En los últimos nueve años, Guatemala ha reemplazado a México como el país que más envía migrantes por vía irregular a Estados Unidos. Y otros guatemaltecos vienen a trabajar en Cancún, Playa del Carmen, las fincas de Chiapas y la Ciudad de México como estrategia de supervivencia y ahorro. Guatemala vive ahora lo que México vivió en otro momento: un éxodo de su población hacia el extranjero en búsqueda de mejores oportunidades y alternativas de vida.
Escribo estas líneas desde San Antonio Huista, Guatemala, no muy lejos de Chiapas, y parte del departamento de Huehuetenango, de donde ha salido el número más importante de migrantes tanto a México como a Estados Unidos. Durante esta semana, hemos recorrido varios municipios en Huehuetenango, gracias a la invitación de la Asociación Pop No’j, que trabaja en comunidades mayormente indígenas, y en compañía de Luis Argueta, un cineasta guatemalteco, quien ha hecho varias películas sobre la migración.
No quisiera pretender entender todas las razones por las cuales los guatemaltecos están saliendo de su país en estos momentos, pero la frase que hemos escuchado más que nada es “falta de oportunidades”. En algunos casos es la pobreza en sí que hace que la gente emigre, una estrategia para dar lo mínimo a la familia, pero muchas veces es también una estrategia para diversificar la economía familiar, generar ahorros y poder comprar terrenos, cubrir gastos de salud o pagar colegiaturas de los hijos para que estudien una carrera. Migran por igual los más pobres, quienes no tienen nada, que los menos pobres (que siguen siendo bastante pobres también, pero ya tienen tierra y techo), porque hay pocas otras oportunidades de progreso familiar y a veces de supervivencia básica.
Lo más probable es que esta migración continúe muchos años, como pasó con México, y algún día disminuirá cuando el país esté mejor desarrollado, como también pasó en el caso mexicano. (Eso no es decir que México está perfectamente desarrollado, pero sí tiene más ingreso en promedio, más acceso a educación y salud y más posibilidades de acceso a crédito que hace 30 o 40 años cuando empezó el auge de la migración mexicana.)
Para los países de acogida de migrantes guatemaltecos, México y Estados Unidos, no hay forma real de controlar la migración de Guatemala (ni de Honduras), pero sí de manejarla inteligentemente, creando opciones de migración legal con visas de trabajo, asegurando la protección humanitaria a los que la necesitan y manteniendo políticas de control fronterizo profesionales y apegadas al estado de derecho. Hay que asumir que habrá migración, pero esa migración será mucho mejor para todos si es por la vía legal.
Y mientras tanto, habría que ver cómo ayudar a las familias en Guatemala para tener una mejor calidad de vida que haga más atractivo quedarse en sus comunidades y en el país, dándoles oportunidades reales que sirvan como contrapeso a las inercias migratorias.
En el caso guatemalteco, esto tiene dos vertientes. Por un lado, hay una ausencia evidente del estado en las comunidades más pobres y sobre todo en las indígenas. Falta lo básico: escuelas, médicos, caminos y carreteras que conectan a las comunidades. La economía sigue siendo bastante rural, con mucho impacto de los cambios medioambientales en la producción del café y otros productos. Y falta empleo formal en las zonas más urbanas.
Por otro lado, hay problemas estructurales que no permiten avanzar en estos temas. Una falta de institucionalidad gubernamental con cobertura nacional. Una corrupción profunda y asfixiante. Y una división marcada entre la minoría mestiza y la mayoría indígena. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.10)
El primer viaje de Biden fue a Europa, el de la vicepresidenta a Guatemala y el del secretario de Estado a Costa Rica. México pierde trato preferencial
Entre países —como entre personas— lo que determina la cercanía y el entendimiento o el distanciamiento y la confrontación es la compatibilidad o incompatibilidad de intereses. Ejemplo de ello son México y EU: como en el siglo XIX, cuando se iniciaron las relaciones diplomáticas no hubo intereses comunes, sino contrapuestos, esas fueron muy conflictivas. A partir del Porfiriato, en el siglo XX, surgió la complementariedad económica que, a pesar de altibajos, forjó una intensa binacionalidad apuntalada en grandes intereses compartidos, principalmente económicos que rayan en la integración. Además de lo estructural, también son decisivas las agendas de los gobiernos en turno, cuya compatibilidad o incompatibilidad determinan la cercanía o el choque.
Nuestra históricamente atribulada relación con EU tomó otra dirección con el NAFTA, pues los enormes intereses convergentes de carácter binacional afianzaron la coexistencia pacífica, la cooperación y el entendimiento. Lo anterior favoreció que, desde 1994, las respectivas agendas gubernamentales básicamente fueran compatibles. Sin embargo, la elección de Trump fue un quiebre en esa tendencia, ya que, a pesar de la prevalencia de los intereses estructurales, su agenda nativista-populista impidió buenas relaciones, salvo cuando se hiciera lo que exigía. Desgraciadamente ese fenómeno persiste, pues hay significativas discordancias entre las agendas de Biden y de López Obrador.
Como la política es el arte de decir una cosa y hacer otra, es más realista detectar las incompatibilidades analizando los hechos. Además de la vacunación, la gran prioridad de Biden es la economía: lanzó un impresionante plan de reactivación de 1.9 billones de dólares, que incluye un ambicioso plan de empleo, salud y familia, y hasta dinero en efectivo a los más golpeados por la pandemia. Otras demostradas prioridades son el medio ambiente, la energía, la seguridad, el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos, equidad de género, la sociedad civil, la reconciliación social, etc. Por el contrario, en México la economía no ha sido prioritaria (0 crecimiento antes de la pandemia) ni su reactivación; tampoco lo han sido el medio ambiente, la seguridad, el movimiento feminista o la sociedad civil. Los proyectos en energía son opuestos, y se enfatiza la polarización sobre la unidad. Aunque con distintos enfoques, se coincide en buscar soluciones al problema migratorio. En suma: la que se considera la “agenda más progresista” de los últimos años, no encaja en los planes de la 4T.
Trump no entendió la importancia de nuestra binacionalidad, y acá tampoco se están comprendiendo realistamente sus implicaciones. Como conlleva una vigorosa interdependencia asimétrica, los problemas económicos, de seguridad, ambientales, el trasiego de drogas (principalmente fentanilo) y armas, la corrupción, la libertad de prensa, la democracia sindical, la competencia de China etc., son mutuos, lo cual impone restricciones al concepto tradicional y rebasado de la soberanía. Ninguno de los dos gobiernos puede actuar en muchos rubros sin tener en cuenta al vecino, porque ya tienen un destino compartido. Los innecesarios desaires a los demócratas y las agendas contrapuestas están teniendo consecuencias. Para patentizar el malestar, no se recurre a la insultante agresividad de Trump, sino —por el momento— a una discreta frialdad. El primer viaje de Biden fue a Europa, el de la vicepresidenta a Guatemala y el del secretario de Estado a Costa Rica. México pierde trato preferencial, y la enrarecida relación puede conducir a un choque: no entre EU y México, sino entre sus gobiernos. (Walter Astié-Burgos, El Universal, Opinión, p.10)
No se entiende qué nos proponemos alcanzar con el gobierno del presidente Biden.
¿Queremos aprovechar ser socios en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pero sin buscar una convergencia regional en políticas energéticas y ambientales en América del Norte?
¿Queremos que los mexicanos en EU aprovechen el dinero de la recuperación estadounidense y envíen más remesas a casa, pero sin tener un programa de recuperación económica propio aquí en México?
¿Queremos que las comunidades mexicanas en EU nos apoyen frente a Washington, cuando el presidente de México no ha ido a visitarlas en los 30 meses de su mandato?
¿Queremos que el gobierno de EU deje de emitir alertas de viaje (‘el crimen violento como homicidio, secuestro, robo de auto y otros tipos de robo está muy extendido y es común en México’), aunque la violencia no cese en numerosos estados?
¿Queremos que dejen de decir que franjas enteras del territorio mexicano están tomadas por el crimen organizado, cuando tenemos evidencias de unas elecciones que para nada fueron pacíficas, donde la delincuencia asaltó la elección en numerosos distritos, asesinó a candidatos y presionó a votantes?
¿Cómo queremos que interpreten la frase ‘La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien. Este, muy pocos actos de violencia, este, de estos grupos’?
¿Queremos que dejen de apoyar a organismos de sociedad civil y periodistas de investigación mexicanos (el apoyo que reciben no excede 4% del presupuesto de ayuda externa de Washington), pero que el dinero del exterior continúe respaldando (96% del presupuesto) a programas gubernamentales? ¿Entonces si el gobierno es quien recibe el dinero, no hay intervencionismo?
En la Secretaría de Relaciones Exteriores hay numerosos cuadros que tienen el ancho de banda, la experiencia, la inteligencia estratégica para abordar y dirimir estos y otros dilemas. Sin embargo, seguimos tomando posiciones reactivas, sobre las rodillas, a veces unipersonales, que no responden a una estrategia ni a los intereses nacionales.
El gobierno del presidente Biden sabe bien qué quiere y qué medios aplicar para alcanzar sus objetivos.
Precisamente por ello es crucial entender el cambio político tectónico que está ocurriendo en Estados Unidos. Contrariamente a lo esperado de un político centrista, el presidente Biden ha emprendido un profundo cambio en el pacto social estadounidense.
Ha retomado del presidente Franklin Roosevelt la determinación de poner como prioridad a los ciudadanos, no a las corporaciones; de privilegiar a la inversión en la salud, la formación y las capacidades de las personas, y no a la especulación financiera.
No sabemos si el presidente Biden tendrá éxito. Tiene dos escollos monumentales: i) el trumpismo dentro y fuera del Partido Republicano, decidido a obstaculizar cualquier decisión; y ii) la posibilidad de perder su(s) precarias mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias de noviembre de 2022.
En Washington, los temas mexicanos son con frecuencia de política interna; al mismo tiempo, en México, Washington no es un factor externo, sino un actor interno. Por ello necesitamos hacer una lectura precisa de qué está ocurriendo dentro de EU y de cómo posicionarnos estratégicamente. (Carlos Heredia Zubieta El Universal, Opinión, p.11)
La designación del nuevo embajador estadounidense en México, Ken Salazar, el mismo día en que Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, hacía una visita de trabajo en la capital mexicana, puso de relieve la importancia y las complicaciones de la relación bilateral.
La embajada de Estados Unidos en México es todo menos un puesto fácil: son países geopolítica, económica y socialmente de enorme importancia el uno para el otro, unidos y separados por una frontera de tres mil kilómetros.
En junio, las presencias sucesivas del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, presumiblemente para abordar la cooperación sobre seguridad; de la vicepresidenta Kamala Harris, para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre temas políticos, muy definidamente migración, y de Mayorkas, que supervisa y coordina a los servicios migratorios, de aduanas y protección fronteriza, son una señal del interés en México.
Puede afirmarse que las visitas buscan establecer, o restablecer, según el punto de vista, fórmulas de entendimiento y cooperación con el gobierno de López Obrador, derivadas de lo que en EU se ve como necesidades reales de seguridad nacional, del combate al tráfico de drogas y la lucha contra los traficantes de personas.
El interés es acrecentado por relaciones económicas y comerciales, sociales y políticas que son lo mismo familiares que municipales, empresariales, estatales y federales, en un entrelazamiento íntimo.
El hecho es que lo que pase en Estados Unidos tiene repercusiones en México, y aunque sea menos espectacular, mucho de lo que ocurre en nuestro país tiene un impacto en EU.
Una pesadilla del gobierno estadounidense es la posibilidad de que un México políticamente desestabilizado o económicamente débil, lleve a una migración masiva que por razón casi natural sería hacia EU, con consecuencias de todo tipo.
Una preocupación paralela es que la delincuencia organizada en México llegue a ser tan poderosa que desafíe los controles gubernamentales y se convierta en un problema de seguridad para las autoridades estadounidenses si se vinculara con grupos extremistas internacionales.
Y a eso se pueden agregar preocupaciones como la ecología, reflejada en la crisis ambiental que afecta ya a los dos países en la forma de una sequía que golpea particularmente al oeste estadounidense y partes del noroeste mexicano, a través del suministro binacional de agua, y de paso en divergencias respecto a generación de energía, con un agregado en torno a inversiones energéticas estadounidenses en México.
En ese marco, se da la designación de Salazar, un abogado ambientalista de 66 años que fue compañero en el Senado y luego, como secretario del Interior, parte del gabinete del expresidente Barack Obama, colaboró con el entonces exvicepresidente Joe Biden.
Y aunque mucho de la relación se resuelve en las capitales, no viene a descansar. (José Carreño Figueras El Heraldo de México, Orbe, p.27)
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La imparable violencia que se ha recrudecido a lo largo y ancho del país y el control que, a querer o no, ejerce el crimen organizado en una cada vez más amplia parte de la República, y su injerencia en las elecciones del domingo 6 de este mes, más que el agravado problema migratorio, parece haber sido el principal interés en la reciente visita del secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.
Es sabido que las agencias y servicios de inteligencia del vecino país dan seguimiento a las actividades de los grupos criminales que se han multiplicado en algunas entidades federativas, y cuya amplia y documentada información conoce el Congreso estadounidense, en donde se contempla la necesidad de declararlos terroristas y combatirlos ante la inacción gubernamental aquí.
La incrementada introducción de todo tipo de drogas a la Unión Americana, entre ellas el fentanilo, que causa estragos y alarma en ese país por el cada vez mayor número de personas, sobre todo adolescentes y menores de edad que las consumen, preocupa a la Casa Blanca, en cuyo Salón Oval despacha el presidente Joe Biden. (Francisco Cárdenas Cruz La Razón, Opinión, p.4)
Yéndose Kamala Harris llegó a nuestro país nada más ni nada menos que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el tema, de acuerdo con el mismo secretario, es analizar la reapertura de la frontera norte, cerrada desde el 21 de marzo de 2020 y, de acuerdo con la Cancillería, las pérdidas para ambos países han sido incuantificables. Sin embargo, no podemos dejar de dar otra lectura más a tan importante visita seguida de la del director de la CIA y de la vicepresidenta Kamala en tan corto tiempo.
El triunfo en las pasadas elecciones en varias alcaldías, incluso gubernaturas en donde los candidatos han sido fuertemente relacionados al crimen organizado, no puede dejar de ser una preocupación más para el gobierno de Biden de lo que pudiera estar sucediendo al interior del país, acordando territorios y tolerando que las tres cuartas partes del país se encuentren bajo el acoso o control de organizaciones delincuenciales. Por si fuera poco, casi al unísono de que EU reconociera que el CJNG tiene presencia en territorio norteamericano calificándolo como el cártel más peligroso y mejor armado del mundo, fue el mismo grupo criminal el que logró robar más de 7 millones de cartuchos a la empresa Tecno, parte de éstos ya han sido localizados por la GN, sin embargo, la reunión del canciller con el secretario Mayorkas en donde participó el gabinete de seguridad, además del fiscal general de la República, invitan a dilucidar que el tema de mayor relevancia en esta visita, definitivamente fue la errónea estrategia en seguridad nacional, implementada por el gobierno morenista y que podría implicar la seguridad de ambos países.
Habrá que observar los cambios que, en esta materia, el gobierno federal empezará a tomar para dar lectura exacta a los datos relevantes que los de la plana mayor estadunidense vinieron a dejar. Por lo pronto, el primer cambio lo anunció ya el Presidente al advertir que solicitará que la GN pase a formar parte de la Sedena, finalmente nos da la razón, lo dijimos una y otra vez desde el desmantelamiento de la PF y la creación de la GN. Una corporación conformada por elementos, en su mayoría del EM, acostumbrados a una disciplina estoica, con los principios de lealtad y amor por la patria, bajo un “espíritu de cuerpo”, indispensable en operativos de alto riesgo, merecían lograr una mejor coordinación y formar parte de las Fuerzas Armadas de México.
Irónica, anecdótica y equivocada la opinión de Alfonso Durazo a la pregunta expresa respecto a la decisión presidencial de que “la GN debe estar al mando del Ejército, pues es muy difícil que militares y exmilitares se subordinen a un civil”, en primer lugar la GN siempre ha estado subordinada al Gral. Rodríguez Bucio y éste a su vez, por jerarquía de grado al Gral. secretario de la Sedena, lo que ocurrirá con esta solicitud, es lo que siempre en esta columna se dijo para evitar otro escandaloso culiacanazo, coordinado por la ineptitud de un civil sin experiencia, es necesario que las FA se coordinen y tomen el mando ante la catástrofe en seguridad que el ahora gobernador electo de Sonora dejó a su paso como titular de la SSPC. Debió ser para el Presidente una decisión difícil de tomar, por lo que puede impactar mediáticamente, parte de su campaña la argumentó diciendo que los militares regresarían a sus cuarteles, sin embargo, la errónea estrategia frente a la criminalidad y a la incapacidad de su gabinete, lo obliga a reconocer en el Ejército una vez más su experiencia y capacidad de acción. (Miguel Ángel Godínez García Excélsior, Opinión, p.16)