En contra del fallo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucional el fuero que el Congreso local le mantuvo al gobernador de Tamaulipas, un juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, otorgó ayer una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República, en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. El mismo juez que hace unos días había rechazado la misma orden, ayer decidió otorgarla, con lo que el juzgador y la propia Fiscalía federal ignoran e invalidan los argumentos de constitucionalidad que emitió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al desechar la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, y asegurar que el mandatario aún conservaba fuero y no podía ser detenido hasta que concluya su encargo porque así lo decidió, por facultad del artículo 111 de la Constitución, el Congreso local.
Hasta anoche la noticia de la orden de aprehensión girada por el juez federal ubicado en el Centro Penitenciario Federal de Almoloya de Juárez, no había sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General de la República, por lo cual en Tamaulipas el gobierno estatal y el Congreso local guardaban silencio y no habían fijado una posición en espera de que se oficializara la información. En contraparte, funcionarios del gabinete federal, como Santiago Nieto, titular de la UIF validaban la orden de aprehensión al emitir un “congelamiento de cuentas” en contra de Francisco García Cabeza de Vaca y de otras 12 personas y 22 empresas, todas ellas de familiares, hermanos, esposa, cuñado y suegro del gobernador de Tamaulipas. Junto a Nieto salió también la Secretaría de Gobernación, que encabeza la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, a emitir una “Alerta Migratoria” a través del Instituto Nacional de Migración para que no se permita la salida de Cabeza de Vaca.
Y mientras en el gobierno federal daban por válida la orden de aprehensión del juez Zeferín Hernández y sostenían que no había violación constitucional alguna ni desconocimiento de la Corte, bajo el argumento de que “los argumentos del ministro Juan Luis González Alcántara no tienen ningún efecto jurídico ni constitucional y no son obligatorios para nadie”, el grupo de senadores del PAN, junto con el Comité Estatal de ese partido de Tamaulipas, denunciaron en comunicados y redes sociales que al emitir una orden de aprehensión en contra de un gobernador que aún tenía fuero constitucional, no sólo se desconoce el fallo del ministro González Alcántara, sino que “se produce un rompimiento del orden constitucional y se pone en riesgo el Pacto Federal” en la República.
En contraparte, del lado de Morena había casi una celebración de la decisión que tomó el juez a contracorriente de la opinión de un ministro de la Corte. Mario Delgado celebró la orden de detención y dijo que “ahora toca a la FGR hacer su trabajo con transparencia e imparcialidad para que no haya impunidad”; el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, se autofelicitó con un mensaje en el que dijo que él siempre tuvo la razón: “Como lo sostuve, la Cámara de Diputados retiró el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión… Queda claro que prevaleció el estado de derecho y que en la 4T nadie está por encima de la ley”. Y el que de plano lo consideró un hecho “insólito” fue el líder de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, quien dijo que la “orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas” se dio en contra del Congreso local que “decidió mantenerlo indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado un sustituto”. Y Monreal deslizó una amenaza velada de desaparecer los poderes en Tamaulipas: “Ante la crisis constitucional en el Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”.
Y en medio de la decisión de anticiparse a un fallo de la Corte sobre la reclamación que metió la FGR contra la decisión del ministro González Alcántara y cuando quedaba claro que la 4T ya tenía toda una estrategia para lanzar todo el aparato contra el gobernador Cabeza de Vaca en cuanto el juez Zeferín Hernández otorgara la orden de detención, anoche en Ciudad Victoria, periodistas locales aseguraban que el mandatario estatal ya se había fugado y que habría cruzado la frontera con Estados Unidos, después de que el martes y ayer miércoles había tenido actividades públicas y giras de trabajo en Reynosa y San Fernando, tras su larga ausencia de 15 días desde que los diputados federales ordenaron su desafuero. La “Alerta Migratoria” que ordenó emitir la secretaria Sánchez Cordero, debió llegar tarde porque anoche mismo Ricardo Monreal afirmaba en Twitter que Cabeza de Vaca “podría estar ya fuera del país y declararse perseguido político”.
Y es que en Ciudad Victoria se aseguraba que el gobernador podría haber anticipado una gira internacional que, según sus voceros, tenía prevista por Estados Unidos y Canadá “para promover inversiones”. Si Cabeza de Vaca logró cruzar la frontera antes de que se emitiera la orden de aprehensión, seguro pudo hacerlo por su pasaporte de Estados Unidos y en su condición de binacional. Así que ahora veremos si, mientras los jueces le tiran a los ministros —como los patos a las escopetas— y en la 4T sostienen una interpretación que desconoce la argumentación constitucional de un ministro de la Suprema Corte, mientras en Tamaulipas hablan de rompimiento constitucional y del Pacto Federal, ahora el fiscal Gertz Manero es capaz de ubicar y detener al “prófugo de la justicia” Francisco García Cabeza de Vaca.
Hoy en medio de este espinoso asunto y de saber si de plano el presidente López Obrador y su 4T ya decidieron brincarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hacer su propia interpretación de la Constitución por encima de los ministros, nos surgen dos preguntas: la primera, ¿será que piden la detención y extradición al gobierno de Joe Biden? Y la segunda, ¿qué van a hacer los poderes estatales en Tamaulipas y cómo reaccionarán otros gobernadores de la Alianza Federalista que apoyaron a Cabeza de Vaca?
NOTAS INDISCRETAS…
Las advertencias ayer en Twitter de Ricardo Monreal, de que “el Senado va a actuar” en Tamaulipas ante un presunto rompimiento constitucional del Congreso local, van tan en serio que por un lado se dice que el coordinador de Morena ya tiene lista una “Declaración de Desaparición de Poderes” en la entidad tamaulipeca si los diputados locales no proceden en las próximas horas a nombrar a un gobernador sustituto, pero además, hoy podría conocerse también una “solicitud de desafuero” que presentaría la mayoría de Morena en contra del senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador y miembro de la bancada panista. Monreal pediría, a través de su bancada, iniciar un juicio de procedencia para eliminarle el fuero al senador del PAN, que también está acusado de los mismos delitos que su hermano por la UIF.
Así que, en su ya conocida guerra política con Cabeza de Vaca, el senador Monreal va con todo y aplicará la lógica del vencedor contra el vencido… Y como si no fuera suficiente con la orden de aprehensión y los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de la defraudación fiscal equiparada que le imputan al gobernador de Tamaulipas y a 12 miembros de su familia directa, ahora también a Cabeza de Vaca lo acusan de haber utilizado “paraísos fiscales” de Europa y el Caribe para esconder dólares de origen ilícito. La denuncia la hizo el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán en una reciente ampliación de su denuncia contra el mandatario tamaulipeco. Los datos que aportó Rojas a la FGR tienen que ver con 12 ranchos que presuntamente fueron adquiridos por García Cabeza de Vaca a través de testaferros, familiares y empresas fantasma.
“En la primera denuncia acreditamos una fortuna inmobiliaria cercana a los mil millones de pesos y hoy estamos entregando a la Fiscalía General de la República y a la UIF los nombres de los ranchos que tiene a través de testaferros, familiares y empresas que con toda la intencionalidad de poseer una fortuna por demás ilícita que comprende ranchos que ha adquirido a través de empresas fantasma, a través de prestanombres, a través de familiares”, según el consejero de Morena. Se trata de los ranchos en Soto La Marina, Tamaulipas: Los Ébanos, Los Pericos, La Manzana, El Gavilán, Los Gatos, Las Mulas, El Colmenar, El Rincón, La Leona, El Mirador, La Ponderosa y San Patricio, que suman 9 mil 950 hectáreas y un monto de 895 millones 500 mil pesos.
“Tomando en cuenta la suma total de los ranchos y tierras, así como ganado, caballos, menaje de casas, arte, etc. (a valor comercial), que forman parte de las posesiones tanto de la familia como del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se tiene que en conjunto alcanzan una cifra aproximada de $2,699,000,000.00 (dos mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos 00/100 M.N)”, señala el documento. También se indica que el gobernador se adueñó de 4 mil hectáreas en los terrenos de la Presa Vicente Guerrero, y de varios campos turísticos, entre ellos la Hacienda Las Palmas, en Tamaulipas, en complicidad con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, mediante una empresa, propiedad del gobernador y sus hermanos Ismael y José Manual, denominada Grupo Corporativo DOVIMA, S.A. de C.V. Y en la administración de esos ranchos se menciona al actual alcalde de Tampico, Jesús Nader, compadre del gobernador Cabeza, como uno de los “prestanombres y testaferros” que alude Alejandro Rojas en su denuncia penal…
En Chiapas, las autoridades electorales traen en la mira el caso de Maritoña Calderón Mérida, candidata a diputada federal por el distrito 13 de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD), quien está buscando obtener la protección del fuero porque a sus hermanos se les sigue por una causa penal por los delitos de asociación delictuosa y delincuencia organizada, y una vez sentada en una curul en San Lázaro contar con el poder político necesario para que las autoridades del Poder Judicial cierren de forma definitiva los expedientes de sus 2 hermanos.
Así como también desaparecer sus propios expedientes, de delitos del orden federal, entre los que se encuentran antecedentes de operaciones de alta corrupción, venta de facturas y lavado de dinero. Y es que Moisés Calderón Mérida, hermano de Maritoña, cuenta con dos causas penales por violación cometido en Tapachula, Chiapas, en 2013 y otra por el mismo delito en 2016 en el Municipio de Villaflores; el otro hermano es Rudy Vander Calderón Mérida, contra quien se cumplimentó una orden de aprehensión por la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de secuestro en Tuxtla Gutiérrez, en 2016.
A “La Toña”, como conocen en Chiapas a la candidata aliancista, sus críticos la definen como una mercenaria de la salud, haciendo negocios con Saraín Osorio (alias el Picudo) antiguo líder “moral”-político del PRD y de la exdiputada perredista Alejandra Soriano Ruiz, ambos cercanos al ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, con quienes operó negocios de todo tipo, desde compra-venta de papelería y útiles, contratos del ramo de la construcción, obras públicas cobradas y pagadas pero que nunca se realizaron, hasta venta de facturas y servicios ilegales de outsourcing, entre otros.
Queda claro que en estas elecciones a todos los partidos y en este caso particular a la alianza “Va por México” también se les colaron varias “fichitas”… Los dados mandan Escalera doble. Subida total. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.8)
La orden de aprehensión librada ayer en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, es una alerta que no podemos ignorar. El juez federal que la libró estaba obligado a respetar el resolutivo del ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara que, sin prejuzgar sobre inocencia o culpabilidad, mantenía el fuero del gobernador hasta el término de su encargo, en 2022. No lo hizo. Está en falta, según fuentes de la Corte. ¿Lo presionaron? Es pregunta.
La 4T nos manda con ello una señal de que las leyes y la Constitución no son obstáculo cuando se trata de hacer realidad los propósitos del autócrata de Palacio. Tenían prisa para organizar su circo. El recurso de reclamación interpuesto por la FGR ante la Corte —por el resolutivo del ministro González Alcántara— ni siquiera se ha resuelto.
“La orden de aprehensión está fuera de sitio. Es electoral el tema”, nos dijeron ayer en la SCJN. Las fuentes del máximo tribunal nos hicieron notar que hay un delito contra la administración de justicia. Nos remitieron al artículo 225 del Código Penal Federal, fracción XIX, que prohíbe abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley.
Los oficialistas dirán que la Cámara de Diputados ya le había retirado la inmunidad. Pero el artículo 111, fracción quinta, de la Constitución, le deja la última palabra al Congreso local, que le mantuvo el fuero. La Asociación de Gobernadores del PAN señaló que ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. “Las mayorías no deben usarse bajo tentación autoritaria de hacer leyes o trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la SCJN”, puntualizó.
A la Fiscalía de Obrador —no se le puede llamar autónoma— le valió gorro la Constitución, la Corte, la resolución de González Alcántara. Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sus cuentas ya fueron congeladas por la UIF. El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ya emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.
“Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar, informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y de salida de la persona mencionada”, precisa un comunicado de la Segob. Antes de que se librara la orden de aprehensión, enfurecidos morenos amenazaron, en la tribuna de la Permanente, con abrir juicio político contra González Alcántara. ¿Su falta? Apegarse a la Constitución y las leyes.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, puso el siguiente tuit sobre la “insólita” orden de aprehensión: “Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”, escribió. En otro mensaje, especuló que Cabeza de Vaca podría haber salido del país para declararse perseguido político. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
En política no hay casualidades, y cuando se trata de un presidente de Estados Unidos del perfil de Joe Biden, menos.
Lo digo porque la Casa Blanca anunció desde hace 20 días la visita a México de la poderosa vicepresidenta Kamala Harris, el 7 y 8 de junio, al día siguiente de la mayor elección que se haya celebrado en México y en medio del inevitable conflicto poselectoral encabezado por el presidente López Obrador.
Una señal de lo que viene ha sido su embestida cotidiana durante semanas contra el INE y el Tribunal Electoral.
En el caso del instituto, se ha ido en lo personal contra su presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, a los que ha señalado como enemigos de la democracia y principal obstáculo para alcanzarla. En lo que toca al tribunal, ha generalizado su descalificación contra sus magistrados.
¿Qué busca el Presidente con esta estrategia de debilitamiento?
Sencillo, desacreditarlos para que pueda denunciar el fraude electoral en los resultados que no le favorezcan y prevalecer sobre la debilitada autoridad electoral.
Y entonces vamos a ver un gobierno legal y a la vez como aquel legítimo de 2006 que denuncie el fraude electoral.
Ese, el fraude, será el conflicto a partir del 7 de junio en medio del cual llegará la vicepresidenta de Estados Unidos, que quedará atrapada en él: si se pronuncia, será intervencionista para López Obrador; si calla, cómplice para la oposición.
Arriesgado papel para la Casa Blanca cuando, además, el Presidente ha acusado reiteradamente al gobierno de Joe Biden de financiar a sus opositores políticos.
Kamala siempre podrá aplazar la visita. Porque viene en ese escenario, mal, y si pospone, peor. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p. 3)
García Cabeza de Vaca arrastra al PAN // Turno de diputados tamaulipecos // ¿Riesgo de desaparecer poderes?// Financiamiento a campañas
El libramiento de la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca se mueve desde ya en dos planos: el político y el judicial.
En el primero, forma parte de la batalla, no solo electoral, entre Palacio Nacional-Morena y la coalición partidista adversa, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. El morenismo de inmediato se ha asido a la interpretación de que se está frente a un acto de justicia, que muestra que no hay más impunidad. Los opositores, a su vez, aceran el discurso relacionado con autoritarismo e incluso dictadura.
En lo jurídico, se está en presencia de dos resoluciones que no necesariamente son contradictorias, aunque se requiere la precisión del Poder Judicial: por una parte, un magistrado de la Corte mantuvo el fuero estatal para el gobernador en cuestión, advirtiendo que, terminando el periodo gubernamental del mandatario en turno, podrá proceder la acción judicial federal, y, por otra, un juez ha autorizado a la Fiscalía General de la República apresar al panista gobernante; ha de entenderse que siempre y cuando esté fuera de Tamaulipas, donde seguiría teniendo fuero estatal.
En lo inmediato, el anuncio de la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca ha llevado a cuando menos dos especulaciones: una, respecto a la ubicación física del gobernador, entre versiones insistentes, pero no comprobadas a la hora de teclear la presente entrega, de que habría huido, supuestamente al extranjero (en días pasados había anunciado que haría una gira por Estados Unidos y Canadá).
La otra especulación se refiere a la postura que sostendrán los otros poderes tamaulipecos, en especial el Legislativo, con mayoría panista, que podría mantener a García Cabeza de Vaca en el cargo aunque sea a distancia o en términos excepcionales. El jefe político del Senado, Ricardo Monreal, advirtió ayer de esta posibilidad y, además de señalar al Congreso estatal de haber actuado indebidamente, señaló que ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe. ¿Cómo podría actuar el Senado? ¿Determinando una desaparición de poderes en Tamaulipas?
Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, anunció que se ha pedido a bancos que bloqueen cuentas relacionadas con García Cabeza de Vaca: doce personas físicas y 25 jurídicas serían las afectadas por esta medida, en las que se incluyen a esposa, hermanos y padres del panista. Recuérdese que la orden de aprehensión conseguida ayer por la Fiscalía General de la República se funda en acusaciones sobre presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y actividades consideradas propias de la delincuencia organizada. Algo más: la UIF indaga si desde cuentas particulares relacionadas con García Cabeza de Vaca o desde la administración de Tamaulipas se han financiado tareas electorales.
A reserva de los senderos políticos y judiciales por los que fluya el caso, tendrá impacto electoral. Los indicios disponibles muestran un enorme enriquecimiento inexplicable del gobernador de Tamaulipas, su familia y sus cercanos. La corrupción en el ejercicio del poder público se ha convertido en un baldón para muchos panistas pragmáticos, metidos en moches y otras formas de delincuencia política.
Ahora, el Partido Acción Nacional ha cometido el error, casi insalvable, de profesar lealtad a uno de sus cuadros relevantes, sin reparar en que la corrupción y delictividad señalada en García Cabeza de Vaca terminará embarrando a los mandos partidistas retóricamente defensores, al partido blanquiazul en general y a sus propuestas de salvación nacional en alianza con otros ejemplares del catálogo oscuro: los priistas y los perredistas. ¡Hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a los chinos por los maltratos a migrantes hace un siglo, puso a México en una creciente polémica en Estados Unidos. Y es una discusión sobre la que el gobierno mexicano debe mantener una cuidadosa atención.
La relación entre EU y China está determinada por una competencia política, económica y geopolítica que es definida frecuentemente como una nueva Guerra Fría. Y como en esos tiempos, se trata de una cuestión de “ellos” y “nosotros”.
Las expresiones de preocupación por el activismo internacional chino, especialmente en Latinoamérica, han sido parte frecuente de esa consideración.
En ese marco, por ejemplo, el presidente Joe Biden prometió el martes que su país recuperará un liderazgo industrial en el que China ha tomado la cabecera, como la automotriz, y en concreto la construcción de vehículos eléctricos y las baterías que los posibilitan.
China “tiene una escala de fabricación más grande que todos los países. Y la están usando para manufacturar éstas baterías no sólo en China, sino que las están fabricando en Alemania y México. Y ahora están exportando esos vehículos eléctricos a todo el mundo, con la vista puesta en el mercado estadounidense”, comentó Biden.
Y acto seguido, puntualizó: “creen que van a ganar. Bueno, tengo noticias para ellos: no ganarán esta carrera. No podemos dejarlos”.
En ese marco, las expresiones del presidente López Obrador respecto a la masacre contra migrantes chinos por fuerzas maderistas, el 15 de mayo de 1911, en Torreón.
La disculpa es correcta, y la idea de hacerla fue largamente anunciada. Pero la presencia del embajador de China en México, Zhu Qingqiao, y expresiones de agradecimiento por la ayuda china durante la pandemia de COVID-19, causaron algunas olas en Estados Unidos.
El servicio de análisis Geopolitical Futures subrayó que los comentarios de AMLO coincidieron con la reunión sobre disputas comerciales en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
“No es una coincidencia que la disculpa de López Obrador, y especialmente su expresión de gratitud hacia las empresas chinas, ocurriera al mismo tiempo que las conversaciones comerciales con los vecinos del norte de México”, señaló.
De hecho, especuló con la posibilidad de que trate de usar las relaciones con China como una ficha de cambio política en la relación bilateral.
“Queda por ver hasta dónde está dispuesto a llegar México”, se preguntó. “Existe una delgada línea entre crear influencia con EU y provocar una reacción violenta estadounidense”, advirtió.
El problema es que en el caso de EU no sólo hay una predisposición a la paranoia, sino que debido a la crisis migratoria en la frontera común hay también un rejuego político en el que, a querer o no, México está involucrado, sin olvidar las quejas de grupos laborales y empresariales por comercio e inversión.
En otras palabras, algo que merece cuidado. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Opinión, p.25)
Se armó la gorda
Su periódico Milenio le dio la primera plana a una nota de Jannet López y Pedro Domínguez: “Explota Gertz ante la Corte por ‘intromisión’ en sus facultades”. Esta es parte la nota: “El ministro Juan Luis González Alcántara incurrió en ‘intromisión de facultades del Ministerio Público Federal’ en su resolución en el desafuero al gobernador Cabeza de Vaca”. Pleitazo. Y de pronto, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca quien es buscado por la Fiscalía General de la República.
Gil se vuelve loco, pues la orden de aprehensión y la alerta migratoria se giraron pese a la confusión acerca de si Cabeza de Vaca aún conserva fuero constitucional y por tanto inmunidad procesal. ¿Qué nos está pasando Laureano? El pleito es muy serio. Se los dice Gil, que hoy viene en plan de adivino. (Gil Gamés, Milenio, Opinión, p.31)
Voto migrante, competido
Será en estas dos semanas cuando termine la votación de los migrantes que viven en el extranjero y las boletas comenzarán a regresar al país para ser cuantificadas el próximo 6 de junio. Entre los puestos de elección que se van a competir en este proceso está, por primera vez, la diputación migrante en la Ciudad de México, algunos ya tienen favoritos pero, como sucede en muchos casos, cada candidato gritará: ‘Yo gané, paisanos’. ¿Será? (24 Horas, Opinión, p.2)