La mañana del 3 de agosto de 2019, el supremacista blanco Patrick Crusius abrió fuego contra clientes de un supermercado en El Paso, Texas, matando a 23 personas, de las cuales ocho eran mexicanas.
En vísperas de la masacre, Crusius subió a internet un manifiesto racista en el que llamó a hacer frente a una invasión hispana. Para cumplir su cometido, el hombre disparó al azar en una tienda frecuentada por personas de origen mexicano.
Al día siguiente, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el Estado mexicano estaba contemplando la posibilidad de presentar una “denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de Estados Unidos”.
Dicha acción no se materializó, pero la intención vuelve a ser relevante casi dos años después. Y es que el sábado pasado, en otra ciudad fronteriza, a mil 300 kilómetros de ahí, sicarios de dos facciones del Cártel del Golfo recorrieron las calles de Reynosa, Tamaulipas, ejecutando a personas inocentes. Al azar, como en El Paso.
Digo que aquella declaración de Ebrard es nuevamente relevante pues, desde hace año y medio, autoridades estadunidenses y especialistas en crimen organizado han opinado que los cárteles mexicanos debieran ser etiquetados como grupos terroristas en el marco de las leyes de aquel país.
Actualmente, la lista de organizaciones terroristas extranjeras –o FTO, por sus siglas en inglés–, publicada por el Departamento de Estado, está integrada por 72 grupos.
Para entrar en esa categoría, el Departamento de Estado, luego de consultar con sus pares de Justicia y del Tesoro, debe notificar al Congreso que, en cumplimiento del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha identificado a una organización terrorista extranjera y ha decidido enlistarla. El Congreso tiene siete días para rechazar la acción; en caso de no hacerlo, ésta queda firme.
Los efectos de la designación como organización terrorista son múltiples. De acuerdo con la página de la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Estado, se les aísla internacionalmente, se previenen operaciones financieras que involucran a dichos grupos, se incrementa el conocimiento público sobre ellos y se alerta a otros gobiernos respecto de la preocupación que causan a Estados Unidos.
En noviembre de 2019, luego de la masacre de Bavispe, Sonora, contra miembros de la comunidad LeBaron, el entonces presidente Donald Trump propuso designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Lo mismo hizo, en abril de este año, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien considera que las bandas criminales mexicanas contribuyeron al caos migratorio en la frontera mediante el tráfico de personas.
El mes pasado, Derek S. Maltz, exagente de la DEA, quien durante una década estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la agencia antidrogas, advirtió que el uso de drones cargados con bombas por parte de los cárteles mexicanos –como que ha ocurrido en Michoacán y Guanajuato– era causa suficiente para inscribirlos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Debe notarse que en dicha lista hay grupos que trafican drogas, como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, por lo que la inclusión de los cárteles mexicanos no sería una novedad. Puede alegarse que éstos no tienen objetivos políticos explícitos como las organizaciones terroristas en sentido clásico, pero su incursión en las elecciones, financiando a algunos candidatos y matando a otros, obliga a hacer un matiz.
El ataque del sábado pasado en Reynosa no es la primera vez que la delincuencia organizada la emprende contra la población civil para cumplir con sus objetivos. Debe recordarse el ataque con granadas en Morelia, la noche del Grito de 2008, y el coche bomba en Ciudad Juárez, en julio de 2010, que mató a un médico que acudió al lugar para auxiliar a un policía que supuestamente estaba herido.
Desde luego que puede debatirse si los cárteles mexicanos realizan actos de terror –para mí, lo de Reynosa claramente lo es–, pero lo indudable es que seguirá subiendo la presión para designarlos como terroristas, sobre todo si las autoridades mexicanas siguen fallando en llevarlos ante la justicia. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Si después del ataque a la familia LeBarón en Estados Unidos se habían encendido las alertas y el entonces presidente Trump comenzó a hablar de narcoterrorismo con todas sus repercusiones, incluyendo el que se incorpore a los grupos del narcotráfico mexicano en las listas de terroristas internacionales (lo que entre otras consecuencias permitiría que, bajo esa calificación, Estados Unidos pudiera considerar intervenir directamente para acabar con esas amenazas, como ocurrió por ejemplo con la muerte de Bin Laden, realizada sin autorización de las autoridades de Pakistán, para acabar con un hombre al que consideraban, con razón, una amenaza a su seguridad nacional), ahora la administración Biden parece tener ese tema más en la agenda que nunca antes.
Las repercusiones son más directas: abrir la frontera se sigue postergando, con costos económicos muy altos para quienes viven en toda esa región. No es casual que hayan estado en México en días pasados el director y el subdirector de la CIA, la vicepresidenta Kamala Harris, y el secretario del Homeland Security, Alejandro Mayorkas. La seguridad en México ha pasado de ser un tema de la agenda externa a formar parte de la agenda interior de la Unión Americana.
Porque no estamos hablando sólo de drogas, con todo el peso que tiene el tráfico particularmente de opiáceos, como el fentanilo (por cierto, de mayo a mayo pasados en la Unión Americana hubo 80 mil muertos por sobredosis de opiáceos), sino también la trata de personas, el feminicidio y la violencia sexual, tres temas, sobre todo el primero, que están en el centro de la agenda del gobierno de Biden.
La trata de personas informó apenas esta semana la secretaria Rosa Icela Rodríguez, creció en un 47 por ciento en mayo pasado. Los feminicidios crecieron un siete por ciento, las violaciones un 30 por ciento. Mayo fue el mes más violento del año: hubo dos mil 963 asesinatos, en cinco meses de este 2021 llevamos 14 mil 243 muertes violentas. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
Conforme pasan los días y se acumula la evidencia, más graves parecen los hechos ocurridos el sábado pasado en Reynosa, Tamaulipas.
Hasta donde se sabe, los asesinos no salieron en búsqueda de un blanco específico. Más bien, dispararon aleatoriamente, rociando de balas a quien se les cruzase por el camino, matando a 14 seres humanos por estar en el lugar equivocado en un momento fatídico.
Es cierto que no es la primera vez que sucede algo así en el país. Basta recordar el ataque con granadas en la plaza de armas de Morelia en septiembre de 2008. O la masacre de Allende en marzo de 2011. O la ejecución de 20 jóvenes en un centro de rehabilitación de Irapuato en julio del año pasado.
Pero eso no le resta gravedad a lo ocurrido en Reynosa. Allí hubo un ataque directo e indiscriminado a la población civil, con el propósito de generar miedo entre la población y forzar algún tipo de reacción de la autoridad o de algún otro actor criminal. Dicho de otro modo, lo sucedido parece encajar de manera perfecta en la definición legal de terrorismo.
Dado que los ataques sucedieron a un par de kilómetros de la frontera, podría revivir el ya viejo debate sobre la posible inclusión de grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras que mantiene el gobierno de Estados Unidos.
Esa idea ha dado vueltas por los corredores de Washington y la Ciudad de México desde hace años, pero bajo la administración Trump estuvo cerca de ponerse en práctica. El Departamento de Estado llevó a cabo una revisión interagencial y completó el proceso formal para una posible designación, pero eventualmente se decidió no jalar el gatillo.
¿Qué significaría una designación de esa naturaleza? Se podría usar en contra de los grupos designados todo el arsenal legal e institucional que utiliza el gobierno de Estados Unidos en el combate al terrorismo: entre otras cosas, la persecución de proveedores y clientes por “apoyo material al terrorismo”, el congelamiento de una gama amplia de fondos e instrumentos financieros, restricciones migratorias a todos los miembros del grupo en cuestión y restricciones de viaje a muchos otros individuos. Asimismo, pondría al grupo específico no sólo en la mira de las agencias estadounidenses de persecución del delito (DEA, ICE, etc.), sino de toda la comunidad de inteligencia (CIA, NSA, etc.).
El gobierno de México se ha opuesto tradicionalmente a la inclusión de grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Por varias razones, pero una resulta decisiva: una designación de ese tipo reforzaría la narrativa de la ultraderecha estadounidense que describe a nuestro país como un estado fallido, trata al terrorismo y al narcotráfico como fenómenos gemelos, y utiliza esos argumentos para exigir el cierre de la frontera y la restricción a la migración.
Pero un hecho como el de Reynosa debilita la posición mexicana. Cuando hay grupos armados que disparan a mansalva en contra de población civil, se vuelve mucho más difícil hacer la distinción fina entre grupos criminales y organizaciones terroristas. Añádase que Estados Unidos está a meses de volver a entrar en una dinámica electoral, de cara a los comicios de medio término en los cuales es probable que la derecha republicana recupere espacios.
En esas circunstancias, no es improbable que reviva la vieja discusión sobre el carácter de las organizaciones criminales mexicanas y que eso traiga aparejado un endurecimiento de la política estadounidense hacia México. Habrá que estar preparados para las consecuencias. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 7)
Quizá no haya espacios más inseguros, violentos y azarosos que algunos puntos de nuestras fronteras. Sobre todo en aquellos que son lugares de cruce hacia EU. Allí, los grupos delictivos se disputan territorio, consumo de drogas y aspirantes a encontrar trabajo en ese país. Sus poblaciones no tienen, a veces, ni policía siquiera para cuidar de su seguridad. Es en esos lugares donde se requiere la mayor coordinación posible entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Con frecuencia son esos puntos fronterizos la cara de nuestro país en su conjunto. Y por ella nos evalúan para múltiples actividades, empezando con el turismo. ¿Será posible esa coordinación? (Donceles, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
El 2 de junio de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina, agradeció “a nuestros paisanos” que se encuentran en Estados Unidos, porque desde que inició la pandemia han estado enviando más dinero a sus familiares en México”, mostrando que entre enero y mayo de 2021 se había recaudado poco más de 1 billón 912 mil millones de pesos, es decir, 2.6% más que en 2020, y presumió con orgullo “que este año pinta para récord de remesas”.
Esto llama mucho la atención, ante la polémica que ha desatado el mismo ejecutivo federal, con las declaraciones que ha hecho en torno a la clase media que ha tachado de “aspiracionista, individualista, sin escrúpulos morales y de que son partidarios de el que no transa no avanza”, ya que esos paisanos que han estado enviando dinero a sus familiares, y a los que agradeció envíen dinero, son precisamente los mexicanos que al ver que nuestro país no tenía más oportunidades que ofrecerles para poder crecer en lo personal, en lo laboral, en lo educativo, en lo económico y en lo social, se fueron a otro país para alcanzar y ofrecer a sus familias otro nivel de vida. Esos mexicanos, sin duda alguna son “aspiracionistas”.
“Aspiracionistas”, porque como lo mencionó el filósofo Thomas Nagel, en su artículo El problema de la justicia global, “Migrar de un país a otro posibilita que los individuos puedan saltar las categorías nacionales que constituyen la clave de la desigualdad en el mundo”, o como lo planteó también el economista Blanco Milanovic. “En un mundo desigual en el que las enormes diferencias de renta entre países son bien conocidas, el fenómeno de la migración no es una casualidad, ni un accidente, una anomalía o una curiosidad. Es sencillamente una respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida”.
“Aspiracionistas”, porque al alejarse de sus familias han querido cerrar la gran brecha de desigualdad que los mantuvo en niveles de pobreza y marginación.
“Aspiracionistas”, porque al migrar iniciaron la aventura de la movilidad social, porque al enviar dinero, están haciendo todo lo posible para que sus familias construyan o compren una casa, para que sus hijos estudien, para que viajen, para que “tengan una vida muy diferente a lo que a ellos les tocó vivir”.
“Aspiracionistas”, que hubieran querido quedarse en su tierra, con su gente, pero no hubo persona o palabra alguna que los detuviera, porque aun con el miedo y la incertidumbre del qué pasará en el camino, fue mayor el miedo a vivir sin nada que ofrecerse y ofrecer a los suyos, pensando quizá, que no es lo mismo ser pobre en un país pobre, que ser pobre en un país rico. (Rosalía Zeferino, Contra Réplica, Online)
Vuelos a EU, nivel prepandemia
Se lo podemos confirmar. Las aerolíneas mexicanas están por obtener una facilidad dentro de la degradación aérea a Categoría 2, que nos impide tener más vuelos hacia Estados Unidos. Resulta que la autoridad aérea estadunidense, la FAA, podría permitir que las aerolíneas mexicanas mantengan, por lo menos, los vuelos que tenían hacia EU prepandemia, los de febrero de 2020. Con ello, Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus tomarían un buen respiro. (José Yuste, Excélsior, Dinero, p. 2)