La evolución enredosa, del caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sus complejos meandros entre lo jurídico, lo político y lo propagandístico, nos ponen de frente a una realidad en muchos momentos incomprensible, cuyo elemento común es la manipulación.
Manipula el gobernador atacado, el origen de sus enormes riquezas; fabrica el gobierno cargos por encima de los posibles y potencialmente verdaderos; la disputa política por motivos de seguridad, federalismo, concurrencia de autoridades, poderes en conflicto en el reparto de las participaciones presupuestales, dominios territoriales y demás, pero también manipula el gobierno sobre la legitimidad de su reciente discurso: el combate a la corrupción.
Todo en el nombre del cumplimiento de una promesa de campaña, a un tiempo oferta y definición: combatir la corrupción, el verdadero cáncer de México, la real epidemia sobre nuestra tierra; mal endémico cuya erradicación es posible, sólo con el ejemplo (Pío no cuenta) y la repetición del mantra.
Todos los días habla San Jorge del dragón por matar y uno se pregunta, ¿sería algo San Jorge sin ese horrible monstruo? ¿Contra quién pelearía, de qué nos querría convencer entonces?
Muchos dudaban del criterio del ministro González Alcántara, propuesto para el cargo por el propio presidente de la República a quien se consideraba su patrono político, pero cuando el togado actuó de manera distinta al interés ejecutivo, las cosas se resolvieron por encima de cualquier consideración o tacto: a empellones.
El gobernador ha dicho: la decisión presidencial (de actuar en su contra sea como sea), violenta la decisión de un congreso soberano y desoye una determinación de la Corte.
“Se usa la justicia (si es así deja de ser justicia), para perseguir y amedrentar a los opositores y ciudadanos críticos del gobierno y su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive”, ha dicho el perseguido a quien cercan la Unidad de Inteligencia Financiera, con toda su parentela y asociados; la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección de Aduanas, la Guardia Nacional, la Interpol y sus fichas rojas; los agentes de toda corporación en general y hasta el Espíritu Santo, el FBI y la policía china. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
“Los estadounidenses están cada vez más preocupados por la situación en la frontera y la cantidad de migrantes que llegan, pero al mismo tiempo, muchos todavía están a favor de reformar el sistema”, dijo Mallory Newall, director de investigación de la empresa encuestadora Ipsos, al comentar resultados de un reciente muestreo para la Cadena de Radio Pública Nacional (NPR).
La declaración refleja, en buena medida, la actual percepción del tema migratorio en Estados Unidos, constituido ya en un problema político para el gobierno del presidente Joe Biden.
El respaldo es general, pero evidentemente el mayor apoyo para una solución se encuentra entre demócratas y votantes de Biden, y aunque también mayoritario, más calificado entre republicanos. Pero está por verse si esa opinión será suficiente para resolver tanto la situación de los alrededor de 11 millones de residentes indocumentados como el problema de los migrantes que llegan a la frontera mexicana para tratar de obtener ingreso a EU.
De hecho, bien puede decirse que en términos generales la idea de resolver el problema migratorio es popular. Se encuentra en cuanto llega a específicos, y es lo que por años han explotado, los adversarios de una solución que desde su punto de vista representaría un premio a violadores de la ley.
Pero con el tema migratorio en el centro del debate político, es difícil que un polarizado Congreso tenga voluntad para resolver un problema que lleva décadas.
El pretexto inmediato es la situación de la frontera con México, que según los adversarios de una reforma migratoria, se encuentra fuera de control y, de acuerdo con grupos promigrantes se encuentra en un estado de confusión.
Las autoridades estadounidenses detuvieron en abril a más de 178 mil migrantes en la frontera; más de 35 mil niños indocumentados no acompañados en marzo y abril.
Para el Centro de Estudios sobre Migración, un centro de análisis definido como opuesto a una política migratoria liberal, “la crisis fronteriza continúa, con el número total de inmigrantes ilegales encontrados en la frontera, en abril, en un máximo de 21 años para ese mes, aunque sólo un tres por ciento más que en marzo”.
Para complicar más las cosas, según ese mismo análisis, las familias procedentes de países que no son los “habituales”, como México, Guatemala, Honduras o El Salvador constituyeron 30 por ciento de todas las familias de inmigrantes ilegales detenidas en abril, 34 por ciento más que el mes anterior.
En otras palabras, a pesar de un empuje importante en los primeros meses del gobierno Biden y de su actual popularidad, las posibilidades de una reforma migratoria son menores de los que se desearía.
Y menos si como es el caso, se encuentra en medio de un debate político en el que al menos una de las partes, los republicanos, rechaza la mera posibilidad de facilitar el avance de la agenda de Biden. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Opinión, p.25)
El Presidente tiene prisa. Está desesperado. Las encuestas marcan que su popularidad cae y la elección que viene no será el paseo por las nubes que esperaba. Por eso ya no cuida las formas. No espera a que el Poder Judicial determine si el gobernador de Tamaulipas es culpable de todo lo que se le acusa. No espera a que se resuelva el debate jurídico sobre si tiene o no fuero. Le urge, aunque lo pesquen en flagrancia.
AMLO no tiene tiempo, y está dispuesto a usar al límite —e incluso más allá— el poder del Estado para lograr sus objetivos políticos.
El director de orquesta mueve la batuta y todos los músicos tocan la partitura: en cuestión de horas, la Fiscalía pidió una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, un juez la otorgó, la UIF le congeló las cuentas, Migración emitió una alerta de viaje, el líder morenista en la Cámara de Diputados acusó de desacato al Congreso de Tamaulipas, el del Senado coqueteó con la desaparición de poderes, y cuando toda la orquesta tocaba a gusto, el director volteó con la prensa, puso cara de demócrata y dijo: “yo no fui”.
Hoy López Obrador representa todo aquello que prometió erradicar.
Esta no es la lucha anticorrupción que prometió, este es López Obrador al timón de la estrategia electoral de su partido. Por eso no se detiene ante sutilezas jurídicas y echa mano de todos los instrumentos de poder a su alcance.
El Presidente lo confesó: tiene las manos metidas en la elección. La mañanera es un acto de campaña, la Fiscalía es un brazo político de Morena y el presidente es el líder del partido. Critica a sus adversarios, impulsa a sus candidatos, defiende a sus correligionarios, ataca a la autoridad electoral. Denuncia intenciones golpistas de Estados Unidos a través de ONG mexicanas que denuncian actos de corrupción, y los acusa de ser un partido de oposición. Exhibe documentos confidenciales en manos de su gobierno para amedrentar a periodistas e investigadores que publican lo que no le gusta. Ignora los posibles delitos que cometen los morenistas pero pone todo su empeño en perseguir los posibles delitos que involucran a opositores. Configura escenarios de posible anulación de elecciones. Y se muestra dispuesto a incendiar la casa antes de aceptar una derrota.
Lo hizo siempre como opositor. Pero al hacerlo como presidente de México juega con fuego. Y la máscara de demócrata se le cae a pedazos. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.2)
Ni yo ni usted que hoy me lee sabemos hoy si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es culpable de todo lo que lo acusan.
He de decir que los gobernadores de ese estado no tienen buena reputación, porque hace mucho que Tamaulipas está tomado por la delincuencia de todo tipo. Su cercanía a EU lo han hecho el lugar favorito para traficantes de personas, mercancías y drogas más lo que se acumule.
Dos de los tres gobernadores anteriores al hoy perseguido están perseguidos por la justicia, y el tercero llegó ahí porque mataron a su hermano. Ahí nacieron los Zetas, en San Fernando sucedió la masacre de los 72 migrantes, Reynosa… pues es Reynosa. Pero del otro lado tenemos a quienes supuestamente están ahí para que haya justicia, para perseguir delitos.
El nuevo método de investigación y persecución de los delitos son las filtraciones. Llevamos meses leyendo expedientes y declaraciones completas sobre cualquier cantidad de casos que ayudan políticamente al gobierno en turno, pero aún no logramos ni media sentencia, por ejemplo, en el caso Odebrecht o la estafa maestra. Si alguien hay en prisión es por esta pasión de la Fiscalía y el gobierno por la prisión preventiva y por hacer de todo caso de corrupción uno de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que implican prisión oficiosa. Pero sentenciados…no se ven muchos.
Tenemos un director de Inteligencia Financiera con cuenta de Twitter… algo no combina en lo que acabo de escribir. Y en la mañanera se exhiben las cartas que el gobierno de EU le manda al Presidente. Y un juez que gira una orden de aprehensión después de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia dijo que pues no se podía, o eso creen la mayoría de los que saben, porque también tenemos un ministro de la Suprema Corte para que le entendieran solo aquellos que han cursado el doctorado de derecho.
Y luego llega un líder del Senado que ya entrado en gastos pues insinuó que hay que mejor desaparecer todos los poderes del Estado y luego dijo que él, la verdad, prefería un acuerdo político para que minutos después las fuerzas políticas que no son las de ese líder del Senado le dijeran que no, que nada.
El show a todo lo que da. Sospecho, estimado lector, que nunca sabremos qué hizo y qué no hizo el gobernador García Cabeza de Vaca. Como desde hace tanto tiempo no sabemos tantas cosas cuando las toca el aparato de justicia en este país. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el miércoles una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y seis personas más que habrían participado con el funcionario en una red de lavado de dinero. Horas más tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó que ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de mandatario estatal, así como de 12 personas físicas y 25 morales de su entorno, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a fin de que su personal en los 194 puntos de internación al país verifique e informe a la FGR sobre los movimientos de ingreso y salida en territorio nacional del jefe del Ejecutivo estatal. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un oficio en el cual el gobierno de Estados Unidos incluye al político tamaulipeco en una lista de personas investigadas por lavado de dinero, y la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las autoridades mexicanas solicitaron a la Interpol la emisión de una ficha roja para la búsqueda y captura internacional del gobernador panista.
De acuerdo con el abogado de García Cabeza de Vaca, el ex senador y ex secretario del Trabajo durante el calderonato, Javier Lozano Alarcón, el mandatario se encuentra en la sede del gobierno estatal en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Si dicha versión es cierta, la acción de la justicia federal podría implicar una indeseable confrontación con las fuerzas policiacas de la entidad, sabidamente cooptadas por la delincuencia, como lo está buena parte de las instituciones de esa entidad fronteriza donde la podredumbre se generalizó a tal grado que dos de los pasados cuatro gobernadores se encuentran encarcelados –uno en Estados Unidos y el otro en México, en espera de ser extraditado–. Ante tal impasse, generado por la complicidad del Congreso local con el gobernador y el empeño en conservarle el fuero, pese a las múltiples evidencias en su contra, se prefigura el camino de la desaparición de poderes, un trámite que debe procesarse en el Senado.
Es en todo punto lamentable que las dirigencias local y federal del PAN cierren filas en torno a un correligionario sobre el que pesan acusaciones graves de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El despliegue de recursos para evitar que el aún gobernador tamaulipeco comparezca ante los tribunales constituye una flagrante obstrucción a la justicia que robustece la sospecha de culpabilidad, vulnera el estado de derecho y fomenta un enrarecimiento político que no tiene razón de ser en un proceso de esclarecimiento judicial de presuntos ilícitos. Si desea rencauzar la institucionalidad y despejar las sospechas levantadas por su enriquecimiento hasta ahora inexplicado, García Cabeza de Vaca debe dejar de atrincherarse, deponer su desafío a la justicia y establecer su inocencia ante las instancias judiciales correspondientes. (La Jornada, Editorial, p.2)
La migración en Centroamérica, y particularmente en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), se ha convertido en una necesidad de supervivencia. Esto como resultado de políticas públicas fallidas tanto del lado estadounidense como en la propia región. Las naciones centroamericanas enfrentan problemas sociales, políticos y económicos desde su independencia proclamada en 1821. A meses del bicentenario de independencia y después de un año de pandemia y una de las peores temporadas de huracanes, la desigualdad, las vulnerabilidades institucionales y la corrupción endémica siguen obstaculizado el crecimiento inclusivo, deteriorando el Estado de derecho.
La administración Biden ha anunciado la asignación de US4 billones de dólares que se desembolsarían en el plazo de cuatro años a los tres países para abordar las “causas de raíz” de la emigración. Eso es aproximadamente el doble de la cantidad de recursos desembolsados por la administración Trump que, en los últimos años de su período, cortó la ayuda para castigar a los países por no tomar medidas enérgicas para reducir los flujos migratorios. Estados Unidos siempre ha sido el socio comercial por excelencia en la región, y su influencia tiene más peso que el de cualquier otro actor de la comunidad internacional. La actual administración parece entender la importancia de contar con estabilidad y crecimiento a largo plazo en Centroamérica, y esto solamente se puede alcanzar responsabilizando a los líderes de la región por el bienestar de sus ciudadanos, en medio de calamidades de salud pública y catástrofes ambientales. La política de Trump hacia Centroamérica fue cruel, pero, sabiamente, Biden quiere y debe revertirlo.
Los recursos monetarios por sí solos no podrán construir democracias viables en la región. Basta con ver la deriva autoritaria de Nicaragua y una situación similar en Honduras y El Salvador. Estos países necesitan sistemas de educación, vivienda y salud que funcionen. Necesitan estructuras económicas inclusivas que consideren el cambio climático como un eje transversal a la hora de atraer inversión extranjera. Y necesitan sistemas de seguridad social y otras estrategias de prevención del delito que permitan a las personas vivir sin miedo.
En otras partes del mundo, estos migrantes serían llamados refugiados, porque en lugar de elegir embarcar en un viaje atraídos por mejores oportunidades en el norte, huyen empujados por condiciones debilitantes en sus países de origen. La estrategia propuesta por la administración Biden-Harris debe abordar estos factores y en particular la corrupción. Una alianza holística con Centroamérica, no solamente con el Triángulo Norte, que vaya más allá de la dotación de recursos en la forma de dinero o asistencia técnica, que incluya una inversión sostenida y sistemática, rendirá frutos en los próximos años. Sin una estrategia articulada e integral liderada por Estados Unidos, la región se hundirá aún más en la desesperanza, desperdiciando la oportunidad de invertir en la fuerza laboral joven de estas naciones, sobre todo ya que esta ventana demográfica se está cerrando rápidamente. La administración de Biden tendrá que apoyar reformas estructurales como parte de una recuperación post-pandémica y una reconstrucción después del azote de los huracanes Eta y Iota.
Centroamérica se encuentra en una encrucijada: los desafíos son vastos y complejos, más no insuperables. Los factores que hacen que tantos huyan, no desaparecerán de la noche a la mañana, y para afrontar la crisis en la frontera de Estados Unidos, se requiere que los responsables de la formulación de políticas la aborden de una manera diferente. Una estrategia que mejore la gobernanza, castigue la corrupción y promueva la creación de oportunidades económicas inclusivas es esencial para que las y los centroamericanos puedan vivir las vidas decentes y dignas que se merecen. (Gina KawasGina Kawas, El Economista, Opinión, p.41)