Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá regresar a las medidas incluidas en la reforma energética de 2014, que la obligan a vender sus hidrocarburos a empresas privadas, quienes a su vez los revenden al consumidor final, obteniendo una ganancia.
Esto debido a que los jueces federales Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro concedieron nuevas suspensiones contra la Ley de Hidrocarburos (LH) y el acuerdo A/015/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambos promulgados en mayo, y que revertían el esquema de regulación asimétrica al que se sujetó a Pemex desde hace siete años, por considerar que la empresa productiva del Estado tenía un efecto monopólico en el mercado de combustibles.
Se trata de los mismos jueces que han otorgado, en meses recientes, las suspensiones que mantienen a las autoridades federales sin poder aplicar la Ley de la Industria Eléctrica, el acuerdo de la Secretaría de Energía sobre la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y ahora la LH y sus normas secundarias.
La regulación asimétrica obliga a Pemex a hacer la venta de primera mano a empresas privadas de hidrocarburos a la salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto importado, ductos de internación o en los puntos de inyección de los hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de producción, conforme a las tarifas que fije la CRE.
Estas nuevas suspensiones fueron dadas a conocer mediante acuerdos de los juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, que señalan: (Eduardo Murillo e Israel Rodríguez, La Jornada, P.p.)
Los jueces federales Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro ordenaron reinstaurar los límites impuestos a Pemex en 2014 y permitir la competencia con empresas privadas.
Morena y sus aliados en el Congreso habían intentado echar abajo esas medidas con una reforma publicada el pasado 19 de mayo.
Las suspensiones otorgadas por los jueces dejan sin efecto 49 acuerdos y resoluciones en materia de ventas y comercialización de petróleo, petrolíferos, gas natural y gas LP, contenidos en la Ley de Hidrocarburos (LHI), así como en el Acuerdo A/015/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Aunque se trata de suspensiones provisionales con efectos generales, es previsible que los jueces concedan en los próximos días las suspensiones definitivas contra las reformas que buscan favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin cambiar la Constitución. (Reforma / Staff, Reforma, P.p.)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confía en que este año la economía pueda crecer alrededor de 6.5 por ciento, ya que el PIB del primer trimestre fue revisado al alza, mientras que el plan de vacunación avanza y cada vez tiene mayor impacto en la reapertura de sectores, aseguró el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio.
En entrevista con El Financiero, el funcionario señaló que Hacienda revisó al alza su pronóstico de crecimiento para 2021 a 6.5 por ciento desde uno de 5.3 por ciento previsto en abril, de hecho, sostuvo que el nuevo “piso” de crecimiento para este año es de 6 por ciento, lo que es positivo para que la economía retome su nivel prepandemia.
“Es muy difícil suponer que los sectores que crecieron en el primer trimestre no van a crecer ya; con la vacunación y la reapertura de la economía prácticamente lo que vamos a ver es que esos sectores van a crecer más y los que están rezagados se van a emparejar, eso es lo que nos hace sentirnos confiados de adelantar ya una cifra del 6.5 por ciento”, afirmó. (Zenyazen Flores, El Financiero, P.p. Dora Villanueva, La Jornada, Contraportada)
A seis días de la elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, a quienes acuden a sus conferencias, que no hablemos de cuestiones político-electorales; no lo hemos hecho, porque hay pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con responsabilidad y serenidad.
Serio, ante el enrarecido clima político, llamó a los mexicanos a votar, a no caer en la trampa de la violencia, que no haya miedo, y a los políticos a que no salgan a provocar, no manchen el nombre de México.
También calificó de válido que sus opositores conservadores, medios e intelectuales actúen en un movimiento orquestado, donde hasta a (Gabriel) Zaid lo metieron al redil, lo acarrearon, y otros que están en lo mismo.
Para el mandatario es sustantivo dejar al pueblo que elija libremente, aunque estén nerviosos los dirigentes de los partidos, los políticos, aunque estén sudando calentura los que quisieran que se regresara a lo que era el antiguo régimen. Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil. (Roberto Garduño y Néstor Jiménez, la jornada, P.p.)
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Presidencia de la República retirar de manera provisional de las redes sociales y página oficial del Gobierno de México, el Informe de los primeros 100 días del Tercer año de Gobierno.
Lo anterior debido a que por unanimidad, los magistrados acordaron que el informe presentado en marzo pasado constituyó un acto de propaganda gubernamental y el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la veda electoral.
Ratificaron que fue ilícito el evento por los primeros 100 días de Gobierno, pues se llevó a cabo cuando varias entidades estaban en periodo de campañas electorales, como Sonora, Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Guerrero.
Igualmente, se determinó que para la realización del evento se contó con personal encargado de su logística y desarrollo, así como la utilización de recursos económicos para la adquisición de equipo utilitario. (Marco fragoso, 24 Horas, P.p.)
Las candidatas y candidatos a uno de los 21 mil 368 puestos de elección que se disputan en los comicios del 6 de junio han gastado 2 mil 973 millones 511 mil 638.37 pesos en sus campañas proselitistas.
Esos recursos alcanzan para pensionar a 194 mil 347 adultos mayores durante un año e incluso para comprar el avión presidencial TP-01, valuado en 2 mil 400 millones de pesos.
La suma fue erogada por los 24 mil 490 aspirantes desde el pasado 4 de abril hasta el 31 de mayo, según el último reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), es decir, 89.5% de los 27 mil 342 aspirantes que son o que fueron fiscalizables.
La autoridad electoral detalló que muchos de los cargos locales en disputa, como regidurías (14 mil 222), sindicaturas (2 mil 57), concejalías (204) y juntas municipales (431), no son fiscalizables, ya que los aspirantes no hacen campaña, pues son parte de una fórmula.
Los recursos utilizados por las y los candidatos a una gubernatura, a una diputación federal o a un escaño local, a una presidencia municipal, principalmente, se destinaron a la colocación de anuncios en medios de comunicación, volantes, anuncios en bardas e internet, y eventos en las calles a lo largo y ancho de país. (Antonio López Cruz, El Universal, P.p.)
Senadores del PAN sostuvieron que las revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre las irregularidades por casi 4 mil millones de pesos cometidas por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cuando gobernó Campeche, tienen fines electorales.
Damián Zepeda, senador del blanquiazul, manifestó que su partido está a favor de que se investiguen todos los casos de corrupción, pero sin persecuciones políticas. El panista agregó: Lo hemos dicho siempre y lo reitero ahorita: en todos los casos, sea quien sea, cualquier tema se tiene que investigar, si hay algo pues debe haber responsabilidades, si no hay nada, pues no debe haber una persecución política.
Insistió: Lo que nosotros estamos planteando es un México en donde el combate a la corrupción sea parejo para todos y donde no se use la justicia con fines políticos, donde los casos no surjan en las elecciones, sino que sean fruto de las investigaciones normales (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, P.p.)
A seis días de las elecciones, un candidato fue secuestrado, cuatro más fueron agredidos a balazos y un operador político fue torturado y ejecutado.
En Puebla, el Gobernador Miguel Barbosa confirmó ayer que Porfirio Eusebio Lima, candidato del PVEM a la Alcaldía de Acajete, fue plagiado.
Porfirio Lima fue secuestrado el pasado 29 de mayo y su automóvil apareció abandonado en el Rancho Santa Rosa.
Rosa Elia Milán Pintor, candidata del PT-Morena a la Alcaldía de Cuitzeo, fue blanco de un ataque a balazos en el que resultó herido su esposo, confirmó la Fiscalía General de Michoacán. (Redacción, Reforma, P.p.)
Durante el pasado mes de abril, las entidades federativas tuvieron un respiro en la transferencia de recursos federales, en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en abril del año en curso, el gasto federalizado ascendió a 193,959 millones de pesos, que significó un crecimiento anual de 5.9% en términos reales, tras tres caídas consecutivas.
Los ramos del gasto federalizado son participaciones, aportaciones, protección social en salud, convenios de reasignación, convenios de descentralización y provisiones salariales y económicas y otros subsidios.
Los más importantes son los dos primeros, al concentrar actualmente más de 82.2% del total. El Ramo 28, de participaciones, que forma parte del gasto no programable (libre disposición) y su entrega depende de la recaudación federal participable, actividad económica y población, descendió -0.2% a tasa anual (hila seis contracciones), mientras las aportaciones (Ramo 28), que solventan problemáticas en educación, salud, infraestructura social, seguridad y fortalecimiento financiero – gasto programable –, aumentaron 0.03 por ciento. (Rodrigo A. Rosales, El Economista, P.p.)
Para dar mayor seguridad al traslado de paquetes electorales después de los comicios del 6 de junio, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) perfeccionaron los mecanismos de recolección y la cadena de custodia.
“Esto es algo que siempre se ha hecho, pero se ha perfeccionado el monitoreo para que en las rutas esté todo tranquilo. El regreso de los paquetes a los distritos, en nuestro caso, requiere de seguridad, de garantía de que lleguen siempre a su destino”, comentó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
Precisó que para el regreso de actas y votos a la sedes distritales, locales o municipales sí habrá vigilancia. (Érika Hernández, Reforma, P.p.)
El 6 de junio, la Guardia Nacional será responsable de coordinar, junto con los gobiernos estatales, las acciones de seguridad, con el propósito de que transcurra la jornada electoral en paz, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sí, va a haber una intervención de acuerdo con los gobiernos estatales, una coordinación para garantizar la paz, la tranquilidad”, dijo y luego insistió en convocar a la ciudadanía para que la jornada electoral transcurra sin violencia.
Es el llamado que hago, añadió el mandatario, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México y que ayuden todos a que las elecciones sean en paz, limpias y libres.
También hizo votos para que no haya miedo, porque a veces —dijo— cuando hay confrontación, se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar. En ese sentido, invitó a la gente a ir a las urnas: “nos tienen miedo, porque no tenemos miedo, entonces vamos a participar. (Francisco Nieto, El Heraldo de México)
Las empresas en México demandaron respaldo, sobre todo de autoridades gubernamentales, para que la operación de su negocio siguiera tras las afectaciones que dejó la pandemia del coronavirus, de acuerdo con el Inegi.
Al presentar la tercera edición de la encuesta sobre el impacto generado por el Covid-19, el instituto informó que dos de cada tres establecimientos (66.3%) consideraron que la principal política de ayuda contra la crisis sanitaria es el apoyo fiscal.
Esta es la proporción más elevada de la que se tenga registro. En la primera edición, correspondiente a abril de 2020, las respuestas de apoyo fiscal eran equivalentes a 61.2%, mientras que en la segunda, en agosto del año pasado, crecieron a 61.3%.
En noviembre de 2020, Banco de México informó que las medidas fiscales discrecionales de apoyo que aplicaron economías avanzadas fueron por 20% del PIB de ese grupo de países, mientras que la respuesta de la mayor parte de los emergentes (de ingresos medios) fue de sólo 6%. (Rubén Migueles, El Universal, P.p.)
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Los policías llegaron a agredirnos, a reprimirnos, afirmó un integrante del comité estudiantil sobre el desalojo policiaco de que fueron objeto este lunes en Tuxtla Gutiérrez, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Relató que con gases lacrimógenos, los uniformados los desalojaron y replegaron hacia el plantel, cuando realizaban actividades de difusión en el libramiento norte de la capital para exigir la liberación de 19 de sus compañeros, presos en el penal de El Amate.
Manifestó que ya les hemos dicho [a las autoridades] en reiteradas ocasiones que no es porque queramos hacer manifestaciones ni nada, pero queremos la liberación de los compañeros, porque es algo justo, y lo debe saber el mismo Ejecutivo federal, porque él también en su momento se manifestó e impugnó por elecciones, por lo que creía que era justo y también nosotros [lo hacemos] por lo que es justo, la liberación de nuestros compañeros que prácticamente fueron privados de su libertad.
El desalojo ocurrido durante la mañana de este lunes derivó en un enfrentamiento entre uniformados y los estudiantes que lanzaron bombas molotov, piedras, palos y cohetones. (Elio Henríquez, La Jornada, P.p.)
Un grupo de estudiantes de la Normal en Chiapas incendió y dañó las instalaciones del INE en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de 19 compañeros acusados de motín, pandillerismo, robo con violencia y atentados contra la paz tras bloquear casetas para exigir que exámenes de admisión fueran escritos y no virtuales. Las protestas llevan ya 10 días. (Redacción, Reforma, P.p.)
Al menos 45 mil maestros de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como padres y madres de familia de la Ciudad de México no regresarán a clases el próximo 7 de junio como lo anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Una encuesta con 13 reactivos realizada en mil 240 escuelas de educación básica y especial, respondida por directores, subdirectores, supervisores y maestros, arrojó que 97.1 por ciento no ven condiciones necesarias para el regreso a las aulas.
En conferencia de prensa, Pedro Hernández, líder de la Sección IX, y tres madres de familia, aseguraron que la urgencia por retornar a las escuelas en la capital y el resto del país obedece más a una decisión político-electoral y económica.
La autoridad educativa de la Ciudad de México está planteando que será una decisión escalonada. Confirmamos que la posición es no al regreso presencial a clases este 7 de junio por no atender las condiciones de seguridad y sanidad necesarias (Sergio Ramírez, La Razón, P.p.)
Las personas de 40 a 49 años son el segundo grupo de edad en México que más se contagia de COVID-19, sólo por debajo de los de entre 30 y 39 años. Hoy inicia en la CDMX la vacunación en Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Uno de cada cinco casos confirmados de coronavirus en el país corresponde a habitantes de ese rango de edad, según cálculos hechos con información de la Secretaría de Salud (SSa).
De los poco más de 2.4 millones de casos confirmados en el sector Salud, 490 mil 576 corresponden a este grupo, los cuales equivalen a 20.3 por ciento.
De esta última cifra, 14 por ciento requirió hospitalización, y el resto, 86 por ciento, atendió su enfermedad en casa. (Gerardo Suárez, El Heraldo de México, P.p.)
La extorsión telefónica ha crecido de manera importante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el delito más frecuente en 14 entidades y el centro del país tiene una cifra alta, de ahí la importancia del consenso que se dio en torno a las iniciativas que dieron lugar a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de poner orden cuanto antes.
El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, destacó que, de los 33 millones de delitos que se comenten en México anualmente, el segundo es el de extorsión, más de seis millones se cometieron el año pasado.
Hay un incremento importante en el costo social de extorsión. En 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito.
Desde 2019, de acuerdo al funcionario, se trabaja en una base de datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos realicen una denuncia a la línea 089 y al 911 para reportar una extorsión; en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas. (Arturo R. Pansza | La Prensa, P.p.)
“Eso dijeron en la entonces PGR para pre-sionarnos y que no declarásemos más de lo que le ocurrió a mi pequeño en el jardín de niños, donde fue abusado sexualmente junto a niños de tres y cinco años.
“Tenían asombro de lo que yo narraba, no sé si era una mirada de qué valiente eres o de lástima. Todas estas instituciones buscan que no denuncies, que desistas, para que los delincuentes queden en la impunidad”.
Es María “N”, madre un niño que fue víctima de abuso sexual junto a otros en un preescolar de la Ciudad de México. Pide guardar su identidad y la de su hijo por seguridad. Los victimarios son maestros, directivos, intendentes y supervisores, y éstos tienen toda su información personal.
Su caso forma parte de los 18 que se incluyen en el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que documenta en la última década hechos ocurridos en siete entidades; se trata de abusos masivos por parte de maestros y personal administrativo en escuelas públicas y privadas, con más de un centenar de víctimas, casi todas de entre tres y cinco años. (Luis Carlos Rodríguez, El Universal, P.p.)
Bogotá. La respuesta del gobierno de Colombia a las movilizaciones en el contexto del paro nacional ha sido militarizar la protesta social y darle un tratamiento de guerra; el viernes en Cali se vivió uno de los días más críticos en cuanto a violencia de la fuerza pública, señaló ayer el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz.
El presidente Iván Duque ordenó el viernes el máximo despliegue de asistencia militar a la policía para la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, al cumplirse un mes del paro nacional contra el gobierno.
Temblores, que lleva un registro de las denuncias de violencia policial, documentó entre 13 y 14 homicidios el fin de semana sólo en Cali, y en total 45 en esa zona desde que empezaron las marchas.
Temblores y otras organizaciones sociales han pedido al gobierno que permita el ingreso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como que suspenda las amas de fuego en las protestas y restrinja el uso de armas de aparente letalidad reducida con las que, por mal uso o intención, se ha asesinado o mutilado a manifestantes. (Sputnik y Reuters, La Jornada, contraportada)