La frontera entre México y Estados Unidos es una de las regiones más complejas del mundo. Los acontecimientos que ocurren a lo largo de los 3,145 kilómetros entre el Golfo de México y el Océano Pacífico son clave no sólo para ambos países, sino para el continente americano.
En este sentido, un objetivo central del gobierno de México es ampliar la cooperación con Estados Unidos para dar pasos concretos hacia una franja fronteriza más próspera, segura e igualitaria. El gobierno de California es y seguirá siendo fundamental para ello.
El día de ayer tuve el privilegio de encabezar una nutrida delegación mexicana en la firma del Memorándum de Entendimiento para la inauguración del nuevo cruce fronterizo de Otay Mesa II. El equipo mexicano estuvo conformado por representantes de la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno del estado de Baja California y la alcaldesa de Tijuana; una muestra de coordinación ejemplar en los tres niveles de gobierno.
La vicegobernadora Eleni Kounalakis encabezó la delegación por parte de California, en la que también participaron el secretario de la Agencia de Transportes del estado; la alcaldesa de Encinitas, Catherine Blakespear, y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, entre otros.
El cruce entre Tijuana y San Diego es el más transitado en el hemisferio occidental. En ese sentido, es fundamental adaptarse a la compleja dinámica fronteriza, tanto en el presente como hacia los retos futuros.
El proyecto de la garita de Otay Mesa II es uno de los más ambiciosos en toda la franja fronteriza. Esta nueva obra permitirá cruces rápidos, predecibles y seguros a través de caminos de acceso de peaje que se conectan directamente con una nueva y moderna garita que dará servicio tanto a vehículos personales como comerciales.
Esto aliviará de manera significativa a las garitas existentes, reduciendo los tiempos de espera.
Entre las múltiples ventajas que generará el nuevo cruce de Otay Mesa II destacan la mejora en la movilidad y calidad del aire, al reducir la cantidad de vehículos detenidos con el motor en marcha; un nuevo sistema de detección del tiempo de espera con capacidad de notificar a los viajeros con anticipación y el uso de peajes electrónicos variables para mejorar la planificación de los viajes en la región.
El éxito y la fortaleza de esta colaboración residen no sólo en compartir el potencial de la frontera como pilar para el desarrollo de nuestras sociedades, sino en dar pasos concretos para hacerlo realidad.
Lo hacemos con una visión moderna, anclada en la cooperación para hacer un frente conjunto a los retos del siglo XXI. La región de CaliBaja es una de las columnas de América del Norte y el nuevo cruce de Otay Mesa II representa nuestra capacidad de trabajar de manera conjunta en proyectos de mediano y largo plazos.
En ese sentido, avanzamos en la construcción de una frontera inteligente que, más que dividir, una a nuestros países. Además de la firma del Memorándum de Entendimiento, los frutos del trabajo diplomático en la región continúan materializándose.
Destacan las campañas de vacunación transfronteriza contra covid-19 en las ciudades de San Diego, Yuma y Nogales, así como los más de cuatro millones de vacunas que hemos recibido desde Estados Unidos para enfrentar la pandemia juntos.
En ese sentido, la cancillería refuerza su trabajo con el de la Casa Blanca, los Departamentos de Estado, de Seguridad Nacional, de Salud y Servicios Humanos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Gobierno de California para la reapertura de la frontera gracias a los avances en el esquema
de vacunación.
La conclusión es evidente: México, California, Estados Unidos y Norteamérica somos más fuertes cuando trabajamos juntos. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 16)
Kamala Harris, vicepresidenta de EU y encargada de la estrategia para solucionar de raíz la inmigración hacia nuestro vecino del norte, hizo por fin su tan esperada visita a nuestra frontera norte. Harris tiene ante sí una tarea imposible, aunque lograra contar con los recursos y la voluntad política tanto en su país como en los países de origen de los migrantes, la solución no tendría efectos visibles hasta dentro de varios años.
El desempleo, la pobreza, la corrupción, la violencia, el crimen organizado… no son cosas que se borran de un plumazo. Si se dedica a hacer este trabajo, pasará sus años en el cargo entre críticas y presiones de ambos lados del pasillo.
El primer paso era obvio y alentador: restaurar las relaciones dañadas por la presidencia de Trump.
Sendas visitas a Guatemala y México le permitieron sentar el tono de la nueva administración. Estrechar manos y prometer cooperación. Risas, sonrisas y un enfático “no vengan”, dirigido a los migrantes que dejó ver que, si bien el gobierno de Biden no presenta las arbitrariedades de su antecesor, la orden de capturar y deportar sigue en pie.
Si alguien pensaba que la entrada de la nueva administración implicaba una apertura de fronteras –como tontamente insinuaron los republicanos— estaba muy equivocado.
Ahora se acabó el trabajo fácil y Harris tuvo que poner sus pies en la frontera con México en El Paso, Texas. Ahí, pidió unidad a los políticos de su país, dejarse de señalar con el dedo y trabajar juntos ante esta crisis humanitaria que no ha dejado de crecer y que, además, aumentará en los siguientes meses gracias al clima y a la crisis desatada en Latinoamérica por la pandemia del Covid-19. Harris visitó una cuidadosamente escogida institución de detención de niñas menores de edad, mientras cerca de ahí estaban las tiendas de menores detenidos en las que se han reportado contagios de Covid, piojos y hasta violaciones, por ahí no pasó y el tema ni lo tocó.
Después de los 4 convulsos y tensos años de la presidencia de Trump se necesitaba un descanso.
Grandes gestos y fotografías amistosas. Ya las tuvimos. Ahora es tiempo de trabajar por el futuro de nuestro continente. En algo tienen razón Biden y Harris: hay que ir a la raíz de los problemas. El diagnóstico es acertado, ahora hay que trabajar en una estrategia eficaz que abra futuro para las nuevas generaciones.
La política es ingrata. En menos de lo que canta un gallo Estados Unidos entrará de nuevo en temporada electoral y Harris y su equipo estarán contra la pared buscando votos. La tentación será irresistible: mostrar resultados como sea.
Por el otro lado, Trump amenaza con el discurso fácil del odio. Esperemos que los planes a largo plazo resistan este vendaval. (Montserrat Salomón, La Razón, Mundo, p. 19)
Durante 639 mañaneras celebradas hasta este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido prácticamente todos los días a la corrupción de gobiernos anteriores. No importa de qué tema esté hablando, siempre tiene forma de envolver cualquier explicación con el mismo alegato. Esa narrativa no es una obsesión, sino un discurso bien calculado y diseñado para que el fenómeno de la corrupción se siga anidando en la cabeza de los mexicanos, que en las elecciones de 2018 le dieron el mandato para acabar con ella.
Hoy se puede afirmar que el Presidente ha fracasado en su intento. No sólo porque la impunidad se mantiene, sino porque la calificación que dan sus gobernados a su cruzada es negativa.
La Encuesta Nacional de Cultura Cívica dada a conocer hace unos días por el INEGI, que retrasó su divulgación hasta después de celebradas las elecciones, llevó malas noticias a Palacio Nacional. Seis de cada 10 mexicanos no creen la palabra de López Obrador y consideran que la corrupción sigue igual o peor que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El 38.2% cree que “se ha mantenido igual de alto” que con Peña Nieto, y el 23.4% considera que ha aumentado. La saturación de la palabra del Presidente en la conversación no ha tenido mayor efecto en la población, que aparentemente ha visto en actos de corrupción de su familia y colaboradores, mayor sustento para la decepción.
Nunca se había documentado corrupción de familiares del Presidente, como la de su hermano Pío, captado en un video recibiendo dinero para su hermano el Presidente, de origen ilegal. No se había revelado con tanta crudeza el nepotismo de familiares del Presidente, como sucedió con su hermano y su prima. Tampoco había quedado tan cristalina la riqueza escondida de miembros del gabinete, como ahora, ni había tantas versiones de negocios multimillonarios oscuros que tocaban la puerta de Palacio Nacional o tantas quejas de quienes tienen que pagar comisiones para que se resuelvan sus asuntos.
La percepción de los mexicanos ha sido acompañada por la impunidad para los casos documentados, y la falta de interés en darle seguimiento a las quejas crecientes de la corrupción dentro del gobierno. Esto va a tener consecuencias, si no en México, donde la subordinación y el temor a represalias frenan las acciones legales que combatan la corrupción, sí en el extranjero. Lo vimos durante la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, donde el tema de la corrupción fue un punto de alta relevancia que, sin embargo, pasó desapercibido.
El internacionalista Fausto Pretelín, un agudo observador de la política, reprodujo al día siguiente del encuentro entre López Obrador y Harris una parte de la sesión de preguntas y respuestas que en un momento de la visita tuvieron con la prensa que acompañaba a la vicepresidenta. Pretelín citó a Alexandra Jaffe, la reportera para asuntos políticos nacionales de la agencia AP:
“Señora vicepresidenta, usted ha hablado sobre la revisión del tema de la corrupción para abordar las causas de la migración, pero dados los antecedentes del Presidente (López Obrador), sus críticas y objeciones frente a las reformas a las leyes anticorrupción en la región, (López Obrador) se ha comprometido con usted y ha dicho que tratará de no interferir ante las iniciativas anticorrupción. ¿Qué le hace creer que usted pueda confiar en él como socio sobre este tema?”. Harris subrayó la importancia de abordar la corrupción, pero no dijo nada de López Obrador, que se encontraba a dos metros de ella.
Jafee, continuó Pretelín, preguntó a López Obrador: “Señor Presidente, ¿qué le diría a los que dicen que usted forma parte del problema de la corrupción en su país y que usted no toma la lucha contra la corrupción en serio?”. El Presidente, anotó el columnista, hizo mutis. Inmediatamente después, Ed O’Keefe, corresponsal político de la CBS que cubre la Casa Blanca, inquirió a Harris si consideraba que México, El Salvador, Guatemala y Honduras, estos tres últimos conocidos como el Triángulo de Norte, principal plataforma de migración indocumentada a Estados Unidos, “son corruptos”, pero antes de que respondiera, volteó a López Obrador y le dijo en español que no le había contestado a Jafee.
Harris volvió a evadir el tema de la corrupción en esos cuatro países. López Obrador tomó la palabra. “Las redes sociales, más que información, llevan desinformación”, dijo. “Yo le quisiera devolver la pregunta a usted. ¿En cuántos casos de corrupción he sido señalado? Le puedo dar la respuesta, cero. Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción… (que) no es sólo de los políticos. La corrupción también pasa por algunas personas que obtuvieron dinero del extranjero para venir a hacer cosas aquí y no se sabe quién se los mandó y para qué se está utilizando. Le hemos dicho al gobierno de Estados Unidos que no nos interesa que venga un solo dólar al gobierno; nos interesa trabajar en políticas públicas que trasladen esos recursos de una manera efectiva sin intermediarios para que le llegue a las comunidades esos cambios en la forma de vivir”.
López Obrador nunca respondió la pregunta de Jafee y esquivó sin atajar el golpe –debe ignorar que, si las preguntas fueron tan precisas, es porque en Washington se está hablando de ello–, con lo que, probablemente, confirmó las suspicacias. Estados Unidos no vota en las elecciones mexicanas, podría argumentarse, pero lo que se difunda sobre corrupción allá tiene repercusiones aquí.
La encuesta del INEGI abre esa ventana. Todos los días machaca sobre la corrupción del pasado y todos los días desacredita a los medios y a las organizaciones civiles que denuncian las irregularidades para desacreditarlos. Pese a ello, la mayoría de los mexicanos piensa que López Obrador no ha hecho nada y el 54.5% considera que la corrupción es el principal problema del país. Si uno conecta los puntos, el Presidente sí tiene un problema creciente. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p.32)
Si la queja llega desde Estados Unidos, la respuesta del gobierno mexicano suele ser rápida. Sucedió claramente en tiempos de Donald Trump y ocurre, más discretamente, en estos tiempos de Joe Biden.
Hoy, el asunto más visible en la política estadounidense es el tema migratorio. Es ahí donde Trump fincó su carrera presidencial en el 2016 y queda claro que quiere buscar la reelección en el 2024 recargándose en el muro fronterizo con México.
La migración en la frontera sur estadounidense se ha convertido en un tema políticamente muy caliente para la administración de Joe Bien, por ello es tema prioritario en la relación bilateral.
Y México responde. La Guardia Nacional está ahí, en la frontera norte de nuestro país llevando cabo labores de patrullaje para cuidar que no haya cruces hacia Estados Unidos. Algo que le viene bien a demócratas y republicanos.
Pero no es el único. Hay asuntos ambientales que están esperando turno para que se conviertan en reclamos de La Casa Blanca hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tendrán su tiempo.
También se acumulan otros temas espinosos, en el marco de la relación comercial establecida en el acuerdo de comercio de América del Norte, ese que llamamos acá T-MEC. Los que más han llamado la atención son de carácter laboral, pero no son los únicos.
Vaya que causó efecto esa queja interpuesta por Estados Unidos a través de los mecanismos establecidos en materia laboral en el T-MEC referentes a la violación de los derechos sindicales de un grupo de trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
La CTM no tuvo más remedio que argumentar “errores” en el proceso de refrendo del contrato colectivo y lo van a tener que corregir, algo que sin esas reglas establecidas en el acuerdo comercial norteamericano habría sido imposible.
Hay otro asunto que ya generó alerta en Estados Unidos. Hay muchas políticas populistas de gobierno que pueden no ser de la incumbencia de los socios comerciales, pero aquello del Tianguis del Bienestar es otra cosa.
Poner a la venta artículos decomisados a la delincuencia es mucho más que fingir la rifa del avión presidencial. Es pretender regresar al mercado artículos falsificados y robados que las leyes claramente marcan que tendrían que ser destruidos.
No sólo es el T-MEC, el gobierno de López Obrador violaría una larga lista de acuerdos comerciales y pactos internacionales que sin ambigüedades se oponen tajantemente a la piratería, a la falsificación. El hecho de que el mismo gobierno mexicano venda falsificaciones en tianguis sería un escándalo mundial.
Este planteamiento populista no va, no hay manera. El que puede avanzar, porque realmente a Estados Unidos no le importa, es el decreto que viene para regularizar los autos importados de manera ilegal al país.
Seamos claros, si a Washington poco le importa que entren de manera ilegal miles de armas de fuego a este territorio, poco le va a importar que se inunde de autos chatarra. Pero unos tenis o una camiseta con una marca registrada en su país, no hay manera que lo permita. (Enrique Campos Suárez, El Economista, Finanzas y Dinero, p.8)
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tras su visita a México avanzó la agenda bilateral en tres principales temas: derechos laborales, migración y género.
En las visitas de Estado y de Gobierno entre dos países es fácil rastrear la relevancia de los acuerdos bilaterales cuando hay inversión. La famosa frase “put your money where your mouth is”, se vio reflejada en esta visita con un paquete económico para los próximos cuatro años de 250 millones de dólares (mdd) para inversiones en el sureste de México y de 130 millones de dólares para que México implemente la reforma laboral.
Harris y la agenda laboral
El compromiso de Estados Unidos por invertir 250 mdd en la reforma laboral de nuestro país guarda una estrecha relación con los acuerdos alcanzados en el Tratado entre México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC, por sus siglas en español). Uno de los principales desafíos del gobierno de Biden es precisamente asegurar los objetivos del T-MEC que busca mejorar las condiciones y el pago de los trabajadores mexicanos para evitar el traslado de las fábricas a México, como ocurrió con Detroit en el caso de la industria automotriz y el otrora TLCAN.
La inversión de 250 mdd desea lograr que México cumpla con sus compromisos y acuerdos alcanzados en el T-MEC. Entre los principales puntos acordados en el T-MEC están democratizar los sindicatos, ya que actualmente la mayoría de los trabajadores sindicalizados no pueden elegir democráticamente a sus líderes, además de tener tribunales laborales para hacer cumplir las reformas y puntos alcanzados en el T-MEC.
La vieja-nueva agenda migratoria
Estados Unidos ve en México un aliado para evitar la migración de Centroamérica a su país; si no puedes resolver un problema al menos hay que administrarlo, es el pensamiento americano. Este tema no es nada nuevo. Desde hace ya una década hemos visto que el problema migratorio se ha agudizado con el fenómeno de niños migrantes centroamericanos no acompañados, con un gran costo político para ambas naciones.
México incluso hizo una reforma constitucional en el 2011 para integrar los Derechos Humanos desde una visión del derecho internacional, es decir, que México respeta los Derechos Humanos de cualquier persona que esté en su territorio, sea inmigrante, turista o ciudadano. La disyuntiva actual que enfrenta México es respetar los derechos humanos de centroamericanos mientras que su país vecino pide securitizar la agenda migratoria con Centroamérica.
La lectura entre líneas es la siguiente: “Yo Estados Unidos te doy dinero México para que avances en la reforma laboral y el desarrollo económico del sureste, mientras que tú impides que los centroamericanos pasen por tu territorio para llegar al mio”. Estados Unidos pide una migración ordenada y legal. Sin embargo, tiene un cuello de botella que es la falta de una reforma migratoria que no dio a luz debido a los atentados del 9/11 además de un país profundamente dividido. No hay buenos ni malos, solo dos países con agendas complejas.
Tanto en el T-MEC como en esta visita tenemos la nota rosa periodística, es decir la noticia que genera una buena imagen pero donde no vemos ningún acuerdo o inversión económica. La funcionaria estadounidense se reunió con mujeres empresarias y líderes sindicales ofreciéndoles apoyo para reducir la disparidad de género pero no queda claro cuáles son los pasos a seguir o si habrá apoyo económico para avanzar la agenda de género.
La agenda bilateral México-Estados Unidos tiene muchas aristas, es de las más complejas y tiene diversos temas entrelazados e intermésticos que no se resolverán en esta administración. Como bien dice Kamala: “las causas profundas de la migración en la región no se solucionarán “de la noche a la mañana”. Queda esperar que los temas bilaterales sigan su curso sin involucionar. (Sharon M. Álvarez Huitrón, El Economista, Geopolítica, p.41)
Este 29 de junio, el gobierno de México tiene la oportunidad de aprovechar una coyuntura para promover los derechos de personas migrantes utilizando una herramienta aparentemente antitética: el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A diferencia de su precursor, este tratado comercial coloca los asuntos laborales al mismo nivel que otros temas relacionados al comercio en su capítulo 23 y menciona explícitamente las protecciones de personas migrantes. Asimismo, establece un Consejo Laboral conformado por representantes de los gobiernos de los tres países que se reunirá este martes por primera vez para discutir la aplicación del capítulo laboral.
Indudablemente, Estados Unidos pondrá a México bajo la lupa debido a las carencias en la implementación de la reforma laboral y frente a las dos quejas sobre libertad sindical en contra de México bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.
Pero si ambos gobiernos toman en serio la aplicación integral del capítulo 23 para mejorar las condiciones laborales a lo largo del corredor comercial, no dudarán en priorizar la protección de personas migrantes mexicanas en el país vecino.
Más allá de ser pertinente, el gobierno de México tiene una responsabilidad ineludible de ejercer presión sobre Estados Unidos. El 23 de marzo, las trabajadoras migrantes Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez presentaron la primera comunicación pública en contra de Estados Unidos acusándolo de no cumplir con sus obligaciones en virtud del capítulo 23 al permitir la discriminación basada en género bajo sus programas de trabajo temporal. El Centro de los Derechos del Migrante (CDM), la organización binacional en la que trabajo, apoyó a Adareli y Maritza en el proceso.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social aceptó la petición oficialmente en cuestión de días y ha demostrado su disposición de negociar una resolución que aborde la problemática de manera amplia y significativa.
Además de motivo, hay ímpetu para que México lleve este tema al Consejo Laboral. Semanas después de presentar nuestra petición, el Embajador Moctezuma solicitó al Secretario de Trabajo de Estados Unidos que realizara consultas cooperativas en el marco del T-MEC en relación a los abusos que enfrentan las y los trabajadores de la agricultura y el procesamiento de proteínas –las industrias en las que trabajaban Maritza y Adareli. Por su parte, el gobierno de EU ha indicado su apertura de resolver esta petición por medio de cambios sistémicos.
Tomando esa petición como el punto de partida, el gobierno de México tiene muchas cuentas que rendir y exigir a Estados Unidos. El CDM ha documentado casos de trata de personas y explotación laboral de personas mexicanas que trabajan en distintas industrias y distintos estatus migratorios cuya vulnerabilidad solo ha sido aumentada por la pandemia.
La semana pasada, mi equipo recolectó comentarios de personas migrantes que mandamos a los gobiernos de México y Estados Unidos en el marco de la reunión del Consejo Laboral. El grupo identificó una gama de temas prioritarios que fueron desde el acceso a servicios legales y atención médica hasta la discriminación y represalias.
La necesidad de una coordinación bilateral fue el hilo conductor de los testimonios, los cuales exhortaron a ambos gobiernos a adueñarse de sus responsabilidades en materia de migración laboral. Además de exigir cambios concretos a EU, el gobierno de México debe abordar los abusos que enfrentan sus connacionales al ser reclutados en su propio territorio.
Entre estos testimonios y nuestra comunicación pública bajo el T-MEC, está la oportunidad histórica de mejorar las condiciones laborales para millones de personas mexicanas utilizando el acuerdo. Para el gobierno de México hay mucho en juego y afortunadamente mucho al alcance. (Evy Peña, Reforma, Opinión, p 10)