El desayuno de los ministros de la Corte con el Presidente
La mañana de ayer subió como espuma en los medios una visita relevante a Palacio Nacional. Se vio salir en una camioneta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar. Se dijo que don Arturo había ido a reunirse con el consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Sin embargo, aquí le comentamos la historia completa. La visita a Palacio, nos confirman, fue una invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a desayunar. Y no fue únicamente del ministro Zaldívar, sino que también estuvieron invitados la ministra Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara. Aunque no se pudieron conocer los temas de los que se hablaron, ni qué desayunaron, es posible que sobre la mesa haya habido algunos de los platos preferidos del Presidente de la República: manea, tamal de chipilín, frijol pelón, chilaquiles, queques, guajolotas, puntal y pan. Y tampoco se sabe si en la sobremesa se habló de algunos de los temas candentes sobre los que tiene que resolver el Poder Judicial, como el del caso de gobernador de Tamaulipas, los amparos a la ley energética o la ampliación del mandato del presidente de la Corte.
¿A Morena les queda chico Mancera y quieren a Ebrard?
Nos cuentan que esta semana tampoco se dio la presentación de un juicio político contra el exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de parte de diputados del PT. Nos cuentan que, a pesar de que presentaron una denuncia penal ante autoridades capitalinas en contra del actual coordinador del PRD en el Senado, y de que anunciaron que presentaría un juicio político en su contra por el accidente en el Línea-12 del Metro, aún no se deciden hacerlo. Nos cuentan que primero, horas después del desplome del tren en la Línea-12, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, se sintió ministerio público o fiscalía, y anunció que solicitaría el desafuero de Mancera, pero luego dio marcha atrás y se anunció que todo quedaría en juicio político, pero hasta el momento no ha habido nada. Nos dicen que quizá en Morena, en especial en el sector de los puros, culpar a Mancera de la tragedia no les alcanza, pues ellos buscan ir contra el canciller Marcelo Ebrard para inhabilitarlo para el proceso electoral de 2024. Lo primero es la política, la justicia puede esperar.
Ana Guevara, llega tarde y de malas
Corriendo a toda velocidad y enojada, así llegó ayer a Palacio Nacional la velocista y medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade. Nos detallan que debido a un problema personal, no pudo estar presente en el lanzamiento de los bachilleratos para cursar la carrera de beisbol, box y atletismo que se realizó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, debido a que tenía que firmar el acuerdo de la creación de estas carreras, se presentó a mediodía en Palacio Nacional, pero al tratar de ingresar al recinto, los militantes que resguardan la entrada le informaron que no tenían su nombre en la relación de acceso, por lo que tenía que esperar. Nos hacen ver que un hombre que buscaba que alguien del gobierno lo ayudara en un problema con un terreno, gritó varias veces su nombre, sin embargo debido a su molestia por estar esperando bajo los rayos del sol, la campeona mundial no le hizo caso. Tras varios minutos, la titular de la Conade pudo acceder a Palacio no sin antes dejar de manifiesto su malestar y dejando al hombre gritando por su ayuda. Seguro esta llegada tardía será una de las más dolorosas en la carrera de la deportista.
El otro desafuero avanza
Mientras los reflectores están en Tamaulipas con la orden de aprehensión del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la Cámara de Diputados afinan los últimos detalles para ir por el desafuero del exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. Nos hacen saber que la Sección Instructora está por cerrar el periodo de alegatos del caso, y sus integrantes sesionarán el martes 25 de mayo para emitir un dictamen. Toledo es investigado por la Fiscalía capitalina por el delito de enriquecimiento ilícito, y su proceso de desafuero inició en enero. Se espera, nos comentan, que la resolución de la Sección sea en sentido positivo por lo que la Comisión Permanente deberá instalarse como jurado de precedencia en un periodo extraordinario (El Universal, Opinión, p.2)
Que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados no quita el dedo del renglón en su exigencia de citar a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, para que explique por qué esa institución dio un vuelco y decidió defender a los victimarios y no a las víctimas, como a juicio de legisladoras como Frida Esparza ocurre en el caso Notimex, en el que la ombudsperson pidió activar el mecanismo de protección para periodistas en beneficio de la directora Sanjuana Martínez, por supuestas agresiones en su contra… cuando es ella la señalada en múltiples denuncias por amenazas, acoso y terrorismo laboral, con un saldo de 240 despidos.
Que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, fue excluida de la conferencia mañanera durante el anuncio de los nuevos bachilleratos deportivos y fue hasta el mediodía cuando la velocista pudo entrar a Palacio Nacional a firmar el convenio para ese proyecto educativo, en el que está involucrada la comisión que encabeza, por lo que una de las lecturas dentro la 4T es que la medallista olímpica ya está lejos de los afectos presidenciales.
Que en la cada vez más cerrada contienda por la alcaldía de Tlalpan, en Ciudad de México, todo parece indicar que la candidata de Morena, Gabriela Osorio, tiene como único discurso de campaña disparar fuego amigo contra la actual administración, encabezada por Patricia Aceves, fundadora de ese partido y ex rectora de la UAM, cuando se esperaba que la batalla fuera contra Alfa González, aspirante de Va por México que se le está emparejando en las preferencias. ¿Ya andará buscando chivo expiatorio ante un eventual resultado adverso? (Milenio, Opinión, p.2)
COMO si los estragos de la pandemia y la falta de apoyos gubernamentales no hubieran sido suficientes, los proveedores de la nueva Conasupo, que ahora se llama Segalmex y que dirige Ignacio Ovalle, están metidos en un problemón adicional.
CUENTAN que desde junio del año pasado ese organismo gubernamental acumula un retraso en los pagos por 3 mil millones de pesos de servicios ya ejecutados y ni siquiera ha explicado las razones de ese retraso que ya va para un año.
PARECE increíble que la institución que trajo de regreso al campo mexicano los famosos “precios de garantía” se haya olvidado de la importancia de la garantía en los pagos.
FALTANDO 16 días para las elecciones, en los pasillos de Palacio Nacional se comenta insistentemente que después de los comicios vendrán cambios y ajustes en el primer círculo presidencial.
POR UN LADO, se espera la reincorporación de ex funcionarios que después de fracasar en la búsqueda de un cargo de elección popular regresarán a los puestos que tenían antes, como el ex procurador federal del Consumidor Ricardo Sheffield, cuya campaña por la alcaldía de León nomás no levanta.
Y POR OTRO, se habla de que algunos mandos de secretarías quienes ya acumulan mucho desgaste podrían ser premiados con un exilio dorado, como el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell de quien dicen, se iría a Argentina como embajador.
QUE NADIE se sorprenda si pronto Sheffield vuelve a las mañaneras a evidenciar a los “angelitos” que venden cara la gasolina o si ven al hoy “Zar Anticovid” paseando sin cubrebocas por Buenos Aires… ¡Che Gatell!
UNA LLUVIA de críticas está cayendo sobre el gobierno federal tras la vacunación de los empleados de Canal Once incluso antes de que se terminen de aplicar las dosis a todos los médicos y profesores, pues, aunque son una televisora que depende del Instituto Politécnico Nacional, sus empleados no caen en la categoría de personal educativo.
¿SERÁ que la urgencia en la vacunación fue para que sus camarógrafos, sonidistas y demás personal técnico pudiera transmitir sin mayores preocupaciones los juegos de la Liga Mexicana de Beisbol, que comenzó ayer su temporada, y así satisfacer el capricho de Ya Saben Quién? Es pregunta que no da base por bolas.
HAN PASADO tres días desde que Andrés Manuel López Obrador citara a Marx en su conferencia mañanera, hecho que ha generado revuelo en redes sociales. Sin embargo, hay quienes aún tienen la duda de si se refería al filósofo Karl… ¡o al comediante Groucho! (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Confianza en México
Siguen las buenas noticias financieras para México: la inversión extranjera en el primer trimestre de 2021 fue de 11 mil 864 millones de dólares, su mayor nivel desde 1999. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, atribuyó el incremento a “la confianza en la economía mexicana y la implementación de T-MEC”. Y prevé que siga aumentando en lo que resta del año.
Ánimos caldeados
En la Comisión Permanente del Congreso hubo gritos y sombrerazos por la propuesta de ir a un periodo extraordinario para desaparecer los poderes en Tamaulipas, tras la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La oposición frenó el intento y el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal llamó a buscar consensos.
AMLO ante el G-20
Cita importante tiene hoy el presidente López Obrador en la cumbre virtual de salud del G-20. Nos adelantan que en la conferencia mañanera fijará la postura de su gobierno sobre la falta de vacunas contra el COVID-19 en países que todavía no arrancan la inmunización. Insistirá, nos dicen, en que se deben liberar la patentes, y se espera que Estados Unidos vaya en la misma línea.
Triunfo cantado
Nos hacen ver que a estas alturas de la campaña ya es difícil revertir la tendencia que favorece al panista Mauricio Kuri rumbo a la gubernatura de Querétaro. En el segundo debate sus contrincantes poco pudieron rebatir a sus propuestas económicas, educativas, sociales y de seguridad para la entidad. Todo indica que su triunfo está más cantado que Las Mañanitas.
Falsifican firmas
De escándalo: la fiscalía de Chihuahua, gobernado por el panista Javier Corral, presentó documentos con presuntas firmas apócrifas para culpar a la candidata del PAN al gobierno estatal, Maru Campos de recibir 9 millones de pesos del erario. Empresarios de la entidad presentaron estudios grafológicos, que concluye que son falsas las rúbricas en 34 recibos. (El Heraldo de México, Opinión, p. 2)
Declinación en Chihuahua
Con la novedad de que llegó la sexta declinación en el actual proceso electoral y fue en el estado de Chihuahua, del candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz Villalobos. “Por el bien de Chihuahua y a nombre de mi equipo me uno a la candidatura del Partido Acción Nacional, de Maru Campos, en favor de su proyecto social”, señaló ayer el médico durante el primer y único debate que sostendrán los abanderados al gobierno de la entidad. La decisión de Díaz Villalobos, nos comentan, ameritó el reclamo de contendientes y del partido que lo postuló, pero se convirtió en uno de los temas relevantes del acalorado intercambio que tuvo lugar anoche. Las declinaciones están tomando un rol relevante en el actual proceso, pues antes ya se presentaron en Michoacán, Tlaxcala, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Y a ver en dónde más.
Así que la elección en Campeche nuevamente se trasladó a escenarios chilangos. Y decimos nuevamente porque esta semana Eliseo Fernández, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de ese estado, se dio una vuelta para criticar las escaleras eléctricas que mandó poner, como alcaldesa de Álvaro Obregón, la candidata de Morena, Layda Sansores. Y el pleito siguió aquí porque ayer Citlalli Hernández, secretaria general del partido guinda, lanzó un misil al emecista que pasó rozando los baluartes. En una publicación en Twitter reveló un audio en el que, acusa, se escucha cómo el candidato “confiesa cuánto va a destinar para la compra y movilización del voto”. Al respecto, el aludido señaló que era un material falso y reciclado de la campaña pasada y lo tachó de guerra sucia. El caso es que la morenista dejó advertido que presentará denuncia.
El que ayer aclaró que no tuvo que desembolsar 300 mil pesos para ser liberado por integrantes de la comunidad de Los Llanos, quienes amenazaban con ahorcarlo, fue el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho. También rechazó haber hecho promesas de campaña a esa comunidad, por cuyo supuesto incumplimiento fue que lo retuvieron por más de nueve horas. Todo parece indicar, nos comentan, que lo que está buscando es ajustar un poco las cosas para poder llevar a cabo una nueva visita al lugar, ya acordada, el próximo 30 de mayo, con la idea de recibir un trato diferente que pueda abonar a su candidatura. Diversos medios de comunicación ya se están apuntando para acompañarlo. Por lo pronto, nos dicen, seguirá muy presente, por el impacto que provocó la imagen en la que se le ve con la soga al cuello.
Luego de que se publicaran diversas informaciones relacionadas con el proceso electoral en el municipio de Valle de Bravo, que dan cuenta de presuntas amenazas recibidas por la candidata de PRI-PAN-PRD, Zudikey Rodríguez, fue la senadora panista Lilly Téllez quien lanzó una advertencia al director general de Aduanas, Horacio Duarte, quien es señalado en ese caso. La legisladora anticipó que pedirá que el funcionario federal acuda a comparecer al Senado por presuntamente utilizar su cargo para intimidar con fines electorales. Por cierto que la candidata, conocida por su participación en el programa Exatlón, apareció en sus redes sociales. “Quiero decirles que estoy bien, que los quiero mucho equipo y que les agradezco mucho su apoyo incondicional”, señaló.
Así que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, se reunió de manera virtual con los representantes de la Misión de la Organización de Estados Americanos para los comicios en México. En el encuentro, según se informó, el funcionario electoral dio cuenta de las acciones que ha realizado el máximo tribunal electoral del país para defender los derechos político-electorales de los ciudadanos. Sin embargo, nos hacen ver que esta reunión se da justo cuando tiene lugar un nuevo conflicto interno en el TEPJF, en el que cinco magistrados le han reclamado al propio Vargas que se pretenda violar su autonomía e independencia con el requerimiento de que revelen el sentido de su voto en los casos que abordan, de manera anticipada. Nos comentan que seguramente ese tema pudo no haber figurado en la conversación con la misión de la OEA y que, en tal caso, aplicaría el dicho aquel que termina con “oscuridad de tu casa”. Uf.
Con la novedad de que un tribunal colegiado abrió la oportunidad para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis Díaz Leal, continúe con el proceso de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México que permitirá la operación simultánea de aeropuertos. Esto ocurrió luego de que en una etapa previa del litigio se concedieran suspensiones provisionales por reclamos de particulares que estaban en contra del ruido que hacen los aviones y que consideraban que eso afectaba sus derechos humanos. El caso es que el tribunal hizo una ponderación y determinó que, en el tema del rediseño, hay inmerso un interés social y, por ende, se debe privilegiar el bien común. (La razón, Opinión, p.2)
Cuando el presidente López Obrador declaró, el 17 de mayo, que “ya la Suprema Corte de Justicia resolvió que no hay fuero constitucional” en el caso del gobernador de Tamaulipas, por lo que “ya es la Fiscalía la que va a actuar”, era fácil atribuir la afirmación a su desconocimiento jurídico. El propio ministro Juan Luis González Alcántara, quien desechó la controversia del Congreso de Tamaulipas, aclaró que el fuero se mantiene, aunque “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya el cargo”.
El primer mandatario, sin embargo, tenía otros datos. Sabía que, a pesar del fuero, la Fiscalía General de la República solicitaría y obtendría una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y que la Unidad de Inteligencia Financiera congelaría decenas de cuentas bancarias del gobernador, sus familiares y empresas relacionadas.
El gobernador argumentó el 19 de mayo que está siendo objeto de una persecución política: “La decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”. El Presidente respondió ayer: “Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita”. Pero añadió: “Yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, encubrir a nadie. No soy tapadera”.
Es difícil pensar, sin embargo, que la FGR y la UIF no estén actuando por instrucciones del Presidente. Solo así puede explicarse que la Fiscalía haya pedido y obtenido una orden de aprehensión contra un gobernador con fuero, pese que el artículo 225, fracción XIX, del Código Penal Federal establece que es un delito contra la administración de justicia “abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley”.
Pero no solo eso. La FGR obtuvo la orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pese a que los dos fueron rechazados en el proceso de desafuero por la Cámara de Diputados, dominada por Morena, que señaló que no había pruebas en esos casos y solo aprobó desaforar al gobernador por defraudación fiscal. El problema con este último delito, para una acusación que busca un impacto político, es que no implica prisión preventiva obligatoria.
Ayer el Presidente presentó un documento de la embajada de Estados Unidos en que esta presuntamente pide información sobre García Cabeza de Vaca para una investigación. Él mismo reconoció que esto no es “jurídicamente correcto” y, en efecto, es una violación de los derechos de la persona investigada. El que una autoridad extranjera solicite información sobre un mexicano, sin embargo, no es prueba de culpabilidad. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.8)
El caso de Tamaulipas sería apasionante jurídicamente, desaforar a un gobernador, de no estar en el proceso electoral, lo que lo lleva a esa arena.
El 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, lo que fue impugnado ante la Corte por el Congreso Tamaulipas y el ministro José Luis González Alcántara, otorgó. Concluyó que debería terminar su gestión constitucional para que pudieran proceder en su contra.
Esto fue impugnado por la FGR, quien lo acusó de invadir funciones del Ministerio Público y emplazó a corregir, lo que el ministro ignoró.
El miércoles, a las cuatro de la tarde, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, anunció la orden de aprehensión contra el gobernador.
Al confirmarse esa exclusiva legislativa, el Congreso de Tamaulipas pidió a la FGR acción penal contra el juez por el delito contra la administración de la justicia.
En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador habló del tema y dijo que se resolvería en el Senado. De inmediato, Monreal anunció que ya operaba para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas.
La última vez que se recurrió a ese expediente fue en 1975, cuando el presidente Luis Echeverría se deshizo así del gobernador de Hidalgo, Otoniel Miranda.
Hoy estamos de regreso 44 años después: declararán la desaparición de poderes en Tamaulipas y procesarán a García Cabeza de Vaca.
Y una duda: En las elecciones del 6 de junio ¿este recurso cortará a favor de Morena o de la oposición? (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Los puntos sobre las íes. La misión de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que encabeza Juan Ramón de la Fuente, levantó la voz en torno a la pasividad con la que el organismo ha tratado el conflicto bélico en Oriente Medio. México lamentó que aun cuando la crisis se agrava día a día, el Consejo de Seguridad evita emitir una posición al respecto debido a la reiterada negativa de EU. En conflictos como éste, la comunidad internacional suele voltear hacia el Consejo de Seguridad para conocer el rumbo que tomarán las resoluciones adoptadas por las 15 naciones que lo conforman. Y en esta ocasión han aplicado la técnica del avestruz, a conveniencia. Cese al fuego, inmediato. Se tenía que decir… ¡y se dijo!
Propositivo. Agricultores, ganaderos, comerciantes, tianguistas y ejidatarios se sumaron a la campaña de Mauricio Kuri González, candidato del PAN al gobierno de Querétaro. En el segundo debate, sus opositores se la pasaron lanzándose ataques, mientras que Kuri mostró firmeza para contener los embates y tuvo el temple de un hombre de Estado convencido de llevar a su entidad a los más altos estándares. Su oferta: convertir a Querétaro en el centro del emprendedurismo en el país, recuperar el dinamismo económico, tener uno de los mejores sistemas de educación y mantenerse como el gran referente en materia de transparencia y combate a la corrupción. El combo electoral más completo. Aprovechen.
El mala racha. Renán Barrera fue edil de Mérida, Yucatán del 1º de septiembre de 2018 al 8 de abril de 2021. Y quiere volver al cargo. Para eso, realiza prácticas electorales de última hora, como la pavimentación de calles, pero de nada le sirve. En el debate, el candidato del PAN se puso de pechito, como dicen, pues si hace falta desarrollo, en sus manos ha estado la responsabilidad. Tuvo tiempo suficiente para hacer algo bueno, y sólo se quedó en promesas. Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del PRI-PRD, no desaprovechó la oportunidad de posicionarse. Aterrizó proyectos como guarderías, autobuses para mujeres con espacios únicos y apertura de clínicas equipadas con personal capacitado, entre otras propuestas. ¿Barrera?, él ya perdió su oportunidad.
¿Cisma? El tres veces candidato presidencial y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, descartó crear un nuevo partido político junto al diputado Porfirio Muñoz Ledo y la senadora Ifigenia Martínez, con quienes en 1988 fundó el PRD, tras su salida del PRI. Aclaró que está alejado de cualquier iniciativa de carácter electoral y que sólo tiene propuestas en materia económica y social para tener un mejor país. Descartó que vuelva a reeditarse un Frente Democrático Nacional, como en 1988, cuando junto a Muñoz Ledo y Martínez, decidieron salir del PRI para iniciar el proceso democratizador en México. “Entiendo que hay un documento que firmaron Porfirio e Ifigenia, donde plantean una serie de puntos. Y repito: respeto”, precisó. Suena el río; piedras lleva.
Opacidad. Faltan 15 días para los comicios del 6 de junio y sólo 5% de las y los candidatos que contenderán a un cargo de elección popular han presentado y publicado su 3de3. La cifra es para asustarse, pues, sólo 6 mil 375 de 125 mil candidatos han hecho público su situación patrimonial, declaración de intereses y si están al corriente con el pago de impuestos. La ausencia de esta información se debe a que las y los candidatos consideran que no es relevante, lo cual es erróneo, ya que la ciudadanía tiene derecho a saber qué clase de personas aspiran a un cargo público. Dicen por ahí que el que nada debe, nada teme, así que declaración habla. ¿Quién dijo yo? (Excélsior, Opinión, p.15)
Nos la hemos pasado en medio de las prisas del gobierno para transformar lo que ha señalado López Obrador desde hace muchos años.
El gran problema está en las formas, porque a través de ellas se está perdiendo el sentido de la legalidad y el orden constitucional bajo el cual la sociedad se ha organizado, para bien y para mal.
Si se quiere cambiar el marco legal, hay que utilizar los mecanismos democráticos para el proceso de transformación, pero no podemos pasarlos por alto bajo el criterio de que el actual gobierno representa algo así como la legalidad y legitimidad.
Todo lo que se diga respecto a la relación entre el Presidente y la FGR entra en terrenos especulativos, se ha llegado a mencionar que el fiscal ha tenido la intención de renunciar debido a la compleja y trompicada relación que guarda con el Ejecutivo. No es casual que cada vez se cuestione más si la Fiscalía trabaja efectivamente de manera autónoma.
El Presidente ha dado a conocer información que se presupondría está reservada y es de uso exclusivo de la Fiscalía. A pesar de ello, el mandatario la conoce y hace pública lo que genera más dudas sobre la multicitada autonomía. (Javier Solórzano Zinser, La razón, Opinión, p.2)
García Cabeza de Vaca: la corrupción // Antiobradoristas cierran filas // Temen efecto dominó // Faz: no a fantasma de nulidad
Cada una de las partes ha avanzado piezas riesgosas en el tablero político, electoral y judicial. El bando federal consiguió una orden de aprehensión contra el gobernador de la discordia y por el Senado soplan aires en busca de desaparecer poderes en Tamaulipas. El bando estatal se pertrechó en el Congreso local, leal en su mayoría con el panista, que a su vez ha anunciado que resistirá hasta el límite de sus fuerzas.
Es una batalla institucional. Palacio Nacional se juega la subsistencia de Alejandro Gertz en la nada autónoma Fiscalía General de la República y apuesta a que el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca impacte en forma de desacreditación electoral al panismo y sus partidos aliados. La alianza antiobradorista, a su vez, busca aguantar cuando menos hasta después de los comicios del mes próximo (un trecho que en las circunstancias candentes que se viven parece demasiado largo, insostenible).
El fondo del asunto parece opacado o relegado por los embates político-electorales. Hay suficientes indicios delictivos en la conducta del panista García Cabeza de Vaca en diversos momentos de su vida política, no sólo a su paso por la administración de Tamaulipas, donde el poder político, sea priísta o panista, se ha entreverado por sistema con la corrupción oficial, la ejercida con cargo al erario, y la extraoficial, la relacionada con el predominio de cárteles del crimen organizado que han convertido a los mandatarios tamaulipecos en simples gerentes del aparato burocrático, explícitamente rellenos de plata. (Julio Hernández López, la Jornada, Opinión, p.8)
Seis meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, su secretario particular, Alfonso Durazo, quien le llevaba la agenda, era el portero en su oficina y tenía la clave de su caja fuerte, comenzó una larga y muy redituable carrera en el sector de los bienes raíces. Nunca fue su línea de trabajo o negocio, pero a diferencia de su carrera política, ha sido consistente y creciente. Tras morir Colosio y quedarse prácticamente sin trabajo, compró un terreno en el vaso de la presa Abelardo Rodríguez Luján, en Hermosillo, y ocho meses más tarde, otro terreno rústico en la zona de El Alamito, en Agua Prieta. De ese año a 2016, Durazo, como miembro del PRI, del PAN y de Morena, fue convirtiéndose en un pequeño magnate inmobiliario con una enorme fortuna.
Durazo no está en las ligas mayores del equipo de colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hay varios multimillonarios, pero se le acerca en portento inmobiliario al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y deja como principiante a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, cuya revelación de propiedades, en número y valor muy inferiores a las del actual candidato a gobernador de Sonora, eliminó a su hermano como candidato al gobierno de Guerrero, y a ella la puso en la antesala del cese.
El común denominador es que no todas las propiedades que tienen las registraron en su declaración patrimonial. En el caso específico de Durazo, en algunas de sus 18 propiedades hay inconsistencias añejas en sus declaraciones, que no impidieron su nombramiento como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, plataforma para la candidatura en Sonora, como la omisión de la residencia donde vivió después del asesinato de Colosio, en Jardines de la Montaña, al sur de la capital federal, ni la copropiedad de un edificio que ocupan despachos de abogados en la misma colonia.
Estas propiedades no figuran en un documento que está circulando en Sonora, pero que ha servido para llamar la atención sobre esta faceta desconocida de Durazo, cuyas compras de bienes raíces, se aprecia en esa lista, tiene un patrón: adquisiciones a muy bajo precio, incluso ni siquiera en los niveles del costo de mercado, que hoy, a valor presente, medidos con precios de mercado, ascienden probablemente a un patrimonio de más de 350 millones de pesos.
Por ejemplo, el terreno en el vaso de la presa, de un millón de metros cuadrados, que es 33% más grande que toda la colonia Pitic en Hermosillo, el equivalente de las Lomas de Chapultepec o el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, por el que pagó 12 centavos por cada metro, poco más de 112 mil pesos, que a valor presente cuesta 48 millones de pesos. Por El Alamito pagó 11 centavos el cada metro cuadrado que costaba 60 pesos, que en la actualidad vale 250 veces más.
Según la relación de sus propiedades, entre 1994 y 2010 adquirió siete bienes inmuebles, que quedaron registrados en su declaración patrimonial con un valor de casi 18 millones de pesos. Diez propiedades adicionales fueron adquiridas posteriormente, con un precio original de 37 millones de pesos que, a valor presente, en precios del mercado, rebasan los 250 millones de pesos. Y una más la compró mediante la empresa Iberogas de Agua Prieta, donde tiene 65% de las acciones.
Durazo adquirió siete propiedades directamente entre 1995 y 2015, según la documentación obtenida, aunque una de ellas, un predio de mil 500 metros cuadrados en Paseo de las Esmeraldas, que se encuentra dentro del fraccionamiento La Jolla de Hermosillo, que es una zona de fortunas recientes y que tiene un valor presente de 13 millones de pesos, no la reportó en su declaración patrimonial. En ese fraccionamiento tiene otra propiedad, cuya dirección es la misma de su credencial del INE. Otra es un departamento en Polanco, frente al parque Lincoln, adquirido hace seis años a un precio actual de casi 30 millones de pesos, pero por el que pagó 7 millones.
Los documentos sobre sus propiedades incluyen 10 más adquiridas a través de la Inmobiliaria Alta Sierra, que es la que consiguió el millón de metros cuadrados en el vaso de la presa a finales de 1994. El apoderado legal de esa inmobiliaria era su hermano Pablo, de la que eran accionistas, entre otros, su esposa y su cuñada, mientras el candidato era administrador único, director general de la empresa y, finalmente, en 2017, apoderado legal.
A través de esta empresa adquirió en 2012, en plena campaña presidencial, cuando acompañaba al candidato López Obrador, una casa con vista a la playa en bahía de Kino, que era propiedad de Amado Carrillo Barragán, hijo del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, que, como jefe del Cártel de Juárez, llegó a ser en los 90 el narcotraficante más poderoso de México. Los documentos muestran una operación cuestionable donde se involucra la inmobiliaria y su esposa –que era accionista mayoritaria de la empresa–, donde se dio una compra-venta simulada de tres lotes comerciales en el bulevar Ignacio Soto, con un precio de 550 mil pesos. Ese bulevar tiene una plusvalía que podría compararse a la de los predios en el Periférico Sur de la Ciudad de México, en la zona de Las Flores.
Tener dinero o ser millonario no es algo que hoy en día el presidente López Obrador rechace. Como dice, hay quienes lo han logrado a través de su trabajo. La documentación sobre las propiedades de Durazo abre la sospecha que su éxito inmobiliario no haya sido resultado de su trabajo, lo cual puede comprobarse fácilmente, si hubiera decisión política, realizando un análisis de su evolución patrimonial, y pasando la prueba de ácido de la Unidad de Inteligencia Financiera. Le ayudaría a Durazo y a las y los electores en Sonora para saber por quién realmente votar. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.40)
La expedición de una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ha detonado una bomba política y legal a dos semanas de las elecciones del 6 de junio.
En el centro de la confrontación entre el oficialismo y la oposición está la interpretación de la Constitución respecto de si los mandatarios estatales pierden el fuero en el momento en que se los retira la Cámara de Diputados o si se requiere que, posteriormente, lo haga también la Legislatura estatal correspondiente.
Salvo el desafuero del entonces jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador en 2005 –cuando la Ciudad de México aún no tenía un Congreso local–, el país no había vivido un proceso semejante. Por lo mismo, no había sido puesta a prueba una reforma al artículo 111 de la Constitución que realizó la LII Legislatura en 1982, en el arranque del gobierno del presidente Miguel de la Madrid.
Desde la campaña electoral, De la Madrid se lanzó en una cruzada contra la corrupción, denominada Renovación Moral, para hacer frente a la condena pública del patrimonialismo que caracterizó el sexenio de José López Portillo. Se legisló sobre la responsabilidad de los servidores públicos y los gobernadores.
En casi 40 años, no había hecho falta interpretar qué quiso decir el Congreso de la Unión cuando modificó el texto constitucional para que dijera que la declaración de procedencia contra los gobernadores que vote la Cámara de Diputados “será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. ¿Qué significa proceder “como corresponda”? Ahí está la duda.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que hay un problema de interpretación del texto, pero, en su opinión, García Cabeza de Vaca perdió el fuero el 30 de abril pasado cuando se lo retiró la Cámara de Diputados y pese a que el Congreso local votó en sentido contrario.
Diversos especialistas en derecho constitucional, como nuestro compañero José Elías Romero Apis, han dicho que el desafuero consta de dos pasos, el de la Cámara de Diputados y el de la Legislatura estatal, y que ambos son necesarios para retirar la protección contra un enjuiciamiento. Luego vino la actuación del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien al desechar la controversia iniciada por el Congreso de Tamaulipas, estableció que no podía procederse contra el gobernador, sino hasta que concluya el mandato, en octubre de 2022.
Ahora que ha sido girada la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, obtenida por la FGR, ¿cómo dilucidar cuál de las interpretaciones del 111 constitucional es la correcta?
¿Qué tal si acudimos a la exposición de motivos de la reforma, realizada en 1982? ¿Qué quisieron decir los diputados y senadores de la LII Legislatura?
Veamos qué contiene el texto, recuperado de los archivos del Senado por nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa: (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Opinión, p.2)
Se entrega el gobernador o desaparecemos los Poderes en Tamaulipas. Es el fondo del mensaje enviado ayer por Ricardo Monreal a propósito de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. La amenaza del senador de Morena omite el artículo 111, fracción quinta, de la Constitución, que deja en manos del Congreso local la última palabra sobre la inmunidad de los gobernadores. Contraviene también el resolutivo del ministro de la SCJN Juan Luis González Alcántara que, sin prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad, conserva la inmunidad procesal de García Cabeza de Vaca hasta el término de su encargo en 2022. Aunque ya sabemos que en la era 4T lo que importa no son las leyes ni la Constitución, sino lo que dice el “Señor de Palacio”. Justicia primero, Estado de derecho después. Tampoco entienden que la forma es fondo. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, acudió por segunda vez en un mes a Palacio Nacional. Sospechosa visita que alimenta toda clase de especulaciones.
* De concretarse lo perfilado por Monreal sería algo así como un golpe de Estado a Tamaulipas. No encuentro otra expresión para describir el atropello que se perfila. Los tamaulipecos no están mancos. El Congreso local anunció que demandará al juez federal que obsequió la orden de aprehensión, a pesar de que el gobernador tenía fuero. Alega que violó su soberanía.
¿Saben quién lleva mano en el nombramiento del gobernador interino? Nada menos que el Presidente. Debe mandar una terna al Senado en un lapso de tres días, después de desaparecidos los Poderes en el estado.
* Morena y sus aliados no la tienen fácil para desaparecer Poderes. La radical medida requiere un periodo extraordinario. No tienen la mayoría calificada en la Comisión Permanente para convocarlo. Les falta un voto. El de Miguel Mancera, del PRD. Al exjefe de Gobierno lo traen asoleado con lo de la L12 y otros asuntos. Lo querían desaforar. Hay modo de presionarlo. Ojalá aguante. Enfrentan también un problema legal. La ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución dice: “Se configura la desaparición de Poderes de un estado únicamente en los casos de que los titulares de los Poderes constitucionales:
Repercusión : La orden de aprehensión girada en contra del gobernador prófugo de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca es un golpe letal para la alianza Va por México, si las cuentas del ex edil de Reynosa son ilegales como de cada uno de sus familiares.
Proceso : Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas de la red del gobernador por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, una de las causas por las que sus antecesores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores fueron detenidos. El primero, espera su extradición de Estados Unidos a México y el segundo al norte del Bravo.
¿Otro tricolor? Según testigos protegidos durante los sexenios 1999-2004 y 2005-2011 los ex gobernadores y aún militantes del tricolor Yarrington y Hernández Flores se vincularon con presuntas redes de prestanombres, delincuencia organizada y omisión en el combate al narcotráfico.
AP : Dentro de la Averiguación Previa PGR / SIEDO / UEIDC5 / 240/2012 ambos gobernadores permitieron el paso libre de los cárteles de la droga.
¿García Cabeza de Vaca quedaría en EU? Trascendió en Morena-Tamaulipas, pero como detenido a petición de la Corte de Distrito Sur de Texas división Corpus Christi, que en 2005 reiteró una acusación formal contra de Hernández Flores y su cuñado Óscar Gómez Guerra quienes lavaron cerca de 32 millones de dólares a través de la compra de bienes inmobiliarios en McAllen y Austin, Texas. La ficha se elaboró después de un viaje del gobernador a la India. (Federico la Mont, El Sol de México, Opinión, p.9)
Con las eventuales responsabilidades penales pendientes de desahogarse en tribunales, la persecución contra el gobernador de Tamaulipas está enredada en una maraña política y legal que impide separar la basura de lo que en justicia procede.
Se antoja razonable aceptar que las atribuciones de la Federación superan a las estatales aun si cada entidad es constitucionalmente “soberana”, y son federales las acusaciones y las instancias en juego para llevar a la cárcel a Francisco Javier García Cabeza de Vaca:
Acordes con la manifiesta carga presidencial, las imputaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada son delitos federales; provienen de la Fiscalía General de la República; la declaración de procedencia fue acordada por la mayoría de la diputación federal, y un juez federal firmó la orden de captura.
Lo que sea que los tres poderes tamaulipecos hagan contra la detención parece destinado a fracasar.
De lado del gobernador (quien goza del apoyo del Congreso tamaulipeco y del Tribunal Superior de Justicia) están hechos que no son desdeñables: ocupa el cargo como resultado de una elección constitucional (el cacareado “voto popular”); el fuero del que goza no es una prebenda que le haya regalado la Federación sino que lo mandata la Constitución y así lo juzgó el ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Pero del ámbito federal también, un juzgador de rango inferior, Iván Aarón Zeferín Hernández, obsequió la orden de aprehensión. Inaudita provocación o fuego amigo en el Poder Judicial de la Federación.
En la declaratitis del caso, el presidente López Obrador (“no es mi fuerte la venganza”, dice, ¿cuál agravio lo motiva para decir eso?) y el senador Ricardo Monreal dicen que lo mejor sería que Cabeza de Vaca “solicitara licencia”. ¿Ignoran que tal procedimiento garantiza la conservación del fuero?
Morenistas y sus contlapaches en el Senado se disponen a declarar la “desaparición de poderes” en Tamaulipas, donde los tres constitucionales (congreso estatal, Tribunal Superior y al menos hasta anoche el mandatario perseguido) vienen ejerciendo sus funciones, están activos, nada caóticos ni “desaparecidos”.
En el “resistiremos juntos” de que hace alarde el gobernador sobre el PRI, el PAN, el PRD y MC qué bueno que no añadió a su policía porque hay un preocupante aderezo de aparente respaldo: efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, equipados con metralletas, rifles, pistolas y tanquetas, custodian la casa del gobernador. ¿Alguien los imagina oponiéndose a la detención de su jefe de jefes, en especial si los ministeriales federales llegan apoyados por el Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional?
Y por solicitud de los diputados locales, a la ensalada se suma la posibilidad de que la fiscalía estatal abra estériles carpetas de investigación contra el juez que ordenó la captura y quienes la promovieron, los empleados de quien desató la espectacular cacería. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
El lunes, comenté en este espacio el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora.
Ese caso fue particularmente visible, tanto por la trayectoria de la víctima como por las circunstancias del atentado. No se trata, sin embargo, de un hecho aislado o poco frecuente.
De acuerdo a un reporte reciente publicado por la consultora Etellekt, 79 políticos locales han sido asesinados durante el actual proceso electoral. A esto, hay que sumarle el homicidio de 28 familiares de políticos y 91 funcionarios públicos locales. Entre los políticos ejecutados, se cuentan 31 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular.
Hasta la fecha, el estado más mortífero para políticos y funcionarios locales ha sido Veracruz (22 víctimas, entre políticos y funcionarios), seguido de Guerrero (16), Oaxaca (14) y Guanajuato (12). El fenómeno, sin embargo, tiene alcance nacional: desde septiembre del año pasado, 25 de las 32 entidades federativas han registrado asesinatos de políticos y funcionarios locales.
Esas muertes no sino la manifestación más visible de la violencia asociada al proceso electoral. Etellekt tiene registrada en su base de datos 476 agresiones en contra de políticos locales. En ese total, se cuentan 174 casos de amenazas, la mayoría vía mensajes o llamadas anónimas, pero recibidas presencialmente en algunos casos. Hay también 25 secuestros reportados (uno de los cuales terminó con el asesinato de la víctima) y 30 robos (con y sin violencia).
Es interesante notar que la amplia mayoría (69%) de los candidatos y aspirantes que han sido víctimas de alguna agresión buscaban un cargo municipal. Solo el 17% estaban en una contienda federal.
Esa distribución no es nueva: la violencia sociopolítica siempre se ha manifestado sobre todo en el espacio local. Es posible, sin embargo, que el riesgo para los políticos locales haya crecido en la última década como resultado de la fragmentación y dispersión de los grupos armados.
En un mundo de narcos, los gobiernos municipales no eran particularmente relevantes. Mientras un presidente municipal no colaborara de más con las autoridades federales, no tenía mucho que temer de los narcotraficantes.
Pero eso ha cambiado. Hay más mafiosos que narcos. O narcos que también son mafiosos. Por diversas razones, empezando por la política de descabezamiento puesta en marcha hace una década, los grupos criminales se han partido mil pedazos.
Esas bandas emergentes no tienen mucha sofisticación, pero cuentan con armas, hombres y mucha disposición para la violencia. En consecuencia, se han dedicado en buena medida a extorsionar, secuestrar y robar. Para esas bandas, los gobiernos locales son indispensables. (Alejandro Hope, El Universal, Opinión, p.2)
Los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. La palabra crisis está normalmente asociada a un determinado universo simbólico; se le vincula con las ideas de descomposición, derrumbe catastrófico, descalabro. Se le percibe como un momento puramente negativo. Algunos sectores de la izquierda “renacida” en Morena rechazan el diagnóstico de crisis asumiendo que el argumento forma parte de esa estrategia desplegada por los intereses oscuros que pretenden desestabilizar la 4T. Hablar de crisis sería cuestionar los principios básicos de su identidad. Se percibe en ese diagnóstico el preámbulo lógico de una profunda renovación de esa izquierda cuyos cimientos ya crujen ante la tentación del poder.
Desgraciadamente el carácter evidente y palpable de la crisis no es suficiente. La toma de conciencia de ella no se realiza como un reconocimiento sereno de una realidad objetiva justamente porque uno de sus principales ingredientes es la negativa de algunos a aceptarla.
Morena se encuentra en una debacle ética que sugiere, aunque sea vagamente, que los valores tan cacareados en la narrativa presidencial han entrado en conflicto por el poder cayendo en el descrédito y en una encrucijada que se antoja histórica en la vida prematura de este movimiento que gira alrededor de una figura. (Marcela Gómez Zalce, Rl Universal, Opinión, p.2)
La refaccionaria UNO es un bodegón viejo sobre una de las calles estrechas de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México. Tiene los techos altos y profundidad suficiente para servir no solo de refaccionaria, sino para otra cosa. Así la vieron cinco miembros del grupo de La Unión de Tepito cuando se presentaron hace 16 días ante su dueño para establecerle una cuota semanal a cambio de no invadirle su propiedad.
El comerciante, con temor, juntó 5 mil pesos y se los entregó 7 días después.
A solo unas cuadras de ahí, en el número 7 de la calle Rivero, líderes de la misma banda criminal bajo órdenes de “El Uriel” invadieron departamentos. Gracias a que el caso sonó en las redes, los delincuentes abandonaron el edificio no sin antes amenazar a familias con que si no pagaban 500 pesos mensuales los despojarían de sus viviendas.
Algo pasa en el Centro de la Ciudad que pareciera un territorio impenetrable e incontrolable por las autoridades que no han podido frenar el acoso de La Unión de Tepito a la población.
Cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inició su gestión, en diciembre de 2018, el discurso oficial sobre la presencia del crimen organizado y bandas del narcotráfico en la ciudad cambió. A diferencia de su antecesor, el ahora senador Miguel Ángel Mancera, que negó todo el tiempo el fenómeno, ella aceptó que existía. El negativo político Mancera, a quien se responsabilizó de la expansión de estos grupos, fue fuerte. Pero lo puede ser aún más ahora para Sheinbaum. (Sandra Romandía, El Universal, Opinión, p.7)