Tapachula.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas demandó atender a la población migrante que se encuentra en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El visitador en Asuntos de Migrantes de la CEDH, Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, señaló que es necesario llevar módulos de vacunación a la Comar y a las oficinas del ACNUR que es en donde se encuentra la mayor cantidad de migrantes de Centroamérica, Haití, Cuba y otras nacionalidades, ya que la inmunización se debe poner al alcance de todos para evitar la propagación del coronavirus.
Ordóñez Rodríguez aseguró que llevar módulos de vacunación a Comar y Acnur ya se ha planteado en las mesas de seguridad en donde participan todas las autoridades, pero serán los encargados de la salud que lo determine. (Alejandro Gómez, El Sol de México, República, p. 13)

Washington: Estados Unidos mantiene a la alza el número de deportaciones y han agilizando con el proceso de deportación acelerada, es decir sin audiencia de un juez de Inmigración.
De acuerdo con cifras de la Transactional Research Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación de la Universidad de Syracuse, a partir de febrero de 2021, el número de casos nuevos ha ido en aumento. En junio y julio de 2021 ha aumentado casi dos tercios (64%) a 32 mil y 26 mil 771 mil casos, respectivamente, con respecto al septiembre pasado, cuando el Tribunal recibió 19 mil 871 nuevas peticiones de deportación.
Incluso en julio se mantuvieron las deportaciones al alza, ya que en total se registraron 26 mil 771, con respecto de marzo cuando se contabilizaron 22 mil deportaciones.
Aunado a ello, el gobierno de Estados Unidos avaló el viernes el mecanismo de deportaciones aceleradas, el cual deporta a inmigrantes sin necesidad de que los casos pasen por un juez de Inmigración.
En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó que los elementos de la Guardia Nacional del estado ayuden al Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas a realizar arrestos de migrantes.
En una carta enviada al general Tracy R. Norris, ayudante general de la Guardia Nacional de Texas, el gobernador señaló: “En virtud del poder y la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes del estado de Texas, por la presente ordeno que la Guardia Nacional de Texas ayude al DPS a hacer cumplir la ley de Texas arrestando a los infractores en la frontera”.
La expulsión acelerada de migrantes que pisan territorio estadounidense ha puesto en alerta a los puntos fronterizos con México, debido a que los albergues quedarían rebasados o el temor de las autoridades a que haya más contagios.
Los albergues que presentan más personas mexicanas, hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas deportadas, son las de Nogales y Tijuana, donde también se reporta contagios de COVID entre los que han sido deportados. (Misael Zavala, El Heraldo de México, 8 Columnas)
(Efe, La Crónica, P.p.)

El número de niños que cruzaron a Estados Unidos sin padres o tutores en junio aumentó 8% desde mayo, totalizando 15,253, más de 500 por día. Esos menores quedan exentos de la deportación rápida y serán reasentados en el país, de acuerdo con el gobierno de Joe Biden.
Las autoridades estadunidenses reanudaron el viernes los vuelos fast track para devolver a miles de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que las familias fueron enviadas de regreso a sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras.
El número de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza que cruzan ilegalmente la frontera que comparten EU y México aumentó 4.5% en junio, respecto del mes anterior, a pesar de las predicciones de una caída, dijeron las autoridades en julio.
“Dejamos claro que aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en Estados Unidos serán expulsados con prontitud”, señaló un comunicado del Departamento, y añadió que los menores no acompañados no serían expulsados.
Las deportaciones aceleradas han sido una táctica utilizada por las administraciones republicanas y demócratas en un esfuerzo por disuadir los cruces fronterizos ilegales, y se producen en medio de un aumento en las llegadas.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las familias fueron enviadas de regreso a sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras.
Aproximadamente un tercio de los detenidos en junio eran mexicanos, seguidos de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
“El proceso de deportación acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de la inmigración seguro y ordenado”, dijo el DHS.
A la frontera ha llegado un número récord de migrantes durante la pandemia de covid-19 y después de que Centroamérica fue azotada por tormentas destructivas.
Legisladores republicanos critican a Biden por revertir las restricciones decididas bajo el gobierno de Donald Trump, incluida la política de “permanecer en México”, que obligó a miles de demandantes de asilo a quedarse del lado sur de la frontera hasta que se procesaran sus solicitudes. (Afp, Excélsior, P.p.)
El gobierno de Joe Biden demandó al de Texas con el propósito de impedir que los policías estatales detengan vehículos con migrantes, con el argumento de que éstos podrían propagar el Covid-19, y advirtió que la práctica podría exacerbar los problemas en medio del alto número de cruces en la frontera con México.
El Departamento de Justicia federal solicitó el bloqueo inmediato de una orden que el gobernador Greg Abbott emitió el miércoles, la cual permite al Departamento de Seguridad Pública de Texas “detener cualquier vehículo bajo sospecha razonable” de que transporta a migrantes. Según la medida, los policías pueden enviar los vehículos de vuelta a su punto de origen o llevarlos a un depósito.
La demanda, presentada el viernes ante una corte federal en El Paso, fronteriza con México, refleja una carta que el secretario de Justicia, Merrick Garland, envió al gobernador un día antes, en la que afirma que el estado estaba usurpando e incluso interfiriendo en la responsabilidad del gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración.
La demanda recrudece las tensiones entre las administraciones de Biden y Abbott, por las acciones del gobernador en la frontera, que han incluido encarcelar a migrantes por delitos estatales y construir nuevas barreras.
Durante meses, el gobernador ha copiado la postura severa del ex presidente Donald Trump en el tema de la inmigración. Grupos de derechos civiles y defensores migrantes señalaron que la decisión de Abbott de que los policías estatales detengan vehículos podría derivar en catalogación racial y restringir la capacidad de los albergues para recibir a familias recién llegadas.
El sector Rio Grande Valley de la Patrulla Fronteriza, el principal corredor para las personas que cruzan ilegalmente hacia Estados Unidos, tenía más de 8 mil 300 migrantes detenidos el miércoles, con un tiempo promedio de procesamiento de 57 horas, dijo Brian Hastings, jefe del sector. El sector ha dejado en libertad a más de 100 mil migrantes desde el ls de octubre, incluidos 9 mil la semana pasada.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, 646 niños que viajaban solos se encontraban el jueves en custodia después de cruzar la frontera con México, en comparación con el promedio diario de 480 en los pasados 30 días. (Redacción, La Jornada, Mundo, p. 18)
(Ap, Reforma, Internacional, p. 17)

Washington.— En los últimos días, decenas de habitantes de El Paso (Texas), con pluma en mano, están escribiendo en una tela mensajes de esperanza, de ánimo, de solidaridad, de cariño, de buenos deseos, de duelo y de resiliencia.
“Dios bendiga a El Paso y sus familias”. “Por siempre en nuestros corazones”. “Juntos somos más fuertes”. “Todo nuestro amor con las víctimas y las familias”. “Por siempre en nuestros corazones: Oramos por todas las familias que viven este dolor eterno”. “Mis oraciones para todas las familias de todos esos dulces ángeles”. “El Paso llevará todas esas personas perdidas en nuestros corazones porque hacen que El Paso sea fuerte”.
La tela, de unos 40 metros cuadrados, está formada por siete retales de tela blanca de muselina. Fue necesario el trabajo de siete voluntarios durante 12 horas para hacer todas las tareas de corte y costura, para que lo que antes eran piezas sin encaje se conviertan en un mural que, durante algunas semanas, quede colgado en un parque de la ciudad. El título de la obra: “In Remembrance/En Recuerdo”.
En la memoria de las 23 víctimas mortales (nueve de ellas mexicanas) de la peor masacre contra latinos de la historia moderna de Estados Unidos, que este martes cumple su segundo aniversario. El tiroteo de El Paso del 3 de agosto de 2019 se convirtió en una fecha para el recuerdo eterno, y la ciudad texana quiere que este año, a pesar de la pandemia de Covid (o precisamente por ello), el recuerdo del dolor que han sufrido familiares y la ciudad sea rememorado de forma única.
Empezando por la inauguración del “Jardín de la Curación” (Healing Garden) en el parque Ascarate, lugar fronterizo con Ciudad Juárez (Chihuahua), tras dos años de ideación, gestión y construcción para que la ciudad tenga un lugar para no olvidar ese trágico suceso.
“Nuestro más sentido objetivo es generar un hermoso espacio para las víctimas, sus familias y para nuestra comunidad valiente. Todos en nuestra comunidad han sentido el profundo dolor de esa vívida experiencia del 3 de agosto de 2019. Nuestra esperanza es que nuestro Healing Garden sea un lugar acogedor para individuos y familias, para encontrar consuelo y la oportunidad de abrazar su proceso de sanación individual”, escribía el juez del condado, Ricardo Samaniego, en los primeros bocetos de lo que a partir de este martes será el memorial para esas víctimas.
Quizá el lugar más emblemático del jardín son los 23 cipreses italianos plantados a finales de abril por los familiares de las víctimas, que se convertirán en tributos vivos de todos aquellos que murieron en la masacre. De cada uno de ellos cuelga un cartel con el nombre de uno de los muertos, abrazado al árbol con una cinta amarilla.
El emblema del parque es una flor de loto de 23 pétalos, uno por cada víctima. “La flor de loto tiene un ciclo vital único: sus raíces se basan en el barro [nuestra tragedia], y milagrosamente reflorece cada mañana sin suciedad en sus pétalos [nuestra fortaleza regenerada]”, explican los creadores del logo. “Simboliza muchas cosas, incluyendo serenidad, pureza, belleza, fertilidad y conocimiento (…)”, añaden. En el centro brilla una estrella dorada para dignificar la resiliencia y la esperanza de la ciudad.
La inauguración se hará en un acto privado con los familiares y personalidades destacadas, incluyendo la activista mexico-estadounidense Dolores Huerta. En el Congreso de Estados Unidos ya hay una propuesta para que el lugar se convierta en monumento memorial nacional.
El jardín está a poco más de 7 kilómetros del Walmart en el que sucedió todo, ese supermercado al que hace dos años Patrick Crusius llegó armado con un rifle de asalto y decenas de balas, con el objetivo explícito de matar a cuantos más latinos fuera posible.
Precisamente este martes, mismo día que se inaugurará el memorial, Crusius debía presentarse ante un juez para hacer seguimiento de su caso, mismo que está paralizado en las cortes, a la espera de nuevos acontecimientos. La complicación derivada de la pandemia de Covid y la complejidad del proceso están ralentizando un proceso que vio cómo se postergaba la próxima audiencia de Crusius hasta noviembre, evitando así la macabra coincidencia de su presencia en un juzgado el mismo día del segundo aniversario de su obra mortal.
Crusius, supremacista blanco declarado, enfrenta dos causas judiciales: una impulsada por el condado de El Paso y la otra de carácter federal. En la primera, la que se prevé que suceda antes, la fiscalía pedirá la pena de muerte. Lo que no hay todavía es fecha para inicio de un juicio que, cuando empiece, se espera que dure entre cuatro y seis semanas.
“No hay forma posible de que podamos programar este caso de esta magnitud, con la cantidad de testigos, jurados, investigadores, abogados. Simplemente no hay forma de que podamos llevar a cabo ese tipo de juicio, en el entorno actual de nuestra sala de audiencias”, agregó la fiscal de distrito, Yvonne Rosales, recordando la situación pandémica.
“Obviamente, nuestra comunidad quiere cerrar este caso y ciertamente lo entiendo y respeto. Sin embargo, tenemos que mantener la seguridad de la salud de todos como una prioridad número uno”, argumentó.
Aparte, Crusius debe enfrentar también las 90 acusaciones del gobierno federal, que incluyen delitos de asesinato, posesión de armas y crimen de odio. De todos los señalamientos, tanto locales como federales, se ha declarado por el momento no culpable.
En estos dos años, sus abogados han intentado convencer al juez de una supuesta “discapacidad mental diagnosticada” que incluso fue tratada con medicación antisicótica, lo que debería ser un atenuante en la petición de pena de muerte de los fiscales estatales y una consideración a la hora del juicio.
La fiscalía, sin embargo, recuerda que su presunto crimen llegó “tras substancial planificación y premeditación”, incluyendo la compra de una arma de fuego y munición más de seis meses antes del ataque, además de conducir 10 horas desde su lugar de residencia hasta el sitio de la masacre, espacio elegido con conocimiento de causa por su cercanía con México y ser lugar de paso y compras de latinos a ambos lados de la frontera, aumentando así las opciones de encontrar el tipo de víctimas que buscaba.
Veinte minutos antes de su acto, colgó en las redes un manifiesto en el que detallaba que “este ataque es una respuesta a la invasión hispana de Texas. Ellos son los instigadores, no yo. Simplemente estoy defendiendo mi país de un remplazo cultural y ético llevado a cabo a través de una invasión”.
El acto de Crusius es uno de los más evidentes de la teoría de la conspiración del “gran reemplazo”, que cree en un complot que busca deliberadamente que Estados Unidos deje de ser un país de mayoría blanca y un cambio de cultura que desplace una tradición cultural de raíces europeas. Esa teoría, junto el discurso racista antiinmigrante del expresidente Donald Trump —cabe recordar que su inicio presidencial empezó con un ataque directo a la población mexicana, a los que tildó de criminales y violadores— se conjugó en un caldo de cultivo que provocó un aumento del sentimiento antilatino en EU.
Las últimas cifras oficiales del FBI, de los hechos acontecidos en 2019 (que incluyen la masacre de El Paso), apuntaban un aumento de 8.7% de los crímenes de odio contra latinos, superando el más de medio millar, el nivel más alto desde que en los años 1990 se empezó a recolectar información de este tipo. (Víctor Sancho, El Universal, Mundo, p. A15)
En el contexto de la tercera ola de SARS-CoV-2, caracterizada por contagios diarios cercanos o arriba de los 19 mil, la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es nutrida y en los módulos en que se realizan las pruebas de Covid-19 la demanda es constante, pues en algunos la espera para tomar las muestras va de media hora a 45 minutos.
En un recorrido se constató que pese al incremento de casos, los viajeros no tienen tanto temor, como ocurrió con las anteriores oleadas, principalmente porque ahora la mayoría de los adultos están inmunizados. En las primeras horas de la tarde la cantidad de usuarios en la Terminal 1 era moderada, pero a medida que avanzaban las horas se notó un incremento de actividad. Especialmente en los módulos de dos aerolíneas nacionales, Volaris y Viva Aerobús. En la zona de llegadas internacionales se veía menos gente.
Tania viajó a Huatulco. Aceptó que iba de vacaciones, junto a familiares, pero justificó el viaje, pues compró los boletos hace un tiempo, cuando no había tercera ola y estábamos en (semáforo) verde; no podíamos saber que esto iba a empeorar.
Otros paseantes no admitieron que iban de asueto, señalaron que viajaban por asuntos de trabajo o familiares, pero a algunos los delataban sus atuendos y destinos playeros. Juan fue a Mérida y precisó que le da un poco de miedo subirse a un avión y estar dos horas en un espacio encerrado con un centenar de personas de las que desconoce su forma de protegerse ante el Covid-19, pero hay que vivir. Dijo que todavía no se vacuna, pero considera que pronto le tocará. Pertenece al segmento de los más jóvenes.
La oferta para realizarse pruebas PCR y de antígeno es variada, y los precios han subido con relación al año pasado en algunos de los laboratorios acreditados en el AICM. En el de la Puerta F3, la PCR está en dos mil pesos y se entrega en 15 horas; la de antígenos cuesta 700 y se entrega en 20 minutos. En el que está afuera de la Puerta 5 esos análisis valen dos mil 600 y 750, pero hay una promoción para la de antígeno para los pasajeros de Volaris, mientras en las pruebas que están a un costado de los mostradores de la extinta Mexicana de Aviación la PCR vale dos mil y dos mil 200 si la quieres a domicilio; la de antígeno cuesta 650 y 700 en casa.
Los pasajeros que requieren pruebas peregrinan para buscar el mejor precio y aprovechan para enterarse si en los destinos que visitan los discriminarán o no por la vacuna que les tocó. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p. 3)

México es el país donde más estadounidenses fueron asesinados en los últimos dos años al alcanzar 125 homicidios, según datos de U.S. Citizen Deaths Overseas, cifra que sólo incluye a civiles.
Los homicidios en nuestro país en el periodo de 2019 a 2021, superan a los registrados en naciones catalogadas por la ONU con “muy alta” criminalidad por la presencia de pandillas como Honduras, El Salvador o Nicaragua, en América Latina, U.S. Citizen Deaths Overseas es el registro que lleva el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el total de ciudadanos de ese país que perdieron la vida en el extranjero.
Tijuana, en Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, encabezan la lista de las entidades donde se cometieron el mayor número de asesinatos con 17 y 16 respectivamente, aunque los homicidios de estadounidenses se han registrado en prácticamente todo el país, desde Colima hasta Cabo San Lucas, Ensenada y Mexicali, pasando por ciudades como Celaya, en Guanajuato, Tlaquepaque y Guadalajara, en el estado de Jalisco, Monterrey, Piedras Negras, Zacatecas, Culiacán, Saltillo, Mezcales, Cadereyta, Ciudad Obregón, Guasave, Mazatlán, Chihuahua, Manzanillo, Acapulco, Nogales, Puente Grande, Apodaca y Durango, por mencionar algunos municipios.
La información refiere, además, que la mayoría de los homicidios se cometieron con arma de fuego y también en la mayoría las causas siguen sin aclararse.
Sólo Tijuana y Ciudad Juárez registraron en conjunto 16 homicidios el año pasado, mientras que en Honduras ocurrieron cinco, tres en El Salvador, dos en Belice, dos en República Dominicana, dos en Jamaica, uno en Haití y uno en Nicaragua.
Entre los homicidios de estadounidenses en 2019, U.S. Citizen Deaths Overseas destaca la masacre de los nueve integrantes, tres mujeres y seis niños, de la familia LeBarón, que fueron emboscados el 4 de noviembre por personas armadas, presuntamente integrantes del Cártel de Juárez, cuando viajaban en tres vehículos en Bavispe, Sonora, rumbo a Estados Unidos.
Consultada por El Sol de México sobre la situación de sus ciudadanos en nuestro país, la embajada de Estados Unidos afirmó que proporciona información integral sobre seguridad a fin de ayudar a sus ciudadanos a evaluar los riesgos de viajar.
“La mayor responsabilidad del Departamento de Estado es la seguridad de los estadounidenses en el extranjero”, dijo la embajada.
En su última alerta de viaje para México, emitida hace dos semanas, el Departamento de Estado pidió a los estadounidenses reconsiderar venir a nuestro país ante el riesgo de ser víctimas de la delincuencia y el aumento de los contagios de Covid-19.
En dicha alerta de viaje, la Casa Blanca advirtió a quienes planean visitar México tomar precauciones por el aumento de delitos como el homicidio, secuestro, robo de vehículos y robo a mano armada, son los más comunes en el país.
En ese mismo sentido, el Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos evitar los viajes a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Tamaulipas, debido al alto índice delictivo y número de secuestros y homicidios.
Tamaulipas encabeza, junto con Chihuahua, la lista en el tema de las desapariciones de estadounidenses que, según apunta el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 2006 a la fecha han sido al menos 324.
Un millón 600 mil estadounidenses, según estima el Departamento de Estado, viven en México y más de 40 millones visitaron el país entre 2019 y 2020. En comparación, 43 millones viajaron al resto del mundo y 60 fueron víctimas de homicidio.
En los primeros 31 meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el país han sido asesinadas más de 90 mil personas, cifra que incluye los casos catalogados de homicidio doloso y los registrados y tipificados como feminicidio. (Roxana González, El Sol de México, 8 Columnas)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 25)
En promedio, Estados Unidos ha abierto en el último año una investigación diaria sobre tráfico de armas a México, que han derivado en el arresto de 410 personas, 149 órdenes de registro y la incautación de mil 125 armas de fuego y 680 mil cartuchos de municiones.
De acuerdo con el último informe sobre la Operación Sin Rastro, que el gobierno estadounidense puso en marcha en octubre de 2019 en la frontera con México como parte de la colaboración con nuestro país para detener el flujo ilegal de armamento desde la Unión Americana, se han decomisado 28 millones de dólares en divisas.
El documento, elaborado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), advierte que a través de los años, la violencia con armas en México, particularmente donde los carteles de la droga están involucrados, ha aumentado constantemente y reconoce que más de 70 por ciento de los asesinatos documentados recientemente han sido cometidos con armas de fuego, muchas de las cuales fueron obtenidas en Estados Unidos antes de ser contrabandeadas hacia nuestro país.
Asimismo, explica que las compras ilícitas hechas por “representantes” en tiendas y exhibiciones de armas, por internet o mediante ventas de persona a persona son frecuentemente el paso inicial en la cadena del tráfico ilegal de armamento hacia México, que regularmente es financiada con dinero en efectivo obtenido del narcotráfico.
“Las pistas confidenciales del público denunciando incidentes de contrabando de armas de fuego han sido un contribuidor importante en el éxito de la Operación Sin Rastro”, destaca el informe.
De acuerdo con el diagnóstico de ICE, el tráfico “hormiga” de armas desde Estados Unidos aumentó durante la pandemia en entidades mexicanas como Chihuahua y Baja California, donde la violencia y los homicidios con armas de fuego se han disparado en los últimos meses.
“Aproximadamente 95 por ciento de las personas que ingresan con armas o cartuchos al país son ciudadanos estadounidenses que forman parte de alguna estructura delictiva”, afirma el estudio.
Además, acepta que los ciudadanos estadounidenses han encontrado vacíos legales que les permiten salir muy fácilmente de los procesos penales que pueden enfrentar en México por traficar armas desde el país del norte.
El tráfico de armas desde Estados Unidos es una de las preocupaciones de nuestro país debido a que son usadas por el crimen organizado. (Roxana González, El Sol de México, República, p. 5)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 28)
La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), ejecutó una orden de aprehensión contra una persona por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas y explotación sexual.
El Ministerio Público Federal, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), de la FEMDH, solicitó y obtuvo del juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Tlaxcala, el mandamiento judicial contra Arturo “M”, originario de Tlaxcala.
De acuerdo con la investigación realizada por la FEVI- MTRA, este sujeto es probable responsable de explotar sexualmente a una víctima, a quien primero enamoró con engaños y posteriormente la obligó a ejercer la prostitución en la Ciudad de México y en Estados Unidos. (Karla Rivas, La Prensa, Policía, p. 16)