Unidos es mala y con sus interlocutores en México es cada vez peor. Sus bravatas están teniendo rendimientos negativos, disminuidas por tragedias como el colapso de la Línea 12 del Metro, apreciándose el principio de pérdidas electorales por la incompetencia de muchos gobiernos de Morena.
La última mala noticia fue su caída en el apoyo nacional. De acuerdo con la encuesta de EL FINANCIERO de aprobación presidencial publicada esta semana, López Obrador tuvo una caída de cuatro puntos en 30 días, para situarse en 57% de respaldo, y un incremento en los negativos de cinco, para situarse en 41%. Su gran bandera de combate a la corrupción cada vez se debilita más. Seis de cada 10 piensan que ese combate ha sido muy malo, y ya se trasladaron los negativos a su persona, donde su percepción de honesto cayó de 51% a 44%.
Otra encuesta en EL FINANCIERO sobre el apoyo a las candidatas y candidatos de Morena en las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador, reflejó caídas en abril de tres a cinco puntos en Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán y Nayarit, un desplome de 11 puntos en Guerrero y de 15 en Campeche. Para añadir piedras a su riñón, el estudio sobre la intención de voto para diputados federales, a 32 días de las elecciones, ubica a Morena con una preferencia efectiva de 40% a nivel nacional, contra 42% de la alianza PAN-PRI-PRD, con una base sólida en el sur-sureste del país (42%), pero una debilidad notoria en el norte (31%).
Los tropiezos administrativos, su pérdida de credibilidad y liderazgo, junto con la disminución de apoyo nacional para Morena, lo tienen fuera de sí muchas veces, de acuerdo con lo que han comentado colaboradores en Palacio Nacional, y llevado, se puede argumentar, a romper con fondo y forma y a admitir abiertamente que está actuando fuera de la ley. Este martes, un representante del grupo de Tabasco Hoy le regaló una pregunta que le permitió alegar que violar la ley es defender la democracia, y lanzar una nueva perorata para justificar que quiere que castiguen a otros, no a él ni a los suyos, por violentarla.
La justicia debe tener tiempos distintos a la política, aunque a veces se empalmen, pero cuando los instrumentos de procuración de justicia responden a las órdenes del Presidente y se somete la ley a los intereses coyunturales de quien los controle, no se promueve la democracia, sino que se le aniquila. Bartlett cometió el “fraude patriótico” en los tiempos autoritarios del PRI. López Obrador está promoviendo el suyo en los tiempos autócratas de la 4T. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 32)