Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA LEY DE MIGRACIÓN Y LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN ADELANTE EL “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, ASISTIDA POR LA LIC. LILIA LUCÍA AGUILAR CORTÉS, JEFA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ASÍ COMO POR EL MTRO. OLIVER CASTAÑEDA CORREA, PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y POR LA OTRA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE REFERIDO COMO EL “DIFEM”, REPRESENTADO POR SU PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA M.D.A. CRISTEL YUNUEN POZAS SERRANO, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
En este sentido, la Ley de Migración establece la facultad de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante la “Procuraduría Federal”, y de las procuradurías homólogas en cada Entidad Federativa, en adelante “Procuradurías Locales” y “Procuradurías Independientes”, para emitir un Plan de Restitución de Derechos, aplicable en los procedimientos que realice el Instituto Nacional de Migración en adelante el “INM”, en los casos en que se encuentren involucradas niñas, niños o adolescentes.
De igual manera, la Ley de Migración establece que ninguna niña, niño o adolescente, deberá ingresar en una estación migratoria y que se otorgará de inmediato por el “INM”, como medida de carácter temporal, la condición de estancia por razones humanitarias, misma que no estará sujeta a la presentación de documentación ni pago de derecho alguno.
Asimismo, la Ley en cita establece que, en dichos procedimientos, de manera inmediata, el “INM” dará vista a la “Procuraduría Federal”, al tiempo de canalizar a la niña, niño o adolescente, al Sistema DIF correspondiente, estando ambas instituciones obligadas a otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De Igual forma, la Ley de Migración, establece la obligatoriedad del “DIF NACIONAL” de suscribir convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales y con las organizaciones de la sociedad civil especializadas para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Aunado a lo anterior, la Ley de Asistencia Social, establece que el “DIF NACIONAL” como coordinador de Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, promoverá la celebración de convenios entre los distintos niveles de gobierno.
CLÁUSULAS
SEGUNDA. ALCANCES. “LAS PARTES” acuerdan que de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 98 de la Ley de Migración, en los casos de detectar niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, el “INM” notificará inmediatamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad federativa respectiva en que sea detectado, y al mismo tiempo realizar la canalización al Sistema DIF local o municipal, correspondiente. (Diario Oficial de la Federación)

El gobierno de Morelos, en coordinación con autoridades federales y municipales, desarrolló con éxito el Operativo Vacaciones de Verano 2021; la noche del fin de semana, en Cuernavaca, realizó un despliegue de los cuerpos de seguridad con recorridos pie a tierra, inspección en bares y verificación de automóviles en el sistema de Registro Público Vehicular (Repuve).
Resultado de estas acciones se detuvo a tres hombres por presunta responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; la clausura de un bar por no contar con la documentación para su funcionamiento, y la detención de cuatro personas por faltas administrativas.
Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos, Sedena, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM), Unidad canina, Policía y Tránsito municipal recorrieron colonias consideradas con alta incidencia delictiva.
Con el propósito de contener y prevenir hechos delictivos, las fuerzas del orden mantuvieron máxima presencia en las colonias Antonio Barona, Ricardo Flores Magón y Bosques de Cuernavaca. Además realizaron otras acciones en varios puntos del estado de Morelos. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 16)
(Índigo Staff, Reporte Índigo, Reporte, p. 9)

Cd. Juárez, Chihuahua: Al menos 55 migrantes que estaban en condiciones inhumanas en una vivienda ubicada al sur-poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron rescatados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Con esta cifra, mil 457 personas que pretendían cruzar de forma ilegal a Estados Unidos han sido recuperadas en lo que va de 2021 por parte de elementos de la policía local.
Los migrantes fueron localizados en una casa de seguridad, ubicada en calle Aguascalientes número 308, de la colonia Anapra, luego de que se recibió una denuncia anónima al número comunitario del Distrito Centro de la secretaría.
Al llegar al inmueble, los preventivos encontraron a 46 personas originarias de Honduras; tres, de Guatemala; tres, de El Salvador, y tres, mexicanas. Del total, 17 son mujeres y 38, hombres, uno de ellos es un bebé de seis meses.
En las primeras entrevistas con los policías, los migrantes dijeron que pagaron a un grupo de polleros para ser llevados de forma ilegal a Estados Unidos, a través de la frontera de Juárez El Paso, Texas, por el sector de la colonia Anapra.
En este mes 106 migrantes fueron rescatados; 142, en febrero; 128, en marzo; 96, en abril; 86, en mayo; 431, en junio, y 468, en julio. En total mil 457.
A las 55 personas encontradas en la casa de la colonia Anapra, se les proporcionó el desayuno y después fueron llevadas a un albergue instalado en el gimnasio municipal Kiki Romero, ubicado en la avenida De Los Aztecas y Codorniz de la colonia Granjas de Chapultepec, al sur-poniente de Ciudad Juárez donde se les brindaron servicios médicos y jurídicos.
Aumenta 185% casos
El índice de rescates de migrantes en el desierto del sur de California incrementó 185 por ciento, según un agente de la Patrulla Fronteriza de EU.
Cientos de migrantes han intentado cruzar al país desde México desde el Valle Imperial, a unas 160 millas de San Diego, en lo que va de año, según el sitio de noticias Border Report.
“Hemos tenido 240 rescates en comparación con el año pasado, cuando tuvimos 84, un aumento de 185 por ciento”, dijo el agente fronterizo John Mendoza. “No cruces. No vale la pena poner tu vida en peligro. No solo tu vida, sino los agentes que están haciendo esos rescates” (Blanca Carmona, Milenio, Política, p. 16)
(Rubén Villalpando, La Jornada, Política, p. 8)
Mexicali, BC., Ante una lucha continua contra la discriminación y el racismo, no hay nada que celebrar este domingo el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, advirtió Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos.
En entrevista, el activista de origen haitiano pidió que esta conmemoración sirva para hacer visible a una población marginada que afronta graves obstáculos en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales; exigimos trato digno, respeto y protección a las mujeres afrodescendientes en México, expuso.
Asimismo, Metelus denunció que miles de migrantes haitianos y africanos viven en condiciones infrahumanas en el país, por lo que solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo para que sea regularizada la situación de estas personas en territorio mexicano, y su liberación del campo de concentración en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.
Apenas el sábado, Evelia Catalán Casiano, integrante de Mujeres Afromexicanas en Movimiento, pidió apoyo para este sector ante la pandemia y detalló que en el país hay 2 millones 576 mil 213 afromexicanos, lo que equivale a 2 por ciento de la población, y de ese total somos un millón 297 mil 617 mujeres, es decir, 50.4 por ciento.
El activista puntualizó que los estados del país que tienen más población afromexicana son Guerrero (8.4 por ciento), Oaxaca (4.7) y Baja California Sur (3.3); asimismo, puntualizó que los municipios guerrerenses donde hay más gente de descendencia africana son Cuajinicuilapa (79.9 por ciento de los habitantes), Copala (58.7) y Juchitán (53.8). (Antonio Heras, La Jornada, Estados, p. 24)
Los migrantes sólo buscamos una oportunidad para salir adelante frente a la violencia que vivimos en nuestro país y, si bien el trayecto para llegar a México y Estados Unidos es duro, con caminatas tan largas que destrozan los pies, delincuencia y discriminación, a veces mientras más te alejas de tu lugar de origen más libre te sientes, coincidieron Gabriel y Ángel (nombres ficticios para resguardar su identidad), albergados en Casa Tochan, que opera en la capital del país desde hace una década.
Ante el incremento de solicitudes de asilo, que según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) este año rebasarán las 100 mil, la directora de Casa Tochan, Gabriela Hernández, y del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gretchen Kuhner, urgieron a desarrollar mayores programas de recepción e integración para migrantes.
Gabriel llegó de El Salvador en 2017, cuando tenía 24 años. Caminó durante tres meses hasta llegar a Oaxaca, con los pies destrozados y con llagas. Decidió salir de su país por el acoso de pandillas que vivía. La última vez casi me matan, me pusieron una pistola calibre 38 en la cabeza, dijo en entrevista. Por eso dejó a su mamá y tres hermanos, y su empleo como impresor de ar-tes gráficas.
Pretende ir Estados Unidos, a donde ya intentó llegar hace un mes. Caminé unos cinco días, pero me deportaron para Acuña (Coahuila), de ahí me vine para acá, al albergue, para juntar dinero y planear cómo intentarlo de nuevo.
Platicó que antes de esta experiencia pasó tiempo en la frontera sin atreverse a cruzar. Tenía miedo, sobre todo de que me fueran a secuestrar.
Para mantenerse, Gabriel ha trabajado en México en diversos empleos: auxiliar de albañil, mantenimiento, empacador.
Al igual que él, Ángel dejó Honduras por amenazas de pandillas. Querían que trabajara para ellos, pero me negué y me dijeron que me iban a quitar a mi hijo, si no cumplía. Por el miedo vine a solicitar refugio, pero no me han resuelto nada, contó.
El joven de 25 años entró al país acompañado de su hijo de siete el 11 de abril pasado. El trayecto fue muy duro; me costó llegar hasta aquí porque me asaltaron en el cruce del río de Guatemala con México, me quitaron hasta los documentos.
Su plan es permanecer en el país, lograr tener mi casa, mi transporte, mi negocio en electrónicos y en cocina, dijo.
Tanto Gabriela Hernández como Gretchen Kuhner coincidieron en que si bien en la Ciudad de México, segundo lugar en el país que recibe más solicitudes de asilo ante la Comar, los migrantes tienen algunas facilidades, aunque enfrentan problemas para obtener empleo y acceder a una vivienda.
En ocasiones, aunque tienen autorización para trabajar, acaban en el sector informal y, por su situación, es muy difícil que puedan rentar una vivienda digna, señalaron. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p. 8)
Activan Alerta Amber para localizar a cuatro migrantes menores en San Luis Potosí. El flautista Horacio Franco denuncia la desaparición de su sobrina. Buscan a tres adolescentes en Culiacán, Escuinapa y Mazatlán. Desaparecen Kaely, Nasly y Alison en diferentes hechos en Iztapalapa. “La menor Mariana fue vista por última vez en Guadalajara el pasado 15 de mayo. Se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de algún delito”, señalan medios de comunicación.
En México, 12 mil 080 menores han desaparecido en el periodo 1995-2021 y permanecen en calidad de no localizados, siendo las mujeres las más afectadas (seis mil 515). Se incluyen todo tipo de categorías: desde robos, sustracciones o desapariciones.
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el problema de los niños, niñas y adolescentes que continúan en esa condición se ha incrementado en los últimos años. En lo que va del 2021 se han registrado 879 casos, una cifra récord en México (el año 2017 tenía el reporte más alto: 840 denuncias).
Jalisco se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, con 870 menores que permanecen sin ser localizados desde 1995 a la fecha, sólo por debajo del Estado de México (mil 743), Tamaulipas (mil 473) y Nuevo León (897). (El Informador, El Economista, Política y Sociedad, p. 53)
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal, envió un segundo contingente de 101 combatientes para contribuir con las tareas de mitigación y extinción de más de 300 incendios forestales activos en Columbia Británica, Canadá.
Además, el secretario Marcelo Ebrard difundió un video del arribo, el sábado pasado, del personal mexicano en un avión de Canadian North al Aeropuerto Internacional de Abbotsford de Vancouver. México apoya a Canadá, agregó el funcionario.
En un comunicado, la secretaría dijo que la cooperación se realiza con el Centro Canadiense de Interagencias de Incendios Forestales y abundó que se trata de la cuarta ocasión en la que se activa este mecanismo de intercambio entre los dos países, y la segunda en este año. (De la Redacción, La Jornada, Política, p. 13)

La creación de la Agencia Nacional de Aduanas permitirá avanzar en la digitalización y modernización de los despachos fronterizos, además de hacer más eficientes los trámites y frenar delitos como el contrabando, grandes pendientes de sexenios anteriores, coincidieron empresarios consultados por Excélsior.
“En el mediano y largo plazo el organismo tendrá más facilidades de movimiento de mercancías, menos trámites burocráticos, más facilidad de elaborar su propio presupuesto y ejercerlo de una mejor manera para poder seguir creciendo en automatización. Era un tema de hace años, y le dará más flexibilidad y agilidad a la operación aduanera”, comentó José Antonio Vidales, presidente de la Comisión de Aduanas de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Para Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), se espera que la agencia implemente esquemas para tener aduanas inteligentes, digitalizadas y modernizadas, “esta modernización digital de las aduanas nos ayudará para que sean más eficientes”.
El director nacional del Comité de Acuerdos y Tratados Internacionales de Index, Israel Morales, digo que la expectativa de la industria maquiladora de exportación es que la Agencia incida en la facilitación al comercio exterior, que es una de las tareas fundamentales de las aduanas en el mundo; y por otro lado la seguridad nacional de nuestro país, para evitar que las operaciones de comercio exterior las conduzcan personas que se dedican al ilícito.
Los directivos coincidieron que con la Agencia también se consolidará el Programa de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), que lleva más de dos sexenios de su implementación.
Los objetivos de PITA son la modernización de 60 puntos de revisión que conjuntan más del 99% de la operación aduanera de mercancía comercial, así como el control en 52 cruces fronterizos del país.
“Falta que se consolide el PITA en trámites aduaneros donde los cruces de vehículos y personas se automatizan y es lo que esperemos que quede definido con la consolidación de este proyecto y que cualquier análisis de riesgo se puede hacer previo de la llegada de la mercancía en aduanas”, comentó Vidales.
Ruiz detalló que PITA manejará digitalmente los procesos y ello permitirá un mayor control y la aplicación de inteligencia digital para hacer las revisiones correspondientes desde antes que la mercancía llegue a la aduana. (Lindsay H. Esquivel, Excélsior, Dinero, p. 3)

El presidente de EU, Joe Biden, expresó dudas de que se pueda aprobar una vía a la ciudadanía para los indocumentados en el país como parte de un paquete de gasto social de 3.5 billones de dólares que tramita el Congreso.
“Tiene que haber un camino a la ciudadanía. Lo que está por ver es si puede formar parte” de la ley de gasto, dijo Biden en conferencia al volver a la Casa Blanca de Wilmington (Delaware), donde pasó el fin de semana.
Los demócratas —del partido de Biden— han propuesto un paquete de gasto social de 3.5 billones de dólares, en el que han incluido provisiones para abrir una vía a la ciudadanía a millones de migrantes indocumentados.
Entre ellos se encuentran los “soñadores”, jóvenes que llegaron al país siendo niños, además de millones de indocumentados que han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La urgencia para actuar aumentó a mediados de este mes, cuando un juez de Texas ordenó suspender el trámite de nuevas solicitudes de amparo bajo el programa de Acción Diferida (DACA), creado en 2012 y que ahora protege de la deportación a unos 650 mil “soñadores”.
Ante la inacción del Congreso en materia migratoria en las últimas décadas, los demócratas quieren incluir una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados en su paquete de gasto social, que confían en aprobar sin ningún voto de la oposición.
Sin embargo, Biden ya advirtió esta semana que dependerá de la asesora legal del Senado —que interpreta las normas de la Cámara Alta— determinar si es viable o no incluir medidas migratorias en un paquete de gasto aprobado por una vía especial.
“Eso lo tiene que decidir la asesora legal del Senado, no Biden”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa el pasado lunes.
Los demócratas planean aprobar el paquete de gasto mediante una fórmula legislativa conocida como reconciliación, que permite sacar adelante un proyecto de ley con una mayoría simple de 51 votos, en vez de con los 60 que hacen falta normalmente.
Eso da la posibilidad a demócratas de aprobar esa medida; pero, para lograrlo, necesitarán unir al ala más moderada del partido y al flanco progresista; en tanto, siguen negociando con republicanos en el Senado. (EFE, Milenio, Política, p. 16)
(EFE, Ovaciones, Finanzas, p. 7)

Mcallen.- En esta ciudad texana, donde el shopping se ha vuelto una forma de vida, los comercios ofrecen prácticamente de todo y ahora existe otro “producto” a la venta: un muro fronterizo privado.
Valuado en al menos 30 millones de dólares por su constructor Tommy Fisher, un fuerte simpatizante de Donald Trump, la valla recorre 4.8 kilómetros de la ribera del río Bravo, al sur de Mission, y está a unos 10 minutos del Puente Internacional de Anzaldúas, en Reynosa.
En un principio, el constructor recibió aportaciones voluntarias para construir el muro, pero después, el Gobierno estadounidense le otrogó contratos por 2 mil millones de dólares.
No obstante, Fisher vio el fin de sus sueños con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, quien congeló todos los trabajos.
Fisher dijo que ha puesto su obra a disposición de millonarios que quieran seguir ampliándola o del Gobierno de Texas, que quiere continuar las vallas de Trump. Las perspectivas, sin embargo, no son buenas y las ofertas nulas. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2)

Un grupo de empresarios poblanos que radica en Estados Unidos busca apoyar emprendimientos para desincentivar la migración hacia ese país.
Héctor Escobar, presidente de la Cámara de Comercio de Chicago, dijo que la meta es crear oportunidades en México y que las empresas puedan exportar sus productos a EU.
Detalló que son seis los empresarios quienes se interesaron en apoyar a los negocios nacientes.
“Son migrantes que tienen experiencia, están regresando a vivir a sus pueblos y esa es la parte importante, crear microempresas y dejar de crear migrantes”, subrayó.
Entre los proyectos financiados están el empaquetamiento de barbacoa al vacío y crear productos del maguey.
“Apoyamos en Zacatlán barbacoa al vacío, se consiguió maquinaria y lo necesario para que lo pueda exportar, está listo. No se da abasto la fábrica de barbacoa para vender en México porque ahí le consumen todo.
“Ahora estamos viendo qué más productores pueden entrar para hacer una fábrica más grande”, comentó Escobar en entrevista.
En Tlaxcalancingo, los empresarios crearon una fábrica para envasar nopal y están buscando un contrato para exportar a Los Ángeles y Nueva York.
También vieron una oportunidad en la producción de tejocote, que se puede vender pulverizado para elaborar cualquier tipo de mermelada.
“Estamos viendo propiedades en Huejotzingo para procesar el tejocote. El tejocote lo compran los europeos o canadienses, se lo llevan, lo deshidratan, lo pulverizan y luego nos lo venden así porque es una base para la mermelada.
“¿Para qué comprarlo si podemos poner una inversión?, (podemos) acaparar el tejocote, producir más, crear microempresas que puedan hacer lo mismo”, describió el empresario, quien calculó que se requeriría 1.2 millones de dólares para llevar a cabo el proyecto.
Además, tienen 80 millones de dólares para crear inulina (carbohidrato) del maguey pulquero, así como endulzantes naturales para fabricar cualquier tipo de refresco, sustituyendo azúcar con miel de agave.
“Podemos sacar hasta 100 productos del maguey pulquero, queremos tejer una cadena productiva”, subrayó.
Escobar dijo que hay obstáculos burocráticos que prolongan los tiempos para abrir una empresa, a diferencia de EU, donde se concretan en 30 días. (Verónica Gascón, Reforma, Negocios, p. 3)

En abril, una desvencijada embarcación de madera que transportaba a unos 130 inmigrantes volcó en el mar Mediterráneo sin dejar supervivientes. Este trágico incidente se ha convertido en un suceso sombrío y estacional, con más de 350 muertes similares ya este año.
Lo peor está por llegar. Los investigadores en materia de migración predicen que 2021 promete ser el año más mortífero. En parte, esta sombría previsión se debe a que los países de la UE han detenido a los barcos de búsqueda y rescate que antes salvaban a los inmigrantes en el mar durante estas peligrosas travesías.
Pero la razón más profunda de esta crisis humanitaria en curso se debe a que los países de la UE han desplazado su responsabilidad en la gestión de este problema de diversas maneras, entre ellas, las naciones más grandes arrojan su papel a los países costeros y a las ONG, desplazan la carga de la migración haciendo retroceder las fronteras y ofrecen remesas en lugar de asistencia.
Los Estados europeos más grandes trasladan su papel de autoridad sobre los solicitantes de asilo que llegan a Grecia, Malta y, sobre todo, Italia. Mientras, estos gobiernos delegan en ONG como la Cruz Roja/Media Luna Roja y Médicos Sin Fronteras (MSF), conocida en inglés como “Doctors Without Borders”.
Por desgracia, estas organizaciones carecen de los recursos y del personal médico necesarios para abordar una misión tan abrumadora, y la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación.
La Cruz Roja italiana ha convertido cruceros de lujo en prisiones improvisadas, fletadas por el gobierno italiano y con personal de la Cruz Roja, en un intento de poner en cuarentena a los inmigrantes rescatados en el mar, en alta mar, para evitar que lleven el Covid-19 a tierra.
Estos barcos se mantienen con un coste de más de un millón de euros (1,16 millones de dólares) por embarcación y por mes, y acogen a miles de desplazados, en su mayoría de Oriente Medio y África que han huido de la guerra, la tortura, la pobreza, la extorsión, la violencia sexual y los trabajos forzados.
Sin embargo, este flujo de emigrantes a través del Mediterráneo no es nuevo. Más de 2,5 millones han realizado travesías no autorizadas desde el norte de África hasta Europa desde la década de 1970, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
Pero en los últimos tiempos, esta emigración se ha disparado, ya que cada vez más personas huyen del norte de África para evitar la guerra y la inestabilidad política. Como respuesta, las naciones europeas han tratado de sellar esta avalancha, lo que en última instancia ha dado lugar a un viaje apodado por la OIM como “el más mortífero del mundo”.
Sólo en las dos últimas décadas, el Mediterráneo se ha tragado a más de 30.000 personas. En 2016, nueve organizaciones benéficas distintas, entre ellas Médicos Sin Fronteras, patrullaban las aguas internacionales y realizaban alrededor del 25% de los rescates en el Mediterráneo. Para empeorar las cosas, los gobiernos europeos han empezado a criminalizar a estas ONG por las tareas que los poderes fácticos deberían llevar a cabo.
“Nos enfrentamos a penas de prisión de hasta 15 años y a indemnizaciones millonarias por salvar vidas humanas”, dijo Óscar Camps, director de la ONG española Proactiva Open Arms, en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo después de que su principal barco de rescate fuera confiscado en Sicilia por “promover la inmigración ilegal”.
Sólo en el último año, Italia ha realizado en solitario más de 100.000 misiones de búsqueda y rescate con éxito, pero recientemente ha tenido que suspender estas operaciones al negarse la UE a contribuir económicamente. En consecuencia, Italia y otros países han empezado a subcontratar sus funciones de guardacostas a países como Túnez y Libia.
Los esfuerzos del continente europeo se centran más en el “control de fronteras” y menos en salvar vidas.
La combinación de factores —alejar sus fronteras de facto y un poco de capital— facilita que la UE pague a otros países para que impidan que los viajeros lleguen a sus costas, deteniéndose antes en su ruta. Se hace, en concreto, a través del pago europeo de subvenciones a los controvertidos guardacostas libios y tunecinos, como refleja un informe del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES).
Estos guardacostas, a diferencia de la mayoría de los de la historia, no miran predominantemente hacia fuera de las costas libias o tunecinas para protegerse de las amenazas externas. Por el contrario, se financian para que miren hacia dentro y bloqueen a las personas que intentan salir de África y llegar a Europa.
En 2016, como parte de un esfuerzo de la UE llamado Operación Sophia, Italia acordó proporcionar barcos, formación y millones de euros a lo que quedaba de la Guardia Costera de Libia para reducir la avalancha de migrantes. Poco después, la guardia costera comenzó a amenazar, abordar e incluso abrir fuego contra los barcos de las ONG.
Esta política europea de utilizar fuerzas marítimas proxy para detener preventivamente a los solicitantes de asilo también ha contribuido a la brutalidad de decenas de miles de migrantes que mueren en el mar en los peligrosos intentos de evitar a la Guardia Costera, pero también en la violación sistemática y el tráfico de personas, y el abuso físico que va desde las palizas hasta los disparos, que se producen en los centros de detención, muy especialmente en Libia, donde los desplazados son llevados y retenidos después de su viaje.
Por ejemplo, cientos de refugiados fueron transportados al centro de detención de Zintan, en las montañas libias de Nafusa, en septiembre de 2018. A lo largo del año siguiente, al menos 23 de ellos murieron —entre ellos un niño gambiano y su padre, y una adolescente somalí— debido a enfermedades, malas condiciones y abandono. Otras dos personas murieron en 2020: una por una supuesta insolación y otra tras un incendio.
Embarcados en una batalla de custodia siempre cambiante entre el país y el gobierno, y el liderazgo y la organización, los migrantes soportan efectos atroces sintiéndose en gran medida solos. Cada débil intento actúa al unísono como un esfuerzo colectivo europeo para reforzar las medidas de disuasión contra los migrantes.
Como resultado, los que están atrapados en los campos de tortura libios o se ahogan frente a las costas europeas permanecen en un estado permanente de limbo, una frontera entre dos mundos, uno custodiado por los ricos y otro sufrido por los pobres. (Holly Pate y Charlotte Norsworthy, El Sol de México, P.p.)
(Holly Pate y Charlotte Norsworthy, La Prensa, Normal)
Debido a la prolongación del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos se perderán en un mes más de 2.5 mil millones de dólares, por lo que el gobierno del país deberá adoptar una estrategia que brinde confianza a Washington para evitar más afectaciones al comercio exterior, el turismo y a los pobladores del área fronteriza, consideró el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.
Las restricciones al tránsito terrestre no esencial aplicadas por autoridades de ambos países para evitar la propagación del Covid-19, que comenzaron hace 68 semanas, han dejado pérdidas económicas en comercio y turismo en ambos lados de la frontera por 55 mil 364 millones de dólares.
El Lacen explicó que la frontera entre las dos naciones es de 3 mil 200 kilómetros, donde colindan 48 condados del vecino país del norte ubicados en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, así como 94 municipios de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La población de ambas fronteras impulsa un fuerte dinamismo económico que por sí mismo representaría el producto interno bruto (PIB) de diversos países, expresó.
Previo a la emergencia sanitaria el turismo de consumo transfronterizo, entre 142 condados y municipios, gastaba entre 5 y 6 millones de dólares por semana en ambos lados.
Debido a la prolongación del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos se perderán en un mes más de 2.5 mil millones de dólares, por lo que el gobierno del país deberá adoptar una estrategia que brinde confianza a Washington para evitar más afectaciones al comercio exterior, el turismo y a los pobladores del área fronteriza, consideró el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.
Las restricciones al tránsito terrestre no esencial aplicadas por autoridades de ambos países para evitar la propagación del Covid-19, que comenzaron hace 68 semanas, han dejado pérdidas económicas en comercio y turismo en ambos lados de la frontera por 55 mil 364 millones de dólares.
El Lacen explicó que la frontera entre las dos naciones es de 3 mil 200 kilómetros, donde colindan 48 condados del vecino país del norte ubicados en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, así como 94 municipios de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La población de ambas fronteras impulsa un fuerte dinamismo económico que por sí mismo representaría el producto interno bruto (PIB) de diversos países, expresó.
Previo a la emergencia sanitaria el turismo de consumo transfronterizo, entre 142 condados y municipios, gastaba entre 5 y 6 millones de dólares por semana en ambos lados. (Alejandro Alegría, La Jornada, Economía, p. 18)

Expertos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés) viajarán a México en agosto para iniciar los trabajos de asistencia a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y que el país pueda recuperar en el corto plazo la categoría uno en materia de seguridad operacional de aviación civil.
Esto luego de que ambas instituciones firmaran una enmienda al memorando de entendimiento, la cual entró en vigor el 23 de julio, a través de la cual la FAA brindará asistencia técnica en materia de aviación civil a México sobre los anexos uno, seis y ocho del convenio sobre aviación civil internacional.
En mayo de 2021 la FAA degradó de la categoría uno a la dos a México. Consideró que la AFAC, regulador aeronáutico del país, no contaba con la capacidad de garantizar seguridad aérea y anunció un mayor escrutinio a las aerolíneas mexicanas que operan en Estados Unidos. La reclasificación también implica que no se pueden ampliar frecuencias o rutas entre ambas naciones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) detalló que los trabajos a realizarse durante las visitas implican una revisión técnica, para determinar si la supervisión de la seguridad operacional a cargo de la AFAC cumple con los estándares mínimos sobre licencias al personal y operación de aeronaves.
Agregó que la firma de la enmienda al memorando de entendimiento robustece las tareas que realiza la AFAC en la solución de los hallazgos comunicados por la FAA, como resultado de la auditoría realizada durante el periodo de octubre de 2020 a abril de 2021.
En mayo pasado la agencia mexicana sostuvo que la degradación no se debía a alguna falla sino a que en el proceso de auditoría un número importante de las evidencias documentales fueron entregadas durante las últimas tres semanas y era posible que los auditores de ese organismo pudieran no haber valorado a profundidad y cabalidad dichos testimonios.
Ahora la SCT recalcó que es prioridad la recuperación de la categoría uno, en el menor tiempo posible, por lo que no se han detenido bajo ninguna circunstancia las acciones de mejora que permitan solventar lo observado por la FAA.
Además de que se busca garantizar la certidumbre de que México es seguro en transporte aéreo y servicios aeroportuarios, se tiene una estrecha comunicación con las líneas aéreas mexicanas, se les están comunicando los trabajos realizados y sus avances, con el objetivo de que no sean afectadas en las próximas temporadas de alta demanda. (Dora Villanueva, La Jornada, Economía, p. 17)
(Redacción, Milenio, P.p.)
(redacción, Excélsior, Dinero, p. 1)
(Redacción, El Economista, P.p.)
(Redacción, La Razón, Negocios, p. 17)
(EFE, Ovaciones, P.p.)
(Redacción, 24 Horas, Negocios, p. 13)
(Mario Alavez, El Sol de México, Finanzas, p. 16)

San José.— Kaibiles de Guatemala en México, Irak y Afganistán; tropas de élite de Estados Unidos en Venezuela; de Perú, Chile, Argentina, El Salvador o Panamá en Yemen, Emiratos Árabes Unidos o Irak, o de Escocia e Israel en Colombia.
Pistoleros de República Dominicana en Costa Rica; comandos de fuerzas especiales en retiro de Argentina en Nicaragua, o de Colombia en Yemen y Emiratos Árabes Unidos, y terroristas de El Salvador en Cuba…
Reclutados por los cárteles de México y Colombia, del narcotráfico internacional, para conjuras políticas y militares en el hemisferio occidental o como producto de exportación e importación, los soldados de fortuna proliferaron desde el siglo XX en América Latina y el Caribe.
El debate sobre el mercenarismo reapareció luego de que el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio pasado, fue atribuido a una célula fuertemente armada de exmilitares colombianos del Ejército Nacional de Colombia, quienes fueron entrenados en su país y en Estados Unidos.
“Hay un gran mercado en América Latina y el Caribe de gente que se presta para este negocio”, afirmó la comunicadora social Liduvina Hernández, directora Ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, de Guatemala.
“La guerra es un negocio por las ventas de armas y por el recurso humano, entrenado con fondos públicos que escasean para desarrollo y son tirados a la basura: se usan para formar personal que luego se vende para el negocio de la guerra o el de operaciones ilegales”, dijo Hernández a EL UNIVERSAL.
Reglas claras
Concluida su fase negociadora en 1989 en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios entró en vigor en 2001 y sólo rige en ocho países de América Latina y el Caribe.
Se trata de Surinam, Barbados, Uruguay, Costa Rica, Perú, Cuba, Venezuela y Ecuador.
La convención definió al mercenario como alguien que es contratado en su país o en el exterior para luchar en un conflicto bélico; está motivado por un beneficio personal y un sector del conflicto o, en su nombre, le promete una indemnización superior a la de combatientes de rango y tareas similares en las fuerzas armadas de ese bando.
No es nacional de alguna facción en pugna ni residente en el territorio controlado por una de las partes. Tampoco es integrante de las fuerzas armadas de uno de los grupos en disputa ni debió haber sido enviado en servicio oficial como miembro de las fuerzas armadas de un Estado que tampoco participa en la batalla.
Es contratado en su país o en el extranjero para involucrarse en un acto concertado de violencia para derrocar a un gobierno o socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado y su integridad territorial, y está motivado por un beneficio privado y la promesa o el pago de indemnización, sin ser nacional ni residente del Estado contra el que se dirige la acción, ni enviado oficial de otro país ni miembro de las fuerzas armadas del sitio donde se ejecute el acto.
“El mercenarismo es una consecuencia de todo este personal entrenado en seguridad, por supuesto, con dinero estatal”, dijo el colombiano John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro.
“Esa gente queda disponible con mayor o menor entrenamiento y experiencia, y es utilizada no sólo en guerras, sino como asesores de gobiernos, consultores de grandes multinacionales y otras empresas privadas que, por su labor o actividad, necesitan seguridad”, indicó Marulanda a este diario.
Por su bagaje, “de América Latina los más solicitados son los colombianos; luego, salvadoreños, panameños y chilenos. Los latinoamericanos cuestan casi 50% de los de otros países”, como Sudáfrica, Israel, Reino Unido y EU, explicó.
Historial
Los registros del mercenarismo regional son abundantes.
Los kaibiles, principal unidad élite del ejército de Guatemala, se pusieron al servicio por paga de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, y de empresas privadas internacionales para combatir en Irak y Afganistán.
Soldados en retiro de Estados Unidos participaron en conspiraciones en Venezuela en 2019 y 2020, y personal del mismo rango de Colombia, Perú, Chile, Argentina, El Salvador y Panamá se involucró en las guerras de Yemen e Irak y en misiones en Emiratos Árabes Unidos.
Mercenarios escoceses fueron reclutados por el Cártel de Cali, uno de los más poderosos del narcotráfico de Colombia en las décadas de 1970, 1980 y 1990, para atacar a sus enemigos del Cártel de Medellín, que, en respuesta, contrató a veteranos israelíes de fuerzas especiales.
Un comando armado de dominicanos ingresó a Costa Rica a inicios del decenio de 1970 con la misión frustrada de asesinar al entonces presidente costarricense, José Figueres Ferrer.
Soldados argentinos penetraron en Nicaragua en la década de 1980 para atacar a la revolución sandinista. Terroristas salvadoreños colocaron bombas en hoteles de Cuba en 1997.
“Una medida que ayudaría a mitigar la práctica y tentación de muchos Estados sería que adopten la convención”, dijo la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización de Venezuela sobre seguridad y defensa.
“Llama la atención que los Estados no decidan prescindir de la utilización [de mercenarios]. Asumen [el mercenarismo] como una posibilidad de usarlo en sus conflictos y sabemos las graves consecuencias”, alertó. (José Meléndez, El Universal, Mundo, p. A15)
Un hombre identificado como José Eduardo “T” fue entregado este domingo 25 de julio por el gobierno de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República (FGR) de México, quien recibió al sujeto acusado de ser presunto responsable del delito de violación.
José Eduardo “T” era requerido por el Juez Mixto Penal de Primera Instancia Interino de Ciudad Morelos, Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, informó la FGR.
El operativo se llevó a cabo en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América.
Es acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de edad entre marzo y junio del año 2010. Cuando fue descubierto escapó al otro país. “José Eduardo “T”, en Tijuana, Baja California, probablemente sostuvo en reiteradas ocasiones relaciones sexuales con una menor de edad”, señaló la dependencia.
“El Gobierno de los Estados Unidos de América concedió la extradición del reclamado al Gobierno de México”
“Por lo anterior, se realizó la entrega de este sujeto en el cruce fronterizo que une a las ciudades de San Ysidro, California, y Tijuana, Baja California, con la finalidad de ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo reclama”, afirmó la Fiscalía. (Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 10)