Ya voló Miguel Alemán Magnani, el nieto del ex presidente de la República Miguel Alemán Valdés –el cachorro de la Revolución, como los llamaban sus contemporáneos– e hijo del ex senador, ex gobernador de Veracruz y ex vicepresidente de Televisa, Miguel Alemán Velasco, quien también fue vicepresidente de Televisa. El cachorrito está acusado de defraudación fiscal por un monto de 65 millones de pesos, una cantidad relativamente de poca monta para una familia de pedigrí priísta que tiene importantes relaciones financieras y políticas no sólo en México, sino también en Estados Unidos. Informa el Instituto Nacional de Migración que registró su salida del país desde enero. En noviembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un consejo asesor empresarial que estaría formado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón y Miguel Alemán Magnani, el hoy prófugo. Pero la relativa cercanía con el mandatario no le valió para que su compañía aérea fuera rescatada con fondos públicos. No mas Fobaproas, ha dicho en innumerables ocasiones el Presidente. Hubiera costado varios miles de millones de pesos. En cambio, ese dinero se aplicará al pago de pensiones a los adultos desde que cumplan 65 años. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.6)
Tierra de nadie. Antigua expresión militar en cuya definición se describe el terreno entre dos frentes de batalla.
Leamos una definición de Antonio Campillo:
“…En sus inicios, y hasta la aparición de los tanques acorazados, la Gran Guerra fue sobre todo una guerra de trincheras y dio lugar a frentes de combate más o menos estabilizados, separados por una franja de tierra que comenzó a ser conocida como tierra de nadie (en inglés, No man’s land)…”
“…Por cierto, este es el único significado que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) atribuye a la expresión tierra de nadie: “Territorio no ocupado que, en el frente de combate, separa las primeras líneas de los ejércitos enemigos”.
Aquí las trinceras son de los grupos criminales en disputa, con una diferencia: ellos han desplazado al Estado. Lo han converetido en el dueño del vacío.
Parece mentira el silencio oficial en torno a este fenomeno, presente en cada vez más territorios del país. La ausencia de las autoridades legítimas y la falta de cumplimiento de sus deberes protectores; la ridiculez de garantizar el paso carretero por sólo unas cuantas horas porque el resto del tiempo es peligroso, coloca a las fuerzas de seguridad en el campo de lo ridículo.
Y si a eso se agregan las pedreas de ciudadanos armados y las humillaciones por omisos, porque el comandante supremo les ha ordenado repartir besos y abrazos, el panorama deja de ser de nadie: es de alguien. De los delincuentes.
Por eso, más allá de este concepto bélico, la tierra de nadie en nuestros días es una expresión política para definir la ausencia institucional, la marginación jurídica y admnistrativa de una región donde el Estado se ha replegado,como si no existiera.
Un ejemplo de eso es, claramente, Aguililla, Michoacán.
Tierra de nadie a la cual no puede —o no quiere–, entrar el presidente de la República porque no desea darles oportunidades a sus adversarios.
¿Oportunidades de qué? ¿De criticarlo y señalarlo?
Pues ya lo hacen a causa de su reticencia…
Al no presentarse ahí, le está dando la espalda a los ciudadanos, entre los cuales debe haber algunos decepcionados votantes suyos, por no abundar en cómo le muestra los dorsales a su responsabilidad.
Esa zona ya es tierra de los narcotraficantes quienes se la han apropiado y escriturado, de facto y para ellos, ante la oquedad originada por el Estado nacional. Y ya ni hablar del gobierno estatal o la miseria del municipio.
El único Estado presente en Aguililla en los últimos meses, ha sido el Vaticano, a través de su nuncio, el Monseñor Coppola quien lo dijo claramente mientras caminaba por las calles del pueblo en disputa mafiosa:
“La mafia florece cuando el Estado se ausenta.”
Una de las más patrióticas actitudes de nuestro querido gobierno fue cuando se desmintió al jefe del Comando Norte del gobierno de los Estados Unidos, El general Glen VanHerk quien dijo: del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales.
Y cuando emigran —le faltó decir—, terminan siendo un respaldo económico insustituible para el raquítico país atenido a sus remesas.
“…Diré (opinó el general), que es un síntoma de un problema más amplio (refiriéndose al tema de los migrantes)… no voy a involucrarme en política ni en llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos un frontera segura y saber quiénes vienen… todos estos son indicadores y razones de por qué la gente deja Centroamérica, Sudamérica y México para venir a nuestra nación.
“Cuando digo síntoma -agregó- narcotráfico, migración, tráfico humano, todos son manifestaciones de las organizaciones criminales trasnacionales, que operan con regularidad en áreas sin gobierno, del 30 a 35% de México, y es lo que está creando alguna de las cosas que enfrentamos en la frontera…”.(Rafael Cardona, La Crónica, La Dos, p.2)
En las últimas semanas, los medios a nivel global han reportado los estragos provocados por la ola de calor que azota el noroeste de Estados Unidos (EU) y Canadá. Incendios y muertes, que han arrasado hasta con pueblos enteros de esta región, demuestran que el cambio climático ya no es una amenaza apocalíptica para el futuro lejano. El aumento de la temperatura planetaria es una realidad que exige no sólo la reducción urgente de las emisiones de carbono, sino también la adopción de políticas orientadas a la resiliencia y justicia de las comunidades más vulnerables. Este es el caso de los 2.4 millones trabajadores agrícolas en EU, la gran mayoría de los cuales tienden a ser inmigrantes, temporales e indocumentados.
Según varios estudios, los trabajadores agrícolas mueren como resultado de las altas temperaturas de 20 a 35 veces más que el promedio nacional para otros trabajadores. California, un estado agrícola que desde hace años enfrenta sequías cada vez más frecuentes y pronunciadas, con temporadas de lluvia más reducidas y mayor evaporación de sus reservas de agua, aprobó desde 2005 estándares de emergencia para proteger a los trabajadores agrícolas frente a condiciones riesgosas para su salud durante las olas de calor. Pero en muchos estados, como Oregon, los empleadores no están obligados a ofrecer agua, sombra o una estación para refrescarse a estos trabajadores.
Aunque existen esfuerzos para que el Congreso apruebe estándares similares a los de California a nivel nacional, varias organizaciones argumentan que aún estos son insuficientes para prevenir la muerte innecesaria de trabajadores que apoyan una industria de 1.1 billones de dólares. La solución radica en una reforma migratoria, porque es la política migratoria, como argumenta Bruce Goldsten, presidente de Farmworker Justice, la que define las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas y sus familias. Ellos aceptan laborar en las peores condiciones, pues necesitan maximizar su paga y temen ser reemplazados o deportados. Considerados esenciales para asegurar la comida en nuestras mesas, son de los grupos sociales y económicamente más desfavorecidos en EU, con un salario por hora promedio de $10 dólares. A pesar de las regulaciones en California, continúa existiendo esta tensión entre la seguridad del trabajador y la productividad y ganancia.
Puesto que 70 por ciento de los trabajadores agrícolas temporales en EU nacieron en México, llama la atención que aún no haya sido tema en las conversaciones bilaterales relacionadas con el cumplimiento de la legislación laboral. La visita reciente de Katherine Tai, representante comercial de EU (USTR), que se centró en la implementación de la reforma laboral en México y el T-MEC, hubiera sido una excelente ocasión para que el gobierno de la 4T pusiera sobre la mesa la necesidad de atender la situación de esos trabajadores, vía una reforma migratoria integral y como un asunto de justicia climática. (Isabel Studer, El Heraldo de México, Orbe, p.32)
La región latinoamericana va en franco retroceso. En primer lugar, por la creciente inseguridad, en segundo por la contracción de las economías y en tercero por las crisis migratorias cada vez más frecuentes. Un nuevo foco rojo debería alertarnos a todos.
La crisis política en Nicaragua del 2018 a la fecha ha empeorado significativamente. Ese pequeño país en Centroamérica está atravesando una de las peores crisis políticas y económicas de su historia y dentro de las más graves que se han visto en los últimos 50 años en la región. Los nicaragüenses enfrentan a una familia enquistada en la presidencia que impone su cuarto período de mandato y en menos de quince días ha sometido a innumerables personalidades del país a la cárcel por la mínima protesta o por postularse a ser candidatos a la presidencia para las elecciones en noviembre de este año. Todo esto después de un saldo de cientos de miles de desplazados en Costa Rica y más de 400 personas (en su mayoría jóvenes e inclusive niños) asesinados en el marco de protestas del 2018. Hay un centenar y medio de presos políticos. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las acciones cometidas por las autoridades como crímenes de lesa humanidad. La crisis política y la pandemia ha llevado a este pequeño país −que ya era uno de los más pobres del continente y del mundo− a una fuerte contracción de su economía.
Las alarmas son lo suficientemente graves para poner atención. Sin embargo, algunos políticos de la región han optado por el silencio. Hablan de la autodeterminación de los pueblos, pero olvidamos que después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, también se acordó el principio de la solidaridad entre naciones, derechos humanos y derechos civiles y políticos de la humanidad. ¿Es lógico el silencio en este contexto? Cuántos años tuvieron que pasar de la crisis en Venezuela para que todos tomáramos conciencia de la dimensión y escala de la situación, hoy un problema humanitario y migratorio a gran escala.
No es comprensible el silencio de México. El único país junto con Argentina que se abstiene de pronunciarse de una situación tan crítica en el marco de una denuncia regional en la OEA. Algunas de las explicaciones que se dieron en los medios de comunicación es justamente este tema de la autodeterminación de los pueblos. Me pregunto si cuando protestamos oficialmente por una medida que toma Estados Unidos en contra de migrantes, ¿no estamos contrariando una norma o posición que hace una figura política norteamericana, elegida democráticamente por su pueblo? ¿Eso significa que no tenemos derecho a protestar o denunciar? Algunos conocidos acá en Washington, DC. me comentan: ¿por qué en otros temas que afectan a los derechos humanos no hay la misma beligerancia de parte de las autoridades mexicanas?
El principio de la autodeterminación surgió en el marco de legitimar la solicitud de muchos países para ser independientes y descolonizarse de potencias extranjeras. Esto es claramente un contexto muy distinto a la situación que se vive hoy en Venezuela y Nicaragua.
Las crisis en los países del norte de Centroamérica son ahora también una crisis de seguridad y migración en México y Estados Unidos. La situación política en Nicaragua es hoy un problema migratorio de gran escala para Costa Rica y no es remoto que venga a empeorar la situación de los migrantes que cruzan por México. Con rarísimas excepciones en el mundo, las dictaduras se traducen en atraso económico, pobreza, migraciones masivas y exclusión. ¿Por qué guardamos silencio entonces con lo que sucede en Venezuela y Nicaragua? (Jacques Rogozinski, El Financiero, Economía, p.13)
Dos causas (en realidad, una)
En cuanto a la influencia de los factores citados, caben dos observaciones sumarias: 1.-las transferencias gubernamentales referidas existían desde antes de la ocurrencia del Covid-19; y, 2.-efectivamente, las remesas aumentaron en forma notable cuando la enfermedad brotó; de hecho, en marzo 2020 alcanzaron el nivel sin precedente hasta entonces de 4,000 millones de dólares (¡48% más que en el mes inmediato anterior!) y, aunque disminuyeron un poco en los meses siguientes, crecieron después hasta llegar a 4,500 millones en mayo de este año.
Sobre el segundo punto previo, sin pena alguna, me permito repetir un par de frases que usé en Twitter hace poco. Aquí va la primera: “Las remesas son simplemente el dinero que los trabajadores migrantes envían a sus familiares en su país de origen. Constituyen una muestra de su sentido de responsabilidad, de su solidaridad. En términos económicos, son ingresos derivados de la exportación de mano de obra”. Y añadí, quizá innecesariamente: “No prestan apoyo a la complacencia gubernamental. Al contrario, son evidencia de la incapacidad de las políticas públicas para incentivar la generación interna de empleos productivos”. (Everardo Elizondo, Reforma, Opinión, p.18)
Migrar es un derecho
La frontera entre México y Estados Unidos constituye el principal corredor migratorio del mundo, pues es atravesada por más de 60 millones de personas al año.
México es el segundo país con mayor población migrante del mundo, con 12 millones de mexicanos en el extranjero, por su parte, Hidalgo ocupa el lugar 16 a nivel nacional.
Durante 2020, de Hidalgo partieron 26 mil 206 personas para vivir en otro país, 87 de cada 100 se fueron a Estados Unidos y la participación de la mujer es cada vez más frecuente en este flujo migratorio ya que por cada 50 hombres hay 20 mujeres.
Entre los estados con alto grado de intensidad migratoria se encuentran Michoacán, Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas.
Las principales causas por las que migran las personas es para reunirse con su familia, trabajar, casarse o estudiar.
Pese a que la pandemia causó estragos económicos y muchos de los sectores productivos se han estancado, las remesas alcanzaron un máximo histórico de 40 mil 600 millones de dólares, lo que nos muestra que ante el panorama que vive México, la solidaridad de nuestros migrantes ha permitido asegurar a sus familias un ingreso para salir adelante.
Las contribuciones de las personas migrantes a nuestro país deben ser correspondidas con políticas públicas para garantizar sus derechos.
No hay mayor muro o frontera que los que tenemos en nuestra mente, ojalá algún día existan las condiciones suficientes para que ninguna persona deba abandonar su tierra y a su familia pero que, cuando decida hacerlo, todas las naciones del mundo asuman que migrar es un derecho. (Carolina Viggiano, El Sol de México, Análisis, p.15)