Estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, que no se compren los votos; el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así respondió a las posturas de denuncia en su contra, de su oposición política.
“Somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos, y no tenemos nada –en México– qué esconder, ni nada de qué avergonzarnos.”
En Torreón, Coahuila, durante su conferencia de prensa matutina consideró normal lo que ocurre en materia electoral. “Estamos en víspera de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema, esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países; cada vez que hay elecciones hay efervescencia política. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.4)
La unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) inició la revisión del primer informe de ingresos y gastos de campaña de los candidatos a diputados federales, gobernadores, alcaldes y diputados locales.
De acuerdo con el reporte del organismo, a la fecha, en esas candidaturas en conjunto han reportado ingresos por 549 millones 461 mil pesos y se han gastado 468 millones 872 mil pesos de mil 830 aspirantes a llegar a la Cámara de Diputados.
La fiscalización es una facultad exclusiva del INE, aunque se trate de elecciones locales; hasta ahora, el organismo tiene contabilizados ingresos por mil 514 millones de pesos en todos los cargos de comicios estatales –gobernador, alcaldes y diputados locales–, mientras el reporte de gastos de campaña asciende a mil 380 millones de pesos. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.5)
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene fuero, corresponde actuar a la Fiscalía General de la República (FGR), refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina –celebrada en Torreón, Coahuila– respondió ante la insistente pregunta de si el gobernador de Tamaulipas mantiene la protección constitucional.
“No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte (producto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá). Si ya la Corte resolvió que no hay fuero constitucional, y que no procede la solicitud de amparo –del Congreso local– ya es la fiscalía la que va a actuar”, matizó.
Al concluir la exposición del mandatario, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso brevemente la laguna interpretativa en que a su parecer ha incurrido la Suprema Corte en torno al caso Cabeza de Vaca, de quien reitero, no tiene fuero. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.7)
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analice el fondo de la controversia constitucional sobre el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y defina si éste es procedente o no.
Para ello interpuso un recurso de reclamación donde solicita formalmente que se revise la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó por improcedente la controversia constitucional 50/2020, que sobre este tema interpuso el Congreso tamaulipeco.
La FGR presentó el recurso en su carácter de tercero interesado, con base en los artículos 5, 19 y 102 de la Constitución, donde señala que entre sus facultades está la de intervenir en cualquier controversia que considere que afecta el orden jurídico nacional. (Eduardo Murillo y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.7)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron un aumento de 3.9 por ciento al salario y de 1.8 por ciento en prestaciones para los maestros de educación básica, especial e inicial, así como los de educación media superior y superior, informaron en un comunicado conjunto.
La titular de la dependencia, Delfina Gómez, y el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, mantuvieron ayer una reunión en la sede de la SEP, donde la funcionaria convocó a la representación sindical a sumar fuerzas para afrontar el próximo retorno a clases presenciales de manera coordinada, cautelosa y segura.
Como nunca antes, las autoridades educativas nacionales y el magisterio estamos unidos por la educación, que tiene como prioridades mantener la salud de todos los integrantes de nuestras comunidades escolares, señaló. En relación con la vacunación del personal docente, dijo que ya han recibido el biológico casi 2 millones de personas en tiempo récord. (De la Redacción, La Jornada, Política, p12)
Durante el primer trimestre del año hubo un recorte de 2 mil 585 millones de pesos en el Programa Especial Concurrente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), señaló el secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), Federico Ovalle.
Esto afecta programas cuyos objetivos son elevar la producción de alimentos y productos forestales, impulsar medidas para el ingreso de la población y contribuir en la reducción de los índices de pobreza en las comunidades rurales.
Ovalle sostuvo que la producción agrícola en 450 municipios de 19 estados está en riesgo y se incrementó la importación de frijol americano; la sequía hará que la producción sea menor este año, lo que hace casi imposible cumplir las metas de producción que el gobierno federal ha publicitado en materia de granos básicos. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.12)
Empresas y personas de los sectores populares comenzaron a mejorar su posición, un año después del confinamiento por la pandemia de Covid-19, y un reflejo de ello es que la demanda de crédito a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) va al alza, asegura David Romero Morfín, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).
“En 2021 ya vemos más actividad, en la calle hay muchas personas, la movilidad es similar a lo que se veía previo a la pandemia, eso provoca que los clientes demanden crédito… Si vemos que ya empresas y personas lo solicitan más, se levantan las restricciones y las familias y negocios requieren más capital, los clientes solicitan recursos y ahí estamos en este momento”, comenta.
En entrevista con La Jornada, Romero Morfín refirió que el año pasado la tendencia fue que, tanto micronegocios como personas decidieron ahorrar recursos para hacer frente a los efectos de la crisis que provocó la pandemia de Covid-19. (Julio Gutiérrez, La Jornada, Política, p.18)
Israel es el recipiente acumulativo más grande de asistencia exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial con un total hasta la fecha de 146 mil millones de dólares, según datos oficiales estadunidenses, y ayer por primera vez en ocho días de una ofensiva feroz contra los palestinos, financiada en gran parte con esta generosidad de Washington, el presidente Joe Biden apoyó un cese al fuego en algún momento no fijado y sin condicionar la asistencia anual actual de 3.8 mil millones de dólares.
En 2016, durante la presidencia de Barack Obama, los gobiernos de Estados Unidos e Israel firmaron su tercer acuerdo de 10 años sobre asistencia militar cubriendo el periodo de los años fiscales 2019 a 2028, en el cual Washington se compromete a ofrecer un total de 38 mil millones de dólares en asistencia militar a Israel, elevando el monto de los 30 mil millones de dólares en total del acuerdo anterior. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p.22)
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recibió al 15 de mayo un total de 162 denuncias, de las cuales 30 por ciento están relacionadas con la colocación, retiro, destrucción y sobreposición de propaganda política electoral.
Además de agresiones verbales y físicas contra candidatos, brigadistas, simpatizantes, voluntarios y la ciudadanía derivados de actos de promoción de las candidaturas, así como por amenazas e intimidación para evitar llevar a cabo actos proselitistas.
Dichas conductas no constituyen un delito electoral, pero pueden derivar en otro tipo de ilícitos e infracciones administrativas electorales, e incluso en sanciones para los institutos políticos, por lo que han sido canalizadas a las áreas correspondientes para su atención. (Laura Gómez Flores, La Jornada, Capital, p.27)