Tanteando el terreno
Nos cuentan que el próximo embajador de EU en México, Ken Salazar, entró en contacto con círculos políticos y empresariales del país, para tantear el terreno que le espera. Los temas sobre los que ha preguntado tienen que ver con migración, inversiones, energía, seguridad pública e impartición de justicia. Dicen que le reporta directo al presidente Biden. (El Heraldo de México, la Dos, p.2)
El mismo día en que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dijo en Guatemala “no vengan” a los centroamericanos, miles de ellos cruzaron ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos está enviando dos mensajes, contradictorios, al mismo tiempo: no vengan y sí vengan. Y los inmigrantes solo están escuchando uno.
Este es el típico caso en que no hay que escuchar lo que dicen los políticos sino lo que hacen.
Durante su reciente viaje a Guatemala, la vicepresidenta Harris fue contundente. Dijo dos veces “no vengan” a los centroamericanos que están pensando en dejar sus países para venir a Estados Unidos. Estas declaraciones fueron muy criticadas por venir de una hija de inmigrantes de la India y de Jamaica, y por contradecir lo que ella misma había dicho en la campaña electoral.
“Estoy en contra de cualquier política que le dé la espalda a la gente que está huyendo de un peligro”, dijo Harris en marzo del 2019, cuando aspiraba como candidata a la Casa Blanca. “Francamente va en contra de todo lo que creemos. Así que yo no aplicaría ninguna ley que rechaza a la gente sin darle una oportunidad de tener un proceso justo de asilo o como refugiado”.
Hoy Harris, como vicepresidenta, ha tenido que salir a defender los intereses del gobierno que representa, no su propio punto de vista. Y por eso chocan sus declaraciones. ¿Qué habría pasado si un político estadounidense le hubiera dicho a la madre de la India de Harris o a su padre de Jamaica que no fueran a estudiar a Estados Unidos?
Alejandro Mayorkas, el secretario de seguridad nacional, salió en una entrevista a defender las palabras de la vicepresidenta. “Fueron unas declaraciones cargadas de humanidad”, dijo Mayorkas a Yahoo!News. “No vengan, es peligroso. La frontera no está abierta”.
Aquí también llama la atención que estas palabras vengan de un inmigrante como Mayorkas nacido en la Habana, hijo de padres cubanos y con familiares que huyeron del nazismo en Europa. ¿Qué hubiera pasado si en esa época alguien le hubiera dicho a la familia Mayorkas que la frontera no estaba abierta?
Los inmigrantes centroamericanos, claramente, no están escuchando las palabras de Harris y Mayorkas. Lo que están viendo es que muchos niños y familias centroamericanas están cruzando ilegalmente la frontera y que no los están deportando.
Por eso hay tantos inmigrantes cruzando en grandes números.
En mayo pasado cruzaron y fueron detenidos 180,034 inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, según cifras de la Patrulla Fronteriza. En promedio son más de 6 mil por día.
Muchos de ellos (62%) fueron deportados inmediatamente y regresados a México bajo una ley de emergencia sanitaria. Pero otros se quedaron. En general, la nueva política del gobierno de Biden es no deportar a los niños que cruzan solos la frontera.
Y esto es lo que ven los inmigrantes en Centroamérica que están pensando en venir al norte. La actitud parece ser: Trump ya no está, vamos a tratar de cruzar ahora con Biden. Aunque sea peligroso. Aunque sea ilegal.
La realidad es que, para muchos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, es mucho más arriesgado quedarse en sus naciones que cruzar México y saltar el río Bravo.
Entiendo que el mensaje del nuevo gobierno es “no vengan”. Pero la historia de esperanza de Estados Unidos hacia los que vienen huyendo de la violencia, las pandillas, la represión y el hambre es mucho más poderosa. Y es inevitable contagiarse de ese mantra, tan americano, de que aquí puedes lograr cualquier cosa si luchas mucho por ello. No importa de dónde seas.
Cuando me quise ir de México a Estados Unidos a mí nadie me dijo: “no vengas”. Al contrario. Muchos amigos estadounidenses me apoyaron. Esta es mi mini-historia. A principios de los años ochenta México era un país sumamente autoritario y represivo. No había democracia, el Presidente era elegido por dedazo y había censura directa. Como un inexperto y joven periodista solo tenía dos opciones: me quedaba y luchaba por nuevos espacios (como tantos valientemente lo hicieron) o me iba. Y me fui. Por muchas razones.
Estados Unidos me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Y aquí estoy. Por eso no me atrevo a decirles que no vengan a los que están detrás de mí. (Jorge Ramos Ávalos Reforma, Opinión, p.8)
El 28 de mayo en Washington, la organización promigrante ACLU publicó un duro comunicado en respuesta al anuncio del presupuesto federal estadounidense, que se divulgó horas antes. El presupuesto incluyó 6 mil millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional durante 2022 “al mismo nivel de su predecesor”.
Las semejanzas entre Joe Biden y su predecesor, Donald Trump, no estaban solo en el presupuesto. ACLU encontró que se financiarán 30,000 camas para migrantes detenidos en 2022 y se entregará más dinero a la guardia fronteriza.
La asesora principal de defensa y políticas de ACLU, Naureen Shah, declaró que el presupuesto Biden continuaba “el gasto derrochador y dañino de la administración Trump en la maquinaria de detención y deportación”. Este gasto se refleja en el polémico programa 287g de ICE, que “traiciona la promesa de la visión de la administración Biden de un sistema de inmigración humano y que respete los derechos”.
El programa 287g existe desde 1996 y permite que policías locales y estatales detengan a sospechosos y los entrevisten para conocer su estatus migratorio, consulten las bases de datos del Departamento de Migración y Aduanas e incluso les recomienden una “salida voluntaria” en lugar de comenzar un proceso de deportación.
En los últimos años, organizaciones encontraron que este programa se utiliza para detener a migrantes, aunque no hayan cometido delitos graves. “Puede ser una herramienta para las localidades que persiguen agendas antiinmigrantes”, dice uno de estos estudios.
ACLU combatió legalmente las medidas antimigrantes de la administración Trump y celebró la llegada de Biden y su propuesta de un sistema de inmigración “justo y humano”, pero pronto han expresado su decepción. “Lo instamos a financiar esa visión de manera adecuada desinvirtiendo de los programas que abusan, degradan y criminalizan a los inmigrantes”, dijo la vocera de ACLU.
En esta organización no están los únicos decepcionados. Cuando Biden llegó al poder, en enero, anunció que detendría las deportaciones durante 100 días. United We Dream encontró que en sus primeros 29 días, deportaron a más de 20 mil personas.
Durante la administración Obama, cuando Biden era vicepresidente, se deportó a 2.8 millones de personas. Otras 752 mil fueron deportadas durante el trumpismo. En campaña, Biden dijo que era necesario legalizar a millones de migrantes indocumentados.
Pero la realidad en su mandato contradice este discurso de conciliación. Durante su reciente visita a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris dijo enfáticamente “no vengan” en un discurso. “Una de nuestras prioridades es desalentar la inmigración ilegal”, enfatizó. Solo en marzo, el gobierno de Biden deportó a más de 100 mil personas.
En junio, la prensa venezolana reportó que unos 80 ciudadanos de ese país fueron deportados, después de que los engañaron diciéndoles que los trasladarían a un lugar seguro. Amnistía Internacional publicó que entre noviembre de 2020 y abril de 2021, más de 10 mil niños mexicanos, que llegaron a la frontera no acompañados, fueron repatriados.
Las cifras de la Unidad de Política Migratoria de Gobernación en México confirman este panorama desalentador. Entre enero y abril, más de 60 mil mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos. Más de 7 mil eran menores de edad.
El cambio en la opinión sobre Biden -de aliado a uno más en la lista de presidentes antimigrantes- está esparciéndose entre las organizaciones civiles en Estados Unidos, aunque no parece aún reflejarse en las organizaciones mexicanas y regionales. Estas cifras, frías y concretas, muestran que los discursos son distintos, pero las historias de quienes sufren en la frontera y son regresados a entornos de pobreza y riesgo, siguen multiplicándose.
Está terminándose la pandemia en Estados Unidos, dicen los políticos. Penosamente, este regreso a la vida no parece que traerá esperanzas para los cientos de miles de personas que cada año atraviesan Latinoamérica, rumbo a Estados Unidos. (Peniley Ramírez Reforma, Opinión, p.8)