
Monterrey. Un total de 33 migrantes hondureños fueron rescatados cuando viajaban hacinados en una camioneta que transitaba en la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Cadereyta Jiménez.
Fueron elementos de la Guardia Nacional, acompañados por personal del Instituto Nacional de Migración, quienes auxiliaron a los migrantes. Los centroamericanos llevaban horas sin probar alimentos y agua, según informaron los mismos rescatados a las autoridades.
La camioneta en que viajaban los hondureños tenía vidrios polarizados, por lo que los agentes le marcaron el alto como parte de las inspecciones de seguridad que se realiza a todo tipo de vehículos.
Tras la revisión, los cuerpos de seguridad descubrieron que en la unidad viajaba un mayor número de personas de las permitidas, además de que los ocupantes del vehículo estaban en notorio grado de hacinamiento y no contaban con la documentación que amparara su estancia legal en el país.
Todos los migrantes recibieron alimentos y agua y fueron trasladados a la estación migratoria de la zona donde realizarán las gestiones correspondientes para que reciban asistencia consular, se defina su situación jurídica y en su caso se les otorgue el retorno asistido.
El conductor del vehículo fue detenido, mientras que el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.
Nuevo León es un estado de paso de indocumentados se detectaron en el estado de Nuevo León en lo que va del presente año miles de personas que salen de sus países de origen en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos para lograr el llamado “sueño americano”. En lo que va del año, de acuerdo con estadísticas de la autoridad migratoria, se han detectado más de 700 indocumentados procedentes, principalmente, de Centroamérica. (David Casas, El Sol de México, República, p. 9)
(Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 11)
(Raúl Flores, Excélsior, Nacional, p. 12)

Derechos Humanos. México y Estados Unidos deportan a decenas de miles de niños y adolescentes migrantes que necesitan asilo pese a su nuevo discurso de “atender las raíces” y proteger los derechos humanos, denunció este viernes un informe de Amnistía Internacional (AI).
La Patrulla Fronteriza ha detenido a cerca de 50.000 menores de edad no acompañados desde que Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos en enero pasado, según el reporte, que detalló que 20 % eran mexicanos y, de ellos, 95 % se devolvieron a México “en cuestión de horas”.
En tanto, AI encontró que México deportó a más de 3.300 niños centroamericanos no acompañados en 2020, más del 70 % del total que detuvo.
Y en lo que va de 2021 ha deportado a más de la mitad de los menores de edad detenidos, aunque organizaciones civiles estiman en 85 % la proporción real.
“En general, cuando se trata de derechos humanos, el discurso y la narrativa del Gobierno mexicano están totalmente divorciados de la realidad”, expuso a Efe Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de AI para las Américas.
MÉXICO DEPORTADOR
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó el lunes pasado de la detención de 90.850 migrantes indocumentados en lo que va del año, de los que ha deportado casi la mitad, 42.067.
De los migrantes detenidos, casi 20 % eran menores de edad, con 13.736 acompañados de un adulto y 4.014 no acompañados.
A su vez, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) ha atendido 152.792 solicitudes de asilo de 2019 a 2021, afirmó este jueves Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Nos enorgullecemos que nuestro país en ningún momento de la pandemia ha dejado de atender a la población en busca de protección internacional”, aseguró Sánchez Cordero en un foro organizado por España y Costa Rica con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Pero estas declaraciones contrastan con la investigación de AI, que además reportó que México deportó al 90 % de los menores de edad no acompañados, unos 12.000, que detuvo en 2019, el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque México aprobó en 2020 una reforma a la Ley de Migración para prohibir que los niños estén en centros migratorios, AI ha denunciado carencias y hacinamiento en los albergues y que, de cualquier forma, al final son deportados.
“Por un lado, el Gobierno mexicano dice que cambió sus políticas migratorias y que ahora hay una política de protección y no de seguridad. En la realidad, los números y las historias hablan por sí solas”, expuso Jiménez.
POLÍTICA POSTRUMP
La presión en Estados Unidos se incrementa por el récord de 180.000 indocumentados detenidos en la frontera en mayo, de los que más de 14.000 eran menores no acompañados y se estima que un tercio eran mexicanos.
Tras la administración “xenófoba” de Donald Trump (2017-2021), la investigadora de AI detecta que “ha habido algunos cambios positivos” con Biden “pero no son suficientes y lamentablemente las prácticas que más preocupan continúan”.
La organización reportó, con base en las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), que Estados Unidos deportó a unos 10.270 niños mexicanos no acompañados de noviembre de 2020 a abril de 2021, casi la totalidad de los detenidos.
La mitad de estos niños mexicanos podría necesitar protección internacional, expuso Jiménez con base en datos de Acnur.
“Nos preocupa enormemente porque si algo nos ha quedado claro es que México es lamentablemente un país con altos niveles de violencia, de violencia basada en género también”, manifestó. (EFE, La Crónica, 8 Columnas)

La falta de una protección adecuada por parte del Gobierno mexicano expone a la niñez migrante al crimen organizado y la trata, alertó Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
“Los derechos humanos son un pasaporte invisible, pero indeleble que acompaña a todos estos niños, niñas y adolescentes (NNA) y, sin importar su origen y mientras estén en territorio nacional, al Gobierno mexicano le toca garantizar que esos derechos se respeten”, comentó en entrevista.
“Están en condiciones de vulnerabilidad porque no están acompañados, en muchos casos, porque vienen huyendo, porque se encuentran bajo alguna amenaza, y corren el riesgo de ser reclutados, de sufrir agresiones o violencia, eso es lo que hace que el Gobierno mexicano tenga que reforzar la protección hacia este grupo de la población”
La experta en derechos humanos advirtió que es intolerable que la niñez migrante esté en esas condiciones de peligro al atravesar territorio mexicano.
“Que nos hagamos cargo de que en nuestro territorio hay niños, niñas y adolescentes no acompañados que están allá afuera sin protección, a la merced del crimen organizado, de posibles reclutamientos, retenciones para la trata con fines laborales o explotación sexual, comercial”, señaló.
De acuerdo con datos de Redim, de enero a abril 7 mil 613 personas de 0 a 17 años fueron deportados de Estados Unidos a México, mientras que en el mismo periodo el Gobierno mexicano realizó la detención de 8 mil 92 detenciones menores migrantes.
“Colocan a los NNA en una situación de vulnerabilidad y de desprotección frente al crimen organizado; arrojándoles a una situación de calle, en campamentos y, en sitios improvisados que no tienen la seguridad, ni las condiciones sanitarias y alimentarias necesarias para estar protegidos”, dijo.
Asimismo, Ramírez advirtió que la presencia militar en las fronteras no favorece el principio de no devolución de las personas migrantes.
“Tenemos equipos de las fuerzas militares atendiendo estas situaciones, cuando no tienen la capacitación, conocimiento, perspectiva de derechos y de derecho de la infancia y, a veces, desconocimiento del principio de no devolución”, explicó.
Ante ello, planteó que un problema tan complejo, multifactorial y transnacional necesita una coordinación entre México, Estados Unidos y los países de Centroamérica.
“Hay por lo menos dos estrategias que se pueden y deben implementar de inmediato; una, hacia el interior para garantizar la coordinación entre instituciones que se dedican a atender a este grupo”, indicó, “necesitamos un enfoque no militarista”.
Y, agregó, que el Instituto Nacional de Migración (INM) brinde un acompañamiento a la niñez de manera comprensiva, respetuosa y cuidadosa de sus derechos.
Ramírez dijo que la segunda es una estrategia externa con un mecanismo transnacional de atención a la niñez migrante en la que participen instituciones de todos los países involucrados. (Óscar Luna, Reforma, Nacional, p. 2)
La deportación de mexicanos procedentes de Estados Unidos está en incremento. Pese a la posición del gobierno del presidente Joe Biden respecto a la migración irregular, que supone evitar las políticas restrictivas de su antecesor, Donald Trump, en abril pasado fueron repatriados 22 mil 201 connacionales, cifra superior incluso a la etapa previa a la pandemia. En mayo, las autoridades mexicanas reportaron 21 mil 485 eventos de repatriación de connacionales.
En tanto, los datos de agencias del vecino país, relacionadas con el control de aduanas y tránsito de personas, muestran incremento en el flujo fronterizo que en Estados Unidos es clasificado como ilegal.
Según un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la detección de personas sin documentos creció 7.6 por ciento en mayo de 2021, respecto al mes previo.
En el más reciente corte estadístico fiscal –que en el caso de Washington comprende de octubre de 2020 a mayo de 2021–, hubo 414 mil 330 personas en situación irregular, adultos y menores de todas las nacionalidades, aunque es conocida la presencia mayoritaria de mexicanos. No se especifica si fueron enviados a sus países, detenidos o asilados.
Por ejemplo, la Patrulla Fronteriza informó de 362 mil 682 adultos y 16 mil 419 menores, en el mismo lapso.
Según la Oficina de Operaciones de Campo y la Patrulla Fronteriza, en mayo pasado se presentó la cifra más alta del periodo de referencia, con 70 mil 630 registros, contra 65 mil 663 de abril, 62 mil 576 de marzo y 44 mil 275 de febrero.
En tanto, en enero el total fue de 40 mil 821 eventos; en diciembre de 2020, 39 mil 396; en noviembre, 44 mil 168, y en octubre, 46 mil 801, para dar el total de 414 mil 330.
En tanto, estadísticas de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, elaboradas a partir de registros del Instituto Nacional de Migración, entre otras fuentes, muestran que de enero a mayo fueron deportados 84 mil 826 mexicanos que vivían en Estados Unidos, acorde con la actualización a la que tuvo acceso La Jornada.
Durante todo el año en curso las cifras han ido en aumento y se espera que siga esta tendencia, señalaron funcionarios consultados.
Si bien el año pasado se desplomó la repatriación debido al cierre de fronteras y el confinamiento por la pandemia de Covid-19 (en abril de 2020 sólo se deportó a 9 mil 113 connacionales y en mayo, a 9 mil 654), desde el inicio de 2021 hay una marcada tendencia al alza: enero, 13 mil 355 eventos de devolución; 11 mil 433 en febrero; 16 mil 352 en marzo; 22 mil 201 en abril, y 21 mil 485 en mayo pasado.
La UPM detalla que de las repatriaciones enero-abril, 12 por ciento (7 mil 613 casos) son niños y adolescentes. De ese grupo, mil 166 fueron enviados a casa sin la compañía de un adulto.
Pero en el caso de los más pequeños, de cero a 11 años de edad, se reportan 285 que volvieron a México acompañados, y 54 que fueron deportados solos.
A nivel general, las principales entidades de destino de los paisanos deportados son: Baja California, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, en ese orden. (Fabiola Martínez, La Jornada, 8 Columnas)
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el año 2020, un total de 422 mexicanos perdieron la vida al intentar cruzar de manera ilegal la frontera hacia Estados Unidos.
A pesar del confinamiento por la pandemia de Covid-19, la cifra es la más alta registrada desde el año 2006, cuando 442 connacionales perdieron la vida al intentar alcanzar el llamado “sueño americano”. Además, casi duplica la cifra registrada en 2018, cuando 272 mexicanos murieron en la frontera norte. Los datos de la SRE destacan que de los fallecidos el año pasado, 216 cuerpos recuperados por las autoridades de ambos lados, no han sido identificados.
Según la SRE, la ruta del desierto y el Río Bravo son las más peligrosas para los migrantes que llegan hasta la frontera norte. De los 422 mexicanos fallecidos el año pasado, 248 perecieron en el desierto de Arizona, donde las extremas condiciones climáticas complican el rescate de los migrantes, quienes suelen morir por deshidratación, durante el día, o hipotermia en las noches. La frontera con Texas es el segundo cruce con más mexicanos fallecidos, 141, mientras que por tercer año consecutivo la región con Nuevo México no registró connacionales muertos en el intento de cruzar.
Las cifras de Cancillería revelan un incremento en los fallecimientos de migrantes de 18 y 25 años, durante el 2020, la cifra alcanzó los 78. Las causas del repunte de connacionales fallecidos en la frontera norte, que analiza la Cancillería, se refiere por una parte al incremento de la vigilancia por parte de las autoridades de EU, que obligan a los migrantes a buscar rutas cada vez más alejadas para cruzar; pero también el cambio de gobierno en la Casa Blanca, que con la llegada del demócrata, el 20 de enero del 2020, alentó la migración tanto de mexicanos como centroamericanos a la Unión Americana. (Roxana González, El Sol de México, República, p. 8)


Desde que se creó la figura de la diputación migrante para el Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres buscó entenderla y postularse por ella para representar el trabajo de miles de capitalinos que viven en el extranjero.
Ahora, tras la votación del domingo 6 de junio y con 55 por ciento de los votos emitidos por los chilangos de afuera, se convertirá en el primer Diputado migrante, para lo cual dejará 15 años de trabajo como comerciante en York, regresará a su Ciudad de origen y enfrentará la falta de legislación para el puesto que ocupará.
“Falta hacer las leyes secundarias que regulen la figura, no nada más es esto: cómo existirá la diputación migrante y cómo tiene impacto en las distintas leyes de la Ciudad de México hacia nuestros connacionales y sus familiares en México. Va a ser un trabajo arduo, muy técnico, pero pensando dejar las bases para futuros diputados”, estimó Torres.
El internacionalista, de 31 años, militante del PAN desde hace 10, y oriundo de la Alcaldía Venustiano Carranza, tuvo que regresar a la Capital desde que inició la campaña, pues la ley impide que los candidatos lleven a cabo promoción en el extranjero, así es que sólo regresará brevemente a Nueva York antes de asentarse definitivamente en la Capital, donde podría permanecer hasta 6 años.
“El objetivo principal es que se forme esta Comisión de asuntos migrantes, sobre todo para las leyes secundarias, hoy es una zona muy gris. Tenemos que hacer todo esto, bajar la agenda de lo federal a lo local, que cambiemos del pobrecito migrante a ver la migración como un área de oportunidad de desarrollo económico, cultural y social en las alcaldías”, refirió.
De acuerdo con el acuerdo por el que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hizo la designación de la diputación migrante, Torres obtuvo 4 mil 883 votos de los 8 mil 906 votos totales emitidos desde el extranjero por vía postal y electrónica: su contrincante más cercana, Verónica Puente Vera, candidata de Morena, obtuvo mil 983 votos.
Para el próximo legislador, la preferencia de los chilangos migrantes recayó en la presentación de propuestas claras y acordes a las necesidades de esta población, además de ser el aspirante más joven.
“Cuando uno dio sus propuestas en campaña, las dimos muy claras, muy precisas, sobre todo de cosas que, en lo local, sí se pueden satisfacer. Cuando le hablas a la gente con la verdad y con propuestas claras que se pueden medir, es cuando la gente confía en uno”, dijo. (Víctor Juárez, Reforma, Ciudad, p. 2)
La excandidata de Morena para la diputación Migrante, Verónica Puente Vera, así como el candidato de la alianza Va por México a la alcaldía de Xochimilco, Gabriel del Monte, presentaron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), recursos para impugnar los resultados de los comicios del pasado 6 de junio.
Puente Vera solicitó la nulidad de la constancia de mayoría de Raúl de Jesús Torres Guerrero y Nancy Viridiana Rangel López (suplente), de la elección para diputado migrante y que se considere la inelegibilidad de quienes fueron electos.
Entre sus exposiciones refirió que el diputado migrante electo no es de nacionalidad mexicana, pues aseguró que nació en Estados Unidos, lo cual viola la Ley de Nacionalidad.
“Me causa agravio que, en diversas entrevistas, el ahora denunciado ha manifestado su nacionalidad estadounidense, así como la burla tajante de ‘soy binacional’ para hacer referencia a dicha calidad. Esto, contraviniendo lo enmarcado en el artículo 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad. Misma calidad ha sido ostentada por el candidato en múltiples entrevistas y referencias de redes sociales, mismas que utilizó como medio oficial dentro del IECM para su contacto y vigilancia en materia fiscal”, expuso.
El diputado migrante electo, Raúl Torres, dijo a EL UNIVERSAL que la solicitud de la morenista “son patadas de ahogado”, pues aseguró que cumple con todos los requisitos, mismos que el IECM aprobó y que la diferencia entre ambos es de 54%.
Con una diferencia de mil 392 sufragios, que representan 1.2%, el excandidato del PAN, Gabriel del Monte, interpuso un juicio electoral con el alcalde reelecto en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, por la presunta compra del voto, entre otras anomalías.
Aseguró que defenderá el voto de los ciudadanos. (Eduardo Hernández, El Universal, Metrópoli, p. A17)
Tijuana, B.C.– Más de 150 mil ciudadanos de Baja California que fueron vacunados con dosis de biológico chino contra covid-19, Sinovac y CanSino, podrían verse impedidos para cruzar a Estados Unidos una vez que se reabra la frontera entre ambos países.
Está situación aún no ha sido confirmada, pero la determinación final será de las autoridades migratorias estadunidenses, las cuales podrían exigir el certificado de vacunación para internarse en el vecino país.
El secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, informó que vacunas de las marcas chinas CanSino Bio y Sinovac no fueron aprobadas por la Casa Blanca al igual que la Sputnik, de fabricación rusa.
Lo anterior podría significar impedimentos para cruzar a Estados Unidos de aquellos ciudadanos inoculados con esta vacuna, la cual fue aplicada, principalmente, a maestros y personal penitenciario. (Arturo Salinas, Excélsior, Nacional, p. 7)
Ciudad Juárez, Chih.- Un migrante mexicano, de 24 años, perdió la vida el pasado viernes al caer del muro fronterizo en divide México y Estados Unidos, en la parte de Texas, de acuerdo con un autoridades de ambos países.
El accidente ocurrió en la fronteriza Ciudad Juárez, que colinda con la ciudad de El Paso, Texas, cuando el hombre, de quien no se precisó el nombre, intentaba cruzar al lado estadounidense y cayó de la parte alta de la estructura de hierro, desde uno 10 metros de altura.
Las autoridades mexicanas indicaron que el hombre escaló con cierta facilidad la valla metálica del lado mexicano, intentó acomodarse para el descenso, ya del lado de la Unión Americana, pero al estar sobre la cima, resbaló.
Tras la severa caída, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU llegaron al lugar Posteriormente colocaron una cinta de color rojo, para que se realizara el levantamiento del cuerpo y que los especialistas forenses determinaran la causa del fallecimiento.
Ante el reciente incremento de la ola migratoria, en la frontera México- EEUU también han aumentado los casos en los que los migrantes pierden la vida al ir en busca del sueño americano. (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9)
Ciudad Victoria, Tam.- En dos acciones por separada, personal de la Policía Estatal, liberó en los municipios de Reynosa y Padilla a 36 migrantes entre ellos 10 mujeres y 12 menores de edad que eran transportados con la intención de ser cruzados a los Estados Unidos, además fueron detenidas 3 personas y asegurados 3 vehículos.
La primera intervención de los Policías Estatales se registró alrededor de las 16:40 horas, cuando atendieron un llamado de C-4 que reportaba un vehículo sospechoso circulando en las inmediaciones de la colonia Ran cho Grande.
Los Policías Estatales ubicaron sobre la carretera Ribereña y la calle Jaime Nunó una camioneta pick up Chevrolet Silveradó 2500 color rojo americana, de la que, al percatarse de la presencia policial, descendieron varias personas que intentaron darse a la fuga, por lo que se procedió a darles alcance.
Al entrevistarlos, 3 dijeron ser de Honduras, 3 de Nicaragua, 1 de El Salvador y 2 de México, quienes comentaron que buscaban llegar al río Bravo para cruzar la frontera, siendo puestos a disposición de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa.
Por otra parte, en un recorrido de seguridad y vigilancia sobre la carretera interestatal Barretal-Padilla, efectivos estatales detectaron a la altura del kilómetro 1 un Nissan Versa rojo con placas del estado de Tamaulipas, entrevistándose con el conductor quien dijo que acompañaba a un camión torton que había sufrido gna falla mecánica, que era tripulado por dos hombres que dijeron tener como destino el municipio de Reynosa. (Eduardo Vizcarra, Ovaciones, Nacional, p. 9)
(Redacción, La Jornada, Política, p. 11)
Matamoros, Tamps. En su cocina, Alma Beatriz Serrano Ramírez agita su pizarra frente a la cámara de su teléfono móvil, esperando que Adalid, Kimberly, Osval y sus otros estudiantes se mantengan concentrados en la lección de matemáticas que está dando.
Momentos después, no la conmueve la llegada a la habitación de su hija y su hijo de 2 y 10 años, respectivamente, mientras enseña el sonido de las letras.
“En Honduras di lecciones a niños. Nada que ver con esto. En realidad, nunca imaginé vivir una experiencia así (…). Es realmente difícil, pero a medida que pasa el tiempo, te acostumbras”, declaró una vez terminado su trabajo.
Esta migrante de 38 años soñaba con establecerse en Estados Unidos pero, como muchos otros, tuvo que dejar su exiguo equipaje en Matamoros, Tamaulipas.
Algunos de sus alumnos viven a 90 kilómetros de ahí, en un campamento de 700 personas erigido en pocas semanas en Reynosa, otra ciudad a las puertas de Estados Unidos.
Desarrolladas por teleconferencia, las clases de escritura, matemáticas o yoga que ofrece la asociación estadunidense Sidewalk School son un raro consuelo para los cientos de niños que viven a lo largo de la frontera.
Los estudiantes y sus padres, que provienen de Honduras, Guatemala y Haití, se encuentran entre los innumerables refugiados que aún acuden en masa a la frontera estadunidense, convencidos de que el presidente Joe Biden dejará entrar a quien lo solicite, a diferencia de la represión de su predecesor, el republicano Donald Trump.
Mientras sus casos son revisados por la administración estadunidense, la espera en las ciudades, a menudo a manos de los narcotraficantes, puede durar meses.
Es en esta última ciudad donde todo empezó en 2018 para la asociación Sidewalk School. Su fundadora Felicia Rangel se sintió devastada allí por la miseria de unos 20 migrantes que encontró debajo de un puente después de haber cruzado el río que separa Matamoros de su ciudad del estado de Texas, Brownsville.
Aunque no habla español (de padre mexicano y madre mestiza, pero ella se considera afroestadunidense), Rangel decidió ayudar a quienes considera víctimas de la injusta política antiinmigración de Trump.
Nada fue igual para esta maestra de 42 años, ama de casa desde 2010, después de dejar Houston para seguir a su esposo a Brownsville.
Al principio, “era sólo cuestión de entretener a los niños y enseñarles algunas cosas (…), pero a medida que iban llegando más niños, se hizo evidente que era necesario darles clases porque no estaban estudiando”, explica Ana Gabriela Martínez Fajardo, de 26 años, solicitante de asilo y profesora para la asociación en Matamoros.
Sidewalk School crece a medida que los migrantes acuden en masa a Matamoros.
Con el impacto de la pandemia de covid-19 en la región, Felicia Rangel y su socio Víctor Cavazos han comprado 300 tablets digitales para no abandonar a los 700 jóvenes de 4 a 18 que están bajo su resguardo. Incluso, voluntarios en los albergues prestan su celular para que los niños puedan unirse a su clase virtual.
Muy rápidamente, gracias a los socios, las lecciones de los maestros, todos solicitantes de asilo y profesores o asistentes de educadores, comenzaron a llevar su actividad docente a nueve ciudades fronterizas.
La educación virtual es buena, porque permite que los estudiantes con menos preparación se pongan al día. “Una de sus clases favoritas de los menores es yoga, pues se relajan y olvidan los meses de encierro”, afirman voluntarios.
“Es una situación muy complicada, llena de tristeza y vergüenza. (…) Un niño de 8 o 9 años debe saber prácticamente multiplicar y dividir (…). Y la mayoría de estos niños no lo consiguen”, lamenta la maestra Ana Gabriela Martínez Fajardo.
En los últimos meses, 17 de los 19 maestros también se han mudado a Estados Unidos y ahora enseñan desde estados como Kentucky, Michigan o Virginia.
Este verano se cumplirán dos años desde que los dos últimos maestros del lado mexicano han estado esperando en Matamoros con la esperanza de cruzar la frontera junto a sus hijos. (Afp, Excélsior, P.p.)
El exembajador de Estados Unidos, Christopher Landau, criticó la estrategia anti-drogas de Washington al advertir que “no podemos depender de México para resolver nuestro problema de drogas”, y cuestionó la eficiacia policial de su vecino del sur.
En un mensaje en Twitter, lamentó que “el uso de drogas y las sobredosis se están disparando en EU”.
Agregó: “y no tenemos una estrategia nacional para abordar la crisis más que pedirle a México que persiga y extradite a los capos”.
En un artículo en The Arizona Republic, del viernes, resaltó el problema del “flujo de drogas ilegales y cada vez más letales hacia Estados Unidos”.
Destacó el dato de que “EU registró más de 81 mil muertes por sobredosis de drogas en los 12 meses que terminaron en mayo de 2020, el número más alto de muertes por sobredosis jamás registrado en un periodo de 12 meses”.
Aunque escribió que como embajador instó “al gobierno mexicano a adoptar una postura más proactiva para interceptar el flujo de drogas ilegales y responsabilizar a los responsables”, “Estados Unidos no puede depender de México, o de cualquier otro país extranjero, para resolver nuestro problema de drogas”.
Sobre las actuales formas de resolver el problema, indicó que “el objetivo principal es atrapar a los malos y llevarlos ante la justicia. Si bien ese objetivo es obviamente loable, no puede ser la base de nuestra estrategia nacional contra el narcotráfico. Hay dos problemas con el enfoque, uno práctico y otro conceptual”.
Acerca del primero dijo que “la mayoría de los cabecillas de los cárteles viven en México, por lo que su aprehensión y enjuiciamiento dependen necesariamente de las acciones del gobierno mexicano”.
“En cualquier caso, no está nada claro que las instituciones policiales y judiciales de México estén a la altura. El fallido intento de arrestar a Ovidio Guzmán, hijo del capo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, en octubre de 2019, subraya el desafío”.
Sobre el enfoque recalcó que “en un nivel más profundo, atrapar y probar a los capos de la droga no afectará significativamente el suministro de drogas ilegales”.
Aclaró que “nada de esto sugiere que Estados Unidos y México no deban trabajar juntos para aprehender a figuras clave en el tráfico ilegal de drogas y llevarlas ante la justicia. Los cárteles representan un grave peligro para ambos países y compartimos el interés común de erradicarlos”.
También destacó que “Estados Unidos no puede subcontratar su estrategia antinarcóticos a México.
Cualquier estrategia que defina el éxito en referencia a los esfuerzos de otro país está condenada al fracaso. Estados Unidos debe tener control sobre la implementación de su propia estrategia, lo que requiere un enfoque renovado en los esfuerzos dentro de sus propias fronteras”.
Por lo anterior, resaltó la educación y prevención “particularmente en las escuelas estadounidenses”.
Landau también abordó que “las fuerzas del orden de Estados Unidos deben atacar las raíces estadounidenses del poder de los cárteles mexicanos: el dinero y las armas”.
Concluyó que “con cientos de estadounidenses que sufren sobredosis todos los días, Estados Unidos no puede permitirse poner el destino de su estrategia antinarcóticos en manos extranjeras”. (Redacción, Ovaciones, P.p.)
El gobierno de México donó 400 mil dosis de vacunas contra el Covid-19 distribuidas entre Bolivia, Belice y Paraguay.
El biológico, producido por AstraZeneca y que además fue envasado en México, fue transportado por la Fuerza Aérea Mexicana y entregado a través de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Según la dependencia, México ha adquirido 45 millones 106 mil 655 dosis de vacunas de distintos laboratorios (Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V).
El gobierno hizo la donación de 150 mil dosis, para Bolivia; 150 mil, para Paraguay, y 100 mil, para Belice. Su entrega inició ayer y se prevé que hoy concluya.
La Cancillería detalló que el gobierno mexicano hizo la donación, en su calidad de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). De lo que se trata, justificó la dependencia a través de un comunicado, es mostrar la solidaridad de México y propiciar el acceso a las vacunas en países de la región.
Las dosis fueron transportadas por la Fuerza Aérea Mexicana y entregadas a través de un equipo de funcionarios.
Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, es la encargada de hacer la entrega de las 150 mil dosis de vacunas para Bolivia; en Belice, las 100 mil dosis fueron dadas por el subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, y el director del área, Martín Borrego.
En Paraguay, hoy las entregará el coordinador de Celac, Efraín Guadarrama, junto con personal de Birmex.
Las vacunas que serán donadas, detalló Relaciones Exteriores, son producto de la colaboración entre los gobiernos de México y Argentina, la Fundación Carlos Slim, AstraZeneca, el laboratorio argentino mAbxience, donde se produce la sustancia activa, y la planta mexicana de Liomont, donde se envasa la vacuna. A través de este convenio, México podrá acceder a 77 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 durante el presente año.
“Estamos convencidos de que la solidaridad intrarregional debe imperar en tiempos de gran crisis, por lo que esta mañana (ayer) estamos embarcando 400 mil dosis en donación, a razón de 100 mil dosis a Belice; 150 mil a Bolivia, y 150 mil a Paraguay, a fin de que estos países latinoamericanos puedan continuar con sus programas de vacunación.
“Tras realizar una exhaustiva consulta con los países de la región, para identificar sus necesidades inmediatas, esperamos poder preparar más envíos para otras naciones en un futuro cercano”, dijo la subsecretaria Martha Delgado. (Ariadna García, El Universal, Nación, p. A6)
(Arturo Sánchez, La Jornada, Política, p. 9)
(Staff, Reforma, Nacional, p. 11)
(Ernesto Méndez, Excélsior, Nacional, p. 7)
(Adriana Rodríguez, La Crónica, P.p.)
(Paris Salazar, El Heraldo de México, País, p. 4)
(Redacción, Ovaciones, P.p.)

Aunque en lo que va de este sexenio la incidencia delictiva en la red de carreteras que conducen a la frontera norte de Tamaulipas ha disminuido considerablemente, existen dos rutas que, por su conectividad, están bajo el yugo del crimen organizado, lo que las convierte en altamente peligrosas para transitarlas, pues hasta las mismas autoridades han sido atacadas.
El interés de los grupos armados por estas rutas federales (San Fernando-Reynosa y la Reynosa-Matamoros) es por las cientos de brechas que se conectan desde el sur y centro del estado hacia la frontera, en las cuales se realiza el tráfico de indocumentados y el trasiego de droga.Una sola brecha puede atravesar la mitad del estado.
Por ejemplo, desde Reynosa, Matamoros u otro municipio fronterizo puede conducir hasta el sur del Golfo de México y de ahí a los puertos marítimos, como el de Altamira, donde se presume el arribo de buques cargados de droga.
Una de estas vías que conectan con estas brechas es el tramo Matamoros-Reynosa, donde presuntamente, el pasado 28 de mayo, el líder de Morena, Mario Delgado, fue abordado por hombres armados, cuya versión fue desmentida más tarde por el gobierno tamaulipeco.
En 2018, la ruta registró diversos eventos después de que Evaristo Cruz, El Vaquero, llegó a ser el líder del Cártel del Golfo en Matamoros.
Con ello se sumó la lucha contra los pistoleros de Reynosa que, aunque son el mismo cártel, la delincuencia de Matamoros busca imponer su hegemonía.
Azote criminal
El tramo es de cuota y comunica a Matamoros con Reynosa en 45 minutos y evita entrar a Valle Hermoso, Nuevo Progreso y Río Bravo, municipios controlados por el Cártel del Golfo con base en Matamoros.
La presencia criminal era por indicaciones del capo ante el interés de expandir su influencia a otros municipios.
Para abril pasado (fecha en que fue detenido) hubo una disminución de la criminalidad, pero se quedó estancada entre Progreso y Río Bravo (municipios vecinos de Reynosa y Matamoros).
Según autoridades, al cruzar la caseta de cobro de Nuevo Progreso el nivel de peligro para viajeros y autoridades aumenta ante la marcada presencia de pistoleros.
Recientemente hubo un tiroteo entre gatilleros y elementos estatales de proximidad en carreteras de Nuevo Progreso, el cual dejó dos elementos heridos.
Entre 2020 y parte de 2021 se han denunciado retenes de civiles armados, despojo de vehículos y enfrentamientos con agentes estatales en dicha zona.
Pocas han sido las intervenciones de personal federal y la milicia. La última vez que participaron ocurrió en abril de 2020, cuando un grupo armado disparó contra un agente de la entonces Policía Federal División Caminos (hoy adherida a la Guardia Nacional).
El informe señala que delincuentes identificados como El Maistrín y El Betito, este último de origen estadunidense, han sido los generadores de violencia en esa zona al enfrentar a los pistoleros conocidos como Metros, quienes operan en Reynosa.
La importancia de esta zona es por los puentes internacionales Pharr y Los Indios, en el ejido Lucio Blanco.
También se encuentra la brecha E-99, la cual está cerca de Reynosa y tiene cientos de brazos que puede hacer llegar al poblado de González Villarreal, perteneciente a San Fernando, y que al seguir su ruta conecta a un tramo carretero entre Soto la Marina y su ejido La Pesca, es decir, a una distancia de 281 km desde el norte de la frontera con EU al sur del Golfo de México.
Otra ruta al norte de Reynosa es la Del Becerro, que lleva hasta Camargo, límites con Nuevo León y hacia el sur llega cruza los municipios de Burgos, Méndez, vecinos de San Fernando, y termina en San Nicolás.
En tanto, en Valle Hermoso, sobre la misma autopista, hay una brecha conocida como la 109 y termina en el puerto marítimo de El Mezquital, en el Golfo de México, perteneciente a Matamoros.
La ruta conecta hacia playa Bagdad y de ahí a EU.
Siguiendo con la 109, el camino conecta con el ejido de González Villarreal, perteneciente a San Fernando, y lleva hacia el punto conocido como La Y, en el tramo San Fernando-Reynosa.
Esta ruta es la segunda considerada como peligrosa.
También ahí, El Vaquero impuso pistoleros, por lo que seguido hay enfrentamientos con la policía.
Ahí, en 2019, en el ejido Palo Blanco, perteneciente a San Fernando, desaparecieron 22 migrantes que viajaban en un autobús.
A mediados de ese año, el gobierno estatal mandó a personal de seguridad hacia esa zona. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (antes CAIET) protagonizaron una serie de enfrentamientos con el crimen organizado. Aunque no por completo, las acciones policiales trajeron una notable baja de la incidencia delictiva. (Alfredo Peña, Excélsior, Nacional, p. 13)
Cuatro sujetos de nacionalidad peruana que pistola en mano le robaron a una mujer 30 mil pesos y 18 cheques de la empresa donde trabajaba, en calles de este municipio, fueron detenidos por elementos de la policía de investigación mexiquense.
La FGJEM informó que tras su captura, estos sujetos fueron vinculadas a proceso, luego de que el Representante Social de la Fiscalía Regional de Naucalpan, acreditó su participación en dicho robo con violencia ocurrido en el año 2017.
La dependencia, dijo que los detenidos responden a los nombres de Luís Edson “N”, Luís Yohani “N”, Waldemar “N” y Jahaira “N”, quienes el día 7 de noviembre del año 2017, habrían sometido a una mujer para robarle sus pertenencias, además de dinero y documentos, en la calle Vicente Yáñez Pinzón, de la Colonia San Agustín, en el municipio de Naucalpan.
La Fiscalía, señaló que el día de los hechos, la víctima viajaba a bordo de su automóvil y los probables asaltantes en un vehículo tipo Sedan, con el cual la interceptaron, luego la habrían amagado para despojarla de una bolsa, donde llevaba 30 mil pesos, además de 18 cheques, propiedad de una empresa.
Posteriormente, la víctima denunció los hechos ante el agente del Ministerio Público, por lo que fue integrada la carpeta de investigación respectiva por este robo con violencia y con el avance en la indagatoria fue posible identificar a los presuntos asaltantes.
La FGJEM informó que ante tal situación, el Representante Social solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de estas personas; mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado por Policías de Investigación (PDI), por lo que dichos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, que los vinculó a proceso.
Además, decretó en su contra una medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias, sin embargo, se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. (Redacción, La Prensa, Policía, p. 15)