Un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que el poder adquirido por el Ejército en la actual Administración de México no es sano para la democracia en el País.
El documento, titulado “México militarizado: una guerra perdida que no ha traído la paz”, acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador de profundizar la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad pública.
Señala que las Fuerzas Armadas se encuentran en funciones de seguridad pública, control de puertos y aduanas, lucha contra las drogas, construcción de sucursales del Banco de Bienestar, aeropuertos, megaproyectos de turismo y transporte, y la distribución de vacunas contra el Covid-19.
Firmado por Stephanie Brewer, el análisis recuerda que América Latina es una región marcada por golpes de Estado y dictaduras militares, en la que la delegación de tareas civiles a las fuerzas armadas levanta banderas rojas.
“México no sufrió golpes militares”, señala, “sin embargo, la influencia de las Fuerzas Armadas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que un golpe no sea necesario para que ejerzan niveles de poder que, si bien no llegan a ser un Gobierno militar, difícilmente hablan de una democracia sana.
“Con la seguridad pública y los proyectos emblemáticos del Gobierno en manos militares”, agrega, “vale la pena cuestionar qué grado de poder retiene el Gobierno civil sobre los militares”.
“Lo preocupante es que el Gobierno parece estar optando por una dependencia cada vez más profunda e indefinida de las Fuerzas Armadas”, advierte el documento. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 2)
México y la Unión Europea reconocieron que la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional es un elemento importante de la colaboración bilateral.
Representantes de los gobiernos de ambas entidades insistieron en que la profundización de esta cooperación requiere una estrategia de largo plazo que considere la dinámica regional y las capacidades institucionales de las dos partes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el martes se celebró el tercer Diálogo de Alto Nivel sobre Justicia y Seguridad, en el contexto de la asociación estratégica bilateral vigente, con la participación de funcionarios mexicanos y europeos. (De La Redacción, La Jornada, Política, p. 8)
En caso de que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fede) judicialice las carpetas de investigación contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, por utilizar tarjetas con la promesa de entregar recursos a quienes voten por él, sería un juez quien determine si existió la comisión de un delito, ya que la norma aprobada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permite ese tipo de promoción electoral, señalaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Ministerio Público Federal deberá analizar en conjunto con las normas electorales, las resoluciones del TEPJF, ya que entre otras evidencias no sólo se deben aportar al juez de control la existencia de una tarjeta, sino la existencia de recursos en ella como parte de lo que se podría considerar compra del voto, señalaron las autoridades consultadas. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 4)
La única alternativa para evitar episodios de violencia como el que significó el reciente homicidio de los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno en Guadalajara, es separar por completo, no permitir la vinculación de la delincuencia con las autoridades, porque este ha sido un problema que fue creando relaciones de complicidad entre autoridades y delincuencia, consideró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente explicó que, en el caso del secuestro de Marina Garay, ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Veracruz, no habrá impunidad, no vamos a permitir a nadie que afecte a nadie. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 9)
El ex senador panista Jorge Luis Lavalle seguirá su proceso privado de la libertad, luego de que el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva contra la prisión preventiva justificada que le impuso un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, el pasado 9 de abril.
El fallo se emitió un día después de que un tribunal colegiado declaró infundados los argumentos del ex senador, quien impugnó que no se le otorgará la medida cautelar de seguir su proceso en libertad. (César Arellano García, La Jornada, Política, p. 6)
El juzgado octavo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, desechó por improcedente el juicio de amparo que promovió Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que buscaba anular la decisión legislativa de quitarle el fuero.
En su demanda, el panista argumentó que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades, ya que unilateralmente determinó remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa y ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes, a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan. (César Arellano y Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 7)
Chilpancingo, Gro., La falta de atención del gobierno a los casos de desaparición forzada y violencia de género preocupa a la Misión de Observación de Organizaciones Nacionales e Internacionales en Atención a la Situación de Violencia en la Región de la Montaña de esa entidad.
En la Campaña por la Vida Mar de Agravios, Montaña de Quebrantos, impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los integrantes de la misión (formada por siete organizaciones no gubernamentales) escucharon durante dos días los testimonios de indígenas y periodistas. (Sergio Ocampo Arista, La Jornada, Estados, p. 27)
El 18 de mayo empezará la vacunación contra el Covid-19 para el personal del sector educativo capitalino de todos los niveles, desde prescolar hasta superior de escuelas públicas y privadas, informó el director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Púbica, Eduardo Clark García.
Explicó que se prevé inmunizar a 304 mil 378 personas, entre maestros, trabajadores administrativos, directivos y empleados de apoyo, por lo que el sábado se anunciarán las sedes. (Alejandro Cruz y Elba Mónica Bravo, La Jornada, Capital, p. 30)