La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo una reunión, a distancia, con los 32 presidentes de los institutos electorales de las entidades del país. En el encuentro, la funcionaria sostuvo que los hechos –asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas– que han ocurrido, afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral.
Destacó que, son hechos reprobables, sus autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero, hasta donde tenemos información, no tienen una motivación electoral.
La responsable de la política interior, sostuvo, por primera vez en una elección federal y estatal, una reunión con los presidentes de los institutos del país. Sánchez Cordero detalló: “les informo que, entre los conflictos, hechos e incidentes hasta hay registrados, la secretaría a mi cargo, puede distinguir motivaciones claramente diferenciadas. Primero, conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán. (Redacción, La Jornada, Política, p. 5)
La Secretaría de Gobernación (SG) hizo ayer un nuevo llamado a todos los ministros de culto de agrupaciones y asociaciones religiosas del país a que se conduzcan en estricto apego a la ley y respeten la veda electoral, con la finalidad de que los comicios a celebrarse el domingo sean ejemplo de civilidad, responsabilidad y democracia.
La dependencia se pronunció así luego de que se hizo público que, desde los templos o mediante videos, integrantes de la Iglesia católica han llamado a votar contra los que están en el poder.
Entre los religiosos participantes en la referida actividad están el ex cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el obispo de Chetumal-Cancún, Pedro Pablo Elizondo; el sacerdote Ángel Espinosa y el rector de la Universidad Pontificia de México, Mario Ángel Flores.
Gobernación resaltó en un comunicado de prensa que es la encargada de la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo federal y la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público con las Iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas. (Redacción, La Jornada, Política, p. 9)
San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Fiscalía de Delitos Electorales inició una investigación en contra del candidato a la alcaldía de la capital chiapaneca de la coalición Va por Tuxtla (PAN, PRI y PRD), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por probables delitos electorales, pues durante la revisión a un inmueble se constató que gran número de personas recibió dinero a cambio de entregar una copia de su credencial de elector.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en atención a una denuncia anónima, agentes de las policías Especializada y Estatal Preventiva acudieron a un inmueble ubicado en la capital del estado, donde se llevaba a cabo una concentración de simpatizantes de Ochoa Gallegos.
Tras realizar entrevistas a las personas que salían del lugar de los hechos, éstas refirieron que habían asistido en respuesta a una convocatoria para recibir dinero a cambio de una copia de su credencial de elector.
La FGE precisó que la Fiscalía de Delitos Electorales recibió la denuncia, por lo que acudieron los agentes antes mencionados a la edificación ubicada en la Cuarta Calle Oriente entre Avenida Central y Primera Sur. (Elio Henríquez y Vicente Juárez, La Jornada, Estados, p. 24)
La elección intermedia del próximo domingo en la Ciudad de México estará vigilada por 18 mil 856 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó el secretario de Gobierno capitalino, Alfonso Suárez del Real, quien agregó que habrá ley seca en las 16 alcaldías a partir del sábado.
El operativo empezará a las 5:30 horas del 6 de junio con el propósito de garantizar que la jornada se realice sin contratiempos en los 7 mil 465 inmuebles donde instalarán casillas en la ciudad, así como las 24 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral y los 33 consejos distritales del Instituto Electoral capitalino, además de las sedes centrales de dichos organismos.
Ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que en cumplimiento al artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales, el día previo y durante la jornada electoral no se permitirá la venta de alcohol, salvo en restaurantes que podrán hacerlo por copeo, siempre y cuando sea acompañado de alimentos.
Al respecto, la titular del Ejecutivo local subrayó que la instrucción es evitar abusos policiacos y que a diferencia de lo que ocurría en años pasado, no se intervendrá en el proceso para apoyar a un partido en específico. (Alejandro Cruz Flores, La Jornada, Capital, p. 27)
Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibió quejas por presunta incitación a la violencia y dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) disolvió el grupo Los Mastines, formado por hombres rapados que recorrerían las alcaldías, supuestamente para prevenir la compra del voto y la entrega de dádivas y despensas.
A menos de dos días de su presentación, el IECM abrió un procedimiento especial sancionador contra RSP por considerar que el grupo podría incurrir en actos de violencia, alterar el orden público y perturbar el derecho de votar y ser votado.
Incluso emitió una tutela preventiva contra el dirigente local de ese partido, Pedro Pablo de Antuñano, para que se abstenga de organizar a personas con el argumento de defender el voto.
Tras las investigaciones, el partido decidió disolver al grupo de manera inmediata en acatamiento a lo resuelto por el IECM. (Sandra Hernández García, La Jornada, Capital, p. 29)
El Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump (2016-2020) confiscó en secreto meses de registros telefónicos de cuatro reporteros del diario The New York Times (NYT) como parte de una investigación de filtración, informó la cadena de noticias CNN y confirmó el diario estadunidense.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden reveló al periódico que el Departamento de Justicia de la administración del republicano había confiscado casi cuatro meses de registros telefónicos en 2017 de los reporteros Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eric Lichtblau y Michael Schmidt.
Los funcionarios también tenían una orden judicial para confiscar los registros de correo electrónico del grupo sin contenido, pero que no procedió, según el Times.
Anthony Coley, vocero del Departamento de Justicia, informó que, en su momento, se notificó a cuatro periodistas sobre la obtención de sus datos sobre llamadas telefónicas como parte de una investigación criminal acerca de la divulgación no autorizada de información clasificada.
Añadió que los próximos informes públicos que detallan espionaje a los reporteros por el Departamento de Justicia entre 2019 y 2020 mostrarían que los miembros de los medios de comunicación ahora fueron notificados. (Redacción, La Jornada, Mundo, p. 23)