Señala clasismo y acoso en gimnasios Sersana
Por este medio hago saber a los lectores de La Jornada que en la cadena de fitness llamada Sersana (una de sus sedes se ubica en Plaza Artz), además de pagarse tarifas altas se padecen racismo, clasismo, discriminación y aco-so sexual, cuyas víctimas de lo último son jovencitas que buscan ejercitarse.
Privan la actitud pasiva y la omisión de las autoridades del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), de INM (se desconoce el estatus migratorio de los entrenadores de origen sudamericano, entre ellos uno de nombre Ezequiel Carballo), así como de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Mi queja pública fue atraída de manera rápida por personal de Conapred, pero de pronto y después de contactarse con las socias de Sersana, extrañamente se olvidaron de mi denuncia, cuyos datos específicos ya estarán archivados en alguna parte del Conapred, situación por demás lamentable. (Carlos Velasco M. La Jornada, Política, p.2)
Fue encontrada sin vida en los separos del municipio del Progreso de Obregón en Hidalgo. Horas antes había chocado y como médico se bajó a ver si alguien estaba lesionado. Se trató de un accidente menor, con cuatro autos involucrados, según testigos en el lugar, pero sin lesionados.
La joven doctora Beatriz Hernández, de 29 años, egresada del Instituto Politécnico Nacional, fue detenida con uso de fuerza excesiva, como se pudo ver en un video, una agente la agarró del cuello y la cabeza para meterla a la fuerza para introducirla a una patrulla.
Llegó a los separos de la Policía Federal, venía maltratada; sin recibir ningún tipo de atención médica, la joven fue trasladada a las dependencias de la Policía Municipal, donde permaneció un tiempo, platicó con su padre y luego fue encontrada muerta. Nadie hasta el momento sabe qué ocurrió en esa celda donde permanecía.
Por estos hechos, las autoridades municipales buscaron justificarse diciendo que se había tratado de un suicidio, incluso en el expediente reportaron que la médica había ingerido sustancias que parecía ser droga por lo que su condición de salud, supuestamente, era extraño.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició una carpeta de investigación con protocolos de feminicidio por la que detuvo a siete policías, entre ellos la directora de seguridad pública de Progreso de Obregón. En total son tres mujeres y cuatro hombres, que ocupan cargos policiales y administrativos.
El maltrato contra esta mujer provocó que este domingo 13 de junio, decenas de médicos salieran a las calles en Pachuca, capital de Hidalgo, para exigir esclarecer el caso.
Los policías permanecen en el Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala de Juárez a la espera de presentarse ante el juez. El gobierno municipal ha calificado este arresto de detención ilegal.
El padre de Betty, Cirilo Hernández, relató que después de efectuar el trámite y comprobar los vehículos afectados en el accidente, regresó a la celda. Su hija estaba en el suelo y el personal de Protección Civil trataba de reanimarla.
El caso de Beatriz Hernández ocurre tres meses después del ocurrido con Victoria Salazar Araiza, la mujer migrante que murió tras ser sometida por policías de Tulum, Quintana Roo, ocurrido el pasado 27 de marzo.
La mujer salvadoreña que se encontraba en México con el estatus de refugiada y que el Instituto Nacional de Migración le había otorgado el permiso por razones humanitarias fue sometida con la rodilla en su cuello de una policía. Esto provocó fractura en las vértebras del cuello. Hoy su caso es tratado como feminicidio, los cuatro policías involucrados están vinculados a proceso: Miguel “C”, Juan “C”, Raúl “L” y Verónica “V”.
La realidad es que Victoria murió porque fue detenida y asesinada por una policía municipal con poca preparación como tenemos miles en todo el país.
Otro caso de abuso policial fue el del joven Giovanni López, de 30 años, detenido en mayo de 2020, en Jalisco, y al día siguiente cuando su familia fue a buscarlo había fallecido, después de haber sido llevado a un calabozo. El suceso se produjo a principios de mayo, aunque el vídeo de los golpes que recibió durante el arresto no se difundió hasta semanas después. En un primer momento se afirmó que los agentes de Ixtlahuacán de los Membrillos, una localidad de Jalisco, lo habían arrestado supuestamente por no usar el cubrebocas que, a principios de mayo, ya era obligatorio en el estado.
Las autoridades sugirieron que éste no había sido el único motivo de la muerte. La muerte de López a manos de la policía generó una ola de protestas e indignación en Ciudad de México y especialmente en Guadalajara. Otro caso más de abuso y negligencia policial.
Hoy, muchas policías municipales carecen de protocolos para tratar al ciudadano. Son ellos, los más cercanos a la ciudadanía, los que deberían de ser los más próximos a entender y resolver los problemas de seguridad, pero no saben hacerlo y además pueden, como lo vimos en el caso de Betty, de Giovanni y de Victoria, acabar con la vida de los ciudadanos, pero son decenas los casos como éstos que ocurren en el país.
Se supone que los policías municipales son los primeros respondientes, los que acuden para mantener el orden de la vida cotidiana con un mínimo uso de la fuerza, atienden situaciones de violencia intrafamiliar, riñas, problemas con el alcohol, vandalismo, hechos de tránsito, entre otras.
Según el último informe revelado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que, de los dos mil 457 municipios en México, 650 carecen de fuerza de seguridad local. Hablamos de municipios como Camargo, Tampico, Acayucan, Zongolica y Calakmul. Otros municipios como Cosalá, Choix, Madera y Urique sólo cuentan con un máximo de 15 uniformados.
Es decir, que el 4 por ciento de la población no cuenta con un policía. Mientras que el resto cuenta con 339 mil 60 elementos, que no están repartidos de manera equitativa.
A menor población, menos policías, pero eso no implica que exista menor índice delincuencial, como ocurre en Zacatecas, que actualmente tiene un repunte de homicidios dolosos, y es uno de los municipios que cuenta con pocos uniformados.
De acuerdo con reportes oficiales, en ayuntamientos con 100 mil o 500 mil habitantes el promedio es de 1.36 policías, mientras que debajo de 100 mil personas, el promedio es de 1.2 policías.
Aunado a la mala distribución policial, para este 2021 quedaron eliminados programas que fortalecían las capacidades de los policías municipales.
Es decir, de los policías municipales que se tienen, la gran mayoría no cuenta con entrenamiento y mucho menos con las pruebas de control y confianza que son indispensables.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el mayor en cuanto a recursos en materia de seguridad, FASP, tuvo una reducción del 0.02%, a pesar de los altos índices delictivos. Mientras que el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, Fortamun, fue reducido 4.5%.
Además, se eliminó del Presupuesto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) destinado a municipios. Los recursos de este programa estaban dedicados a cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de las policías municipales, su capacitación, profesionalización, equipamiento y mejora de sus condiciones laborales.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo el país hay 288 mil policías a nivel local, entre policías estatales, municipales y ministeriales, pero de ellos sólo uno de cada cuatro está certificado con el Certificado Único Policial, que es precisamente el que certifica formación, capacidades y confiabilidad.
Hoy muchos policías municipales no tienen la preparación para poder trabajar y brindar seguridad a la población, se necesita construir policías eficientes y efectivas en todos los órdenes de gobierno. Cualquier policía requiere de una capacitación inicial y actualizaciones, protocolos claros para cumplir su labor, recursos, condiciones laborales dignas, esquemas para el crecimiento profesional y atención psicológica.
Mientras no se tengan policías preparados, tendremos a policías asesinando a ciudadanos. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p.9)
Según el Banco de México, la balanza de pagos del país se saldó en el primer trimestre de la siguiente forma: un déficit en cuenta corriente de -5 mil 135 millones de dólares (mdd) y otro en la cuenta de capital de -7 mdd, ambos compensados por un ingreso neto de recursos extranjeros (pasivos para México) en la cuenta financiera de 4 mil 929 mdd más un ajuste positivo de 213 mdd en errores y omisiones (Gráfico 1).
Advertencia: tomar estas cifras preliminares con extrema precaución pues suelen ser altamente volátiles. Hace un año celebramos aquí que el déficit en cuenta corriente del primer trimestre se había reducido a -982 millones de dólares, y ahora las cifras corregidas indican que fue de -7 mil 502 m (Gráfico 2). Si la cifra deficitaria de este trimestre no varía sustancialmente estaremos aún ante el menor déficit de un primer trimestre en los últimos nueve años.
De la Cuenta corriente, la balanza trimestral de mercancías regresó a ser deficitaria en -1 mil 520 m tras el efímero superávit de 3 mil 518 m en 2020; la balanza de servicios amplió como nunca su déficit a -4 mil 086 m; la balanza de renta (intereses, dividendos y utilidades) redujo su déficit a -9 mil 976 millones; y la balanza de transferencias siguió ampliando su superávit a 10 mil 446 mdd. De esta última, los ingresos específicos por las remesas familiares que envían los migrantes mantienen un crecimiento consistente y ascendieron a 10 mil 615 mdd (Gráfico 3). (David Márquez Ayala, La Jornada, Economía, p.20)
Sobre la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a Guatemala y México aún hay temas por descubrir e historias por contar y precisamente sobre ello me ocupare. El viaje, según lo reportado, no ofreció grandes resultados, incluso me atrevo a decir que quedo a deber, se repitieron los esquemas, mucho show, pero poca substancia. Palabras, discursos y compromisos firmados, lo de siempre falta ver que se traduce en acciones en favor de la creciente migración.
En estos encuentros de alto nivel, se habló más allá que migración, me han confirmado, por ejemplo, de la creación de una fuerza anticorrupción en Centroamérica, que había sido anunciada en abril pasado por funcionarios de menor rango del gobierno de Biden y de un memorándum con México sobre un anuncio de buena voluntad para cooperar como socios.
Antes de este viaje el gobierno estadounidense, tenían pocas expectativas sobre los resultados, ya que el asunto migratorio, saben, requiere de múltiples y muy variadas acciones. El tema no solo es de buena voluntad., se requiere mucho, mucho más.
La misma Kamala hablo de las razones del viaje en Guatemala…“vine aquí para estar en el terreno, para hablar con el líder de esta nación sobre lo que podemos hacer de una manera significativa, tangible y con resultados reales. Y seguiré centrada en ese tipo de trabajo en lugar de grandes gestos”, en donde podemos decirle a la vicepresidente que no. No obstante, al día siguiente Harris indicó en México que pronto visitará la frontera, aunque insistió en la necesidad de atender las causas por las que los migrantes llegan allí…“Estados Unidos seguirá haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras, ahí estaremos.” incluso fue determinante…“Si vienes a nuestra frontera, te harán regresar”.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas la congresista Alexandria Ocasio-Cortez por ejemplo dijo…”es decepcionante ver esto donde va el gobierno“, pero la demócrata agrego…”hay que se claro, buscar asilo en cualquier frontera estadounidense es un método de llegada 100% legal”, pero más allá…“en segundo lugar, Estados Unidos pasó décadas contribuyendo al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina”, basta dijo en declaraciones públicas la representante neoyorkina… “no podemos incendiar la casa de alguien y luego culparlos por huir”.
En todo este panorama el gobierno dijo Biden ha prometido destinar $4 mil millones de dólares en cuatro años a atacar problemas que a su entender causan la emigración de Guatemala, El Salvador y Honduras, como la corrupción, la violencia o la falta de oportunidades económicas. Y bueno, como un primer paso el inquilino de la Casa Blanca le solicito al Congreso US$861 millones en ayuda a la región.
Con el paso de los días iremos conociendo lo que realmente se habló, pero sobre todo lo acordado. (Alma Rosa, Contra Replica, Opinión, Online)
Afinan estrategia contra tráfico de migrantes y crimen organizado
El titular de la UIF, Santiago Nieto, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se reunieron con autoridades de Guatemala para establecer una estrategia de integración económica y un plan que permita combatir el tráfico de migrantes y congelar cuentas de los grupos delictivos. Además, la funcionaria del gabinete presidencial recibió en ese país el Cambio de la Rosa de la Paz por parte del Ministerio de Cultura y Deportes; esto en medio de los rumores que apuntan que ambos personajes serán movidos a otras dependencias en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero hacia una relacionada con el combate a la delincuencia y la segunda a una cartera encargada de la política interna del país. (Contra Réplica, Opinión, Online)
La lucha de clases no es el motor de la historia como afirmaron Marx y Engels, pero promoverla sirve para ganar elecciones presidenciales y mantenerse en el poder. Lo estamos viendo en América Latina.
Tal vez no sepan qué construir desde el poder, pero son cinco estrellas a la hora de destruir. Es lo único que se puede hacer con una sociedad dividida: destruir.
Países de América Latina que, con sus defectos, caminaban en una dirección más o menos aceptable –posible de medir–, ahora se precipitan a la polarización social cuyo desenlace es el empobrecimiento, y deja una herida que tarda generaciones en sanar. O no se cura nunca.
Aquí en Estados Unidos lo que hay es promoción del odio como herramienta para el posicionamiento electoral.
El gobernador de Texas, Greg Abbot, anunció el jueves que con el presupuesto estatal para seguridad en la frontera (mil millones de dólares), continuará la construcción del muro de Trump que frenó Biden.
Ésa va a ser su apuesta para posicionarse como precandidato presidencial del Partido Republicano.
México es un caso sorprendentemente claro –aunque por desgracia no el único– de promoción de la lucha de clases, desde la cima del poder político.
Durante 15 años el candidato López Obrador recorrió el país para señalar a los “ricos” como causantes de las desgracias de los pobres. No es verdad, pero es eficaz. Llegó al poder.
Ahora como Presidente, y luego de una elección que no le resultó del todo favorable, pone a la lucha de clases como el eje de su discurso. Ése será el tono hasta 2024.
Fue directo contra la clase media, que tiene “una actitud aspiracionista (sic), es triunfar a toda costa, salir adelante”.
Si hubiera que ponerle rostro a una actitud aspiracional, de triunfar a toda costa, salir adelante, no hay mejor retrato que el indocumentado mexicano que arriesga su vida en el río, en el muro o en desierto, para alcanzar lo que el Presidente reprocha.
Luchan a toda costa por salir adelante, por tener un buen nivel de vida, sin depender de las ayudas del gobierno, sino de su empuje, aunque en ello les vaya la vida o la libertad.
Y envían a sus familiares en México más de 40 mil millones de dólares al año, precisamente ahora que ha vuelto a incrementarse la migración mexicana, luego de llevar algunos años con balance de cero aumento.
Se les agradece con hermosas palabras el dinero que mandan a México, pero se reprocha la esencia de su tesón individual: aspiracionismo (sic), triunfo a toda costa, salir adelante.
La lucha de clases que se alienta en México ha tenido una contrarréplica que preludia un horizonte ominoso para el país.
Sectores minoritarios pero estridentes hacen burlas de los que dicen cabello en lugar de pelo, o se llaman de tal o cual manera.
Perú, un país con dos décadas de crecimiento económico ininterrumpido e inflación inferior al 3 por ciento, al parecer se inclinó por el candidato de un partido marxista. Llega al poder con el discurso y la ideología de la lucha de clases.
Convocará a una asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución, de aliento socialista, “a cambio de la actual, que privilegia el libre mercado”.
Su discurso es estatista, contra los ricos, contra empresas privadas (LATAM, Zara, Falabella, Metro “aglutinan su economía para sacar un beneficio empresarial, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo”) y los medios de comunicación.
Hace unos días, ante la inquietud en los mercados, Pedro Castillo dijo que en su plan no contemplaba expropiaciones y será respetuoso de la autonomía del Banco Central.
En su propuesta de gobierno está un nuevo Tribunal Constitucional (Suprema Corte) “electo por el pueblo”.
La trae jurada contra los medios de comunicación privados. Con un machete en la mano, preguntó en un mitin reciente: “¿Qué canal, qué radio y qué periódico de Lima dicen la verdad?”
– ¡Ninguno!, rugió la multitud.
– ¡Díganlo más fuerte!
– ¡Ninguno!
– “¿Dónde está la televisión del pueblo peruano? ¡No la tiene! No la tiene, pero sí la tiene para decir porquerías, para decir basuras. ¡Eso tiene que terminar ahora!”-, gritó el candidato presidencial que saltó a la fama luego de encabezar, hace cinco años, una huelga nacional del magisterio.
Tiene rasgos trumpistas Pedro Castillo. El autoritarismo los hermana, sean de izquierda o de derecha.
Anunció que dará “un plazo de 72 horas a los extranjeros ilegales para dejar el país, los que han venido a delinquir”, en abierta alusión al millón (un poco más) de venezolanos que han llegado” y reestablecerá la pena de muerte.
Los venezolanos que están en Perú (y en Ecuador, en Colombia, Panamá, Chile, Estados Unidos) son víctimas de la lucha de clases que quita a unos para dar a otros.
El reparto de dinero no tiene por objetivo generar desarrollo, mejorar el sistema educativo o de salud, sino conservar clientelas electorales o brazos para luchar contra las clases medias.
“No lloren por Chile todavía”, escribió recientemente Andrés Oppenheimer. Ojalá así sea. Pero el puntero de las elecciones presidenciales (noviembre) es el candidato del Partido Comunista. Y hace un par de semanas la alcaldía de Santiago-Centro la ganó la abanderada del Partido Comunista, Irací Hassler.
La promoción de la lucha de clases reditúa electoralmente.
Ahí está Colombia, con un exguerrillero del M-19, marxista, a la cabeza de las preferencias electorales para los comicios de marzo. Una guerrilla que era parte de la delincuencia organizada: narcotráfico y secuestro (el periodista mexicano Raymundo Riva Palacio fue una de sus víctimas).
Es fácil caer en la trampa de la lucha de clases. Y hay trampas que, si no se les evita y se cae en ellas, no se sale nunca. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p.40)
Hay en Washington una nueva visión de la migración y lo que debe hacerse para resolver la crisis actual vinculada a este fenómeno. La administración de Joe Biden ha manifestado que busca apostar al desarrollo económico en las zonas que expulsan migrantes para evitar que sigan siendo millones los que buscan llegar a la Unión Americana. La visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y a México puso en el centro ese objetivo.
Sin embargo, el que exista un cambio de paradigma no quiere decir que todos serán bienvenidos en los Estados Unidos. La frontera seguirá cerrada a la migración y ese fue el mensaje que Kamala Harris llevó hasta Centroamérica.“¡No vengan!”, dijo en conferencia de prensa junto al presidente de Guatemala Alejandro Giammattei. “Si llegan a nuestra frontera, los rechazarán”.
En México habló de la posibilidad de otorgar visas temporales de trabajo a quienes viven en la franja fronteriza y se centró en impulsar el desarrollo económico. “Nadie quiere dejar su casa”, dijo, con la certeza de que quienes se van lo hacen orillados por la miseria.
Un muro no detiene la migración. Pareciera una obviedad, pero la realidad reciente nos permite ver que hay muchos que todavía creen que una barrera física es capaz de frenar a quienes huyen del hambre y la violencia. Generar oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida en los mismos países de origen, sí podría reducir la migración.
Pero no solamente la pobreza expulsa a muchos. La violencia es un factor que cada vez tiene más peso. Hace algunas semanas estuve en Roma, Texas, una ciudad fronteriza a la que a diario llegan cientos de migrantes. Entrevisté a decenas de centroamericanos. No hubo uno solo que no mencionara la violencia en su país como la razón principal que lo motivó a huir de ahí. Algunos tenían empleo antes de partir, pero lo poco que ganaban se los arrebataban las pandillas a través de extorsiones o asaltos.
Lamentablemente, esa realidad ya alcanza también a muchos mexicanos. Hay regiones del país en las que los criminales mandan y el miedo ha expulsado a sus habitantes.
Por eso, si los estadounidenses realmente quieren disminuir la migración, tienen que combatir el tráfico ilegal de armas. Los cárteles y pandillas que ahuyentan a muchos mexicanos y centroamericanos usan armas fabricadas en la Unión Americana. ¿Será que esa problemática prefieren no abordarla por razones económicas? La industria de las armas es crucial en la economía de ese país, y somos muchos los que pagamos las consecuencias. (Paola Rojas, El Universal, Opinión, p.2)
Desde la antigua certificación en el combate a la droga hasta la extorsión de los aranceles en tiempos de Donald Trump, lo de Estados Unidos con México ha sido el reclamo que no cesa. A juzgar por la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobierno de Joe Biden no será la excepción. Aunque en términos y tono distintos a la violenta pedantería de Trump, Harris dejó claro qué espera de la colaboración mexicana en migración y seguridad, los dos temas prioritarios de la agenda bilateral actual. Quiere que México ayude a contener a los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos además de continuar el combate contra el crimen organizado y controlar el tráfico de drogas, sobre todo del fentanilo, que se ha vuelto una importante fuente de ingreso para los cárteles mexicanos y una pesadilla en Estados Unidos, donde el apetito por los opioides es una crisis de salud pública.
Ahora bien, ¿qué está dispuesto a dar el gobierno estadounidense a cambio de esta colaboración en frentes tan complejos? Durante su visita a México y Guatemala, Harris ofreció poco. La promesa de inversión es pobre. Las declaraciones de entendimiento e intercambio de información y capacidades no son un parteaguas diplomático. Pero eso no es lo peor. El problema no es solo la falta de solidaridad activa del gobierno de Estados Unidos sino la absoluta carencia de autocrítica y, todavía más, de voluntad por resolver el lado estadounidense de la ecuación de la violencia regional. El ejemplo más claro es el más doloroso: el contrabando de armas de Estados Unidos a México.
Se ha dicho un millón de veces, pero vale la pena repetirlo: no hay manera de explicar la violencia en México sin las armas compradas en Estados Unidos y traficadas a México de manera ilegal e impune. El aterrador arsenal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que al grupo le gusta presumir en videos y arengas de corte militar, proviene casi por entero de Estados Unidos. De ahí vienen las armas semiautomáticas y los rifles de francotirador Barrett .50, capaces de derribar un helicóptero y, como se vio en Culiacán, destrozar las piernas de soldados mexicanos de un solo impacto. Sin el contrabando de armas de Estados Unidos a México, el crimen organizado no tendría la capacidad para aterrorizar ciudades enteras e imponer su ley paralela en buena parte de México. Es así de claro.
¿Y qué hace el gobierno estadounidense? Nada, o peor que nada. Por años, el poder legislativo en Washington ha evitado aprobar incluso las más elementales medidas de control de armas. Al mismo tiempo, muchas legislaturas locales han aprobado reglas cada vez más permisivas. No solo eso. Hace unos días, en el colmo absoluto, un juez aprobó de nuevo la venta de armas de asalto en California. ¿Parte de su argumento? Decir que esos rifles –diseñados para la guerra– no son más peligrosos que una navaja. De ese calibre es la desfachatez (la palabra se queda corta).
No todos tienen la misma responsabilidad. El partido demócrata ha intentado una y otra vez aprobar restricciones a la compraventa de armas. El partido republicano ha hecho lo contrario. En el Congreso federal y mucho más a escala local, los republicanos se han opuesto prácticamente a cualquier medida sensata. El asunto se ha vuelto una batalla política de tal calibre que Kamala Harris ni siquiera mencionó el tema en México. Es absurdo.
Por años, los gobiernos de México han preferido no responder a esta omisión estadounidense. Andrés Manuel López Obrador no ha sido diferente. A pesar de que el canciller Ebrard entiende la magnitud del problema, México no ha reclamado gran cosa. Es más: en uno de esos episodios del desatino a los que nos hemos acostumbrado, el presidente de México le ha dedicado (mucho) más tiempo a reclamar sobre los fondos de USAid a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción que a exigirle al Congreso estadounidense, y a los gobiernos estatales, como Texas, decisiones específicas contra el tráfico de armas. Es incomprensible. A estas alturas ya está claro que al presidente de México no le falta ánimo de confrontación con Estados Unidos. Adelante, pero no debe gastar la pólvora en infiernitos. Si López Obrador va a usar su capital diplomático para exigirle algo a Estados Unidos, que lo haga para algo que valga la pena. Antes que escribirle a la secretaría de Estado sobre USAid, que lo haga a Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, o a Greg Abbott, gobernador de Texas. Ellos sí que hacen daño a México, concretísimo daño. Es hora de que México también exija, pero en lo realmente importante. (León Krauze, El Universal, Nación, p.8)