Se gana otra medalla
Medalla al Mérito Internacional se colgó el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. El Congreso de la Ciudad de México le otorgó la condecoración por su promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes. Dicha labor ha derivado en la firma de los pactos mundiales para la Migración Segura y sobre los Refugiados. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p.2)
La complicada relación entre México y Estados Unidos se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En cierta forma, es un relato de los encuentros y desencuentros de dos países cuyos gobiernos se necesitan más de lo que quisieran aceptar.
El T-MEC, como el precedente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no es sólo de comercio, sino que incluye también cuestiones de inversión.
En términos reales, el TLCAN fue visto en su momento también como un aval estadounidense al gobierno mexicano, así como una mayor vinculación política y económica entre los dos países, al propiciar inversiones externas al abrir el mercado estadounidense a productos hechos en México. Pero incluyó, como el T-MEC ahora, una serie de condicionamientos manifiestos e inferidos.
La problemática es doble. Por un lado, está el impacto que esas dudas tengan sobre inversionistas en México, que antes del inicio de la pandemia habían manifestado intranquilidad respecto a la certidumbre legal de inversiones en el país; por otro, el costo económico y político de esos cuestionamientos.
En contra, o como balance si se quiere, está la realidad de que el gobierno Biden está involucrado en un problema político creado por la crisis migratoria en la frontera común, y a querer o no, es un tema para el que necesita del apoyo de la administración mexicana, sobre todo, para detener –o administrar– los flujos de peticionarios desde Centroamérica. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.23)
Por sus destacadas trayectorias, el Congreso de la Ciudad de México, entregó la Medalla al Mérito Internacional al C. Juan Ramón de la Fuente, en la categoría promoción o defensa de los derechos humanos de personas migrantes; a la C. Marina de Tavira Servitje, por Desarrollo o promoción de actividades artísticas; a la C. Elena Gabriela Muñoz Frías, por Promoción Cultural; al C. Daniel Enrique Herrera Mejía, por Acción Emprendedora; y al C. Arturo Sneider, por Protección al Medio Ambiente. (Contra Replica, Opinión, p.11)
Alrededor de 7 mil migrantes africanos, entre los cuales al menos mil 500 son menores de edad, llegaron nadando a territorio español la madrugada del lunes. El arribo masivo a la ciudad de Ceuta constituye una crisis humanitaria y política sin precedente, pese a que este enclave español en la costa norte de Marruecos ha sido desde hace muchos años objeto de tensiones por la gran cantidad de personas que esperan alcanzar suelo de la Unión Europea.
El presidente de España, Pedro Sánchez, canceló su participación en una cumbre en París y se desplazó a la ciudad autónoma, con el fin de coordinar la respuesta a una emergencia que desbordó las capacidades de una urbe de apenas 70 mil habitantes.
El relajamiento súbito en la vigilancia de la policía fronteriza marroquí en esta zona, de sobra conocida por problemática, se ha interpretado como una represalia de Rabat contra Madrid por el auxilio prestado a Brahim Ghali, dirigente histórico del Frente Polisario, quien fue trasladado de Argelia a un hospital español para salvarle la vida debido a un cuadro de Covid-19. El Polisario lucha desde hace casi medio siglo por el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y el fin de la ocupación colonial marroquí sobre lo que hasta 1975 fue el Sahara español.
En ese empeño el Frente Polisario tiene de su parte la razón histórica y la legalidad, pero en los hechos ha sido abandonado a su suerte por la obsecuencia internacional con el reino de Marruecos.
Más allá del error diplomático que supuso trasladar a Ghali con documentos falsos y sin notificar a las autoridades marroquíes, resulta injustificable que Rabat utilice las vidas de miles de migrantes como moneda de cambio en sus diferendos con el gobierno español, máxime a sabiendas de que entre quienes se lanzaron a las aguas del Mediterráneo se encuentran niños y ciudadanos del propio Marruecos.
Así, el problema de fondo radica en un régimen corrupto, autoritario, represor y colonialista, cuya arbitrariedad no halla ningún límite gracias a la habilidad del monarca Mohamed VI para tejer complicidades con Occidente, incluido Israel.
En este aspecto, no puede soslayarse la trai-ción perpetrada por el régimen de Mohamed VI a toda la comunidad islámica al entablar relaciones diplomáticas con Tel Aviv a cambio de que el ex presidente estadunidense Donald Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, un ominoso intercambio de favores que, como tantos actos del monarca y el magnate, violenta los mandatos de la Organización de Naciones Unidas.
Por otra parte, la monarquía hereditaria marroquí medró y se fortaleció gracias a la pusilanimidad y el pragmatismo con que actuaron los gobiernos españoles posteriores a la dictadura franquista, los cuales no sólo se desentendieron de la suerte de la acosada y ocupada república saharaui, sino que miraron hacia otro lado ante las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Rabat.
Hoy la comunidad internacional en general debe dejar atrás su conducta hacia el régimen marroquí –omisa, en el mejor de los casos, y cómplice, en el peor– y condenar sin ambigüedad la irresponsable e inhumana instrumentación política del fenómeno migratorio. (La Jornada, Política, p.2)
La ola migratoria es indetenible. Sean de donde sean. La respuesta es la misma: represión y expulsiones masivas. Parece que no tienen derecho a vivir. (La Jornada, Rayuela, C.p)
Nos cuentan que parece que hay una pequeña diferencia entre la cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier en asuntos del T-MEC. Esta discrepancia se dejó ver la semana pasada, cuando la representante comercial de EU, Katherine Tai, presentó una solicitud al gobierno mexicano para que se asegurara que hay libertad sindical en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato. Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió en una carta a la Casa Blanca “un espacio de cooperación en el mercado del T-MEC” para atender los abusos contra migrantes que laboran en el sector agrícola del país vecino. La titular de Economía dijo que esa carta “no es un tema del T-MEC, aunque lo hayan puesto en ese comunicado”… ¡zas! Nos platican que queda claro que las diferencias entre ambas dependencias siguen. (Desbalance, El Universal, Cartera, p.26)
Las conferencias del presidente son la máxima fuente reveladora de la perspectiva que tiene sobre los problemas en México, incluyendo cómo aborda la cuestión de los desaparecidos. El 34 por ciento de sus menciones se concentran en atribuir el problema de las desapariciones al “neoliberalismo”. El problema es que ya no hay “neoliberalismo” sino la Cuarta Transformación, y las cifras de desapariciones son superiores a los dos últimos sexenios.
Los casos aumentan y el presupuesto decrece. Un ejemplo: Dentro del paquete económico de 2019 se redujeron 68 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender las desapariciones, es decir 14 por ciento menos. Otra reducción de recursos para atender asuntos de desapariciones fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 17 por ciento menos [3]. El presidente constantemente anuncia que se destinarán fondos ilimitados y todos los recursos que sean requeridos. Pero al parecer, sea la política de asusteridad, la ineficiente coordinación institucional, o el simple desinterés por resolver el problema, estos factores han impedido cumplir con el compromiso. Y mucho menos si el presidente le asigna más presupuesto al béisbol (17 millones de dólares y mil millones de pesos extra para la compra de dos estadios) que a la Comisión Nacional de Búsqueda que se le destinaron 20 millones de dólares y sólo cuenta con 43 personas para buscar 44 mil personas desaparecidas entre 2018 a lo que va del 2021.
Las conferencias del presidente son la máxima fuente reveladora de la perspectiva que tiene sobre los problemas en México, incluyendo cómo aborda la cuestión de los desaparecidos. De acuerdo con las cifras de SPIN-TCP [4], el presidente ha mencionado la palabra “desaparecidos” en 140 ocasiones. Segundo, se ha referido a personas desaparecidas de manera general 56 veces. Sin embargo, ha hecho mención a grupos de forma específica. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente los ha mencionado en 33 ocasiones, refiriéndose a su compromiso de encontrarlos. Se ha referido a los migrantes desaparecidos en tan solo tres ocasiones, y nunca ha hecho mención de los siguientes grupos de personas desaparecidas: notablemente mujeres, niños y niñas, periodistas, y activistas de derechos humanos. (María José Jiménez, El Universal, Online)
La migración está determinada por fuerzas que expulsan y que atraen. La pandemia ha empobrecido a la población de Latinoamérica, al tiempo que Estados Unidos parece iniciar un periodo de expansión económica. Es previsible que en el corto plazo más mexicanos y centroamericanos intenten llegar allá y será inevitable que los americanos aflojen los controles fronterizos y, quizás, acepten acuerdos para trabajadores temporales.
Eso podría reducir los peligros y abusos que tienen que soportar los que cruzan ilegalmente, pero difícilmente cambiarán las penalidades que sufren ya estando allá.
El primer reto que tienen los recién llegados es encontrar dónde vivir. Aun si tienen familiares o conocidos, lo más probable es que tengan que hacinarse en cuartos o departamentos alquilados, dormir en el suelo o en sofás y comer alimentos enlatados.
Para conseguir un trabajo formal se requiere comprobar la residencia (green card), inscribirse en el Seguro Social (que sólo es un seguro de desempleo, sin prestaciones médicas) y cartas de recomendación. Eso le deja al migrante dos opciones: comprar documentos falsificados o contentarse con trabajos temporales. La mayoría empieza por lo segundo.
Si se enganchan para levantar o empacar cosechas, tendrán ocupación durante unos meses, pero dormirán en galerones sin aire acondicionado y serán maltratados por los capataces.
Los “esquineros” (que corren el riesgo de ser arrestados por vagancia) se paran en la calle a la espera de particulares que les ofrezcan de 20 a 80 dólares para ir a la “yarda” (cortar el pasto), a retirar la nieve o a ayudarlos con una mudanza. Las mujeres pueden ganarse la confianza de las familias y quedarse “de planta” como sirvientas, cuidadoras de ancianos o niñeras.
Como hay más días malos que buenos, tratan de ahorrar para pagar la fianza de al menos 500 dólares que les exigen los contratistas. Ellos les cobran además una comisión de hasta el 30% de lo que ganen y los envían por una semana a descargar tráileres, a pintar casas o a cambiar techos.
Si después de muchos meses logran juntar para comprar documentos falsos, pueden buscar chamba de repartidores o mensajeros; de limpiadores en hoteles, oficinas y terminales; de lavaplatos, parrilleros o meseros. Es costumbre que los patrones se queden con las propinas.
Los empleos “buenos” están en la construcción o en las fábricas y empacadoras, pero están muy competidos y, frecuentemente, los sindicatos no permiten que se les contrate por más de tres meses.
BARRERAS
Hay cinco limitantes que impiden que los migrantes, aun los documentados, obtengan trabajos bien remunerados. La primera, su desconocimiento del idioma. Dependen de otros para hablar por teléfono, llenar solicitudes o entrevistarse con un empleador. Firman contratos sin entender sus términos y cometen errores por no poder leer avisos y letreros. Casi en todas partes hay clases gratis de inglés y computación, pero las jornadas de más de 12 horas no les permiten asistir.
Por el bajo nivel escolar con el que llegan, muchos puestos les son inaccesibles. A pesar de su buen desempeño no logran ascensos. Hay oportunidad de inscribirse gratuitamente en cursos de educación para adultos. Nuevamente, el problema es que no disponen de tiempo para hacerlo.
Muchos oficios requieren una licencia. Un electricista, un plomero o un colocador de cristales no puede laborar sin un diploma que certifique sus habilidades. Para obtenerlo hay que pagar el curso correspondiente y, a veces, las cuotas mensuales de la organización que lo expide.
Carecen también de contactos para cambiarse a mejores trabajos. En algo les ayudan las asociaciones cívicas y religiosas. En general, les es difícil conseguir avales para rentar una vivienda, abrir una cuenta bancaria u obtener un crédito.
El transporte público es caro y escaso. Para moverse es necesario adquirir un coche usado y tener seguro y licencia. En muchas partes sólo se concede a quienes tienen permiso de residencia. El gasto en este rubro puede absorber hasta la tercera parte de sus ingresos.
Otro tercio se va en las remesas que envían a sus familias. Como las empresas en que trabajan son pequeñas, no cuentan con fondos de pensión ni seguro médico.
Hay casos de migrantes de primera generación que consiguen llegar a gerentes o poner un negocio; la mayoría la pasa apenas un poco mejor que en su patria. Serán sus hijos, llevados en la infancia o nacidos allá, los que logren progresar. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p.27)
Días antes de la toma de posesión de Joe Biden, en enero de 2021, se publicaron los lineamientos para la regulación de la operación de agentes extranjeros en México, que impactaría de manera indiferente a personal del FBI, CIA, DEA, etc. Con estos lineamientos, se estableció la obligatoriedad de los agentes de 1) acreditarse frente a la SRE, SEDENA y SEMAR, 2) dar a conocer los hechos que podrían tener impacto significativo en la vida del país e 3) informar al gobierno mexicano de las reuniones que sostengan. Además, se les quitó la protección diplomática, por lo que en caso de cometer un delito no gozarán de ninguna inmunidad. Este evento también interpretado por autoridades estadounidenses como dañino para sus intereses.
La situación ha sido tal que funcionarios y ex funcionarios han criticado enfáticamente el actuar de las dependencias mexicanas y la debilidad de la política de combate al crimen. Como ejemplo, a mediados de marzo, el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte, señaló que el crimen organizado “controla entre el 30% y el 35% del territorio en México”. Como evidencia indicó que ilícitos como el narcotráfico, migración y tráfico de personas son síntomas de regiones sin gobierno, tal como sucede en China y Rusia. Hasta la fecha no se ha retractado de estas declaraciones sumamente sensibles.
Posteriormente en abril, el ex embajador estadounidense Christopher Landau, refirió que el presidente ha adoptado una política de “laissez faire” (dejar hacer) en relación con los grupos criminales, por lo que operan impunemente. Añadió que el gobierno mexicano ve el enfrentamiento contra éstos como un “Vietnam”, esto es, como una batalla donde difícilmente se puede ganar, y criticó la manera en que se dejó libre a Ovidio Guzmán en Sinaloa, en 2019. Se trata tal vez de la crítica más fuerte de un ex embajador al gobierno mexicano en los últimos sexenios.
A inicios de mayo, el subjefe de operaciones de la DEA, Matthew Donaheu, aseguró que los agentes mexicanos “están asustados de involucrarse con nosotros por las repercusiones”, en referencia a la posibilidad de compartir información. Asimismo, calificó de “colapso” la cooperación entre ambos países y de operaciones “paralizadas”, lo cual ilustró con el aumento de las operaciones de los cárteles, así como la introducción de grandes cantidades de fentanilo, metanfetaminas y cocaína.
Lo anterior podría tratarse de una estrategia general del gobierno americano que busca ejercer presión sobre su contraparte mexicana, probablemente para fomentar un contexto de negociación que le sea favorable y para que se redoblen esfuerzos en la materia.
En este contexto de alta complejidad en la relación bilateral, la semana pasada se realizó una reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos, con la intención de fortalecer las relaciones de cooperación en la materia. Se acordaron priorizar los temas de tráfico de armas y drogas, reducir la violencia que provoca el crimen organizado, atender el problema de las adicciones, combatir las finanzas de los grupos delictivos y continuar con la coordinación en el tema migratorio. Sigue siendo una interrogante el presente y futuro de la Iniciativa Mérida, el mayor esquema de cooperación entre los países, el cual se ha venido desdibujando en el presente sexenio. (Josué Ángel González Torres, Contra Réplica, Opinión, Online)
Diplomacia en los tiempos de pandemia: primero la llamada telefónica, segundo la reunión virtual, y hasta el 8 de junio, la visita en persona de la vicepresidenta Kamala Harris a México. Mientras que ella y el presidente Andrés Manuel López Obrador se van conociendo, la intriga consiste en ver si, con el paso del tiempo, se expande formalmente la misión de Harris para abarcar todas las aristas de la relación bilateral, o si se enfocará únicamente en el tema migratorio.
La llegada al poder de Joe Biden en enero representó un parteaguas en muchos frentes para la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, sobre todo en aquellos frentes que representan oportunidades para adoptar soluciones multilaterales con aliados. El cambio climático. La pandemia. La alianza de la OTAN. El reto de países como Irán y Corea del Norte.
Pero cuando uno mira de Washington hacia el sur, el panorama es más complejo, pues hay cierta continuidad, sorprendentemente, entre las posturas de Trump y Biden hacia México y el resto del continente.
Quizá las cosas cambien el 8 de junio cuando se presente Harris en México, pero por lo pronto la administración de Biden ha sacrificado mucha de la agenda bilateral para enfocarse casi exclusivamente en el tema migratorio. El tono y el profesionalismo del nuevo gobierno marca un pronunciado cambio, pero el mensaje captado por AMLO sigue siendo el mismo que con Trump: ayúdanos con esta situación en la frontera, y no te molestamos directamente con lo demás.
Trump se llevaba tan bien con AMLO porque los dos mandatarios respetaban la soberanía ajena. Trump no velaba por la democracia, el Estado de derecho, o derechos humanos -ni siquiera derechos de inversionistas estadounidenses- en otros países porque le apasiona más la idea de America First que estos valores. Los demócratas, por su parte, sí admiran esos valores, pero su repudio al trumpismo los hace también repudiar posturas prepotentes y unilaterales. A diferencia de Trump, están muy conscientes de su falta de autoridad moral. (Andrés Martínez, Reforma, Opinión, p.10)