No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta popular, vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo (hasta el 2 de agosto), replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia de prensa matutina en Acapulco, expuso que seguirá recorriendo el país, recogiendo los sentimientos de la gente, que no se sienta sola, abandonada.
La postura del Presidente ocurrió una vez que la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, desglosó el programa de inclusión a personas mayores de 65 años a la pensión universal, para sumar el año próximo 10 millones 320 mil beneficiados. (Roberto Garduño y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.5)
El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó las jornadas nacionales de difusión de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado que se efectuará el primero de agosto. Especialistas destacaron dos elementos centrales: no hay espacio a la confusión, pues está claro que no se trata de un sondeo sobre la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes de la República, pero reivindicaron la participación en el primer ejercicio de democracia directa en el país.
Para el consejero del INE Martín Faz, se han realizado todos los esfuerzos logísticos para garantizar un ejercicio exitoso de consulta popular, que es lograr una organización similar a los estándares de las elecciones: que se instalen todas las mesas receptoras con los funcionarios designados, que se brinden las condiciones para que participe la ciudadanía, que fluyan los resultados y se difunda un conteo rápido la noche del primero de agosto.
El INE no es responsable de los niveles de participación, en especial cuando se determinó que la difusión de esta jornada comenzara el 15 de julio, según definió el Congreso. Hubiera sido deseable más tiempo y que el INE contara con mayores recursos para financiarla. Reconoció que la pregunta es muy compleja, pero tampoco es algo en lo que el INE pudiera incidir para modificar, pues es lo que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.5)
La Promotora de Solidaridad Va por Cuba convocó a acelerar la recolección de fondos para donar cien mil jeringas y guantes quirúrgicos para apoyar a la población de la isla contra el Covid-19. Como parte de esta campaña, el próximo fin de semana realizarán un festival artístico en el Complejo Cultural Los Pinos.
En conferencia de prensa, Irazú Díaz, integrante de la promotora, señaló que la pandemia de Covid-19 ha agravado la situación de escasez de algunos insumos médicos en Cuba, como consecuencia del bloqueo ordenado por Estados Unidos.
Ni con el Covid-19 y la pandemia se han reducido las sanciones, y mucho menos se plantea levantar el bloqueo, señaló. Por ello, convocó a la gente a apoyar la campaña nacional Desde la tierra de Zapata al Pueblo de Martí, que se propone donar cien mil jeringas de un mililitro, con aguja de 23G, para contribuir a la campaña de vacunación contra la pandemia en Cuba. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la difusión de cualquier información sobre los contratos de compra de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino y Sputnik, hasta que se resuelvan los 12 recursos de revisión en materia de seguridad nacional que promovió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
Esta dependencia impugnó ante el máximo tribunal las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a una docena de solicitudes presentadas ante la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y otras autoridades del sector sobre los contratos firmados entre el gobierno mexicano y diversos fabricantes de vacunas.
Las solicitudes de información pedían respuestas a preguntas como ¿Qué cantidad de vacunas contra el Covid-19 ha comprado el gobierno mexicano y qué cantidad de cada una de las marcas?
Las autoridades sanitarias rechazaron estas peticiones de información, por lo que los solicitantes recurrieron al INAI, que ordenó liberar cuando menos las versiones públicas de los documentos requeridos. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.9)
Organizaciones y padres de niños con cáncer convocaron para el 24 de julio a una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, luego de tres años de una larga batalla de manifestaciones, jurídica, ante la incapacidad del gobierno para resolver el abasto de medicamentos oncológicos, anunciaron en conferencia de prensa.
Existen denuncias, amparos ganados, pero la indiferencia del gobierno es muy grande, el desabasto de medicamentos sigue. Cada vez que se hace una manifestación dicen que los medicamentos llegarán. El Presidente dijo el fin de semana que llegarán los medicamentos, pero la realidad es que los padres de niños de cáncer siguen con el desabasto, indicaron en un pronunciamiento conjunto las organizaciones Causa en Común, Fundación Nicoatole, Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niñas con Cáncer, Cero Desabasto, Fundación Mayrita, entre otras. (Redacción, La Jornada, Política, p.10)
Ayer llegaron 585 mil vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech en el embarque número 53 de esta farmacéutica, como parte del mecanismo multilateral Covax de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el acceso equitativo a vacunas contra el Covid-19, informó la Secretaría de Salud. En total han arribado 96 embarques en 110 vuelos.
En un comunicado, indicó que los biológicos arribaron procedentes de Cincinnati, Estados Unidos. En conjunto con anteriores embarques de Pfizer-BioNTech, hacen un total de 23 millones 63 mil 235 dosis enviadas por la farmacéutica. En el arribo, traslado y seguridad de las vacunas participaron 58 elementos del Ejército Mexicano.
La dependencia agregó que hasta ahora el país ha recibido 59 millones 972 mil 335 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics y Johnson & Johnson. (Redacción, La Jornada, Política, p.8)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la nueva querella se involucra a seis personas más, dos físicas y cuatro morales. No obstante, el magistrado aseguró que quedó demostrado que su patrimonio es lícito.
Además, la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda impugnó la resolución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), que en junio exoneró al magistrado Vargas del delito de enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, la UIF detalló que José Luis Vargas, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, en los que se identificaron diversos depósitos en cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria. (Alonso Urrutia y Redacción, La Jornada, Política, p.6)
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (Sener) informaron que suspendieron a 82 contribuyentes que no cumplían con los requisitos para temas relacionados con el comercio exterior.
Se realizó la suspensión de diversas y diversos contribuyentes que no cumplían con los requisitos demandados en el Padrón de Importadores, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y en el Padrón de Exportadores Sectorial, de conformidad con lo previsto en la regla 1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, refirieron ambas dependencias.
Se trata de un total de 58 firmas que se encontraban en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y 24 registradas en el Padrón de Importadores, el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y el Padrón de Exportadores Sectorial.
En un comunicado ambas dependencias indicaron que estas acciones tienen como principal objetivo fomentar la transparencia y las mejores prácticas internacionales. (Julio Gutiérrez, La Jornada, Política, p.15)
Estados Unidos y sus aliados acusaron ayer a China de una campaña global de ciberespionaje, con la que lleva a cabo operaciones de extorsión contra sus empresas y también amenaza su seguridad.
A Washington se unió la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea (UE), Gran Bretaña, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Canadá en la condena al espionaje que, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, plantea una fuerte amenaza para nuestra seguridad económica y nacional.
En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cuatro ciudadanos chinos –tres funcionarios de seguridad y un contratista– de piratería informática contra decenas de empresas, universidades y agencias gubernamentales en el país y el extranjero.
La embajada china en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Funcionarios del gigante asiático habían declarado con anterioridad que su país también es víctima de piratería y que se opone a todas las formas de ciberataques, reportó la agencia de noticias Reuters. (Afp y Reuters, La Jornada, Mundo, p.19)
El incremento de contagios de Covid-19 obligó a cambiar el color del semáforo epidemiológico en Guerrero –donde la mayor parte de los contagiados son personas no vacunadas– y Veracruz al menos hasta el primero de agosto, por lo que se redujeron aforos y horarios de operación de establecimientos comerciales, además de que cerraron bares y antros. En tanto, se saturaron las camas con ventilador en dos hospitales de Colima.
El gobierno de Guerrero indicó que la entidad pasó de verde a amarillo debido a un aumento considerable de contagios, principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Juan R. Escudero, lo mismo que en algunos municipios de la Costa Chica.
El secretario de Salud guerrerense, Carlos de la Peña, pidió a los habitantes menores de 40 años, quienes aún no reciben vacunas contra el SARS-CoV-2, que incrementen sus cuidados, eviten aglomeraciones e ir a lugares cerrados, además de usar cubrebocas y preferir sitios ventilados. (Corresponsal, La Jornada, Estados, p.21)
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició el proceso de identificación de los constructores, supervisores y servidores públicos involucrados directamente en el diseño y construcción del tramo colapsado Olivos-Tezonco de la línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados, a fin de deslindar responsabilidades.
El equipo de judicializadores, que cuenta entre sus integrantes con personal que llevó a cabo las imputaciones, etapa complementaria y enjuiciamiento en el caso del Colegio Rébsamen, ha avanzado en el estudio de la información documental y legislación vigente.
Una vez que concluya el dictamen de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, se estará en posibilidades de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes, por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. (Laura Gómez Flores, La Jornada, Capital, p.24)