Varios miles de migrantes que estaban detenidos por la pandemia en Panamá, después de haber atravesado a pie la selva más impenetrable, el Tapón del Darién, continuaron su camino y los primeros grupos de haitianos, cubanos, africanos y de otros lugares, han empezado a llegar a México, el último escollo para llegar al otro tapón: el muro y la frontera de Estados Unidos.
Para los migrantes hay tres opciones: seguir su camino, tocar la puerta y solicitar asilo en Estados Unidos, saltar el muro y pasar a la condición de expatriado irregular o, quedarse en México y ver la forma de regularizar su situación. Después del periplo vivido y sufrido, la alternativa de regresar al país de origen está cerrada.
Pero una cosa es querer y otra poder, las puertas a la inmigración están cada vez más cerradas, incluidas las de México. Por eso los migrantes ponen su cuerpo por delante, y dicen aquí estamos, no nos vamos a mover, después de haber cruzado una decena de naciones, ríos, selvas y desiertos.
La pelota queda en la otra parte de la cancha y la pregunta obvia es ¿Qué hacer? Le pasan el turno a la burocracia que ralentiza el trámite, individualiza los casos, pone trabas y transfiere el caso a otro organismo. Al final, el destino depende de las circunstancias.
Paradójicamente los dos países, México y Estados Unidos, podrían fácilmente admitir población. El último censo mexicano de 2020 reporta la presencia de 1.2 millones de extranjeros, de los cuales son hijos de mexicanos, nacidos en Estados Unidos, unos 400 mil. Es decir, sólo hay 800 mil extranjeros en la nación, lo que representa 0.64 por ciento del total de la población. En términos estadísticos NADA. Sobre todo, si se considera que México tiene a 10 por ciento de su población en el extranjero.
Por su parte, Estados Unidos acaba de reportar un crecimiento poblacional de 7.4 por ciento cuando en 2010 fue de 9.7 por ciento. Sólo en la década crítica de los años 30 se había consignado un registro más bajo, 7.3 por ciento. La conclusión es simple, cayó la natalidad y disminuyó la inmigración. Por tanto, se incrementa el envejecimiento y se reciben menos recursos por impuestos y para la seguridad social, que pagan las personas que trabajan, incluidos los indocumentados.
De acuerdo con Emilio Parrado, demógrafo de la Universidad de Pennsylvania, las proyecciones del Social Security Advisory Board para determinar la solvencia de Sistema de Seguridad Social, requiere que se incorporen anualmente a la fuerza de trabajo 1.2 millones de migrantes residentes netos y una fecundidad del 2.0 (¡unos 4.2 millones de hijos al año!). Todo muy lejos de la realidad actual. Para producir 1.2 millones de migrantes asentados, Estados Unidos, tiene que admitir unos 2 millones de personas en todas las categorías, incluso indocumentados.
Esas son las crudas realidades numéricas. Estados Unidos, un país que envejece y cierra la puerta a los jóvenes y México, un país de emigrantes, que cierra la puerta a los inmigrantes.
En otro hemisferio y en un tiempo cercano (2014) se discutían temas parecidos en Alemania y Angela Merkel decidió, por sus pistolas, admitir a 1.2 millones de migrantes y refugiados, lo que representaba 1.5 por ciento de su población. Así, de golpe, solucionó el asunto de los refugiados de manera ejemplar, con justicia y compasión y le dio aire fresco a su población envejecida y necesitada de mano de obra. En esos tiempos la tasa global de fertilidad en Alemania era de 1.5 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reposición de 2.1.
Pero los números son una cosa y las ideologías otra. A Angela Merkel casi le costó el puesto la decisión de admitir refugiados y, a la inversa, a Trump le valió la presidencia su campaña antimigrante. A López Obrador la crisis migratoria de los aranceles o el chantaje de Trump en 2019, lo puso contra las cuerdas; al igual que ahora Biden tiene que sortear la crisis de los niños no acompañados.
En el siglo XXI es la migración la que pone en jaque a muchos gobiernos, pero mientras en Europa las crisis se dispersan entre diferentes países: Lapendusa en Italia hace unos años, Grecia en tiempos más recientes y Ceuta, España en tiempos actuales, en nuestro hemisferio las crisis se concentran principalmente en las fronteras sur y norte de México.
Pero el destino es inexorable, México se está convirtiendo en una nación de inmigración, aunque las cifras censales, por el momento, no lo avalen. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 18)
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, visitará algunos países de Centroamérica y el 8 de junio vendrá a México. Al escribir estas líneas no está definida la duración de su estancia ni los lugares que visitará, pero es claro que su principal objetivo es tener un encuentro con el presidente López Obrador que le permita informar a su jefe no sólo sobre el tema migratorio, sino también hacia dónde quiere este último llevar al país.
Es su primera encomienda en el exterior y sigue los mismos pasos del presidente Joe Biden, quien viajó como vicepresidente por estos mismos países en más de una ocasión. En la Casa Blanca estas visitas se preparan con todo detalle y rigor. Las diversas dependencias del gobierno preparan carpetas informativas detallando los asuntos relevantes con cada país a visitar: describen su gobierno, su economía, su ambiente político, sus liderazgos empresariales, académicos, intelectuales, sus medios de comunicación; especial énfasis ponen en conocer y entender sus actitudes hacia Estados Unidos y sus vínculos con el resto del mundo.
El viaje se decidió a la luz de los flujos de migrantes centroamericanos que llegaron en decenas de miles a la frontera con México, la primera crisis enfrentada por su gobierno. Han de saber que, si bien el asunto parece se ha calmado, de ninguna manera se ha resuelto. Saben que el gobierno mexicano tiene desplegada la Guardia Nacional en nuestras fronteras.
Los análisis que seguro ya recibió la habrán sensibilizado de las profundas deudas sociales que Guatemala, Honduras y El Salvador arrastran desde hace décadas, la habrán informado del rol que la CIA jugó en esa región apoyando a dictadores criminales que, a fuerza de matanzas de miles de ciudadanos, ejercieron un poder violento y corrupto. El legado de su país en esa región arroja un balance oscuro. Hoy sus anfitriones son figuras cuestionadas y cuestionables, con crecientes rumores de corrupción, protección al narcotráfico y represiones selectivas.
Biden y Harris han dicho que quieren atacar “las causas de la emigración”, por medio de generar oportunidades de trabajo y bienestar a quienes hoy no las tienen. El concepto es impecable, nada nuevo, por cierto, pero hasta hoy cada día más lejano de lograrse. Por eso las decenas de miles de personas que buscan en Estados Unidos la probabilidad de una vida mejor.
¿Cuáles son los temas que hoy son prioritarios en la agenda entre México y Estados Unidos? ¿Insistirá el mandatario mexicano en su idea de Sembrando Vidas, como parte de la solución? ¿Le pedirá que reciban a nuestros trabajadores agrícolas?
Supongo que Harris cuidará las formas, tiene un estilo suave, sonrisa amable, sensibilidad y una aguda inteligencia, complementada con años de experiencia política. Pero regresará a Washington a informar a su jefe lo bueno y lo preocupante que encuentre en México. ¿Qué le dirá sobre los resultados de la elección del 6 de junio? ¿Qué esperar de López Obrador ante un resultado contrario a sus expectativas y su respeto al Estado de derecho? ¿De los ataques verbales a los agentes de la DEA y el rompimiento de los mecanismos de colaboración? ¿Qué respuesta le dio ante los crecientes índices de violencia que sufrimos y su apertura a recibir más colaboración de nuestro vecino? ¿Sobre los cambios en la política energética que afectaron a sus inversionistas? ¿Sobre los ataques a los medios de comunicación, a los académicos y periodistas que denuncian sus errores y abusos?
López Obrador ha dicho, como era de esperarse, que México es soberano y, por ende, no acepta intromisiones externas. Es lógico y normal que lo diga, pero las cosas no funcionan así cuando existen intereses sustantivos entre dos países con una vecindad tan intensa y relevante. Biden y Harris tienen una visión global donde los argumentos soberanistas se respetan, pero también se exige congruencia y compromiso con sus intereses y principios. (Gustavo Mohar, Excélsior, Nacional, p. 10)
La violencia del narcotráfico y el crimen organizado en México está fuera de control. A exactamente dos semanas de la elección más grande y competida en la historia reciente del país, el gobierno federal ha sido completamente rebasado y derrotado por los operadores en tierra del crimen organizado que asesinan y secuestran candidatos a gusto y sin freno.
Al mismo tiempo, el gobierno federal, desde la Presidencia de la República, promueve la polarización y violencia social con un discurso de odio continuo. Dos rutas violentas se entrecruzan en el tiempo electoral: la violencia del crimen organizado y la violencia verbal presidencial, acompañada de acciones cruentas contra opositores.
¿Cuántos candidatos han sido asesinados por el crimen organizado, en lo que va del proceso? ¿Cuántos han sido obligados a renunciar después de recibir amenazas directas contra sus personas y/o contra sus familias? ¿Cuántos candidatos y candidatas son representantes directos o indirectos de los intereses de los distintos cárteles, tanto a nivel federal, estatal y municipal? ¿Cuántos candidatos a gobernadores están siendo apoyados por los cárteles, en su pugna por la hegemonía en el país y acceso libre a los presupuestos públicos?
Estas preguntas no surgen en vano. La ola de violencia en el proceso electoral, los asesinatos o secuestros de candidatos, las denuncias de amenazas, las renuncias a candidaturas para evadir las presiones que los criminales ejercen sobre algunos de ellos, no son una casualidad coyuntural. Son la realidad más lacerante de un proceso electoral marcado por la polarización social, el encono diario de las contiendas y la presencia descontrolada de intereses de grupos criminales por fortalecer su presencia en distintas zonas del país para controlar zonas, rutas y poblaciones enteras.
Existe, junto con ello, migraciones internas de poblados enteros cuyos habitantes huyen de los grupos criminales que dominan zonas enteras con terror y violencia. Tijuana tiene un programa para recibir a los migrantes mexicanos que huyen de la violencia y buscan, de ser posible, cruzar la frontera a Estados Unidos. Se mezclan con centroamericanos, cubanos y haitianos, pero son mexicanos desplazados dentro de su propio país por la violencia que nadie controla. Muchos de los desplazados son de Michoacán
En Jalisco sucede que poblaciones también huyen aterrorizadas por las incursiones de los cárteles, especialmente del CJNG, ante el avance de su control territorial y la violencia con que ejerce su presencia en las zonas controladas. Los gobiernos federal y estatal están inermes ante las expresiones de tanta violencia, los secuestros de estudiantes incluidos.
Guerrero es territorio liberado, pero por el narcotráfico. Controla vastas zonas de la entidad y asegura que el Estado mexicano simplemente no tiene posibilidades de interferir con sus negocios. El próximo gobernador gobernará bajo la sombra de las balas atravesando por su puerta.
Toda la zona del Pacífico mexicano es territorio controlado por cárteles que muchas veces se asemejan a movimientos sociales, por la amplitud de las poblaciones y personas que dominan y subordinan a sus intereses. En esta zona las poblaciones se dedican al sembrado de las plantas requeridas para la heroína (amapola) y la mariguana. La droga es su negocio, por elección o imposición, no importa. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Baja California.
En cambio, el trasiego de droga sobre el Golfo de México es más bien una operación de organizaciones criminales violentas que no tratan a las poblaciones como productoras aliadas, sino como mano de obra esclava que se somete o muere. En ese caso, a diferencia del Pacífico, la población sirve para el trasiego de droga traída de Sudamérica, no es zona productora. Las poblaciones se encuentran casualmente en el camino de la droga de sur a norte. Esa es su desgracia. Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León.
Este entorno de descomposición y descontrol de la violencia criminal encuentra un aliado en el Presidente de la República. Su política de polarización social, enfrentamiento político y resentimiento social, que se expresa en sus diarias palabras agresivas y las acciones arteras contra sus “opositores” así designados por él, complementan sin duda la agresividad y violencia de los cárteles criminales en el país. No es una casualidad que México hoy tiene en el poder político a un Presidente que practica la violencia verbal mientras los cárteles practican la violencia física y real.
La violencia verbal del gobernante abre la puerta a la violencia social y física del criminal. Son dialécticamente complementarios. La violencia es un continuo, entre la intención, la palabra y los hechos. No son fenómenos disociados, sino que se tocan y se encuentran en el tiempo y el espacio. Hoy ese espacio es el tiempo electoral.
Igualmente, ambas violencias son conductas reiteradas. Es decir, en tanto hábitos adquiridos, no solo continúan en el tiempo sino que, si no se les detiene a tiempo, siguen adelante implacablemente hasta la destrucción de sus objetos de odio o del deseo.
De ser posible, el Presidente va a continuar con su política de polarización hasta la eliminación total de sus detractores. Al mismo tiempo, el crimen organizado avanzará en la búsqueda de más territorios bajo su control, queriendo pasar del 30% del país en la actualidad hasta que domine el 100%. Ambos coinciden en un criterio: su objetivo es el dominio total. Por eso son profundamente complementarios: se entienden a la perfección.
La violencia electoral actual es, por tanto, una consecuencia directa de la conducta combinada y complementaria del Gobierno y el crimen organizado. Ambos buscan, con sus acciones destructoras, subyugar lo que consideran que es el enemigo y, así, establecer un nuevo acomodo y correlación de fuerzas en el país favorable a sus objetivos, en el corto y largo plazo.
Obviamente llegará un momento en que ambas fuerzas disputarán territorios comunes. Pero hasta que llegue ese día habrá acomodo entre ellos. Venezuela es prueba viva de que ese acomodo puede existir durante mucho tiempo y ser bastante funcional a los intereses de la política y la droga. Con los militares de árbitros, además. Claro, funcional hasta la autodestrucción de todos.
La violencia en las elecciones es signo inequívoco de la descomposición social y política del país, de sus instituciones y de su viabilidad histórica. Es señal de que hoy el país está obligado a definirse sobre la ruta futura a seguir.
Es solo con la fuerza de los votos democráticos que se podrá recuperar el modelo de sociedad con institucionalidad republicana dentro del Estado de derecho que retorne al camino de la reconciliación social interna, derrotando la pretensión hegemónica del crimen organizado y de la política del odio. Hay que derrotar dos males: al monarca en ciernes y el hegemonismo violento de la droga.
Y ese camino de regreso a la normalidad democrática empieza con las elecciones del 6 de junio. (Ricardo Pascoe Pierce, El Heraldo de México, País, p. 6)