Uno de los activos más importantes de México no se encuentra en territorio nacional. Me refiero a los millones de mexicanos que viven en otros países, principalmente en Estados Unidos. Hablo de los que arriesgan su vida y libertad para tratar de darle a sus familias una oportunidad de vida digna.
Antes de llegar al “otro lado” se enfrentaron a peligrosos obstáculos: traficantes de personas y de drogas, fuerzas de seguridad corruptas, ladrones comunes, sumado a que tuvieron que atravesar el país de cualquier forma —caminando, sujetándose al exterior de trenes en movimiento, utilizando vehículos de todo tipo. La travesía descrita, sin haber salido de su patria. Cargan en la espalda a sus hijos y lo que alcancen a llevar, además de esperanzas e ilusiones. Ellos representan muchos de los mejores valores que ya flaquean en México, el cual dejaron atrás porque el país no les ofrece más que pobreza, miseria y la incertidumbre de su propia vida y la de sus familias. En 2020, las remesas que enviaron nuestros paisanos rebasaron los 40 mil 600 millones de dólares, equivalentes a más del 3.8% del PIB. Ellos sacaron a flote la economía del país en momentos en que las principales industrias —petrolera, turística y manufacturera— están sumidas en la peor crisis de los últimos 35 años. Gobiernos van, gobiernos vienen y sólo voltean a ver a los mexicanos del norte cuando se trata de jalar agua al molino electoral o presentar cifras económicas halagüeñas. En México nos indignamos, con justa razón, del trato que se da a muchos de nuestros paisanos en esas tierras; redadas de migración, discriminación y racismo, imposibilidad de acceder a una residencia legal y la posterior naturalización. Los dreamers, niños nacidos en México que fueron llevados por sus familias cuando eran infantes, o los nacidos de padres mexicanos indocumentados, que sólo conocen un país: Estados Unidos, y pende sobre ellos una eventual deportación. Es deleznable el trato a quien sólo busca mejores condiciones de vida y que son el sustento de una parte crucial de la economía norteamericana. La agricultura, la construcción, la industria alimenticia y los servicios de limpieza, entre otras actividades, se nutren de la mano de obra mexicana. A pesar de todas estas circunstancias, las perspectivas del migrante siguen siendo mejores allá que acá, por una simple razón: la justicia en Estados Unidos es evidente y palpable.
El migrante mexicano es noble por naturaleza, sólo así se explica por qué se juega la vida al cruzar desierto y ríos, sin tener más remedio que enfrentarse a peligrosos animales humanos: coyotes y polleros, además de la fauna endémica. Sueñan con proveer con su trabajo, sudor, sangre y lágrimas a los que dejaron atrás, sin ninguna garantía de sobrevivir al viaje o volver a ver a sus seres queridos. ¿Y todo esto por qué? La respuesta es tan sencilla como cruel: México, los mexicanos y sus gobernantes les hemos fallado. Los primeros artículos de nuestra Constitución hablan de los derechos humanos para todos los mexicanos y la protección a los pueblos indígenas. ¿Hay alguien que pueda decir que esos dos puntos son prioridad para el gobierno? ¿Son relevantes para quienes tienen sus necesidades básicas cubiertas? Por supuesto que no.
Qué extraordinario sería poder decirles a nuestros paisanos en el extranjero que su patria les puede ofrecer lo que no tenían al irse. Que un presidente mexicano les hablara directamente a ellos y les pidiera que regresaran porque nuestro país necesita de sus manos, de sus habilidades, experiencia y patriotismo. Que gobernadores de estados garantizaran que los narcos no amenazan sus vidas, que no serán “levantados” y que sus familias no corren peligro.
Hasta la palabra “migrante” es inexacta. No se fueron por gusto, sino porque México no les da las mínimas condiciones para vivir y, mucho menos, para progresar. Los que tuvimos la suerte de migrar legalmente somos la minoría privilegiada.
El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Los mexicanos que cruzan sin papeles la frontera tienen las mismas razones para emigrar que los sirios, sudaneses y afganos que dejan sus hogares por la violencia de guerras internas, para dar una oportunidad a sus familias, arriesgando la vida en el proceso. Es hora de decirlo abiertamente: los migrantes indocumentados son refugiados, desplazados por un país que les falló. (Carlos Kenny Espinosa Dondé, Excélsior, Nacional, p. 13)
El neoliberalismo, que incluye –más allá de meras recetas económicas– medidas represivas y antidemocráticas, se impone de manera creciente en el Triángulo del Norte de Centroamérica, donde se despoja y expulsa a habitantes de manera forzada para dar paso al modelo extractivista y agroindustrial. De acuerdo con el informe de Global Witness, Defendiendo el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente
, publicado en 2020, Honduras y Guatemala, así como México, muestran un alto número de asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente (https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/).
A pesar de esta realidad, en nuestro país vecino, la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (Nisgua) escribió una carta donde las organizaciones firmantes expresan su preocupación por las reformas a la iniciativa 5257, ley que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG), decisión que busca defender los intereses de los poderes élites y corruptos
, y que otorga al gobierno guatemalteco facultad para cerrar cualquier ONG permanentemente, si se considera que sus actividades violan el orden público
.
Esta reforma ayudará a reforzar una cláusula del Capítulo 10 de inversiones del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (Cafta), y que se encuentra en prácticamente todos los TLC y tratados bilaterales de inversión; la obligación de los estados de brindar a inversionistas extranjeros protección y seguridad plenas
, la cual exige a cada parte otorgar el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario
.
Bajo esta cláusula, la empresa minera estadunidense KCA demandó a Guatemala por 400 millones de dólares, con el argumento falso de que el gobierno ha fallado en proteger su mina de oro de las comunidades locales, las cuales han levantado un plantón de resistencia pacífica de La Puya para proteger su agua.
Estas medidas regresivas en Guatemala hacen eco de la represión ejercida en Honduras, donde las comunidades de la municipalidad de Tocoa han resistido las operaciones mineras de Inversiones Los Pinares, cuyos dueños son las élites del país (como los hermanos Facussé) y que cuenta con capitales trasnacionales. El Institute for Policy Studies (IPS), donde colaboro, otorgó en 2019 el premio internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt –que honra desde 1978 a estos dos activistas políticos por el régimen de Pinochet– al Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa por su campaña en defensa del agua ante los embates de industrias extractivas. La respuesta del gobierno hondureño ha sido la represión, la militarización de la región y el arresto de 32 activistas ambientales. Ocho de ellos permanecen encarcelados, a pesar de que no hay evidencia alguna que lo justifique. Muchos residentes han tenido que migrar para escapar de la persecución dedicada a proteger los intereses geoestratégicos de capitales de Estados Unidos, Canadá y Europa, como se analiza en el estudio de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin) Guapinol resiste. Orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán, Honduras
(https://bit.ly/2TtPkQ3).
Como contexto más amplio de cada lucha local, ofrezco una reflexión del pedagogo guapinol Juan López, quien recibió el premio Letelier-Moffit en nombre del Comité: Tegucigalpa, Washington, San Salvador, Bogotá, Guayaquil, Guatemala, Santiago, Panamá, florecen en las portadas de diarios conservadores como centros políticos donde altos magnates de la corrupción entregan bajo privatización o concesiones; aeropuertos, carreteras, sistemas educativos, de salud, territorios de importancia biológica, las pensiones de viejos obreros y obreras; cada día están apretando la garganta del conjunto de derechos y garantías establecidas en las caducas constituciones estatales que duermen en el cajón del olvido mientras enormes ejércitos de saco y uniforme facilitan el tránsito de la mercancía global. El ojo del huracán del capitalismo mundial parece que es la droga, en torno a la cual se levantan plantaciones agroindustriales, mineras y otras
.
Nada lejos de esta realidad está México, donde entre 2012 y 2019 se han registrado 83 asesinatos contra defensores ambientales (Angélica Enciso, La Jornada , 18-3-21).
Como Acafremin reconoce, la principal amenaza a los pueblos y territorios es la imposición y continuación de este modelo económico extractivo, ahora disfrazado como reactivación económica pospandemia en economías y con procesos administrativos viciados que en su mayoría son inconsultos con las comunidades afectadas y contribuyen al aumento de conflictos socioambientales
. La alianza de organizaciones comunitarias reivindica el derecho humano, a la vida, a la alimentación, al agua de calidad y al saneamiento como condición indispensable para que nuestros pueblos puedan vivir con dignidad y para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Núm. 15 (2002)
. (Manuel Pérez Rocha Loyo, La Jornada, Política, p. 17)
En los hechos concretos, el Gobierno de EU todavía no se pone de acuerdo respecto a la estrategia mexicana de seguridad: mientras la DEA y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Relaciones Exteriores acordaron intercambio de información y de labores de inteligencia, el grupo de los duros en el Congreso estadounidense quiere condicionar fondos de apoyo a México a cambio de imponer los criterios de seguridad.
La DEA tardó poco tiempo en ajustarse a la realidad, a partir de la decisión mexicana de no modificar las condiciones de registro de agentes y operaciones extranjeras de seguridad de México, y finalmente llegó a acuerdos sin condicionar el diseño y operación de la estrategia mexicana de seguridad basada en la Guardia Nacional y el apoyo de las fuerzas armadas por crisis de la seguridad pública en modo de seguridad interior.
El debate se da en torno de regresar a la estadounidense Iniciativa Mérida hoy 2.0 o respetar la autonomía mexicana de seguridad.
De todos modos, la presión en el Congreso para acondicionar un fondo de 159 millones de dólares sigue latente por candados relativos a derechos humanos en seguridad pública, a mayor cooperación mexicana a la política migratoria estadounidense, y a la reanudación inmediata de reuniones bilaterales de alto nivel.
En el fondo, la agenda estadounidense de seguridad hacia México se reduce a dos temas: retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad interior, a fin de abrir mayor intervención a cuerpos estadounidenses civiles y militares de seguridad; y a que México abandone su estrategia de construcción de la paz y regresé a combatir, liquidar, perseguir, capturar y deportar a los principales dirigentes de las bandas criminales que operan de manera simultánea en México y EU.
A pesar de los acuerdos, el grupo de los duros en EU seguirá empujando por el control de la estrategia mexicana.
Zona Zero
Por decisión propia, la estrategia mexicana de seguridad está siendo orillada a un replanteamiento operativo, porque las bandas criminales no han entendido la oportunidad de alejarse de la violencia para evitar la persecución policíaca. El modelo de construcción de la paz parece requerir una revisión en aquellas zonas conflictivas donde el crimen organizado prefiere la violencia a la estabilidad social. (Carlos Ramírez, 24 Horas, CDMX, p. 10)
ENSENADA.- Los tiempos de pandemia han sido pródigos en medidas restrictivas sin sentido sanitario. Una de las más dañinas, y menos sensatas para propósitos de salud, ha sido el cierre de la frontera de Estados Unidos.
La frontera ha estado cerrada desde el 21 de marzo de 2020. En un principio el gobierno mexicano pretendía que la medida se había instaurado y se renovaba a petición de nuestro país. Así lo afirmaban los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si así fuera, habría sido la peor decisión para los mexicanos. La medida prohíbe el cruce de la frontera para actividades “no esenciales” solo a nuestros connacionales. Los estadounidenses o residentes en la Unión Americana no sufren ninguna restricción. Es una medida abiertamente discriminatoria para los mexicanos.
El cierre afecta a quienes realizan “actividades no esenciales”. No se permite, por ejemplo, el cruce para propósitos turísticos, recreativos o culturales. Se prohíben los viajes de compras o las visitas familiares “de rutina”. Sin embargo, Washington permite que los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales puedan regresar a Estados Unidos. También se permite el ingreso de visitantes de cualquier nacionalidad por aire. La restricción, así, no solo discrimina a los mexicanos, sino a los más pobres, a quienes no pueden pagar un avión, o a quienes han cometido el delito de vivir en la frontera.
México, en realidad, nunca ha cerrado su frontera. Tanto mexicanos como estadounidenses han podido entrar a nuestro país por tierra desde Estados Unidos sin problemas. Ni siquiera se les pide pasaporte. Pero solo los estadounidenses y residentes legales pueden regresar a la Unión Americana. El coronavirus, sin embargo, no verifica el pasaporte de una persona antes de decidir si lo infecta o no. Tampoco ataca menos a quienes viajan por avión. La medida no tiene sentido sanitario.
Durante meses la SRE afirmó que el gobierno mexicano proponía el cierre, el cual se renueva mes con mes, pero ya hay una nueva actitud del gobierno nacional. El 15 de junio el canciller Marcelo Ebrard le comunicó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, “el objetivo de acelerar la vacunación en frontera norte para alcanzar la normalidad lo más pronto posible”. La idea es “facilitar comercio, turismo y viajes”.
El cierre, es verdad, ha ayudado a ciertos comercios mexicanos, que no han tenido que enfrentar la competencia “del otro lado”, pero reduce las opciones de los consumidores mexicanos. Los restaurantes del Valle de Guadalupe en Ensenada, por ejemplo, se han visto beneficiados al atraer a clientes mexicanos que antes cruzaban la frontera para comer en Estados Unidos. Sin embargo, mucha de la vida económica y familiar de la frontera se ha visto perturbada de manera innecesaria.
El gobierno mexicano está usando vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos para inmunizar a quienes viven en la frontera. Baja California se convirtió en junio en la primera entidad del país en lograr una vacunación casi universal de las personas mayores de 18 años. Otros estados fronterizos están recibiendo ya vacunaciones masivas. La frontera norte quedará vacunada antes que el resto del país.
Esperemos que esto lleve a la reapertura. No hay ninguna razón sanitaria para mantener el cierre. De momento el 21 de julio es la fecha en que deberá renovarse o cancelarse la medida.
El gobernador Jaime Bonilla de Baja California ha sido captado en Estados Unidos dos veces durante la pandemia: en un juego de beisbol y en un casino. Los cruces para recreación, sin embargo, solo se permiten a estadounidenses. Bonilla afirmó que había renunciado a la nacionalidad estadounidense para cumplir la ley mexicana y ser gobernador. Parece que no lo hizo. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)
Suena a tema viejo en las redacciones de negocios de la Ciudad de México, pero es una realidad que continúa repitiéndose, empresas que cobran comisiones altas y ajustan su tipo de cambio a conveniencia por cada dólar enviado con manos gastadas y mucho sudor de por medio. Sigue la falta de regulaciones, los anuncios de Gobierno festejando el trabajo ajeno como logro propio y la acción de diputados migrantes que conocen del tema de primera mano. (Octavio Romero Oropeza, El Sol de México, República, p. 2)