En Canal Once se saltan la fila y la orden de AMLO
Nos dicen que a pesar de la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no saltarse la fila en la vacunación contra el Covid-19, los trabajadores de Canal Once decidieron no observar la obediencia ciega que el mandatario exige a los miembros del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Un grupo de médicos que buscan que todo el personal sanitario público y privado sea vacunado denunció que desde este martes inició la vacunación para todos los trabajadores de la televisora, propiedad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), esto independientemente de su edad o de su estado de salud. Nos hacen ver que la inmunización será pareja: para trabajadores administrativos, técnicos, conductores. ¿Y dónde quedó la promesa del gobierno federal de que nadie se saltaría la fila? Ah, muchachos desobedientes.
¿Y su declaración patrimonial doña Irma Eréndira?
Nos comentan que doña Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, todavía secretaria de la Función Pública (SFP), anda muy activa en redes sociales promoviendo que los funcionarios del gobierno federal presenten su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, puesto que ya faltan solo dos semanas para que se termine el plazo para presentarla. Sin embargo, nos hacen ver que en la plataforma Declaranet, a cargo de la Función Pública, doña Irma Eréndira todavía no presenta la suya. ¿Qué pasó, secretaria? ¿No se debe predicar con el ejemplo? ¿O será que quizá está muy ocupada preparando su declaración de salida del cargo?
Un mago y algunos conejos para la mañanera
De nueva cuenta, las paredes de Palacio Nacional se cimbraron para complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador y tocar canciones que le agradan. En la “Conferencia de Prensa” del Presidente, como oficialmente se llama, coloquialmente “la Mañanera”, se escuchó al catalán Joan Manuel Serrat con su canción “Disculpe el señor”. El mandatario justificó que esa canción se haya puesto, pues, dijo: “No solo vamos a estar aquí contestando solo preguntas, tenemos que hacer labor”. El pasado 10 de mayo en la conferencia hubo un concierto el Día de la Madre, nos hacen ver que quizá el 30 de abril próximo lleven un mago que desaparezca conejos para festejar a los niños, total, quién dijo que las conferencias de prensa de un presidente eran solo para responder preguntas de los medios de comunicación.
Misión de la OEA comienza a conocer de quejas por elección
El PRD, nos dicen, ya puso al tanto de todas las irregularidades que considera existen en el proceso electoral al encargado de la misión de observación que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a México. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el representante del partido ante el INE, Ángel Ávila, dialogaron con Santiago Cantón a quien le reportaron las quejas que han interpuesto ante el INE por lo que consideran intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el proceso electoral. Con todo ello, la OEA comienza a preparar el informe que realizará sobre el proceso electoral en México y habría que recordar que el gobierno mexicano no tiene para nada una buena relación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le pidió hacer una “autocrítica respecto a su papel en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia”, y le sugirió renunciar a su cargo. (El Universal, Opinión, p.2)
Que muy sonriente se le vio al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, mientras llamaba al orden en la Comisión Permanente cuando la diputada Josefina Salazar y la senadora Claudia Ruiz Massieu debieron esperar para hacer uso de la palabra entre el recuento opositor a voz en cuello por los 26 muertos de la Línea 12 y los gritos de “¡carroñeros!” con los que respondieron Morena y aliados. Nuestro Poder Legislativo…
Que el delegado nacional del PVEM en San Luis Potosí, Francisco Elizondo, presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia contra César Octavio Pedroza, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno del estado, por el presunto financiamiento ilícito a su campaña… desde la administración de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Una manchita más…
Que Jorge Hank Rhon reaccionó pronto con una disculpa por sus expresiones contra Lupita Jones y Marina del Pilar Ávila, en la lucha de candidatos a la gubernatura de Baja California, la víspera de que la ex reina de belleza respondiera al calificativo de “basura”, que le enderezó el aspirante del PES, con los de “misógino”, “cavernícola” y “denigrador de mujeres”.
Que por aquellos rumbos, cuando falta menos de un mes para las elecciones, en BCS los candidatos de PRI-PAN-PRD, Francisco Pelayo, y del Verde, Armida Castro, están aprovechando los reproches a su contrincante de Morena, Víctor Castro, a quien le cuelgan corrupción a su paso como alcalde de La Paz y falta de compromiso como delegado de la Secretaría del Bienestar federal, además de que ahora hasta su hermano Miguel lo tunde a la menor provocación de forma pública. (Milenio, Opinión, p.2)
QUE Andrés Manuel López Obrador diera a conocer ayer facturas y datos de contratos del Trife y el INE con empresas privadas de comunicación y una asociación civil a los que sólo puede tener acceso el SAT deja ver el (ab)uso del poder para acceder a información que por ley debe ser confidencial.
Y QUIENES han seguido de cerca la grilla interna del Tribunal Electoral federal y la rebelión de los magistrados contra su presidente, José Luis Vargas, quien pretendía obligarlos a informar el sentido de sus votos antes de las sesiones, dicen que el momento elegido para la revelación presidencial no es casual.
SEGÚN ESTO, en Palacio Nacional decidieron difundir los contratos para tratar de intimidar a los magistrados electorales rebeldes en vísperas de la votación sobre el caso contra el hermano incómodo Pío López Obrador por financiamiento ilegal de campañas, tema que, al final, fue retirado del orden del día por Vargas, pues veía perdida la votación. Así se las gastan.
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QUIEN anda buscando chamba en Zacatecas es la comisionada del INAI Norma Julieta del Río Venegas, pues, si el morenista David Monreal se convierte en gobernador, se anticipa que ella sería su secretaria de Gobierno.
Y NADA tendría de malo que una funcionaria de un organismo autónomo busque trabajo en un gobierno estatal si no fuera porque sigue cobrando un salario de 150 mil pesos mensuales, pero anda metida al 100 por ciento en esa campaña y hace un mes que nadie la ha visto en sus oficinas de la CDMX.
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CUENTAN en Baja California que el desplante del candidato del PES a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, de llamar “basura” a su rival de la alianza PAN-PRI-PRD, Lupita Jones, fue una revancha premeditada.
SEGÚN ESTO, en medio de los festejos por el triunfo de la mexicana Andrea Meza en Miss Universo, la ex poseedora de ese título aprovechó el momento para proponerle a Hank Rhon que se sumara a su campaña.
DICEN que el empresario se puso fúrico y le respondió que no había forma de que eso ocurriera, pues él estaba muy por arriba de ella en las encuestas, cosa que, hasta donde se sabe, solo ocurre en su imaginación. Y aunque después reconoció como “desafortunada” su declaración, ahí queda la fea exhibida que se dio.
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MUY EXTRAÑO y poco empático con las personas que tienen una enfermedad mental es el hecho de que Yeidckol Polevnsky, la delegada de Morena en Jalisco, calificara al candidato de MC a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus, como “bipolar”. Sobre todo tomando en cuenta que Polevnsky nació como Citlali Ibáñez y cambió su nombre e identidad. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Concesionaron hasta por un siglo a mineras extranjeras, principalmente, 11 por ciento del país… el resto lo dejaron en ruinas. (La Jornada, Contraportada)
Sigue el hermano
El próximo en la tablita es el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En la Cámara Alta se prepara un juicio de desafuero por los mismos delitos que su pariente (delincuencia organizada y lavado de dinero). A Ismael, junto a sus demás hermanos, ya les congelaron sus cuentas.
Suenan tres
Por cierto, en los corrillos políticos tamaulipecos ya se barajan nombres de posibles sustitutos al gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca: Gerardo Peña Flores, líder del Congreso de Tamaulipas; Horacio Ortiz Renán, titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y el secretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos.
La ponen de ejemplo
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, se ha convertido en ejemplo de eficiencia entre las y los funcionarios del gobierno federal. Con un panorama totalmente adverso por la pandemia, logró aumentar 8.8% la recaudación de impuestos entre enero y mayo. De hecho, alcanzó la más alta cifra en lo que va de la actual administración, por encima de lo estimado.
Vuelve la verbena
Optimismo hay en Palacio Nacional por el avance en la vacunación contra el coronavirus. Consideran que este año, el presidente López Obrador dará el Grito de Independencia y presenciará el desfile, el 15 y 16 de septiembre, ante un Zócalo con festejos ciudadanos. Y ya preparan invitaciones a delegaciones de otros países para que asistan a la celebración. (El Heraldo de México, Opinión, p.2)
De mucho impacto, nos comentan, las imágenes que se vieron ayer en las que indígenas tzotziles de la comunidad de Los Llanos colocan una soga al cuello y fingen ahorcar al candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho. El abanderado tuvo que pagar, según se informó, 300 mil pesos para ser liberado, luego de ser obligado a caminar descalzo en reclamo de un supuesto incumplimiento de promesas de campaña, particularmente de gestión pública a favor del grupo indígena, como legislador. Al abanderado retenido por alrededor de ocho horas el domingo pasado —y quien es hijo del fallecido Manuel Camacho Solís—, se le ve en otra parte del video decir a los pobladores que sólo tiene 100 mil pesos. El caso es que tras ser puesto en libertad, Camacho sostuvo que “nuestras comunidades de San Cristóbal guardan un malestar producto de años de indiferencia de parte de las autoridades…”. Y nos hacen notar al respecto que para que no se repita la agresión él mismo debería incluirse entre esas “autoridades”. Uf.
El que tuvo ayer un amplio reconocimiento del Presidente de la República y además en la tradicional conferencia mañanera, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta testimonios en la prensa, se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026. Ya no vamos a seguir hablando de eso, lo importante es que por toda la labor que se ha hecho, de manera muy especial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenemos ya vacunas”, señaló el mandatario. Ahí el espaldarazo al canciller, quien, por cierto, ayer informó que se han recibido 30 millones de dosis, y que la cifra al 1 de junio subirá a 40 millones con el arribo de 10 millones de la firma AstraZeneca. “Muy bien, Marcelo”, le dijo el mandatario al momento de ponerlo en la transmisión en vivo desde el aeropuerto, en el Salón Tesorería.
Revuelo, inquietud y también cuestionamientos provocó el hecho de que el personal del Canal 11, medio público de comunicación, esté siendo vacunado. El director del mismo, Carlos Brito, fue quien difundió esa noticia hace dos días: “Este martes inició la vacunación a personal de Canal 11 (fecha determinada por orden alfabético). Nos contaron que el proceso fue ágil, fueron recibidos en IPN Zacatenco con todo y mariachi. 200 personas del 11 fueron vacunadas hoy”. Y a partir de eso se desataron los señalamientos en las benditas redes, en tonos moderados, pero también frontales, de quienes criticaban que se pusiera el biológico aplicando alguna suerte de prelación diferente a la de edad o a la de ser docente y por el hecho de que ocurriera así aun cuando en algunas entidades no se termina con la inmunización del personal médico del sector privado.
Así que las discusiones en la Comisión Permanente subieron ayer de tono entre los legisladores. Y es que conforme se acercan los comicios del próximo 6 de junio las pasiones van creciendo y llegan a niveles casi de desbordamiento. A lo que hay que sumar la forma en la que el petista Gerardo Fernández Noroña, suele provocar a la oposición. Ayer Xóchitl Gálvez le pidió molesta de plano que dejara de “ladrar”, por las interrupciones de éste, cuando la panista pretendía hablar desde la tribuna sobre la tragedia en la Línea 12. El diputado, nos dicen, se lanzó duro además acusando de “carroñeros”, “traidores a la patria”, “hipócritas”, entre otros adjetivos, a los integrantes de la oposición. Incluso acusó que financiamiento proveniente de Estados Unidos va a agrupaciones que pretenden, según dijo, “derrocar” al Presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue ayer Gálvez la única legisladora a la que sacó de sus casillas. Y probablemente, nos comentan, habrá más. Al tiempo.
Con la novedad de que inició el proceso licitatorio por parte de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para impulsar la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón. El encargo para el organismo de la ONU es conseguir un agente que pueda comercializar la aeronave. A muchos les suena el nombre de la UNOPS, nos recuerdan, porque igual ha apoyado en la construcción del Cablebús en Iztapalapa, que en la compra consolidada de medicamentos. Esta última, por cierto, aún en medio de cuestionamientos por retrasos que podrían impactar en el abasto del sector salud. Como sea, esa oficina tiene en sus manos procurar la enajenación de la aeronave con un costo superior a los dos mil 268 millones de pesos. Un Boeing 787-8 Dreamliner matrícula XC-MEX, que parece que no quiere dejar el hangar presidencial, lo cual implica que se siga pagando su mantenimiento. Lo que se espera ahora, nos comentan, es que el vendedor elegido imponga un porcentaje de comisión, aunque eso da ciertas garantías de que finalmente sí sería vendido.
No hay día, nos dicen, en que el nombre de Porfirio Muñoz Ledo no represente algo así como la piedra en el zapato del partido Morena, y ayer no fue la excepción. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora ordenó a ese partido que dé cuenta con claridad y apegado a la Constitución y a su propia normatividad, de por qué no se le debe dar la oportunidad al expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de buscar la reelección por la vía de la representación proporcional. El caso es que la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, volverá a tener en las manos el expediente del caso y no sólo eso, sino que la Comisión de Honorabilidad y Justicia sólo dispone de un plazo de tres días para acatar el resolutivo que los magistrados electorales tomaron por unanimidad. Se dice, hasta ahora, que el nuevo episodio por escribirse podría no cerrar aún la vía litigiosa que emprendió Porfirio. Al tiempo. (La razón, Opinión, p.2)
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que el gobierno de Estados Unidos ya se está tardando en dar respuesta a la nota diplomática enviada el 6 de mayo pasado, en la cual solicita aclarar el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como a otros grupos políticos disfrazados de asociaciones civiles. El mandatario recordó que la entrega de dinero a organizaciones políticas por parte de un gobierno extranjero es una clara muestra de intervencionismo en asuntos que sólo competen a los mexicanos, por lo que urgió a Washington a suspender de inmediato el financiamiento canalizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a esos grupos.
Por el poderío económico y los vínculos políticos de sus integrantes, Mexicanos contra la Corrupción se ha convertido en el más emblemático de los grupos de interés que recurren al membrete de organización no gubernamental o asociación civil para hacer política, y que no titubean en pasar por encima de la ley y de la soberanía nacional para empujar su agenda de enriquecimiento privado a expensas de las arcas públicas.
Ante la derrota del régimen neoliberal en 2018 y el total descrédito de sus representantes, estas entidades han suplantado las funciones de los partidos de oposición hasta erigirse en sus verdaderos coordinadores durante la campaña electoral en curso. Al hacerlo, desnaturalizan y pervierten la democracia, ya que sacan la disputa política de sus espacios previstos en la ley (los partidos) y la transfieren a supuestos organismos que se encontrarían fuera del escrutinio de las autoridades electorales. Tal escenario, grave en sí mismo, cobra un cariz alarmante por la omisión del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ejercer sus tareas de fiscalización y regulación sobre entidades que a todas luces participan en el proceso político.
En lo referente al plano externo, la reticencia de Washington a cortar el financiamiento ilegal a grupos políticos mexicanos podría ser la primera desavenencia significativa en una relación bilateral que, a contrapelo de quienes auguraban un choque bilateral, ha marchado hasta ahora por cauces de entendimiento institucional. A la fecha, la realidad ha desmentido a comentaristas e intelectuales vinculados a la oposición empeñados en sostener la especie de que el gobierno de López Obrador está condenado a chocar con el de Joe Biden, pero dicho desencuentro podría materializarse si la administración demócrata prolonga el financiamiento a un poder fáctico disfrazado de sociedad civil.
Para conjurar este choque, la Casa Blanca debería revisar, al menos en lo que concierne a México, el funcionamiento tradicional de su política injerencista de respaldo a grupos opositores disfrazados de otras cosas. Poner fin a esa conducta es una elemental medida de respeto a la legalidad mexicana, a su soberanía y al derecho a la autodeterminación, en tanto que mantenerla resultaría particularmente deplorable en el contexto de una relación bilateral en la que han primado los acuerdos y la voluntad de cooperación. (La Jornada, Editorial, p.2)
La pandemia produjo un aumento de 3.8 puntos porcentuales en la proporción de mexicanos cuyos ingresos no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria.
De acuerdo con cálculos del Coneval, con base en datos del Inegi, ese segmento de la población pasó de 35.6 a 39.4 por ciento entre el primer trimestre de 2020 y el mismo lapso de 2021. Esto equivale a más de cinco millones de mexicanos –adicionales– a los que no les alcanza para comer.
Era inevitable que el SARS-Cov-2 apareciera en el país y lo impactara negativamente. Somos una nación abierta al mundo y compartimos con Estados Unidos la frontera más transitada.
Sin embargo, eso no tenía que ser una fatalidad. Como lo han demostrado otros países, era posible contener la expansión del virus sin frenar por completo la economía. En México, no sólo nos convertimos en el cuarto país del mundo con mayor número de muertos por covid, sino que agregamos a millones de personas a las filas de la desocupación y la pobreza.
Esto se dio por una combinación de factores. El país se cerró tarde y mal. El gobierno mantuvo un mensaje optimista, alegando que habíamos “domado la pandemia”, cuando los contagios iban en aumento y desdeñó la información científica sobre las formas de transmisión del coronavirus. Cuando el aumento en las muertes produjo miedo, la gente se encerró y eso llevó a la quiebra a cientos de miles de negocios formales e informales, que casi ningún apoyo recibieron.
Esta equivocada manera de enfrentar el covid –no habría que llamarla estrategia– destruyó millones de empleos. A diferencia de otras crisis, los mexicanos no pudieron compensar la pérdida del empleo en el sector formal de la economía con la obtención de ingresos en el sector informal.
Lo peor es que el gobierno, al no querer reconocer la gravedad de la situación –era posible predecir desde hace un año que el país tendría la mayor contracción económica desde 1932–, mantuvo sus mismas prioridades de gasto. Siguió adelante con sus proyectos de infraestructura y continuó apostando a que los sectores más desfavorecidos se mantendrían a flote con los programas sociales. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
La semana pasada informábamos en este espacio que la Segunda Sala de la Suprema Corte había confirmado un amparo resuelto por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, que declaraba inconstitucional la reforma al artículo 256 de la Ley Federal de Radio y Televisión del 31 de octubre de 2017. Era, es, decíamos, un sinsentido, un grave desatino legal y una afectación directa a la libertad de prensa y de opinión.
En los días siguientes, Irene Levy, presidenta de Observatel, sostuvo que un servidor le estaba mintiendo a la opinión pública porque esa resolución de la Segunda Sala no revivía los lineamientos de medios anulados por el Congreso en 2017. Y supuso que mentíamos; se refirió también a Javier Tejado, porque trabajábamos en medios de comunicación (como si ella publicara su columna de El Universal en un folletín mimeografiado). Quizá, supongo, que lo sostuvo porque la organización que encabeza, Observatel, es una de las interesadas en dar uno de esos servicios de defensores de audiencias que se tendrían que imponer a los medios electrónicos de comunicación si se aplicara la norma aprobada en la Segunda Sala. Lo supongo.
Pero se equivocó también en el fondo del asunto. Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) dio a conocer una declaración en la que considera esa resolución como “un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias”, anunció que impugnará la medida ante instancias internacionales de derechos humanos y ante el Consejo de la Judicatura Federal. La sentencia, asegura la instancia que da voz a mil 200 medios de comunicación en el país, pretende restituir la vigencia de los Lineamientos de Audiencias del IFT de 2016 o —en su caso— faculta al instituto para que emita nuevos lineamientos, lo que constituye un grave retroceso, configura un modelo de censura, suprime la autorregulación y se viola flagrantemente la Constitución.
Más grave aún, “la abrogación de esos lineamientos, dice la CIRT, ya había sido ratificada por la propia Segunda Sala de la Corte en las controversias constitucionales 34/2017 y 35/2017, promovidas por el Senado de la República y por el Poder Ejecutivo federal, lo que hace que la sentencia aprobada en este asunto tenga la gravísima consecuencia de violentar la cosa juzgada. Es decir, la Segunda Sala se contradice con sus propias resoluciones, restituyendo normas que ella misma, expresamente, había declarado abrogadas, en una sentencia anterior que se encuentra firme y que, por tanto, no era susceptible de modificarse”. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Opinión, p.10)
Polémica. Sorpresivamente, ayer, un juez libró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que fuentes de la Fiscalía General de la República indican que se le acusa de delincuencia organizada y lavado. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya le congeló sus cuentas. Por supuesto, el gobernador reaccionó. En un comunicado, señala que la orden de aprehensión en su contra tiene una motivación política. Falta esperar si García Cabeza de Vaca solicitará o no un amparo, además de una fianza, por tener fuero.
¿Debacle? El tsunami Morena podría no repetirse en junio. De las 15 gubernaturas que estarán en juego, sólo tiene posibilidad en 7 u 8. Lo grave para el partido dirigido por Mario Delgado es que entre más semanas pasan, el movimiento pierde adeptos, sin embargo, hay dos entidades en las que la cúpula morenista debe poner mucha atención. Una es Guerrero, donde el manoseo de Félix Salgado Macedonio con la candidatura que le heredó a su hija Evelyn, se ve como un absurdo; y en Baja California, el efecto Jaime Bonilla los lleva directo al desastre y justo en esta entidad sería muy doloroso que perdiera el gobierno, pues el trabajo que viene haciendo Marina del Pilar, su candidata, ha sido por demás ejemplar. ¡Aguas!
Señales. Hay clamores que no pueden pasar inadvertidos. Héctor Pineda Santiago, candidato de Morena a la alcaldía de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo, en Oaxaca, fue amenazado de muerte en su domicilio, por lo que integrantes de su planilla demandaron a los gobiernos estatal y federal que otorguen las garantías para que las campañas políticas se desarrollen en el marco de la ley y civilidad. El grupo morenista condenó los hechos ocurridos el 18 de mayo contra Cándida Santiago Jiménez, madre del candidato, quien “recibió” el mensaje con una advertencia, lo que le causó una crisis nerviosa y afectó su salud. No podemos permitir que las amenazas tracen el destino de México. La violencia, venga de donde venga, debe ser rechazada. Sin medias tintas.
Viraje de emergencia. Morena analiza dar un giro en la candidatura a la alcaldía de Tulum. Y es que por ningún lado se le ve futuro a Marciano Dzul, quien arrastra con un pasado que le impide avanzar. Las alarmas se prendieron luego de que la UIF presentara una denuncia en su contra, por el uso de recursos ilícitos. Dzul es persona non grata para morenistas fundadores del partido, quienes consideran que no debió ser el candidato porque fue acusado corrupción y de abuso sexual, cuando era alcalde de Tulum. Desde el principio su designación les pareció una necedad. Al interior de Morena dudan que sea honesto. ¿Su futuro político? No hay tal.
Caminito de la escuela. El 7 de junio, por fin, para alivio y bienestar de los niños, regresarán las clases presenciales, después de más de un año de confinamiento por covid-19 y de educación a distancia. Pero no crea que los más de un millón 500 mil alumnos de educación básica en la CDMX lo harán de golpe. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, enfatizó que el regreso será de manera voluntaria, se dará seguimiento epidemiológico y seguirán las pruebas para saber si aumenta la positividad o no. Los padres que así lo decidan, enviarán a sus hijos a la escuela y platicarán con ellos para que sigan al pie de la letra las medidas de cuidado que ya conocemos. La Unicef llamó a que la niñez retome, de manera urgente, la rutina, recupere el aprendizaje y se motive a los que dejaron la escuela. (Excélsior, Opinión, p.13)
Se hace tarde a Estados Unidos para detener el subsidio a Claudio // Monreal: hay orden de captura contra García Cabeza de Vaca // Contagios a la baja
¿Por qué es inadmisible que Claudio X. González y su organización Mexicanos contra la Corrupción –que ahora encabeza Amparo Casar– reciban dinero del gobierno de Estados Unidos? Se han detectado 2.5 millones de dólares, es decir, alrededor de 50 millones de pesos. La historia enseña que estos grupos solicitan recursos para causas aparentemente inofensivas, pero luego los utilizan para golpes de Estado. (Curiosamente, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha comenzado a hablar de anular las elecciones del próximo día 7 de junio, lo que provocaría un caos constitucional). El presidenteLópez Obrador insistió al gobierno estadunidense que detenga de forma inmediata el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción, al que calificó de grupo político opositor disfrazado de organización civil. El pasado 6 de mayo, el gobierno había enviado una nota de protesta diplomática a Washington por el subsidio a la organización de Claudio X., y ya se está tardando, dijo el mandatario. El financiamiento de un gobierno extranjero a un grupo político opositor al mexicano es una clara muestra de intervencionismo en asuntos que sólo competen a los mexicanos, esto es violatorio de la Constitución; no pueden recibir dinero del extranjero para fines políticos, señaló. Ya le están pidiendo cuentas desde Washington a Claudio X. González, de ahí su declaración tratando justificar el subsidio: “Los recursos con los que opera MCCI –dice– provienen de agencias de desarrollo internacionales (¿de sublevaciones?), de fundaciones e instancias privadas al amparo de las leyes mexicanas y en congruencia con nuestro objeto social: la investigación aplicada, periodística y jurídica sobre las causas, mecanismos y costos de la corrupción, así como de la promoción del estado de derecho”. Pues sí, sólo que el golpeteo tiene un solo destinatario.Nunca se ocupa, por ejemplo, del origen de la corrupción. El papá de Claudio X. sirvió como asesor de Carlos Salinas de Gortari.
Cabeza de Vaca
Escribió en Twitter el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal: Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe. Entre líneas, se refiere a la facultad del Senado de declarar la desaparición de los poderes del estado. De acuerdo con Monreal, la Fiscalía General de la República habría obtenido una orden de captura contra el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que quedaría resuelta la duda sobre si el desafuero avalado el 30 de abril por la Cámara de Diputados procedía, aunque el Congreso de Tamaulipas se haya negado a quitarle la protección constitucional. Monreal, además, sostuvo que García Cabeza de Vaca “podría estar fuera del país, declararse perseguido político y buscar mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del secretario de Gobierno o del presidente del Tribunal de Justicia”. Sería el tercer gobernador de la norteña entidad que cayera a la cárcel por corrupción: están presos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, priístas.
Congelan sus cuentas
En tanto, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, publicó en redes: He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G (se refiere a García Cabeza de Vaca) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Doce personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.El fiscal anticorrupción agregó que continuarán las investigaciones “para determinar si de la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas financió de forma ilegal campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.6)
“Hemos calculado que, de acuerdo con el ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos que ya tienen anticuerpos contra covid, a lo mejor entre agosto y septiembre, ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño que es el 75%…”, anunció hace un par de noches Hugo López-Gatell. Y lo expresó como si fuera mérito de una gran estrategia, como si se tratara del efecto esperado del combate a la pandemia o resultado de un trazo quirúrgico producto de evaluaciones y proyecciones; como si México, después de varios meses de seguir al pie de la letra un minucioso camino científico, obtuviera esta “victoria”.
Y desde luego que, si esto es cierto, podríamos, en efecto, tener más pronto el control de la emergencia sanitaria. Lo hemos visto en los últimos días con el avance en el semáforo epidemiológico de varios estados del país. Apenas ayer en la CDMX se estimó que para el 7 de junio será posible el regreso a las clases presenciales. La jefa de Gobierno pronosticó que para esas fechas la capital habrá llegado al color verde. Los registros de ingresos hospitalarios y muertes de las últimas semanas lo permitiría. Sin embargo, esa opción, la de la supuesta inmunidad de rebaño que López-Gatell anunció en Palacio Nacional, responde más bien a la falta de protocolos sanitarios y de rigor en las anotaciones de casos y muertes.
Ya está en el registro lo revelado por el Inegi: la base de al menos 30 mil muertes registradas entre marzo y agosto pasado y que la misma Secretaría de Salud reconoció que debían tomarse como saldo por covid-19. Aunque, aún reconociéndolo, ese número no aparece nunca en los saldos que se dicen cada noche en la conferencia de las 7 de la noche. Y hay más elementos para la suspicacia, lo anotó Enrique Quintana hace un par de semanas en El Financiero: “De acuerdo con un estudio del IMSS presentado la semana pasada, pero que no tuvo demasiada repercusión, es probable que el 33.5% de la población ya haya padecido covid-19 (…) A la fecha, los registros oficiales indican 2.5 millones de casos confirmados. Es decir, hay un factor al menos de 17 veces entre el número de casos reconocidos y los datos que arrojó el estudio del IMSS. O, dicho de otra manera, hay por lo menos 17 casos no reconocidos de covid por cada caso confirmado…”.
Si este factor es cierto, según la conferencia de anoche, México reporta 2 millones 574 mil 35 contagios; multiplicado por 17, tenemos 43 millones 758 mil 595 contagios totales de covid-19 en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Esto representa un 35% del total de mexicanos. O sea, ni así le salen las cuentas a Hugo López-Gatell, estamos por debajo de la mitad de ese 75% para la inmunidad de rebaño que, afirmó, llegaría a más tardar en cuatro meses.
Y el asunto no sólo es si estamos a punto de llegar a ese índice ni si pronto México podrá recobrar su ritmo. El tema es la falta de certeza en estas afirmaciones y que éstas son consecuencia de una pésima estrategia de salud que se ha orquestado desde la secretaría. La vacunación avanza a un ritmo que no concuerda con la cantidad de vacunas que llegan, gracias al trabajo que ha hecho Marcelo Ebrard desde la Cancillería. La SRE, hemos anotado, optó por inyectar diplomacia y garantía a las vacunas ante la falta de estrategia en el interior del país para la contención de los contagios. Lo mismo ocurrió en la CDMX, que ha sido ejemplo de planeación frente a la emergencia sanitaria, Claudia Sheinbaum marcó su línea frente a la política de pocas pruebas que se implementó desde la Ssa. Con la afirmación que hizo López-Gatell, bueno, a ver si al menos así actualizan sus cifras oficiales, porque tras 14 meses no han logrado que coincidan ni sus estimaciones ni sus datos duros. (Yuriria Sierra, Excélsior, Opinión, p.14)
MIAMI, FL.- La recuperación económica está en marcha: los restaurantes se llenan, faltan coches para satisfacer la demanda, los hoteles vuelven a ocuparse, los precios de las casas se disparan y tienen comprador al precio que les pongan, los boletos de avión suben al doble. Hay dinero.
Con la recuperación viene, de la mano, el reclamo salarial.
De acuerdo con una detallada nota de AP, en Estados Unidos hay 8 millones 200 mil puestos de trabajo a la espera de ser ocupados.
Los restaurantes, especialmente las grandes cadenas, así como tiendas de autoservicio y sitios de esparcimiento, han debido aumentar los sueldos incluso hasta 15 dólares la hora, cuando en el país el salario mínimo es de 7.25 dólares.
El gigante Amazon necesita contratar a 75 mil nuevos trabajadores, y para alcanzar esa cifra ofrece pagar 17 dólares la hora.
Los trabajadores de Mc Donald’s anunciaron huelga en una veintena de ciudades para esta semana, en demanda de un ingreso mínimo de 15 dólares por hora. Y es muy posible que ganen.
Hay una avalancha de consumidores con vacuna en el brazo y dinero en la bolsa que colman tiendas y restaurantes. Faltan trabajadores para atender la demanda.
Los empleadores tienen un competidor serio: el gobierno.
Desde que apretó la pandemia se aumentaron los apoyos por desempleo, al grado de que es más lucrativo quedarse en casa viendo tele que darle vueltas a una hamburguesa en la cocina de un restaurante. (Pablo Hiriart, El Financiero, Opinión, p.32)
El lunes pasado Sudykey Rodríguez, la velocista olímpica candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, estaba en un mitin en la cascada Velo de Novia, en Avándaro, cuando dos personas se le acercaron y le dijeron: “Necesito que te pares ahí abajo”. Según narraron personas que hablaron con ella, les dijo que no podía porque estaba con sus simpatizantes. De nada sirvió. La obligaron a irse con ellos, la subieron a un vehículo y la llevaron 64 kilómetros a Tejupilco, en el sur del Estado de México, donde una persona empapada en alcohol, rodeada por un grupo armado, le dijo: “Mira Sudy, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña”.
Rodríguez, una vallesana querida y respetada, se quebró. “No me mate”, imploró, “¿qué quiere?, ¿que me vaya del país?”. Esa persona, identificada por fuentes militares como Johnny Hurtado Olascoaga, el Pez, le respondió: “No, sólo escóndete y bájate de la campaña”. El Pez y su hermano José Alfredo, apodado el Fresa, encabezan una fracción sobreviviente de La Familia Michoacana que ha operado hace más de una década en la Tierra Caliente de Guerrero, y controlado por años el corredor criminal entre Arcelia y Valle de Bravo. En la actualidad tienen una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Pez pudo haber matado a Rodríguez sin ningún problema, pero es claro que no era su intención final. Querían intimidarla y que el abandono de la campaña electoral se diera sin violencia y sin atraer atención nacional. Hasta ahora, hay que decirlo, lo lograron. Después de que los mismos criminales que la levantaron en Velo de Novia la regresaron a Avándaro, Rodríguez se escondió.
Lo que parece un nuevo episodio del terror que se vive en el proceso electoral mexicano y un paisaje más de cómo la delincuencia organizada está atacando a quienes aspiran a puestos de elección popular, no lo es. Es mucho más complejo lo que está sucediendo con Rodríguez, y más grave aún, porque lo que hicieron los hermanos Olascoaga fue involucrarse directamente al proceso electoral vallesano para favorecer a la candidata de Morena, Michelle Núñez.
Esto no había sucedido antes. Los hermanos Olascoaga habían inyectado recursos en campañas electorales, de acuerdo con personas que conocen la vida política del sur del Estado de México, para ganar protección, colocar a su gente en las secretarías municipales de Seguridad y Obras, o presionar y extorsionar a ediles a quienes no ayudaron en sus campañas. Lo que es inédito es que apostaran por un candidato en específico.
La acción de los hermanos Olascoaga fue acompañada por el director de Aduanas, Horacio Duarte, quien en pinzas –deliberada o coincidentemente– con los criminales, actuó en simultáneo. Duarte se presentó sin previa cita en la oficina del actual alcalde Mauricio Osorio, del PRI, para amenazarlo que, o dejaba de respaldar a la candidata de la alianza opositora, que está aventajando a Núñez en algunas encuestas que se han hecho de manera privada, o le iba a echar encima al SAT, donde está incorporado Aduanas, para que lo persiguiera.
Duarte es muy cercano de Núñez, a quien hace tres años defendió de una serie de acusaciones de homicidio culposo dentro del proceso por la presidencia municipal de Valle de Bravo, que le hizo el candidato de un partido local, Vía Radical –hoy absorbido por Morena–, Héctor Soto, a quien en enero pasado, mientras transitaba con su hijo en un auto de lujo por Tenango del Valle, otro municipio mexiquense, asesinó un comando. Junto con Duarte, la estructura de Morena también se movilizó. Mientras regresaban los criminales de Tejupilco con Rodríguez, comenzaron a circular de voz en voz que la candidata se retiraba de la contienda, empezaron a retirar su propaganda, mientras instaban a sus colaboradores a que saltaran de campaña y apoyaran a Núñez.
La candidata aliancista está aterrada por la amenaza de muerte y su campaña se paralizó. De acuerdo con personas que la conocen, no sale prácticamente de su casa que, además, está vigilada permanentemente por personas que han sido identificadas como militantes de Morena, lo que sugiere que están verificando no sólo a quien ve, sino también si, en efecto, sigue en campaña o se retiró. Oficialmente se mantiene en la contienda Rodríguez, y no hay ninguna señal de que los partidos que la respaldan sepan lo que sucedió. Tampoco el gobierno federal, en buena parte porque este episodio no se ha hecho público hasta ahora.
En todo caso, parece improbable que lo que sucedió con Duarte y con la militancia vallesana de Morena forme parte de una conducta general del partido y, menos aún, de una instrucción desde Palacio Nacional. De hecho, Duarte no tiene la mejor relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien elogia en público–, porque pertenece al grupo político de Higinio Martínez, el cacique de Morena en el Estado de México. Incluso la designación de Delfina Gómez, miembro de ese mismo grupo, como secretaria de Educación, fue para restarle fuerza a Martínez en la próxima contienda por la gubernatura. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.34)
Ocho de los 10 países del mundo que aplicaron confinamientos más estrictos y prolongados en el pico de la pandemia, de marzo a octubre de 2020, eran latinoamericanos. Un estudio dirigido por Agustina Schijman del Banco Interamericano de Desarrollo señala que se trataba de Honduras, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Panamá, Guatemala y El Salvador. Estos duros confinamientos no impidieron que estos países se encontraran entre los más afectados por la pandemia. Su falta de buenas instituciones hizo que sufrieran peores consecuencias. Estaban nadando desnudos, para recordar la famosa frase con la que Warren Buffett se refería a quienes realizan inversiones sin sustento sólido.
La pandemia ha representado un reto enorme para todos los gobiernos. El presidente López Obrador ha afirmado que México ha sido un ejemplo para el mundo; pero, si bien todavía no es momento de una evaluación final, los resultados son decepcionantes. México registra más de 220 mil muertes oficiales por la pandemia, el cuarto total más alto del mundo, aunque el bajo nivel de pruebas sugiere que la cifra es mucho mayor. La economía cayó 8.5 por ciento en 2020. Se observa una disminución de 2.1 millones de ocupados en un año, según Coneval. La pobreza laboral -que afecta a quienes, pese a trabajar, no pueden adquirir una canasta básica- subió de 35.6 a 39.4 por ciento.
“La pandemia puso a prueba las instituciones políticas y económicas de todas las naciones y nos permitió observar de primera mano la importancia de contar con instituciones sólidas”, escribió en la presentación del “Índice de Calidad Institucional 2021” la presidenta de la Red Liberal de América Latina (Relial), la mexicana Bertha Pantoja. “Los países con mejores instituciones manejaron la crisis de mejor manera”. Fue el caso de Chile -sí, pese a las protestas- y Uruguay. México queda muy atrás.
El “Índice de Calidad Institucional 2021” coloca en los primeros lugares del mundo a países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia y Canadá, que tienen sólidas instituciones. “En la mayoría de los casos no hay mayores sorpresas”, apunta Martín Krause, pero llama la atención que Estonia y Lituania, que formaban parte de la Unión Soviética, hoy ocupan el 13er y el 20o puestos. En los últimos lugares se encuentran varios países de África y Asia, así como Cuba (171) y Venezuela (181). La lista de 189 países la cierra Corea del Norte.
Canadá y Estados Unidos están adelante en América con los lugares quinto y 14º del mundo, seguidos de Chile (25), Uruguay (38) y Costa Rica (39). México se encuentra en un remoto lugar 93, atrás de Panamá (58), Perú (65) y Colombia (82). México tiene una situación paradójica: ocupa el lugar número 56 en instituciones de mercado, pero el 136 en instituciones políticas y de Estado de derecho.
En el esfuerzo contra la pandemia, “cada país buscó su propio camino con resultados diferentes”, escribe Siegfried Herzog, de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania. “La evaluación final aún está en proceso. Pero una lección ya es muy clara. La calidad institucional de cada país fue un elemento clave en la lucha contra la pandemia”.
Preocupa que muchas de las medidas en México, como la centralización del poder, debilitan las instituciones políticas, mientras que en materia económica el desmantelamiento institucional es todavía más importante. Ahora que baje la marea quedará claro que, lejos de ser un ejemplo, en México estamos nadando desnudos. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) es el ahorro que gobiernos de la “mafia del poder” comenzaron a formar desde el año 2000 para que, en tiempos difíciles como los actuales, las finanzas públicas pudieran tener de dónde echar mano para hacer frente a las obligaciones de gasto sin tener que endeudar al país.
El FEIP comenzó con poco más de 9 mil millones de pesos y llegó a tener cerca de 300 mil millones de pesos al cierre de la administración de Peña Nieto. Hoy el fondo está otra vez como al principio: tiene sólo 9 mil millones de pesos. Se lo gastó todo López Obrador: en 2019 se utilizaron cerca de 150 mil millones de pesos (cuando no había pandemia, crisis ni tiempos difíciles) y en 2020, ya con el coronavirus encima, se ordeñó lo que quedaba.
En 2019, de manera brutalmente irresponsable, el gobierno se gastó los ahorros de todos los mexicanos en caprichos faraónicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Cuando llegó la crisis en 2020, la mitad de los ahorros de veinte años ya se los había gastado el presidente.
El FEIP se nutre de los excedentes que llega a tener el Banco de México, principalmente por las operaciones con moneda extranjera; a esto se le suma dinero cuando los ingresos petroleros sobrepasan las estimaciones del paquete económico que presenta cada año Hacienda y aprueba el Congreso. En los dos años de López Obrador se ha sacado mucho dinero del Fondo, pero no se le ha metido nada. En 2020 se esperaba que hubiera remanentes de operación del Banco de México. Incluso desde el púlpito presidencial de las mañaneras se llegó a pedir que se adelantaran dichos recursos y se enojó cuando le dijeron que no. Para su mala suerte, hace unos días el Banco de México avisó al gobierno federal que no hubo tales excedentes. Así que, si sabían contar, pues no cuenten con eso. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.2)
“El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes” es una frase de López Obrador que recuperan Lorenzo Córdova y Ernesto Núñez en su libro La democracia no se construyó en un día. La distancia entre sus declaraciones y sus intenciones es abismal.
A finales de abril causó indignación y alarma la extensión del cargo del ministro Arturo Zaldívar y varias voces denunciaron el riesgo que esto representaba, pues violaba la constitución y ponía en riesgo la independencia del Poder Judicial. Sumemos a esto el hecho de que el Judicial está ganando poder, sobre todo discrecionalidad. Esto puede amenazar las instituciones democráticas pues, la nueva centralidad del Poder Judicial está ligada de facto al Poder Ejecutivo, en vez de funcionar como contrapeso al mismo.
Esto fue lo que me explicaron mis colegas de la Organización por los Derechos de la Infancia, quienes, preocupadas por esta concentración de facultades, sistematizaron los efectos de los cambios recientes en el Poder Judicial que aquí les comparto:
La reforma constitucional en materia judicial realizada en marzo de este año es la piedra angular de la que deriva la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación. Los cambios en ambas legislaciones tienen una magnitud que no se había visto desde 1994. Estos cambios dan mayor poder de discrecionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El Consejo de la Judicatura tiene la posibilidad de “concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos”. Esta atribución le da a la CJF la facultad de definir qué órgano jurídico se encarga de las violaciones graves a derechos humanos. Podrá silenciar o magnificar asuntos, dependiendo del momento político y los intereses de los otros poderes.
Además, la reforma desecha el recurso de revisión en amparo directo a menos de que la SCJN considere que es un asunto de “interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”. Si bien este cambio refrenda que el recurso de revisión se use como una excepción, la SCJN determinará qué asuntos son trascendentes y podrá impedir que abogados cuestionen si esta interpretación es correcta. (Maite Azuela, El Universal, Opinión,p.2)
Solo una vez he leído a la señora que me hizo creer que había yo patinado con Prohibido hablar por tv y radio y me orilló a una rectificación innecesaria el martes: Ninguna prohibición en televisión y radio.
Me tragué el engaño de su mañosa argumentación, pero ahora sé, y muy bien, que Jorge Fernández Menéndez, Javier Tejado Dondé y yo acertamos al alertar que la Segunda Sala exhumó graves amenazas contra la libertad de expresión en los medios electrónicos.
Incursiono de nuevo en lo que no es fácil explicar y me remite al sujeto a quien preguntan si es dubitativo y que responde: “Pues sí y no”; al coro del chafirete de Pérez Prado: “Que sí, que no, el macalacachimba”, y a la fe de erratas a la fe de erratas: “Donde dice dice debe decir debe decir, y donde dice debe decir debe decir dice”.
De tal magnitud es elproblema que ahorala industria recurriráa las instancias internacionales
¿Qué prohíbe la sentencia de la Corte?: la autorregulación de radio y tv.
Lo que deben hacer los concesionarios es sujetarse a códigos de ética obedientes a los lineamientos y supervisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones; nombrar “libremente” al Defensor de las Audiencias y quedar sujetas a la autorización del IFT.
¿Que revivió la Corte?: los demenciales lineamientos de 2016 que ya estaban proscritos. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
Colaboradores del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del secretario de Finanzas, Mario Delgado, advirtieron a sus jefes sobre las irregularidades de la licitación de los vagones de la Línea 12 del Metro.
En una nota elaborada el 20 de julio de 2009, cuya autenticidad ha sido comprobada por esta columna, los funcionarios señalaron a las autoridades del DF:
“Por el tamaño del proyecto, la visibilidad del mismo y el monto de inversión, este proyecto ha adquirido características que requieren de un manejo especialmente cuidadoso, transparente y apegado a la normatividad vigente”.
Los conscientes servidores públicos previeron las consecuencias que, 12 años después, son evidentes a la luz de la tragedia en Tláhuac:
“Lo anterior resulta extremadamente delicado, ya que puede poner en tela de juicio la honorabilidad del jefe de Gobierno y la del Secretario de Finanzas”.
Pero Ebrard y Delgado no solo ignoraron a sus colaboradores que actuaron con responsabilidad y ética, sino que les pidieron su renuncia.
El contexto del origen de la tragedia es el siguiente: Ebrard y Delgado viajaron a China, antes de que tomaran posesión del cargo, para negociar la compra del material rodante de la L12 a la compañía Norinco, en un viaje pagado por una empresa socia de los chinos (Adelanta Línea 12 licitación, por Mael Vallejo, La Razón, 20 de julio de 2009).
Los vagones iban a ser financiados por un banco estatal chino. Pero debido a la mala planeación y a los múltiples cambios que se hicieron a la L12, a Ebrard y a su equipo se les vino el tiempo encima, y era urgente tener los vagones para el proyecto. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio, Opinión, p.11)
“No habíamos visto una cosa así. La mesa estaba manchada de sangre. La víctima estaba desmembrada, le había cortado los pies, le había desprendido el cuero cabelludo, los trozos de piel estaban repartidos por toda la casa…”.
Reyna González, de 34 años, fue reportada desaparecida el viernes pasado por su pareja sentimental. “Se quedó de ver con una persona y no volvió”, denunció este.
Así se abrió una nueva historia de horror, de esas a las que es tan aficionada esa sucursal del infierno que es el Estado de México.
El primer indicio lo recogió la policía municipal de Atizapán. Según la versión que circula hasta ahora, municipales acudieron a Margaritas 22, en la colonia Lomas de San Miguel, a donde Reyna había acudido a entrevistarse con Andrés “N”, un hombre solitario de 72 años de edad.
Esa versión extraña indica que los municipales tocaron la puerta de la vecindad en la que vivía Andrés, le explicaron el motivo de su visita, y este los dejó pasar. Los agentes notaron que había manchas de sangre. De acuerdo con las autoridades del Estado de México, se solicitó una orden de cateo para ampliar la búsqueda de la joven. (Héctor De Mauleón, El Universal, Opinión, p.5)